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» » Jornada de movilización a treinta y tres meses de la desaparición de los normalistas

(27/06/17 - México:)-.Para condenar los atentados en Iguala ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Zona Norte de Guerrero, contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, organizaciones sociales realizaron un mitin de protesta en Chilpancingo.

A 33 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, el Colectivo de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero se concentró en el antimonumento a los 43, ubicado en el monumento a Las Banderas.

A mil días de los hechos en la ciudad de Iguala, que dejaron seis muertos -entre ellos tres estudiantes de la normal rural- así como la desaparición de 43 alumnos, un grupo de manifestantes reiteró la exigencia a nivel nacional respecto al esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de las víctimas.

“A mil días de los hechos, seguimos exigiendo justicia para nuestros compañeros desaparecidos. En Iguala está comprobado que fue el cuerpo policiaco el autor material de la desaparición de los normalistas y el asesinato de civiles inocentes la noche del 26 de septiembre

“Hoy, hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, de la persecución de luchadores sociales”, condenó Nicolás Chávez Adame, presidente de la dirección política de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero.

Dentro de las demandas, contabilizaron algunas de las masacres más recordadas en Guerrero, además del caso Ayotzinapa, como el de El Charco, el 8 de junio, y Aguas Blancas, que recordarán con una movilización el próximo 28 de junio.

Durante la protesta, los asistentes guardaron un minuto de silencio por los muertos víctimas del Estado, así como por las desapariciones en el país.

Finalmente, anunciaron una serie de movilizaciones por los casi tres años de impunidad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, en cuyo caso, señalan, el Estado mexicano trata de dar carpetazo con la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República.

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