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» » "Causa de los Magistrados": Los fiscales pidieron penas de entre 2 y 7 años para los 4 imputados

(04/10/17 -Lesa Humanidad)-.Los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella pidieron hoy penas de entre 2 y 7 años para cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura. 

En el juicio de la llamada "causa de los magistrados", que está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, están imputados el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez (foto) y el ex defensor oficial federal Ricardo Haro.

Al concluir su alegato, los fiscales Gonella y Trotta solicitaron para Cornejo y Puga penas de 5 años de prisión por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover acción penal y abuso de autoridad. 

Para Otero Alvarez, pidieron la pena de 7 años prisión por el delito de abuso de autoridad en 62 hechos y por la omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal, mientras que en relación a Haro, por el delitos de abuso de autoridad, solicitaron una pena de 2 años con la aclaración de que debía ser en suspenso dada la avanzada edad del imputado.

Las querellas, el pasado 18 de septiembre, habían requerido cinco años de prisión para Otero Álvarez y tres años de prisión para Puga y Cornejo, sin aludir a Haro.

Los abogados Patricia Chalup, Jorge Chalup y Adriana Gentile sostuvieron que en el debate quedaron "probados" los hechos por los que fueron acusados en la elevación a juicio estos ex magistrados, al exponer como querellantes en representación de los familiares de las víctimas Hugo Vaca Narvaja, Miguel Angel Ceballos y Marta Juana González de Baronetto.

El juicio de la causa caratulada "Cornejo, Antonio Sebastián y otros", más conocida como la "causa de los magistrados", comenzó el 25 de julio último.

Los acusados fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos de la Dirección de Informaciones Policiales (D-2) y de la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba.

Según la instrucción de la causa, los funcionarios judiciales imputados no promovieron la investigación de crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y encubrieron a los perpetradores.

Más de 70 víctimas de estos delitos consideradas en la causa estaban detenidas a disposición de jueces e instancias militares de la dictadura en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" 20.840.

Tras la exposición de los fiscales, el TOF2 pasó a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana próxima, cuando comenzarán los alegatos de las defensas en el juicio que, según lo previsto, llegará a sentencia el 6 de noviembre de este año.

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