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» » Piden investigar los crímenes cometidos por miembros de la Delegación Salta de la Policía Federal

(19/04/17 - Lesa Humanidad)-.Además de pedir que se condene a prisión perpetua al general de división (R) Héctor Ríos Ereñu, a los coroneles (R) Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Díaz y al comisario (R) Joaquín Guil, y a seis años de cárcel al comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas y el comisario Arturo Madrigal, (tal como Télam informó ayer) los fiscales federales Francisco Snopek, Carlos Amad y Juan Manuel Sivila pidieron también que se saquen copias de las partes pertinentes de este proceso y se envíen a la Fiscalía Federal de turno para que se avance en la investigación de otros delitos de lesa humanidad cometidos por "integrantes de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina".

Además, dedicaron gran parte de sus exposiciones a documentar la prática de violaciones sistemáticas de prisioneras detenidas-desaparecidas (y también de prisioneros), con especial énfasis en el caso de Juan Isabel López, secuestrada en Metán, hechos por los que acusaron como máximno responsable a Gentil.

Concretamente, los fiscales pidieron que se investiguen los delitos “cometidos en perjuicio de Roberto Gerardo Bianchetti y Enrique Galarza, Sara Milagros Jorge y Miguel Ángel Jorge por parte de integrantes de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina”.
También, los cometidos “en perjuicio de Santos Benjamín Verón, Edith Casassola y Olga Casassola en dependencias de la Comisaría de Orán”, así como los "cometidos en perjuicio de Cecilio Quevedo Ledesma, Enrique Agüero, Antonio Luis Frígoli y Silvia Etel  Lifman”.

Asimismo, requirieron que continúe la investigación del homicidio del docente universitario Miguel Ángel Arra.

Por fin, solicitaron que “se investiguen las responsabilidades de (los comisarios) Víctor Hugo Almirón y Antonio Saravia, y otros funcionarios que pudieran resultar responsables, por los hechos cometidos en perjuicio de Miguel Ángel Arra”.

Violaciones
Los fiscales dedicaron tiempo de su argumentación a exponer sobre la práctica sistemática de abusos sexuales a detenidas (y detenidos) por razones políticas durante la vigencia del terrorismo estatal. En 2010 estos hechos fueron equiparados a las torturas y declarados imprescriptibles, igual que las otras prácticas que llevaron adelante los genocidas.

Los fiscales acusaron a Miguel Gentil de haber cometido los delitos de “imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político (…) en concurso real con el delito de violación agravada por el concurso de dos o más personas, cometidos en perjuicio de Juana Isabel López”, quien fue secuestrada en Metán y trasladada a un centro clandestino de detención en esta ciudad, donde fue sometida a violaciones por parte de sus captores, personas del Ejército, según pudo observar ella misma por una hendija de la venda que le cubría los ojos.

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