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» » La justicia federal deberá expedirse sobre un amparo por tierras para una comunidad originaria

(10/10/17 - Pueblos Originarios)-.Los jueces Nogueira, Pacilio y Vallefin revisaron la sentencia en primera instancia sobre un amparo presentado por la  comunidad Iwi Imemb’y  junto a por la Comisión Provincial por la Memoria. Piden tierras aptas y suficientes para su desarrollo pero el juez lo había rechazado. Ahora deberá volver a evaluar ese fallo a partir de la recomendación de la Cámara.

La comunidad Iwi Imemb’y (hijos de la tierra) asesorada por la Comisión Provincial por la Memoria inició en abril una acción de amparo para demandar tierras aptas y suficientes para su desarrollo “conforme a nuestras pautas culturales y una vez que las mismas sean provistas, se nos otorgue el título de propiedad comunitaria indígena”. 

La demanda estuvo dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano dependiente del Ministerio del  Interior de la Nación (Subsecretaría de Hábitat) y Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

También incluían a la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata y solicitó que se cite al Poder Ejecutivo de la provincia de Salta “como tercero interesado”

El juez de primera instancia declaró formalmente inadmisible la acción colectiva y, además, rechazó la medida cautelar. Ahora, los jueces de la Cámara Federal de La Plata Nogueira, Pacilio y Vallefin afirmaron que la acción interpuesta no tiene carácter individual sino colectivo y que por lo tanto debe revocarse la decisión que la declaró inadmisible y volver a tratarse el amparo.

La CPM acompaña y asesora a esta comunidad desde hace algunos años. Los Iwi Imemb’y son una organización comunitaria que se escinde de la comunidad Iguopeigendá. En el año tuvieron que irse de sus tierras en Salta tras una orden de desalojo que fue autorizada por el juez Oscar Blanco en beneficio de la empresa ‘Seabord Corporation’, propietaria del Ingenio San Martín del Tabacal.  

“Algunos de los miembros nos vimos forzados a migrar a la Provincia de Buenos Aires. Ello se decidió en la asamblea comunitaria, porque según los ancianos y sabios era la única forma de salvaguardar nuestra integridad física y la vida”, explicaron desde la comunidad ante la justicia. Desde que migraron ya llevan más de 13 años viviendo en la localidad del Peligro, partido de La Plata, donde reclaman poder volver a asentarse.

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