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» » La CPM expresa repudio y preocupación por abusos policiales contra adolescentes de Banfield

(19/05/17 - Violencia Institucional)-.Como viene denunciando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), son recurrentes las prácticas policiales ilegales y violatorias de los derechos humanos, en particular contra niños, niñas y adolescentes. En este caso, se trata de un hecho ocurrido dentro de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield, Lomas de Zamora, colegio que desde el 2012 participa en el programa Jóvenes y Memoria de la CPM. 

La policía ingresó al establecimiento persiguiendo a tres jóvenes estudiantes e intentó justificar la acción esgrimiendo que habían cometido un delito. Los chicos buscaron refugio en su escuela; uno fue apresado y esposado, lo que generó un inmediato repudio y denuncia de los directivos y docentes testigos ante la ilegalidad de la acción policial.

La CPM viene denunciando desde hace años el incremento de las prácticas arbitrarias e ilegales de las policías contra los niños, niñas y adolescentes en toda la provincia de Buenos Aires. Detenciones sin causa, allanamientos ilegales, traslado a comisarías, averiguación de antecedentes, falta de intervención de los servicios de protección y promoción de derechos. Ahora, ingresos ilegales a establecimientos educativos.

Este es un hecho más que da cuenta de las prácticas violentas que dominan el desempeño de la policía bonaerense. La arbitrariedad de procedimientos y múltiples violencias que los agentes policiales ejercen en hechos en los que se involucran niños, niñas y adolescentes están en las antípodas de una policía profesionalizada y respetuosa de los principios democráticos.

Hace pocos días, el Comité contra la tortura de Naciones Unidas (ONU) realizó fuertes cuestionamientos al Estado argentino; entre los puntos más sobresalientes figuran la preocupación por la persistencia de la tortura en los lugares de encierro, las detenciones ilegales en las comisarías, en particular de jóvenes menores de edad, y la necesidad de fortalecer mecanismos locales de prevención y control. 

Señaló también su preocupación por la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, “en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conductas delictivas”.

En el mismo sentido se expidió el Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU cuando observa que en el caso de los menores de edad la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde, constatando “casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”.

Desde la CPM sostenemos que este tipo de detenciones ilegales y arbitrarias y no son actos azarosos sino prácticas cotidianas y rutinarias amparadas en la impunidad que consagra el sistema judicial.

En abril de 2016 el juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, dictó un fallo que reconoce la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones de jóvenes y niños en ese departamento judicial, y ordena que no se alojen ni trasladen menores de edad a las comisarías. Giacoia designó a la CPM para controlar la ejecución de esa sentencia que exige a la policía abstenerse de continuar con este tipo de prácticas.

En diciembre de 2016 la CPM presentó un habeas corpus colectivo para salvaguardar la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes de Dolores, tras detectar detenciones ilegales por averiguación de identidad. 

En abril de este año repitió la acción en territorio marplatense, denunciando el caso de dos adolescentes de 15 años que fueron embestidos por un móvil policial, resultaron lastimados, y posteriormente golpeados por los policías, esposados y criminalizados por resistencia a la autoridad. Ninguno de ellos aún fue resuelto por las autoridades judiciales.

Por ello, la CPM exige que la justicia intervenga en los hechos ocurridos en la escuela de Banfield y se sancione a los responsables. Es un acto imprescindible para reparar la violencia ejercida contra adolescentes a los que el estado está obligado a proteger y garantizar sus derechos.

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