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Intendentes se pronunciaron contra el revanchismo

(12/04/16 - Municipios)-.El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y otros diez jefes comunales del peronismo bonaerense emitieron un comunicado expresando su posición "ante la indagatoria dictada por la Justicia Federal por la que se cita a la ex presidenta de la Nación compañera Cristina Fernández de Kirchner".

"En un Estado de Derecho, todo trámite judicial debe estar regido por el principio de inocencia, por la seriedad de los procesos, por una investigación sobre pruebas concretas y la imparcialidad de los jueces y fiscales; nunca por revanchismos políticos ni mucho menos por la politización de la Justicia", indicaron los jefes comunales.

Agregaron que "como hombres elegidos por el pueblo para gobernar nuestros distritos y representar los intereses de todos, creemos firmemente en la división de los poderes, la constitucionalidad y el estado de derecho por sobre todas las cosas".

Finalizaron sosteniendo que "la búsqueda de revancha por vía judicial contra la ex presidenta de la Nación tiene un objetivo político, que es deslegitimar las conquistas sociales y los derechos ganados en la década ganada por todo el pueblo argentino". 

Firmaron el documento los jefes comunales Mariano Cascallares (Almirante Brown); Gabriel Katopodis (San Martín); Martín Insurralde (Lomas de Zamora); Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa); Juan Zabaleta (Hurlingam); Fernando Gray (Esteban Echeverría); Gustavo Menéndez (Merlo); Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

Expertos internacionales en criminalidad económica cuestionan las explicaciones de Macri sobre las cuentas en Panamá

(12/04/16 - Papeles de panamá)-.Referentes de organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado y otros expertos explican por qué no es creíble la explición de Macri. Rudolf Elmer es el más conocido “whistleblower” del hermético sistema financiero suizo. Jefe de operaciones de la filial del banco Julius Bar en las islas Caimán, encuentra poco creíble la idea de que el Presidente era un “director ocasional”.

Rudolf Elmer es el más conocido whistleblower del hermético sistema financiero suizo. Jefe de operaciones de la filial del banco Julius Bar en las islas Caimán, Elmer reveló que se usaba este paraíso fiscal para una masiva evasión impositiva y quedó enredado en una demanda judicial no solo con el banco sino con el mismo Estado suizo, principal perjudicado por las maniobras. 

Acusado de violar el secreto bancario de su país, considerado por el prestigioso Journal of International Tax Review como uno de los 50 individuos y organizaciones más influyentes en temas impositivos internacionales, Elmer sigue deambulando la kafkiana corte suiza por un caso que puede terminar en la Corte Europea de Justicia.

El ex banquero suizo encuentra poco creíble la idea de que Macri era un “director ocasional” con una relación esporádica y casi accidental con Fleg Trading, la offshore en Bahamas que dirigió entre 1998 y 2009, según los Panama Papers. “No es convincente. Además, es un director ocasional especial que no recibe remuneración. Como si estuviera ahí de casualidad. En cuanto a su explicación de que no tenía acciones, en este tipo de compañías las acciones son al portador, es decir, sin nombre específico, una manera de opacar quién es el beneficiario real de la compañía”, señaló a Página12.

En una tesitura similar, pero con matices, está Heather Lowe, asesora legal y directora de asuntos gubernamentales de Global Financial Integrity, una ONG con sede en Washington que lucha contra la corrupción financiera y la evasión fiscal. “No tengo idea qué puede ser un ‘director ocasional’. Es la primera vez que escucho hablar de ese concepto. Ser director de una compañía no significa ser su accionista y es posible que no fuera remunerado. Pero esto en sí mismo constituye un interrogante: ¿por qué era director de una compañía sin recibir ningún tipo de remuneración? ¿Qué hacía la compañía? ¿Cuál era el propósito concreto de su existencia? Es posible que los documentos corporativos ayuden a contestar estas y otras preguntas. Pero es muy posible que solo con el testimonio del Presidente o el de otros involucrados, se pueda profundizar en la respuesta de estos interrogantes”, dijo Lowe.

Ni el Presidente ni el gobierno nacional han mostrado por el momento la documentación corporativa que respalde las explicaciones sobre Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A., las dos empresas offshore en las que Macri aparece como director junto a su padre Franco y su hermano Gianfranco. En teoría, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, tendría la documentación relevante, pero ya antes de recibirla expresó que no había nada que investigar.

Everet Stern, el whistleblower que denunció al HSBC en Estados Unidos, hoy director de Tactical Rabit, una organización que lucha contra el lavado de dinero, piensa que toda esta falta de transparencia apunta contra el Presidente.

En octubre de 2010, a poco de ingresar en el HSBC del estado norteamericano de Delaware (considerado por varios expertos el paraíso fiscal número uno del mundo), Stern descubrió que su banco hacía muchas “transacciones offshore sospechosas vinculadas con grupos del Medio Oriente como Hamas y Hezbolá” y denunció a la entidad ante la Justicia estadounidense. La investigación judicial terminó descubriendo una serie de operaciones de lavado de dinero que se extendía por Medio Oriente, México, Irán, Sudán y Corea del Norte, por la que el banco terminó pagando una multa récord de 1900 millones de dólares en 2012.

En términos de opiniones políticas, Stern no está lejos de Mauricio Macri, a pesar de lo cual no le cierran sus explicaciones. “Tiene que ofrecer una explicación razonable de por qué tenía una compañía offshore. Hasta ahora ha hablado de las razones por las que no tenía que declarar su participación. Y el problema que tiene es que resulta difícil explicar la formación de una compañía en un paraíso fiscal porque el propósito de estas compañías es ocultar activos”, señaló a Página/12.

Nadie sabe el número final de compañías offshore que tienen el presidente Mauricio Macri y su familia. Hasta ahora hay tres del Presidente (dos confirmadas, Fleg Trading y Kagemusha, y una denunciada por el ex vicepresidente de Boca Roberto Digón), cinco de su hermano Gianfranco y dos de su padre Franco. Según la directora de la Financial Transparency Coalition, Porter Mc Connell, los paraísos fiscales arman redes de empresas difíciles de rastrear. “La pregunta inicial es siempre, ¿por qué era necesario crear esta compañía en un paraíso fiscal? El gran problema es que el hermetismo de los paraísos fiscales vuelve bastante complicado rastrear la ruta de estas compañías y llegar a la verdad. Este hermetismo los hace muy atractivos para las multinacionales, corporaciones o millonarios. La capacidad de usar un paraíso para hacer circular dinero de manera anónima y ocultar conflictos de interés, como en el caso del primer ministro de Islandia y cosas peores, es uno de los grandes problemas”, indicó Porter.


Nada de esto es nuevo tanto en el caso del grupo Macri como en la dinámica operativa de los paraísos fiscales. Según Jorge Gaggero, miembro del capítulo latinoamericano de la red Tax Justice, las guaridas fiscales tienen hoy en América Latina y el Caribe el rol que en siglos anteriores jugaban la “Isla de la Tortuga” y otra similares del Caribe, donde los piratas y bucaneros ocultaban el producto de sus fechorías. La única diferencia es que en los últimos 50 años “los piratas y bucaneros son los grandes empresarios locales, las empresas multinacionales y los bancos y ricos globales”, y el producto oculto son las múltiples formas modernas del dinero. Gaggero indicó que el grupo Macri ha aprovechado al máximo estas guaridas fiscales a lo largo de su existencia. “Los Macri usan estas facilidades offshore desde los orígenes de sus negocios en Argentina. Resulta sabido que en los 70 y los 80, que fue la década de oro para la familia, el destino preferido de los fondos evadidos y fugados del país era la banca del cantón italiano de Suiza, ubicada en Lugano. Su conducta no era excepcional –sostuvo Gaggero–. Todas las empresas italianas actuantes en Argentina tenían similar preferencia, así como la FIAT de Italia y muchos otros grupos económicos peninsolari. Por esta razón no me causa ninguna sorpresa lo que comienzan a revelar los Panama Papers.”

(Agepeba)

“La ESMA se define por prácticas sociales ilícitas consagradas como política de Estado”

(12/04/16 - Lesa Humanidad)-.Los fiscales realizaron un balance sobre la labor del Ministerio Público Fiscal en el histórico proceso oral y público, que comienza su tramo final. Opinaron sobre el legado y las enseñanzas que dejará uno de los juicios más grandes de la historia argentina.
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El juicio por los crímenes que tuvieron como epicentro la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) está en su tramo final. A partir del lunes 18 de abril, las defensas de los 56 acusados tendrán la palabra durante varias semanas antes de que el tribunal escuche por última vez las palabras de los imputados y dé su veredicto.

El debate lleva tres años y medio. Desde que se retomaron las audiencias orales y públicas tras la feria judicial de enero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal escuchó los alegatos de los querellantes. En diciembre, la fiscal Mercedes Soiza Reilly y el titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, Abel Córdoba, quien se sumó en el tramo final del juicio a colaborar con la Fiscalía, pidieron 52 condenas a prisión perpetua y otras cuatro de entre 10 y 25 años, al cabo de 108 horas de exposición.

La semana pasada, Soiza Reilly (MSR) y Córdoba (AC) recibieron a Fiscales en el Sitio de Memoria ESMA para realizar un balance de las implicancias de uno de los juicios más grandes de la historia Argentina, que tiene en su objeto la dilucidación de los casos de 711 víctimas.

- ¿Qué desafíos planteó este juicio en materia procesal?
AC - Hubo que trascender la estructura de proceso penal que nos plantea el código procesal vigente, que está pensado para juzgar hechos individuales descontextualizados, donde sólo hay una víctima, un acusado, prueba aislada y terminar un juicio completo en diez días. 

Acá, en cambio, con estos centenares de hechos y más de medio centenar de imputados, tenemos todo lo contrario: un número indeterminado de víctimas, un contexto que es decisivo comprender para valorar la prueba, una actividad estatal sistemática y clandestina y responsables que se cuentan por miles, con prueba que se consiguió acumular en diversas etapas históricas de investigación que se va interrelacionando. Y no hay un solo lugar del hecho. 

ESMA tuvo asiento acá, pero también había otros centros clandestinos de detención temporarios donde operaban estos mismos acusados, otros responsables de estos mismos hechos que operaban desde otras bases aeronavales, más los civiles que tenían también responsabilidad en tramos decisivos de los secuestros, torturas y muertes. 

Hubo que superar las estructuras procesales para juzgar hechos para los cuales no están pensadas. Parte del desafío era ese. Que en esas categorías clásicas tramite el juzgamiento de hechos no sólo múltiples, sino también desmesuradamente horrorosos, con prueba que abarca todo un período histórico de cuatro décadas.

MSR - Y en este desafío, utilizamos las reglas procesales vigentes para llegar donde estamos, un juicio justo y legitimo. Siempre, las críticas de las defensas giraron en torno a esto. Con el correr de las audiencias está claro que hemos respetado absolutamente todas las garantías constitucionales del proceso penal. Y esto se vio en estos tres años de juicio, donde todos tuvieron la posibilidad de la palabra; tanto víctimas, como imputados.

- ¿Cómo fue el abordaje de todo ese material?
MSR - Implicó un gran trabajo, primero debimos conocer las pruebas, hacer un entrecruzamiento de ellas con la colaboración del equipo de la Fiscalía, utilizar los documentos desclasificados, que no muchas veces se habían utilizado, tuvimos enfrente gran cantidad de papeles que nunca habían sido procesados. 

Trabajamos en conjunto con los informes y aportes al juicio del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad para poder abordar ese material, que era inmenso, pero también altamente probatorio. Pudimos, con estos documentos, reproducir las estructuras represivas que funcionaron en el centro de exterminio. Nosotros siempre decimos que este juicio nos permitió traspasar las paredes del campo e ir más allá. 

Nos permitió ir por la responsabilidad de los altos mandos, del Comando de Operaciones Navales, por ejemplo. También, la responsabilidad del Comando de Aviación Naval, incluyendo las Escuadrillas Aeronavales y la responsabilidad de los pilotos de la Armada y de la Prefectura Naval Argentina en el tramo de los llamados vuelos de la muerte. Este funcionamiento represivo fue posible gracias a la colaboración de todos los estamentos alineados para concretar un plan criminal común. 

Y esto fue probado a nivel testimonial, con el relato del cautivo y también a nivel documental, con los aportes de documentos oficiales de la dictadura. La Fiscalía entonces pudo producir en el juicio esa prueba. Y lo complejo era mostrarla para que pudiera ser comprendida. Por eso, en esa tarea la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación nos ayudó a poner en imágenes lo que teníamos en papeles.

- ¿Por qué deciden utilizar otras herramientas?
MSR - Eso tuvo que ver con las características de este juicio. Nosotros debíamos ofrecerle a los jueces las pruebas de la mejor manera posible para que conozcan las estructuras represivas que funcionaron en torno a este centro de exterminio. Lo cierto es que la mejor manera de hacerlo era poniéndolo en imágenes. Y con todo este cúmulo de papeles, decidimos pedir colaboración a la Dirección de Comunicación Institucional. No sólo para mostrar las estructuras represivas y lo complejo de éstas, sino también para contar las historias de vida de las víctimas. El aporte de este equipo fue además poner en imagen las casi 800 historias de vida que se narraron en el juicio.

AC - Interpretamos que en los centros clandestinos de detención, entre tanto clausurado y suprimido, a la clausura de la palabra en las víctimas se le sumó la clausura de toda posibilidad de imagen de espacio de terror. Entonces, quien sobrevivía al campo de concentración, sólo tenía palabra para expresar su vivencia extrema y esos sobrevivientes tuvieron que afrontar culpabilizaciones muy fuertes. Y sin imagen, se pierde referencia a real. Por eso hemos valorado como fundamentales a las imágenes que víctimas consiguieron sacar del lugar. 

Lo mismo ocurre en el presente con las instituciones de encierro, por eso es fundamental la utilización de la imagen no sólo como argumento, sino para darle materialidad visible, sensorial, a la experiencia devastadora de la víctima. La imagen no sólo es un recurso argumental o expositivo, sino que posibilita referencias en las que se asienta lo real. Los centros clandestinos de detención fueron lugares donde no causalmente la imagen quedó suprimida. 

Entonces, que la Fiscalía insista al alegar con la exposición de imágenes en la sala de audiencias, con los retratos de los desaparecidos, con las imágenes de los sitios, tiene que ver con la ruptura del encierro que aún produce la imagen. La clandestinidad de la represión se sigue rompiendo con cada testimonio y con cada imagen de aquello que permanece oculto o, para algunas concepciones muy canallas, aquello de lo que todavía se pone en duda. Es uno más de los elementos, pero es aquél que se suma a quebrar la voluntad histórica de los represores.

- ¿Cuál creen ustedes que va a ser el legado del juicio?
MSR - Creo que esta experiencia se puede traspasar a cualquier tipo de causa compleja, como las de trata de personas o las investigaciones de narcocriminalidad. Tiene que ver con utilizar otras técnicas para mejorar la comprensión de los hechos. En esto, fueron claves las unidades especializadas. Esto es posible gracias a los equipos de trabajo que se conformaron en esta gestión.
AC - Hoy, podemos hablar o analizar el legado desde el MPF ya que al terminar de alegar, concluye la actividad más relevante en el proceso penal. En ese sentido, se ha transitado una transformación de la estructura del MPF que antes de los juicios de lesa humanidad tenía una organización espejada con el poder judicial y al cabo de procesos como este, queda en evidencia que es imprescindible contar con una estructura de organización adecuada a los objetivos institucionales que están dados por la política criminal. 

Las estructuras de las fiscalías eran desde el inicio insuficientes e inadecuadas para tramitar estos procesos que exigían fiscales activos con estrategia propia y capacidad de asumir una proactividad propia del sistema acusatorio, trabajar con las víctimas. La consolidación de los equipos de trabajo especializados en el MPF es uno de los legados, sin dudas. 

Porque el mismo desfasaje ocurre con toda la criminalidad de organizaciones y también con la criminalidad que arroja víctimas masivas por múltiples autores. También ha quedado consolidada la integración de equipos de trabajo de fiscalía con varios fiscales a cargos y planteles con profesionales de diversas disciplinas. 

Los juicios de lesa humanidad no los hicimos sólo abogados, hubo aportes decisivos de especialistas en psicología, psiquiatría, sociología, historia, antropología, especialistas en sistematización de datos, que fueron fundamentales para poder conceptualizar lo abrumador de las expresiones del terrorismo de estado que los abogados nos limitamos a enunciar técnicamente como objeto procesal.

- ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos de llevar adelante un juicio de esta envergadura?
MSR - El aspecto positivo es encarar este juicio como grupo, con trabajo en equipo, como unidad de coordinación especializada en la materia, por un lado; otro aspecto positivo es la reparación a las víctimas y a sus familias, la construcción de memoria que vivimos en cada una de las audiencias: al ser un juicio unificado pudimos conocer los relatos de muchas víctimas que habían quedado fuera del objeto procesal en otros juicios. 

Como lado negativo, la lentitud del proceso, los excesos de rito, que están impuestos en el Código Procesal que nos rige y no están preparados para dar celeridad a las causas. Un juicio que hubiésemos querido que tuviera una resolución mucho más temprana lleva tres años y medio de audiencias.

AC - Esto obedeció a la política de generar juicios unificados ante la dispersión que había en muchos procesos. Esa dispersión es nociva, dilatoria y distorsiva, y todavía ocurre en causas que se tramitan hoy en instrucción o juicio. Es absurdo emprender un juicio por un imputado cuando hay decenas de acusados por el mismo hecho y no acumular los trámites de diferentes tramos de la misma investigación. 

No tener una estrategia inteligente era perjudicial y estos megajuicios son una respuesta a eso. Hoy, ya con el juicio en su etapa final, surge un elemento que se puede evaluar como negativo: la excesiva duración del juicio, al cabo de tramitar tantos años un mismo juzgamiento, desdibuja la inmediatez. Una víctima que declaró hace tres años y medio el juez tiene que acordase hoy, cuando tiene que escribir la sentencia, de los detalles de aquél testimonio y relacionarlo con lo que ocurrió hace un año y medio. 

Luego, y esto es un riesgo que afrontan todos los juicios, que es la tramitación como una mera secuencia de formalidades, una sucesión de audiencias, donde la vivencia desgarradora de las víctimas y la grave responsabilidad de los acusados resulten degradados por aplastamiento de la formalidad vacía. Un juicio por crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en la ESMA no puede ser una sucesión de ceremonias formales, donde los abogados van a aburrirse para luego declamar la gravedad en el vacío. 

Por el contrario, desde nuestro trabajo en la Unidad Fiscal estamos convencidos de que hay un rol histórico, decisivo que ocurre en estos momentos con estos procesos, que es una trascendencia tanto del lapso temporal de duración de un juicio oral y público como de los protagonistas de la condena a lo ocurrido. La densidad del horror, los testimonios y las pruebas de la condición humana arrasada no sólo deben ser la materia que fundamenta una condena en un ámbito tribunalicio, es preciso que sean una manifestación criminal condenada por la sociedad más allá del tiempo de este juicio. 

Estos hechos deben seguir expresando lo absolutamente inadmisible. Sin esa repercusión, aun en juego en nuestra sociedad estaremos en todo momento con las condiciones de posibilidad dispuestas para constantes violaciones a los derechos humanos. Por eso, el riesgo, que señalamos, si predomina un formalismo vacío y desganado por sobre la materia. Cuando se trata de derechos fundamentales, la intrascendencia es preocupante, no sólo por ser funcional a la impunidad de los responsables de aquellos hechos y a las penalidades morigeradas. Eso es lo que podemos manifestar desde el MPF, que ha culminado su intervención más protagónica. 

Hemos traducido en términos jurídicos la complejidad de la materia con todos los factores que implican los crímenes de lesa humanidad. Ahora, el legado decisivo está en manos de los jueces que es la única palabra que de pronunciarse con justicia, tiene la posibilidad de revertir impunidad, y posibilitar así procesos vitales aún bloqueados en víctimas, y condenas aún pendientes en los acusados.

MSR – Creo que igual tiene más cosas positivas que negativas, a pesar de que todos dejamos nuestras vidas en estos juicios. Escindir las investigaciones también es grave y no permite plantear estrategias de trabajo; nos hace ver sólo un pedazo de la dinámica del plan sistemático de extermino montado.

– Quisiera una reflexión sobre qué fue la ESMA vista desde el prisma del derecho penal.
AC – Quien hace una compresión con pretensiones de racionalidad sobre estos hechos se encuentra con que desborda el análisis típicamente del derecho y nos encontramos con prácticas sociales criminales transformadas en políticas de Estado. 

Una de las manifestaciones de la ESMA es el crimen como política de Estado. Luego, desde el prisma técnico, dogmático, es muy sencillo encuadrar estos hechos, salvo que se adolezca de academicismo, patología que llega a ser incapacitante. Inmediatamente, uno lee dos testimonios, encuentra los manuales de la represión y buena parte de las claves empiezan a aparecer enseguida. 

Por otro lado, hubo una comprensión de que se trabajaba con un fenómeno de prácticas sociales que eran previas y que continúan después. Eso expresa legitimaciones críticas, pero lo que define a la Esma son esas prácticas sociales ilícitas consagradas como política de Estado, es la definición como fenómeno criminal. 

Fue esa especialidad la que exigió reinterpretar el rol fiscal, las herramientas y hasta las argumentaciones usuales en la práctica acusatoria, por ejemplo para poner de relevancia la gravedad de los hechos.

– ¿Qué lugar tuvieron los vuelos de la muerte en ese contexto criminal?
AC – Los jueces tienen hoy por primera vez el juzgamiento de la modalidad de exterminio de personas mediante vuelos de la muerte. El MPF hizo mucho hincapié en la imprescindible implicación de toda la estructura represiva en los vuelos y pudimos dar cuenta de cómo interpretar los vuelos de la muerte. 

En los tramos finales del alegato, profundizamos sobre el significado de que los autores hayan decidido métodos que implicaban la mecánica, en este caso con aeronaves, para matar a sus víctimas. En los vuelos, no hubo espontaneidad; por el contrario, son la expresión de una premeditación muy compleja, calculada en todos sus detalles. 

Lo tenebroso no es fruto del azar, sino de decisiones coordinadas, de muchos sujetos activos. Es una de las modalidades donde la voluntad criminal de exterminio masivo se expresa con desmesura, y que también prueba que toda la estructura represiva estaba empeñada en el terrorismo de Estado. 

La decisión de disponer de aviones, aeropuertos, personal calificado para operar esos vuelos, con el altísimo costo y complejidad que implicaba, no es algo que hayan hecho por el mero gusto de volar. La intención que evidencia este modo de exterminio es la pretensión de impunidad, por todos los medios. Esto se manifiesta en una nota decisiva: de los vuelos de la muerte no hay ni podría haber testigos. En los aviones iban víctimas que serían arrojadas a la muerte, y responsables de los hechos. 

La propia modalidad, por sí misma, descarta la posibilidad del testigo. En relación a los vuelos, más allá de que hay abundante prueba, implican muerte sin testigos. Para nosotros, la pretensión de impunidad da explicación a una circunstancia también decisiva y característica de los vuelos, que está dada por un dato constante: las víctimas eran subidas con vida a los aviones. Con eso, se descarta que haya sido un método de deshacerse de los cuerpos. Y la pregunta que alguna vez me hizo un intelectual, Guillermo David, al reflexionar sobre los vuelos, se la trasladamos a los jueces: ¿por qué los subían y los arrojaban con vida desde los aviones al mar? La respuesta es que suprimían así toda posibilidad del testigo. 

Los testigos, compañeros del cautiverio de las víctimas, pudieron ser testigos del encierro, del anuncio del traslado y hasta del adormecimiento de quienes iban a ser llevados. Han sido luego testigos de la ausencia, pero no de la muerte, como podría ocurrir en un fusilamiento. 

En lugar de un disparo hay un dispositivo, que traslada víctimas y en vuelo las arroja al mar. Está mediada hasta la mecánica de la muerte, que se producía lejos de los autores materiales que iban en el vuelo y también la eliminación del rastro corporal es mediata: los cuerpos desaparecieron en el agua, en un elemento de la naturaleza. La utilización de la máquina es también para que entre la voluntad de eliminar y la eliminación, haya mediaciones. 

Tras estos desarrollos, y análisis que fuimos desarrollando, el Poder Judicial está en condiciones de comprender y de revalorar esos elementos en tanto es una modalidad tenebrosa, mucho más cuando se evidencia que fue un método calculado hasta el mínimo detalle. En esta valoración, pusimos énfasis en una frase de los acusados, al decir que las personas dijeron que caían desde el avión como hormigas. Es una definición muy corta, que siendo palabra de un coautor de los vuelos expresa mucho. Lo central es que no consideraban humanos a las personas que eliminaban. 

Eran hormigas, insectos. Y eliminar insectos, y hormigas, es algo que el género humano realiza sin más, sin involucrar culpa, ni repercusión moral. Para que exterminar personas con esa ajenidad sea posible, previamente hay que deshumanizar al otro. Creo que también es la clave interpretar y descifrar con atención algunas prácticas, expresiones y hasta políticas públicas que se producen más acá de estos hechos, y que los juicios nos permiten comprender en sus dimensiones más profundas.

Me refiero a lo alarmante de cada situación, en que haya sectores sociales a los que se atribuya portación de peligrosidad para luego poner en duda el merecimiento de un trato humano. El trato animalizante, incluso hacia niños, que observamos hoy en instituciones de encierro y en villas por parte de las fuerzas de seguridad, es la manifestación más nítida. Si esa supresión de la condición humana ocurre, estamos nuevamente ante la matriz de eliminación de personas, de un dispositivo renovado que conocemos bien.

MSR – Los miembros del Grupo de Tareas utilizaron la modalidad “vuelos de la muerte” como forma de asesinar a sus víctimas y hacer que sus cuerpos permanezcan en la clandestinidad. Se decía que lo único que había de los vuelos de la muerte eran [las declaraciones periodísticas de Adolfo] Scilingo, al igual que las confesiones de algunos pilotos en reuniones sociales. 

Para imputar la responsabilidad penal que les cupo a los involucrados en estos vuelos, la Fiscalía utilizó pruebas concretas. Abordamos cada una de las responsabilidades penales individuales mostrando qué tipo de estructuras se ocultaron detrás de los llamados “vuelos de la muerte”; sistemática que significó un trabajo en conjunto, que fue represiva y clandestina y que abarcó a todos los eslabones de la estructura militar. Sostuvimos en el juicio que la Armada Argentina, junto con la Prefectura Naval, se organizaron de modo tal que cada miembro aportó una porción de participación al plan criminal que se gestó desde los más altos mandos hasta hacerse efectivo. 

Dijimos que a pesar de que rol de la Aviación Naval durante la última dictadura militar fue un tema silenciado por las propias fuerzas armadas, las pruebas se fueron conociendo hasta hacerse visible esta mecánica de muerte. Nadie duda de la existencia de estos vuelos; nadie duda que en la ESMA se utilizó esta forma de dar muerte a las víctimas; nadie duda que los cuerpos eran arrojados con vida al Río de la Plata; nadie duda que fueron utilizados aviones de las fuerzas armadas. Por qué entonces dudar que estos aviones fueron piloteados por personas al servicio del plan sistemático de exterminio. Hoy, son los jueces quienes tienen por delante la posibilidad de juzgar estos crímenes.

- En el alegato, uno de los últimos puntos del petitorio, tuvo que ver con algo que trascendiera la sala de audiencias y el juicio mismo, la enseñanza de lo que ocurrió en la ESMA a otras generaciones. Se hizo hincapié en la vigencia del programa “La Escuela va a los juicios”...
MSR – A partir del año 2014, se crea un programa, en el ente público Espacio para la Memoria que funciona en la ex ESMA, que es “La Escuela va a los juicios”. Es decir, permitir a los estudiantes secundarios acercarse a estos juicios de gran conmoción social. Este programa propuso a los jóvenes generar nuevos espacios de debate y de reflexión. Es así que accedieron a las salas de audiencias. 

Teníamos un límite procesal, que era la edad que establecía el Código Procesal vigente para el ingreso de los jóvenes a las salas. Allí, con una acertada decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, más un precedente de los jueces del Tribunal Oral Federal Número 5, con el acompañamiento también del MPF, se permitió el ingreso de estos menores, de estos jóvenes estudiantes a las salas de juicio. 

El año pasado, alrededor de 1400 jóvenes, de distintos colegios de Capital y de Provincia, transitaron por las salas de audiencias. Esto hay que destacarlo como un acontecimiento histórico marcando el interés de los jóvenes hacia este tipo de procesos. Y, además, lo notorio era lo que ocurría después, dejaban la experiencia de asistir a estos juicios en trabajos documentados, a los que pudimos acceder. Y la verdad es que fue muy conmovedor leer estos textos. 

Demostraba, una vez más, que este juicio permitió dejar una marca de conciencia social que no se ha visto en otros procesos. Así, se empezaron a contagiar las distintas salas de audiencia hasta que los jóvenes llegaron a participar en el juicio por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Y esto tiene que ver con que los juicios de lesa humanidad se proyectan a otras causas que tienen relación con graves violaciones a los Derechos Humanos actuales. Y nosotros como MPF apoyamos esta convocatoria. 

Apoyamos a los jóvenes. La experiencia es positiva, conocen el relato de las víctimas a través de sus sentidos. Conocen cuáles son las pruebas que utiliza el MPF para acusar a los implicados y sacan sus propias conclusiones. Esto es un logro, algo que se ganó en este proceso emblemático.

Por: Lucas Miguel y Victoria Flores Beltrán, Fiscales.gob.ar
Foto: Matías Pellón /Ministerio Público Fiscal/www.fiscales.gob.ar

Para Vargas Llosa fue un “malentendido

(12/04/16 - Papeles de Panamá, Perú)-.El escritor Mario Vargas Llosa consideró que su nombre sale en los papeles de Panamá por un “pequeño malentendido”, ya que “nunca” poseyó “ninguna firma” en un paraíso fiscal.

“Apareció mi nombre en una firma que nunca existió, en una firma que llaman durmiente”, reiteró Vargas Llosa en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, en declaraciones a los periodistas tras ser galardonado por su carrera literaria.

El autor de La ciudad y los perros se ha visto salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos en todo el mundo.

“Los abogados que se ocupan de mis derechos de autor probablemente reservaron eso (la firma) por cinco semanas y hubo una contraorden y esa supuesta firma que nunca existió desapareció”, explicó.

El literato fue accionista durante apenas un mes de una sociedad con ventajas fiscales radicada en las Islas Vírgenes Británicas, según las filtraciones.

Sin embargo, Vargas Llosa se desvinculó de esta sociedad antes de ganar el Nobel de Literatura en 2010, según su propia versión de los hechos, que en todo momento ha negado relación alguna con el despacho de abogados de Mossack Fonseca, facilitador de la apertura de esas empresas opacas.

El diario digital español El Confidencial publicó la semana pasada que la filtración de los llamados papeles de Panamá que se hallan en su poder “demuestra” que el novelista peruano “estuvo muy cerca de controlar la compañía Talome Services Corp. junto a su ex mujer Patricia Llosa durante un breve periodo de tiempo en 2010”.

La empresa la compró el matrimonio Llosa al bufete especializado de Mossack Fonseca a través de un intermediario, Dave Marriner, directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management, con sedes en Chipre y Luxemburgo.


El literato admitió que en el pasado ha “tratado de explicar por qué existen esos paraísos fiscales”, pero que eso “es distinto de justificar” su existencia. A juicio de Vargas Llosa, toda ha sido un “pequeño malentendido” que “ha explotado el periodismo amarillo”.

El ejército nigeriano asesinó y enterró a 350 musulmanes en una fosa común

(12/04/16 - Nigeria)-.Cerca de 350 cadáveres fueron enterrados en una fosa común en el norte de Nigeria tras los enfrentamientos desatados entre el Ejército y la comunidad musulmana, reveló un funcionario nigeriano.

La noticia ha sido dada a conocer este martes por el director de la Oficina de Asuntos Interconfesionales del estado de Kaduna (norte de Nigeria), Mohamad Namadi Musa, cuyo testimonio da peso a las afirmaciones de que al menos 300 personas perdieron la vida en los actos violentos registrados en el país africano el pasado mes de diciembre contra los musulmanes.

Musa ha manifestado que el 13 de diciembre recibió una llamada telefónica pidiéndole ir a la sede del gobierno estatal en Kaduna. Luego, ha continuado, se le ordenó viajar a la ciudad norteña de Zaria con el comandante de la policía del referido estado para determinar el número de cadáveres y la forma en que serían enterrados.

Asimismo, ha señalado que en el Hospital Universitario de Bello contabilizaron 156 cuerpos, mientras que en la base militar de Zaria había otros 191. También ha dicho que la mayoría de los cadáveres estaban cubiertos con materiales negros, entre ellos mujeres y niños. 

De igual manera, Musa ha indicado que los cadáveres fueron transportados por un convoy de camiones escoltados por el Ejército de Nigeria para ser enterrados.

Más temprano, el secretario de gobierno del estado de Kaduna, Lawal Balarabe Abás, había dicho que el entierro masivo fue autorizado por una orden judicial.

El 13 de diciembre, el líder musulmán el sheij Ibrahim al-Zakzaky, fue detenido en su residencia en Zaria, después de que soldados nigerianos irrumpieran en su vivienda y mataran a varios de sus seguidores, entre ellos su esposa e hijos. Las autoridades le acusaron de "conspiración criminal e incitar a alteraciones del orden público".

Tales actos violentos provocaron diversas manifestaciones en el país africano, las cuales fueron reprimidas brutalmente por la Policía.

Por su parte, la subdirectora de Amnistía Internacional (AI) para África, Lucy Freeman, denunció el pasado 15 de enero que el Ejército nigeriano comete violaciones "impactantes" contra los derechos humanos como consecuencia del uso de la fuerza excesiva por parte de los militares del país. 

Solicitarán a la Provincia que construya un nuevo hospital

(12/04/16 - F. Varela(-.Desde la comuna anunciaron que se intensificará la gestión en la cartera de Salud provincial para adquirir nuevas instalaciones sanitarias especializadas en pediatría y asistencia para la tercera edad. La iniciativa es del intendente Julio Pereyra y del Círculo Médico local.

El intendente de Florencio Varela, y autoridades del Círculo Médico local acordaron formular la petición de edificación para un policlínico destinado a la atención de pacientes agudos ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, informaron desde el Municipio.

Con iniciativas como esta, la comuna varelense intensifica la gestión en la cartera de Salud provincial para erigir nuevas instalaciones sanitarias especializadas en pediatría y asistencia para la tercera edad más la creación de un campus universitario que potencia el nivel académico de la Universidad Nacional "Arturo Jauretche" (UNAJ) en el predio expropiado a la compañía "Sueño Estelar".

"Queremos acompañar al intendente en el petitorio. Es una iniciativa para satisfacer una necesidad de la comunidad local como la construcción de un hospital de agudos. El proyecto ampliará capacidad de la asistencia médica a los vecinos y elevará su calidad", señaló el vicepresidente de la institución, Roberto Ángel Lozano.

Por su parte, el jefe comunal Pereyra sostuvo: "Debemos ocuparnos de la atención primaria, lo que llamo el nivel cero en el sistema de salud. Trabajemos juntos para lograr hospitales vacíos".


Además, se prevé la reactivación de un foro para integrar el ámbito privado con el público en materia de sanidad. "La propuesta es articular a todos los sectores: farmacéuticos, químicos, médicos mediante la Secretaría de Salud municipal para capitalizar de manera efectiva todos los recursos", indicó Mario Walter Baldassarre, presidente de la entidad. 

"Hay recortes en los cupos escolares"

(12/04/16 - Provincia de Buenos Aires)-.La diputada María Marta Corrado, del Frente Renovador, afirmó que no hubo actualización de los montos a pesar del salto inflacionario. Pero además confirmó que hubo “reducción de cupos”, lo cual, dijo, “es indignante”.

A pesar de la tibia desmentida del gobierno de María Eugenia Vidal en torno a los recortes a comedores escolares, las evidencias y los testimonios siguen surgiendo. Hoy, la diputada massista María Marta Corrado confirmó que si bien el dinero destinado es el mismo, hubo recortes en los cupos.

“Estamos preocupados por la decisión. Este año en vez de producirse un incremento hubo una reducción”, dijo a INFOCIELO la legisladora bahiense. “La cuota que se pasa por chico es la misma mientras que los índices de inflación son elevados, pero por otro lado vemos de muy mal grado el hecho de que se haya reducido el cupo de personas que están en esas condiciones'”, agregó.

Corrado pidió “entender que muchos chicos reciben como única alimentación lo que reciben en la escuela, y que incluso son escolarizados por esa razón”, por lo cual, dijo, el cuadro actual “es indignante”, habida cuenta de lo que significa la alimentación “en las primeras etapas de la vida, que tienen que ver con el desarrollo físico, intelectual y psicosocial”.

Santa Fe: el Paraná sigue estable y hay más evacuados por el repunte del río Salado

(12/04/16 - Inundaciones)-.El río Paraná se mantenía hoy estable en los principales puertos de la provincia de Santa Fe, distrito en el cual se mantiene en torno a los 1.500 el número de evacuados, en tanto en las ciudades de Recreo y Santa Fe son al menos 42 las personas que abandonaron sus hogares por el repunte del río Salado.

En cuanto al Paraná, en las últimas horas experimentó una baja de 1 centímetro en el puerto de Reconquista, en el norte de la provincia, con lo cual se espera que en los próximos días haya una baja en los puertos inferiores, como Santa Fe, que se mantuvo en 6,28; San Lorenzo, cuya altura es de 5,76; y Rosario, con una marca de 5,20 metros.

Voceros de Prefectura Prefectura Naval Argentina indicaron a la agencia Télam que el comportamiento del río "tiende a estabilizarse" y destacaron que en la mayoría de los puertos del norte del país "la tendencia es entre estacionario y bajante".

El número de evacuados en toda la provincia por la crecida del Paraná se mantiene "en torno a los 1.500", según los últimos datos de Protección Civil, con alrededor de 560 en la zona de la capital provincial.

Por otra parte, el repunte del Salado obligó a la evacuación de unas 10 familias en la ciudad de Recreo, que limita con el norte de la ciudad de Santa Fe, en tanto unas 30 familias resolvieron autoevacuarse.

Sumando a las familias del barrio La nueva Tablada de la ciudad capital con alrededor de 42 las evacuadas en la zona por el lado del río Salado.

El intendente de Recreo, Mario Formento, llevó tranquilidad a la población al destacar que el río, al llegar a 6,82 metros, "mide un metro menos que en la crecida de 2003", con la diferencia que actualmente "está funcionando todo muy bien" en cuanto a las 3 estaciones de bombeo de la localidad y que tiene "un valor enorme a la defensa de la circunvalación oeste".

La provincia informó en su reporte de esta mañana que "las rutas y accesos de las región centro permanecen con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lloviznas y garúas aisladas", y citó como principales preocupaciones un "corte total de circulación de la ruta provincial 6 por agua en la calzada en inmediaciones al río Salado".

También informó que hay "un corte total para el tránsito pesado a la altura de Colonia Teresa, en el kilómetro 181 de la ruta provincial 1, en tanto el titular de Protección Civil, Marcos Escajadillo, dijo que se sigue "muy de cerca el arroyo Colastiné a la altura de la autopista Rosario- Santa Fe, porque puede (llegar a) cruzar la cinta asfáltica".


Las autoridades informaron además que "en cada sector (donde se alojan evacuados) se brinda asistencia social y sanitaria, con atención médica para atender casos especiales; además de contar con un dispositivo especial de seguridad y apoyo para el traslado de los niños a sus escuelas".

Organizaciones indígenas piden frenar la minería ilegal

(12/04/16 - Venezuela)-.Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (Coiam), solicitaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 4 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana”.

Los dirigentes manifestaron preocupación por la creciente actividad minera ilegal de oro en varias zonas del estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región, por lo que hacen un llamado para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de los severos impactos ambientales y socioculturales.

En el petitorio entregado al mandatario nacional las agrupaciones manifiestan textualmente, señalan que “durante los últimos años se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas de los ríos para la extracción de oro”.

Entre las múltiples preocupaciones manifiestas por las organizaciones indígenas, destaca la suma de muchas otras ilegalidades que surgen amparadas bajo la explotación aurífera, entre ellas “el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley”.

El comunicado resalta que “en el estado Amazonas hay numerosas áreas protegidas como los Parques Nacionales Yapacana, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina, la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare, Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales, y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.


Las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

El Ministro de Industria español, involucrado en fraude fiscal

(12/04/16 - Papeles de Panamá, España)-.El actual ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, figura como primer director, durante dos meses, de una sociedad de Bahamas activada el 22 de septiembre de 1992 y vinculada al escándalo de los Papeles de Panamá, informa el diario El Confidencial.

De esta manera el caso de Mossack Fonseca involucra a un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy.

Entre los datos de los documentos desvelados también nombran la empresa de Luis Alberto Soria, hermano menor del ministro. Se trata de una sociedad creada poco antes de que el actual ministro se convirtiera en alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en 1995.

Medios del mundo entero difundieron el 03 de abril una lista con nombres de jefes de Estado, personalidades de la realeza, deportistas, grandes empresarios, actores y artistas vinculados a firmas que operan en paraísos fiscales de Reino Unido y Panamá, encargadas de ocultar, lavar o desviar sumas multimillonarias no declaradas.

La lista menciona a 72 jefes y ex jefes de Estado, entre ellos el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri; de Ucrania, Petro Poroshenko; y el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, quien recientemente renunció.

Buscan ampliar el ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones

(12/04/16 - Almirante Brown)-.El concejal Carlos Caravajal (foto), del Bloque del Frente para la Victoria - Partido Justicialista presentó un Proyecto de Ordenanza que busca crear un nuevo instrumento de participación ciudadana.
El proyecto del edil oficialista impulsa la creación de Consejos para el desarrollo local que serán integrados por representantes de las entidades con personería en el ámbito municipal, delimitando el área de cada consejo a la territorialidad de cada localidad del municipio.
La inicitiva de Caravajal ya tiene registro y será considerada por el deliberativo browniano en la sesión ordinaria que se desarrollará en la mañana del próximo jueves.
A continuación el texto completo de la Ordenanza a la que accedió Reporte Sur en exclusiva:
VISTO:
                         La  necesidad de adoptar formas de participación y control ciudadano en la aceptación y ejecución de las políticas publicas,  y

CONSIDERANDO:
                          Que en su Art. 11 la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que: “es deber de la Provincia promover el desarrollo integral de las personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social”.
               
   POR ELLO:

               EL BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, eleva a consideración del cuerpo, el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Art. 1º.-   CRÉASE en el Partido de Almirante Brown los CONSEJOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, cuyo funcionamiento y organización se regirán por las normas de la presente Ordenanza y su reglamentación.
El ámbito de competencia de cada Consejo, coincidirá con los límites territoriales establecidos para cada una de las localidades que formen parte del Distrito de Alte. Brown.

Art. 2º.-  Los Consejos para el Desarrollo Local tendrán funciones consultivas, informativas y de asesoramiento al Gobierno Municipal, pudiendo a través de sus propios proyectos participar en la solución de las necesidades de cada localidad, como así también participar en la planificación estratégica de las mismas.
Art. 3º.-  Colaborarán con el Gobierno Municipal en la observación y supervisión de la prestación de servicios que la Administración Municipal brinde a los vecinos, en forma directa o a través de terceros, pudiendo en ambos casos sugerir, proponer iniciativas o efectuar peticiones tendientes a la innovación o mejoramiento de los mismos.
Art. 4º.- Los Consejos Para el Desarrollo Local, estarán integrados por Entidades de Bien Público, Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro,  y  toda otra institución intermedia representativa de la actividad ciudadana con intereses sectoriales, económicos, industriales, comerciales, profesionales, científicos, culturales, deportivos y afines que persigan el bien común, los intereses generales de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.
Art. 5º.- Las Instituciones intervinientes en los C.P.D.L., manifestarán su voluntad de participar en los mismos, en forma expresa, requiriéndoseles para su incorporación formal la inscripción en el Registro Municipal de la Dirección General de Relaciones Institucionales y/o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Las Instituciones que no se encuentren registradas conforme lo indicado en el párrafo anterior podrán ser incorporadas al C.P.D.L., previa conformidad, que deberá constar en acta, de los dos tercios de los integrantes del mismo. Dicha participación será con voz pero sin voto hasta tanto cumpla con los recaudos pertinentes, no pudiendo extenderse este plazo más allá del año desde su incorporación. La organización interna de los C.P.D.L. será reglamentada por el Departamento Ejecutivo, y “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante. La misma deberá garantizar la participación democrática de las Instituciones de la comunidad. Las decisiones serán tomadas por el régimen de mayoría que se establezca, dejando constancia en cada caso el despacho de la minoría. Las propuestas serán sometidas a consideración y resueltas mediante la emisión del voto secreto, constando en acta el resultado de la votación.
 Art. 6º.- A los efectos de la percepción y administración de Recursos Fiscales, así como la concreción de otros actos jurídicos que requieran capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, los CONSEJOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, deberán acreditar personería a satisfacción de las partes y/o las áreas de la Administración Fiscal o del ente que corresponda, como sujetos de derecho o a través de cualquiera de las Instituciones de Bien Público reconocidas como tales que, formando parte de los C.P.D.L. respectivos asuman la representación total o parcial del conjunto según formas preestablecidas. El Departamento Ejecutivo, dentro de las condiciones que oportunamente establezca promoverá y facilitará la formalización de normas estatutarias que según la materia en cuestión tiendan a garantizar tanto el cumplimiento de disposiciones legales vigentes como la transparencia y correcta instrumentación de los sistemas administrativos a implementarse por parte de los distintos C.P.D.L. y que hagan al buen cumplimiento de los fines de la presente Ordenanza. 
Art. 7º.- Los Consejos para el Desarrollo Local habrán de detectar las necesidades de su zona de influencia, estableciendo las prioridades en las acciones a realizar promoviendo la participación de la comunidad en tales diagnósticos y proyectos. Sin perjuicio de lo cual tendrán las siguientes atribuciones específicas:
1.- Elaborar propuestas, anteproyectos y proyectos para innovar o mejorar los servicios existentes y planes de trabajos que consideren prioritarios para el mejor cumplimiento de los programas de gobierno los que deberán ser presentados ante el Departamento Ejecutivo y/o el Honorable Concejo Deliberante.
2.- Colaborar en la formulación en los programas de interés comunal que planifiquen las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo.
3.- Manifestar su opinión sobre programas y proyectos puestos a su conocimiento y consideración por las autoridades municipales.
4.- Participar en la ejecución de obras dentro de su radio de acción, cuando estas contaren con la financiación directa del vecindario y mediara conformidad previa de éste y del Departamento Ejecutivo, que habrá de ejercer la supervisión y el control de las mismas.
5.- Prestar servicios de conformidad con las Ordenanzas y reglamentaciones dictadas por el Concejo Deliberante y/o el Departamento Ejecutivo. Particularmente podrán ejecutar tareas de conservación y mantenimiento de plazas y paseos, cercos y veredas, barrido, limpieza y conservación de la vía pública y toda otra obra de bien público bajo la supervisión y el contralor de la dependencia municipal competente.
6.- Promover la participación de la comunidad para el desarrollo ético y social y para el progreso material de la localidad.
7.- Propender las creaciones de consorcios, cooperativas y mutuales para obras de interés zonal.
8.- Propiciar ante el Departamento Ejecutivo, toda iniciativa para llevar a cabo una determinada actividad de competencia e interés público, buscando a tal fin el aporte de recursos económicos voluntarios, bienes, derechos o trabajo personal para el mejor cumplimiento de su cometido.
9.- Podrán distribuir y promover el pago de las facturas por tasas municipales, cuando el Departamento Ejecutivo lo considere pertinente, el que les entregará a tal fin los padrones respectivos.
10.- Participará activamente en la convocatoria y en el control de proyectos presentados con el fin de ejecutar el Presupuesto Participativo.
Art. 8º.- Las entidades que conformen los Consejos para el Desarrollo Local, designarán dos representantes uno titular y uno suplente para su participación en ellos. Dicha representación será ejercida con carácter “ad-honorem” y por el tiempo que cada Institución representada les acuerde.
Art. 9º.- Las Entidades que con posterioridad a la conformación de los Consejos para el Desarrollo Local de su zona de influencia peticionen incorporarse al mismo, deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 5º.
Art. 10º.- La vinculación entre el Departamento Ejecutivo y los Consejos para el Desarrollo Local se efectuará a través de la Agencia de Modernización y Gestión Pública, la que a su vez facilitará las relaciones y comunicaciones recíprocas entre los mismos.

Art. 11º.- El Municipio reconocerá mediante la ejecución de obras o servicios, a realizar a propuesta del C.P.D.L. respectivo, hasta el 100% del excedente que en concepto de tasas de servicios generales recaude en su zona de influencia. Este reconocimiento no podrá en ningún caso, ser inferior al 30% del referido excedente. Dicha afectación se efectuará a partir del vencimiento de la segunda cuota computada desde la promulgación de la
presente. El excedente a considerar será el correspondiente al período inmediato anterior. El Departamento Ejecutivo reglamentará el Cálculo del porcentaje del excedente, pudiendo tomarse para ello como pauta la recaudación de períodos anteriores y los servicios habituales prestados en la zona de su competencia; el D. E. también reglamentará los sistemas administrativos contables que permitan una adecuada información para garantizar los derechos conferidos por la presente Ordenanza, facilitando los mecanismos de organización y coordinación para la elaboración de los
proyectos entre los C.P.D.L y los organismos de aplicación de la Administración Municipal.

Art. 12º.-
Serán considerados como recursos de los CONSEJOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, previo convenio entre el Departamento Ejecutivo y el C.P.D.L. respectivo los siguientes:
1.- Los pagos que realice el Municipio por el servicio de distribución de facturas y que resultará equivalente al que la Comuna efectivice al personal destajista.
2.- Los pagos que realice el Municipio en concepto de contraprestación del servicio de percepción de recursos fiscales hasta el importe resultante de la aplicación de los porcentajes máximos convenidos con autoridades financieras u otros prestadores institucionales y previa deducción de los costos respectivos.
3.- Subsidios provenientes del Municipio.
4.- Los recursos que obtengan los C.P.D.L. por su gestión, como donaciones, festivales, rifas, servicios que preste y cualquier otra iniciativa que permita incrementar los recursos mencionados.
ARTICULO 13º.- La totalidad de los ingresos, deberán ser depositados en una cuenta corriente bancaria o de caja de ahorro que abrirá a tal efecto cada C.P.D.L., conforme lo establezca el estatuto correspondiente.






Los pagos de la Municipalidad serán librados para ser depositados en dicha cuenta que deberá registrarse en una sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, de la jurisdicción de Almirante Brown.-

ARTICULO 14º.- Los gastos en que incurran los C.P.D.L, para encarar iniciativas que surjan en forma exclusiva de reuniones plenarias mayoritarias, y excedan
mensualmente el importe del sueldo básico de la categoría inferior del escalafón administrativo, deberán ser aprobadas por la Secretaría de Promoción de la Comunidad.

ARTICULO 15º.- Los responsables de cada C.P.D.L, elevarán a la Agencia de Modernización y Gestión Pública semestralmente una rendición de cuentas en la cual se detallarán los ingresos obtenidos y los gastos efectuados para concretar los objetivos estipulados en la presente ordenanza, según las condiciones que establezca la reglamentación.   

ARTICULO 16º.- Se establece un plazo de 90 días a partir de la sanción de la presente Ordenanza para que el Departamento Ejecutivo proceda a formular la reglamentación pertinente.

Sin perjuicio de ello los funcionarios municipales con competencia en las cuestiones que se legisla en este instrumento deberán proponer la adecuación de los procedimientos administrativos-contables al espíritu de transformación institucional, descentralización operativa y participación comunitaria que emana de la presente norma.