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» » El gobierno no informará sobre la situación del ex guerrillero chileno Apablaza

(07/12/17 - DD HH)-.El Ministerio del Interior comunicó hoy que "no se brindará información alguna" sobre el supuesto retiro del status de refugiado político al ex guerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra (foto), ya que, por ley, "rige el principio de confidencialidad respecto de los expedientes tramitados" en la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). 

Medios argentinos y chilenos difundieron hoy que a Apablaza, refugiado político argentino desde 2010, se le habría quitado dicho status, y seria inminente su extradición. 

Ante ello, el Ministerio del Interior comunicó que "conforme lo establece la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, rige el principio de confidencialidad respecto a los expedientes tramitados en el ámbito de su competencia".

El comunicado del Ministerio del Interior dice textualmente: "Ante una información publicada en medios de comunicación, vinculada a temas de competencia de la Conare", y "conforme lo establece la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, rige el principio de confidencialidad respecto a los expedientes tramitados en el ámbito de su competencia".

"Es por ello que no se brindará información alguna respecto a las publicaciones realizadas", afirmaron desde el Gobierno.

La Conare es un organismo integrado por funcionarios de varios ministerios, entre ellos el de Interior, Cancillería, Justicia, Seguridad, Desarrollo Social, además del Inadi, y también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y de una Organización no Gubernamental sin fines de lucro (éstos dos últimos participan con voz pero sin voto).

Apablaza, quien reside desde hace unos 14 años en Argentina, está acusado en Chile de haber sido el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán -un ex senador pinochetista-, además de participar en el secuestro del empresario de medios Jorge Edwards.

Luego de un proceso judicial, en septiembre de 2010, la Corte Suprema argentina había autorizado su extradición, aunque señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo, en ese entonces al mando de Cristina Kirchner, quien decidió otorgarle el asilo político.

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