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» » Casación confirmó condenas por apropiación a un matrimonio y a médica que firmó falso certificado

(04/07/17 - Lesa Humanidad)-.La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó hoy las condenas a 10 años de prisión dictadas a un oficial retirado de la Policía bonaerense y a su esposa por la apropiación de una beba que nació durante el cautiverio de sus padres, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura. 

La Sala IV de la Casación ratificó las penas a las que fueron sentenciados el subcomisario Domingo Luis Madrid y su cónyuge María Mercedes Elichalt, por la retención, ocultamiento y supresión de identidad de Elena Gallinari Abinet (foto), nacida en cautiverio en setiembre de 1976 y a quien días después el matrimonio anotó como Nancy Viviana Madrid.

También rechazó el recurso de casación que la médica Silvia Marta Kirilosky presentó contra el fallo del Tribunal Oral Federal de La Plata que la condenó a cinco años y seis meses de prisión por haber firmado el falso certificado de nacimiento de la niña apropiada por Madrid y Elichalt.

Elena, primera nieta recuperada en 1987, pudo criarse con familiares de sus padres, el obrero y delegado sindical metalúrgico Miguel Angel Gallinari y la maestra María Leonor Abinet, ambos militantes de la organización Montoneros.

"Bocha" Gallinari, como era conocido el padre, fue secuestrado a mediados de junio de 1976 en la localidad bonaerense de Morón y, aunque logró escapar durante un "traslado", fue recapturado, asesinado y sus restos aparecieron semanas después en San Antonio de Padua. En cuanto a Abinet, fue secuestrada con un embarazo de seis meses en setiembre de 1976 en una pensión en la localidad bonaerense de Caseros, donde vivía con dos hijas fruto de una pareja anterior a la que tuvo con Gallinari.

La madre de Abinet, Leonor Alonso, secuestrada a su vez horas antes que su hija, recuperó la libertad, se exilió y en 1986 reactivó la búsqueda de su hija, cuyos restos aún no habían sido hallados, así como de su nieta nacida en cautiverio. Aquel año dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos y Abuelas de Plaza de Mayo -luego querellante en la causa- pudo confirmar que la niña que criaba Madrid, investigado desde 1981, era hija de desaparecidos. El 21 de abril de 1987, la Justicia le notificó la identificación y Elena, con 10 años de edad, conoció a su familia.

En el recurso de casación, las defensas del matrimonio y la médica condenados plantearon la prescripción de la acción penal sobre hechos "ocurridos hace 40 años" y rechazaron que la apropiación de Elena sea un crimen de lesa humanidad, argumentación rechazada por la Cámara de Casación. La médica sostuvo además que cuando suscribió el certificado de nacimiento, que luego permitió obtener el documento de identidad con el apellido Madrid, desconocía el origen de la niña.

Pero los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinski y Gustavo Hornos consideraron que sí se trató de un delito de "lesa humanidad", por lo tanto "imprescriptible", e invocaron tratados internacionales que definen ese tipo de ilícitos y menciona como tales a las "medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno" de la familia y al "traslado por la fuerza de niños" de su propio grupo familiar a otro grupo.

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