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» » La Pampa: comienza el primer juicio contra un intendente y un subcomisario involucrados en un caso de trata de personas

(23/05/17 - Trata de Personas)-.Se trata de Luis Rogers, jefe municipal de la localidad de Lonquimay, y Carlos Alaniz. Ambos funcionarios están acusados de realizar un “blindaje” para el sostenimiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

El lunes comenzará el juicio oral y público contra el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, y el ex subcomisario de esa jurisdicción, Carlos Alaníz, ambos acusados de brindar un blindaje al funcionamiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres.

Además, los otros imputados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son: Eduardo Mauricio Fernández, acusado de ser el dueño del local nocturno; Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se habrían desempeñado como encargados.

El intendente Rogers  defendió públicamente el lugar en el que se estaba cometiendo el delito. No sólo se pronunció en contra del cierre del local, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro “servicios de salones de baile” y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.

Por su parte, como subcomisario de la comisaría de Lonquimay, Alaníz se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció las amenazas que recibió del dueño del local, Carlos Fernández.

Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En el debate oral intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi.

La causa que se originó en 2009 a partir de una serie de denuncias que derivaron en el posterior allanamiento del prostíbulo, el 28 de octubre de ese mismo año. Desde entonces, la causa tuvo reiteradas dilaciones.  Los fiscales Baric y Colombo solicitaron la indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación. Sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez, Marcelo Piazza.

"El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento", aseveró el intendente Rogers.

El caso
La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaníz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.

El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.

La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.

Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el "Good Night" en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las “copas” y los “pases” que realizaban.

A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero.

Otro testimonio en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como viceintendenta de Lonquimay en el año 2009. La mujer declaró que Fernández concurrió a una sesión del Concejo Deliberante en cuyo transcurso debía decidirse la renovación de la habilitación, sin que hubiera solicitado estar presente previamente, como correspondía. En la esa ocasión dicha persona hizo uso de la palabra y defendió la existencia del llamado cabaret.

Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, el 7 de mayo fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno.

Finalmente, la jueza  Iara Silvestre ordenó el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario para el 7 y 8 de noviembre del 2015.

"Es un lugar de contención"
Así definió el Intendente de Lonquimay al local nocturno Good Night en declaración a los medios. Explicó Rogers: "el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento". 

El intendente dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aún contando con oportunas denuncias del INADI, y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

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