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» » Distintos gremios estudian aplicar la clausula gatillo por inflación

(28/09/17 - Movimiento Obrero)-.Comercio, construcción (Uocra) y estatales (UPCN) estarían en breve en condiciones de aplicar “la cláusula gatillo” para ajustar los acuerdos salariales paritarios a la inflación, reseño un informe de la consultora Synopsis.

“La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unión Obrera de la Construcción y la Unión del Personal Civil de la Nación que lideran respectivamente Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez (foto) reúnen en conjunto a casi dos millones de afiliados y están próximos a disparar la ‘cláusula gatillo’, al acercarse la inflación oficial al 20 por ciento”, señaló Synopsis.

El informe aseveró que comercio -con más de un millón de cotizantes bajo convenio- y la UPCN -más de 300 mil afiliados- convinieron a comienzos de año una mejora salarial del 20 por ciento y una ‘cláusula de reajuste’ para el caso de que el Indice de Precios al Consumidor superase ese guarismo.

Algo similar ocurriría con los trabajadores de la construcción -más de 450 mil afiliados- cuya conducción acordó una cláusula similar y un incremento salarial inicial del 21 por ciento.

“La medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que la inflación acumulada hasta agosto último fue del 15,4 por ciento. Todo hace prever que en cuatro meses se superará la meta oficial del 17, que se acercaría al 22 por ciento. De no superar esa cifra dejaría afuera a otras organizaciones como Sanidad y Alimentación, que convinieron acuerdos con otros guarismos, y solo podrían revisarlos si la inflación superase el 23 y 24 por ciento, respectivamente”, puntualizó la consultora.

En el caso de los estatales bonaerenses, la ‘cláusula gatillo’ debe activarse de forma trimestral, por lo que ese ajuste salarial ya fue realizado en los primeros tres meses del año, indicó.

“Una de las características del proceso paritario de este año fue el pago de los aumentos en cuotas. Por ejemplo, en octubre recibirán otro tramo de la mejora salarial gremios como colectiveros (corta y larga distancia), marítimos, maestranza, madereros, prensa, papeleros, plásticos y estatales”, explicó.

En otro orden, Synopsis detalló que el primer semestre del año cerró con la menor cantidad de conflictos en el último lustro.

La conflictividad laboral, que se mide por la cantidad, cayó en el sector privado durante el primer semestre en relación con 2016, ya que hubo 194 conflictos con paro -64 menos que el año anterior (un 25,3 por ciento), lo que constituyó el menor número en cinco años.

“Pero a partir del tipo de conflictividad, que involucró a más trabajadores, la caí­da no se tradujo en una menor cantidad de huelguistas sino que en el primer semestre se registraron unos 10 mil más que en 2016 en el sector privado, para sumar 300.500 trabajadores en conflicto durante ese período”, aseguró Synopsis.

Algo similar sucedió en términos de cantidad de jornadas no trabajadas que, con un total de 517 mil, registró algo más de 50 mil días no laborados más que entre enero y junio de 2016.

En el sector público también se produjo ese fenómeno de menor cantidad de conflictos con paro, aunque con mayor cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas que el año anterior.

En el caso de la cantidad de conflictos, el primer semestre de 2017 registró 357 con paro -casi 100 menos que en 2016-, pero en términos de huelguistas hubo 1.570.000, es decir, casi 300 mil más que entre enero y junio de ese año, en tanto durante el primer trimestre de 2017 hubo 7,9 millones de jornadas no trabajadas, lo que equivalió a unas 3,1 millones más que en 2016, concluyó.

“La principal explicación por el aumento de la cantidad de huelguistas y jornadas no trabajadas en un contexto de menos conflictos con paro radicó en el impacto generado por la agitación producida en el sector de la enseñanza privada y pública”, afirmó.

La consultora también subrayó que “las diferencias entre la conflictividad pública y privada son evidentes según las características de las demandas del primer semestre”, y explicó que en la actividad privada los principales reclamos fueron por despidos, renovaciones contractuales y pagos adeudados, en tanto en el Estado fueron las exigencias salariales.

“Esas diferencias obedecen a la estabilidad laboral del Estado. En lo privado, las demandas por mejoras de haberes y pagos adeudados cayeron por debajo de los niveles de los últimos dos años y, en términos de despidos, los conflictos disminuyeron respecto de 2016 aunque no en relación con el año 2015”, concluyó el análisis.

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