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» » Los genocidas a casa, los jueces que los juzgaron presos

(03/11/17 - DD HH)-.A sólo horas del pedido de "Lilita" de prisión domiciliaria para represores y de su defensa de los casos de militares "muy mal juzgados", el letrado de un genocida condenado por Carlos Rozanski pidió la detención del ex juez, quien condenó a la mayoría de los acusados que juzgó por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. El insólito argumento.


Casi con un timing que pareciera predeterminado, a menos de 24 horas de que la diputada nacional Elisa Carrió afirmara que "los derechos humanos son para todos", pidiera la prisión domiciliaria para represores "después de determinada edad", lanzara una arenga en pos de que "hay casos de los que no se tienen pruebas" y solicitara su revisión, el abogado de un genocida condenado por Carlos Rozanski esgrimió insólitos argumentos para exigir la detención del exjuez, quien condenó a la mayoría de los acusados que juzgó por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, incluido Miguel Etchecolaz.

Según publicó el portal LetraP, el pedido de detención por "prevaricato agravado" de Rozanski lo realizó el abogado platense Juan José Losinno, defensor de Claudio Grande, un represor sentenciado en la causa “La Cacha”. El letrado mantiene desde la realización del juicio oral en La Plata una disputa legal con el magistrado, al que denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En esta nueva denuncia en el fuero federal de La Plata, Losinno exigió que se investigue la conducta "parcial" de Rozanski por su presunta "simpatía" con los querellantes en el juicio oral denominado "La Cacha", que se desarrolló en la capital bonaerense. Puntualmente, acusa al exjuez de los delitos de "prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público".

¿Los argumentos? Una serie de fotografías del exmagistrado junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y la renunciante procuradora general, Alejandra Gils Carbó, según se desprende del escrito al que accedió el mismo medio.

Según el abogado de genocidas en su denuncia, Rozanski debía haberse excusado de juzgar a los acusados por delitos de lesa humanidad cada vez que los querellantes hayan sido personas cercanas a sus afectos sociales.

Losinno dice que elex juez cometió "prevaricato (...) por haber dictado sentencia condenatoria en favor de las partes acusadoras, con quienes mantenía y mantiene una manifiesta relación de amistad", y "eligió escribir una sentencia de cientos de páginas para favorecer a sus amigos".

En la sentencia contra el defendido del abogado que quiere meter preso a Rozanski, este último y Pablo Jantus condenaron a Grande a 13 años de cárcel por ser "partícipes secundarios" de los delitos endilgados y no por ser "coautores" como había solicitado la fiscalía y la mayoría de las querellas.

En el marco de los 9 meses de audiencias por el juicio por la causa La Cacha, que funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas, prestaron declaración más de 130 testigos y se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.

Entre los casos que se investigaron están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, Embajador argentino en España. Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

Rozanski, que fue presionado para presentar su renuncia tanto a través de declaraciones de dirigentes del macrismo así como mediante la justicia, fue el presidente del Tribunal Nº1 de La Plata, que condenó a perpetua al comisario Miguel Etchecolatz, al capellán Christian von Wernich y al funcionario civil de la dictadura Jaime Lamont Smart, entre otros.  

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