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» » Los reclamos de tierras de comunidades originarias suman en la Argentina 8,5 millones de hectáreas

(26/09/17 - Pueblos Originarios)-.El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reveló que el reclamo de tierras de las comunidades originarias suma un total de 8,5 millones de hectáreas, lo que equivale a un 3 por ciento del territorio nacional. 

El INAI envió esta semana al Senado de la Nación la nueva prórroga a la ley 26.160 -donde consta esa cifra- y que podría tratarse este miércoles 27. Entre los grupos que reclaman se encuentran los Tehuelche, que hicieron conocer hoy un Manifiesto. 

Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, por su parte, avalaron con su firma los derechos y reclamos de los Mapuche de la provincia neuquina.
El conflicto territorial por la demanda indígena en la Argentina cobró actualidad por los hechos en el Pu Lof de Cushamen, Chubut, pero podría llegar a un punto crítico si la ley de emergencia y la prórroga de ejecuciones venciera el 23 de noviembre sin un nuevo corrimiento de plazos, algo que deberán votar los diputados en plena campaña electoral.

El informe que recibieron los senadores indica que de las 1.600 comunidades identificadas, sólo 1.417 cuentan con personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). De ese conjunto, 824 reclamaron ya 8.414.124 de hectáreas -consideradas por ellas "territorios de ocupación tradicional"-, que no han sido otorgadas pero se encuentran en distintas fases del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI.

En cuanto a las que inciaron el trámite, 423 culminaron el relevamiento y se les entregaron "carpetas técnicas" para continuar la gestión, mientras que otras 401 comunidades iniciaron la tramitación pero aún no obtuvieron un despacho favorable.

Es decir, casi la mitad de las comunidades no iniciaron el trámite o lo tienen en estado embrionario, en un entramado donde confluyen las disputas por la representación de las fracciones territoriales con la cercanía política con las autoridades locales y provinciales.

La Cámara alta pidió al instituto -encargado de aplicar la ley- datos actualizados para poder tratar el tema en el recinto, en tanto continúan los tironeos sobre el alcance de la postergación.

El proyecto, presentado por la senadora justicialista Norma Durango (La Pampa), es respaldado por todos los sectores peronistas e impulsa la prórroga por otros cuatro años.

Dentro del bloque de Cambiemos hay voces que recelan de un plazo "largo", como la senadora radical por Jujuy Silvia Giacoppo, cercana al gobernador Gerardo Morales, que se inclinó públicamente por un año de extensión.

También en Diputados hay varios proyectos en trámite por las comisiones de Población, de Presupuesto y de Legislación General, incluido uno del salteño Alfredo Olmedo, y todos por cuatro años más.

Sin embargo, una alta fuente del Ministerio de Justicia, en cuya órbita está el INAI y el manejo legal del tema, le anticipó a Télam que, al margen de los acuerdos parlamentarios que se alcancen, "habrá prórroga", despejando toda duda sobre la postura gubernamental y de sus bloques.

Más adelante el Poder Ejecutivo impulsaría un "acuerdo federal" en el marco del Consejo Federal Asuntos Indígenas, que integre a las autoridades nacionales, a las provincias y a las propias comunidades, según lo estipulado por la ley 23.302.

Otro vocero oficial, pero de la cartera de Interior, coincidió en que el gobierno nacional "respaldará el acuerdo parlamentario" para garantizar la continuidad de la norma que inhibe desalojos pero que la cuestión exigirá, a la larga, un "consenso federal". Vale decir: una activa participación de los gobernadores.

"La emergencia tiene ya once años y no da para más", asegura Jimena Psathakis, designada presidenta del INAI a comienzos de agosto y cuyo plan de acción consiste en aplicar "nuevas metodologías y tecnologías" para culminar la fase de relevamiente en un máximo de dos años. Esa constatación técnico-jurídica y catastral es el primer paso hacia el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoció en su inciso 17 la "preexistencia" de los pueblos indígenas, garantizó la personería de sus comunidades y "la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan".

"La solución final (sic) recae sobre las provincias, ya sea porque en su mayoría son tierras fiscales provinciales o porque serán las Legislaturas las que deberán votar la expropiación de privados", razonó la nueva funcionaria.

Pero el telón de fondo del conflicto es la fuerte valorización que han tenido las tierras por la extensión del cultivo de soja y el descubrimiento de minerales y combustibles bajo el suelo que ocupan las poblaciones rurales.

Sólo en la semana que concluyó, una comunidad mapuche denunció el violento desalojo policial en el Paraje Tratayen, a 80 kilómetros de Neuquén, en la zona petrolera de Vaca Muerta, en un episodio que desde la Nación se adjudica a "grupos oportunistas".

"Además del elevado nivel de incumplimiento, la ley 26160 no resuelve cómo se hará la transferencia dominial y titulación de las tierras comunitarias", asegura Silvina Ramírez, de la Asociación Argentina de Derecho indígena (AADI), que aboga por una norma específica.

En eso coincide Psathakis, para quien la cuestión de fondo sigue siendo "el acceso a la posesión y propiedad comunitaria" aunque, a su entender, se trata de un resorte que manejan los gobiernos provinciales.

Una auditoría de la AGN de este año consigna que el 92% de estos pueblos no poseen los títulos de propiedad comunitarios y el 84% no tiene los títulos individuales.

En torno al nivel de ejecución de las "carpetas técnicas", la abogada Ramírez cita el caso de la comunidad Santa Rosa Leleque, un lote de 600 hectáreas dentro de las 884 mil que posee Benetton en la región y a 15 kilometros de la comunidad en conflicto de Cushamen.

Los Tehuelche se suman al reclamo
Comunidades Tehuelche se sumaron al reclamo de las otras comunidades originarias a través de un manifiesto que publicaron hoy, en el que le piden a los diputados y senadores nacionales que "estén a la altura de las circunstancias, tratando de manera urgente e impostergable la prórroga de la ley 26.160", a la que describen como "el único instrumento legal que garantiza la integridad de los territorios donde se reproduce su cultura, vida espiritual y supervivencia económica".

En el manifiesto, firmado por las comunidades territoriales de la provincia de Santa Cruz, comunidad Kamusuayke y comunidad Kopolke del pueblo Aonekkenk (Tehuelche), sus miembros expresaron públicamente su repudio a "todo acto de discriminación, exclusión social, maltrato físico y psicológico que viven las comunidades en todo el país". También pidieron el cese inmediato de la persecución a dirigentes y miembros de los pueblos indígenas, y que se apliquen las leyes vigentes que garantizan los 
derechos de los pueblos originarios.

Neuquén: Apoyo a los Mapuche de docentes del Comahue
Más de 150 docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) presentaron esta tarde, en la ciudad de Neuquén, un documento en apoyo al pueblo Mapuche, en el que destacaron la importancia de que "se dé a conocer y sea respetada la preexistencia del pueblo mapuche, sea reconocida como legítima la legalidad y justeza de los derechos territoriales del pueblo mapuche y sea tratada la prórroga de la ley 26.160 para evitar futuros desalojos".

La antropóloga Jorgelina Villareal, en diálogo con la prensa, señaló que "como docentes e investigadores extensionistas venimos trabajando hace muchísimos años y nos preocupaba el tratamiento que se estaba haciendo en los medios de comunicación y las acciones concretas en relación a allanamientos, desalojos y el tema del vencimiento de la ley 26.160".

"Como universidad, estamos asentados en este territorio, que es territorio mapuche en términos de la preexistencia que se reconoce en las constituciones provincial y nacional; en los claustros de nuestra universidad tenemos presencia del pueblo mapuche, y sentíamos la necesidad y el deber ético de poder compartir con la sociedad cuál es nuestra posición como docentes e investigadores, y cuáles han sido los resultados que han arrojado nuestros estudios", explicó Villareal.

La antropóloga hizo referencia a la situación de los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe a los cuales la fiscalía buscará mañana imputar por el delito de usurpación de tierras en 2014, cerca de Añelo, en el megayacimiento de energía no convencional Vaca Muerta.

"En Campo Maripe el tema es complicado, porque se hizo un relevamiento que en lo que respecta al informe histórico antropológico, en todas las pruebas que se aportaron, no sólo en términos de entrevistas, sino documentación, fotografía, evidencia del terreno, fueron desestimadas por provenir de las ciencias sociales y por suponer que eso no permite comprobar la preexistencia", explicó la investigadora.

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