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» » El gobierno vulnera derechos y garantías establecidos en la Constitución

(13/06/17 - Gestión Macri)-.Con la firma de su presidente, Eugenio Raúl Zaffaroni; su secretaria general Liliana Constante y el residente del consejo consultivo continental Beinusz Szmukler, La Asociación Argentina de Juristas emitió un duro comunicado en el que cuestionan con crudeza numerosas acciones del gobierno neoliberal de Cambiemos que lidera Mauricio Macri.

La institución presidida por el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, emitió un comunicado en el que alerta sobre la gravedad de las medidas gobierno. "Ese conjunto de medidas y discursos implican una modalidad de gobierno vulnerante de derechos y garantías establecidos en la Constitución histórica".

La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU-, señala su preocupación por el cuadro de deterioro institucional generado por numerosas decisiones del gobierno nacional desde su asunción, en muchos casos de clara ilegitimidad e inconstitucionalidad, apuntaladas intensamente por los medios de comunicación hegemónicos.

Esas decisiones y el discurso de integrantes del Gobierno Nacional respecto a los DDHH contrarios a los avances  jurídicos y políticos que ha logrado la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, son irrespetuosos de la pirámide constitucional (art. 31 CN), los derechos y garantías implícitos o no enumerados “pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” (art. 33 CN), así como al imperio de los instrumentos internacionales de DDHH.

Ejemplos de las medidas y manifestaciones de esa índole son los siguientes:  
a) tentativa de designación “en comisión”, por decreto del PEN de dos integrantes de la CSJN;

b) el Decreto 52/17 que pretendió convertir el 24 de marzo -Día de la Memoria, por la Verdad y Justicia-, en un feriado movible, afirmando paradójicamente que “los feriados nacionales apuntan a conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su significado histórico”, todo lo cual justamente se hubiera desvirtuado de no haber provocado una fuerte reacción social que obligó a su derogación.

c) La modificación de la ley de ART, por DNU (80/2017), cuando el proyecto ya tenía media sanción del Senado y debía ser tratado por la Cámara de Diputados, es de una naturaleza que no tiene precedente histórico. Su inconstitucionalidad, fue declarada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 41-, en razón de violar el principio de igualdad ante la ley, al establecer un trato diferencial entre trabajadores registrados y no registrados en lo referente a accidentes de trabajo, imponiendo como "obligatorio y excluyente" la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el reclamo del trabajador (apelable ante el tribunal de alzada de la Justicia del Trabajo), lo que causa la pérdida de la primera instancia judicial.

d)  La normativa sobre Migrantes (DNU 70/2017) violatoria de la presunción de inocencia, del derecho de defensa dentro del debido proceso, de la igualdad ante la ley, del derecho a la reunificación familiar, crea un Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo para la detención preventiva y expulsión del infractor. La medida fue acompañada por declaraciones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del presidente Macri insinuando una supuesta relación entre la inmigración y la falta de empleo para trabajadores argentinos y la inseguridad, de lo que se pretende responsabilizar a los migrantes de países de la región. La ideología que sustenta tales dichos es la del artículo 25 de la Constitución de 1853, según el cual el “europeo” era el único inmigrante bienvenido, superada jurídicamente por la Convención Constituyente de 1994, al otorgar a los más importantes tratados y declaraciones de DDHH jerarquía constitucional ( art. 75, inc. 22).

e)  La claudicación de soberanía jurisdiccional ante Gran Bretaña y el levantamiento de la inmunidad soberana sobre bienes del dominio público -recursos naturales y empresas- (Dec. 29/17).

f)  El mantenimiento de la detención de la dirigente popular jujeña, diputada del Parlasur, Milagro Sala, sin justificación legal, contrariando los reclamos de su libertad formulados por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

g)  La propuesta del abogado Carlos Horacio de Casás, carente del más mínimo antecedente que lo amerite,  para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

h)  La designación como Director General de Aduanas de Juan José Gómez Centurión quien, con desparpajo, se alzó contra reiterados fallos de la CSJN, planteando públicamente que el terrorismo de Estado no puede entenderse como un “plan sistemático” de exterminio y expoliación. Ello es otro eslabón de la misma cadena de negación de la magnitud de aquellos crímenes, como lo fueron las declaraciones de Lopérfido -como Ministro de Cultura-, lo cual forzó su renuncia a los seis meses de asumido el cargo ante la enorme repulsa social, incluso de algunos integrantes de la propia alianza gubernamental.

i)  El nombramiento como reemplazante de Carlos Balbín en la Procuración del Tesoro de la Nación, de Bernardo Saravia Frías, quien exhibe una estrecha vinculación con empresas que podrían ser parte de litigios contra el Estado.

j) La designación del diputado Pablo Tonelli como Consejero de la Magistratura, impugnada judicialmente como producto de una maniobra que tergiversa la estructura de la representación parlamentaria en el órgano.

Este paisaje de verdadera emergencia constitucional se completa con el espionaje político, la presión sobre jueces, la obsesiva insistencia en desplazar o limitar en sus funciones a la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, quebrantando la inamovilidad constitucional de su cargo,  las tentativas en el Consejo de la Magistratura contra magistrados cuyos fallos desagradan al PEN, sin que hayan incurrido en ninguna de las causales establecidas por la Constitución Nacional, de -mal desempeño o comisión de delito-, (casos: Martina Forn, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Rafaghelli, Diana Cañal, etc.), manipulando los tiempos de elevación al Plenario, para mantener la amenaza a la espera de una mayoría circunstancial que les permita alcanzar su objetivo,  la alteración de las leyes mediante decretos del PEN (por ejemplo, el Decreto 1206/2016 que incluyó en el blanqueo a los familiares de funcionarios), la violación selectiva del principio de inocencia, acompañadas mediáticamente, medidas gubernamentales destinadas a impedir u obstaculizar el derecho de huelga, la sub ejecución de partidas presupuestarias con destino social, recortes presupuestarios a las partidas asignadas a la violencia de género y, muy recientemente, la exigencia pública del Presidente Macri de una Justicia que “represente” la opinión del Poder Ejecutivo.

Ese conjunto de medidas y discursos implican una modalidad de gobierno vulnerante de derechos y garantías establecidos en la Constitución histórica (arts. 1, 14, 14 bis, 16, 18 con particular énfasis en la lesión de los de su última frase, 20, 28, 31, 33 CN, además de principios y normativa que hacen a las garantías procesales y el régimen de formación de las leyes, bajo la hermenéutica específica del bloque federal de constitucionalidad vigente.

El estilo autocrático del Presidente reitera sus antecedentes como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vetó más de 200 leyes aprobadas por la Legislatura, votadas incluso por los legisladores del PRO.

Estas decisiones se exhiben coherentes con una línea ya aplicada en nuestro país y en Nuestra América por gobiernos antidemocráticos previos y posteriores a las dictaduras cívico-militares de los ‘70 para beneficio de los grandes grupos económicos y los centros financieros internacionales. Sus consecuencias han sido desastrosas para la conformación de una economía nacional autónoma, con ampliación del mercado interno y menos injusta distribución del producto social, con soberanía alimentaria. Esta política económica, va en sentido inverso a la manda constitucional  del “sistema democrático” (art. 38 CN),  para que los habitantes de este suelo puedan gozar “de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; (con) el deber de preservarlo” (cfrme. art. 42 CN). Se acompaña con un discurso político y un pregón mediático predominante que tiende a generar pasividad, resignación, sentido de inevitabilidad y/o miedo a la represión.

El regreso a la política de un descontrolado endeudamiento nacional, el deterioro de la calidad de vida a la que se somete a los sectores más lábiles a través de tarifazos en los servicios públicos privatizados,  y el enorme alza de precios de los productos básicos de la canasta familiar, no son errores, sino el retorno a un presunto libre mercado, en realidad dominado por el capital concentrado, que implica el cierre de pequeñas y medianas empresas, con el consecuente. crecimiento  del nivel de desocupación, rebaja del salario real, y deterioro de la seguridad social, la salud y la educación.

La presión social logró la marcha atrás en varias de las medidas repudiables, pero ese retroceso no fue una demostración de reconocimiento “de un gobierno que escucha la crítica y obra en consecuencia”, sino de una metodología destinada a medir el volumen de rechazo, la capacidad de movilización contraria que generen y la reacción de personalidades o políticos integrante de la coalición gobernante o grupos afines.

Parte de la justicia federal, en lugar de investigar rápidamente y llegar a la verdad material, en las denuncias que involucran a funcionarios del gobierno anterior, las demoran de modo funcional a una campaña mediática apabullante, funcional a la distracción sobre la política actual. En contraste ágilmente desestiman las denuncias contra los integrantes de la administración  actual.

La máxima instancia del Poder Judicial, entre otros retrocesos, ha resuelto, violando el derecho internacional, por 4 a 1 (voto en contra del Dr. Maqueda) la no obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Causa Fontevecchia), la prescriptibilidad de la acción civil por resarcimiento a víctimas del terrorismo de estado, y por 3 a 2 (votos de los Dres. Maqueda y Lorenzeti), la aplicación del computo del 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad (causa Muiña),   

En los últimos días se asiste a una desembozada ofensiva de las más altas instancias del oficialismo para disciplinar a los jueces federales, violentando la tan pregonada “independencia” judicial. Las declaraciones del Presidente de la Nación reclamando un poder judicial sometido al Ejecutivo, y el llamado de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a “escrachar” a un consejero de la Magistratura Nacional, que no está dispuesto a votar el desplazamiento de un juez por el oficialismo, han sido acompañadas por: 1) el traslado por  decreto del juez de Casación Nacional, Carlos Mahiques, a la Cámara Federal, con manifiesta violación constitucional, legal y reglamentaria; 2) el intento, vía judicial, de desplazar al senador Ruperto Godoy de su cargo de Consejero, arguyendo que no es abogado, condición no requerida por la Constitución, en funciones desde hace tres años, designado conforme a la ley vigente por el Senado, y validado por la Corte Suprema, cuyo presidente le tomó juramento.

Frente a esto, la AAJ reivindica todo el avance logrado en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, resultado de años de luchas sociales, gremiales, políticas y académicas, enfrentando sufrimientos, desamparos y claudicaciones. Esa tarea no ha terminado. Antes bien, estamos en otro período más de la historia argentina en que un gobierno surgido por el voto de la mayoría, gestiona al estado para beneficio del sector , financiero o especulativo, local e internacional.  Nos solidarizamos con todos los sectores vulnerados con el impacto deletéreo que sufren y sufrirán en su vida debido a tales políticas que regresan como avalancha revanchista de grupos hegemónicos enquistados y endogámicos que no parecen sentirse limitados por la manda suprema de la Constitución Nacional (art.1, 31, 36 y ccs. CN). La AAJ renueva su obligación estatutaria de luchar por la construcción de una sociedad democrática de base igualitaria, contra el imperialismo y el neo colonialismo, por la autodeterminación de los pueblos.

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