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» » Impiden el acceso a espacios de educación no formal para presos en Corrientes

(19/04/17 - Violencia Institucional)-.Después de 10 años de trabajar en talleres de actividades y articular con el colectivo de personas en situación de cárcel Yahá Porá, el servicio penitenciario correntino le impidió a la Red de Derechos Humanos de esa provincia el ingreso para brindar estos espacios educativos a los detenidos de la Unidad Penal Nº 1. 

El año pasado la CPM recorrió con los integrantes de la red esa misma unidad para acompañar y fortalecer el local de prevención de la Tortura.

Todos los años desde la Red de Derechos Humanos cumplen con los requisitos formales para el ingreso a las instituciones de encierro y renuevan sus credenciales de ingreso para desarrollar actividades culturales, talleres y diversos espacios educativos y recreativos en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes. Este año cuando se disponían a iniciar ese trámite de cara al ciclo lectivo 2017 desde la jefatura penitenciaria comenzaron a exigir una serie de nuevos requisitos que obstaculizaron el ingreso.

“Desde mediados del año pasado empezamos a padecer restricciones y recortes de actividades. El taller de producción audiovisual, por ejemplo, desde donde se han hecho cortos premiados por festivales regionales, ya venía con problemas porque no permitían realizar la producción de las filmaciones”, relata Hilda Presman, coordinadora de la Red.

Nos piden una especialización que ni siquiera los funcionarios de educación penitenciaria tienen

“Empezamos que nota va, nota viene y cada vez plantean más requisitos que nunca antes pidieron”, cuenta Presman. Primero fueron los currículums de los talleristas, luego las actas de la organización y otros papeles que se fueron presentado. “Pero después empezaron que si dábamos certificaciones a los interesados, o a requerir la especialización en educación en contextos de encierro. Ni siquiera los funcionarios de educación penitenciaria están especializados”, asegura Presman.

La red y sus talleristas brindan espacios de debate y formación en promoción de derechos, y talleres complementarios de la educación formal dentro de la cárcel, una actividad que sólo realizan ellos en el encierro. Su cercenamiento implica entonces la obstaculización del acceso a derechos, por eso recurrieron al Juzgado de Ejecución de Condena para que intervenga.

El órgano judicial concertó una audiencia para aproximar a las partes de la que también  participaron representantes de la fiscalía y la defensoría. El juzgado exhortó a todos los actores involucrados a coordinar acciones en la inserción de los detenidos, pero desde la penitenciaría persistieron en su postura. Desde la Red aseguran que el verdadero sentido del cuestionamiento es evitar la presencia de asociaciones civiles que puedan observar con mirada crítica lo que sucede en el encierro.

Algunas Ongs vinculadas a la red que hoy acompañan la tarea del mecanismo de prevención de la tortura correntino se capacitaron en Buenos Aires en el seminario sobre control de lugares de encierro en Argentina desarrollado por la CPM en septiembre de 2014.

“Ahora estamos evaluando acciones de otra índole. Porque cada vez es más evidente de que estas son sólo excusas para cercenar derechos adquiridos. Si con este llamado a aproximación de las partes que hizo el juzgado no alcanza no nos queda otro camino que judicializar el tema”, lamenta Presman.

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