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» » El policía Baraldini, acusado por 214 delitos de lesa humanidad, ya disfruta de la domiciliaria

(09/10/17 - Lesa Humanidad)-.El ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura Luis Enrique Baraldini recibió finalmente la pulsera electrónica del Ministerio de Seguridad de la Nación y ya está instalado en la vivienda de una de sus hijas en el centro de la capital provincial, tras ser beneficiado con el arresto domiciliario, informaron a Télam fuentes de tribunales y de la querella del juicio de la Subonza 14 II. 

Baraldini está acusado de delitos de lesa humanidad como secuestros, amenazas, torturas y asociación ilícita en perjuicio de 214 ciudadanos pampeanos, entre 1975 y 1983.

El policía estuvo detenido en la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa hasta ayer a las 14.30, cuando recibió la pulsera electrónica y fue trasladado a la vivienda de su hija Sandra, por disposición del Tribunal Oral Federal de esta ciudad tras la orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

La salida de Baraldini tomó por sorpresa a la querella que representa al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que se opuso a la domiciliaria al argumentar que el represor fue capturado en 2011, en Bolivia, donde estuvo prófugo por ocho años, logrando evitar el primer juicio de la Subzona 14.

El beneficio de la prisión domiciliaria, que se otorgó el 22 de septiembre a Baraldini, fue recurrido en casación por la querella. Pero el Tribunal Oral pampeano consideró que ese planteo, que ya fue habilitado para llegar a Casación, no suspende la medida tomada previamente en favor del policía. 

"Para nosotros, la medida se ejecutó de hecho porque el TOF no emitió una nueva resolución, ya que la que otorgaba la domiciliaria fue impugnada por nosotros, y en el momento que se concede la apelación (para llegar a Casación) no hace referencia a que la cuestión debe ejecutarse igual", afirmó el abogado querellante, Franco Catalani.

El 29 de agosto pasado comenzó el segundo juicio de lesa humanidad de la Subzona 14 II, que tuvo un primer capítulo en 2010, cuando fueron condenados ocho policías provinciales y un militar por la privación ilegal de la libertad sufrida por 28 personas.

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