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Lomas por la Libertad de Milagro

(15/02/17 - Lomas de Zamora)-.Durante la jornada de mañana jueves, el Comité por la Libertad de Milagro Sala de Lomas de Zamora realizará una serie de actividades tendientes a visibilizar la injusta situación que vive la dirigente social jujeña y legisladora del Parlasur Milagro Sala.

La actividad se da en el marco de una importante movilización de los comités por la libertad de Milagro y sus compañeros de la Tupac Amaru y que han florecido a lo largo del país.

A continuación reproducimos el comunicado de prensa que nos ha hecho llegar el Comité por la Liberación de Milagro Sala de Lomas de Zamora:

Comunicado de Prensa
El jueves 16, quienes integramos el Comité por la Libertad de Milagro Sala de Lomas de Zamora llevaremos adelante una serie de acciones de visibilización en nuestro distrito. Lo haremos para reclamar por la liberación de Sala y del resto de los dirigentes de la Tupac detenidos arbitrariamente. Consideramos que esas detenciones no son más que una manera de criminalizar la protesta social y amedrentar a quienes reclaman.

A las 17 horas nos daremos cita en la Sucursal Lomas de Zamora de Correo Argentino (Avenida Hipólito Yrigoyen 9109). Desde allí, dirigentes y militantes de las organizaciones que componemos el Comité enviaremos postales a la dirigente detenida con motivo de celebrarse su cumpleaños el 20 de este mes.

Luego, desde las 18 horas, nos concentraremos en la Intersección de Laprida e Hipólito Yrigoyen, donde exhibiremos pancartas y repartiremos volantes, explicando quién es la dirigente social jujeña, cuál ha sido su obra y por qué el gobernador Morales, con la complicidad del gobierno nacional, la mantiene presa a pesar de los pedidos de la ONU, la CIDH y otros organismos internacionales que exigen que sea puesta en libertad de inmediato por entender que los procesos judiciales que se le siguen están amañados y no justifican la privación de su libertad, como la del resto de los activistas de la organización Tupac Amaru que se encuentran injustamente detenidos.

La actividad cerrará alrededor de las 19 horas en la esquina de Colombres e Hipólito Yrigoyen.

¿Por qué Milagro Sala es una Presa Política?

Fue detenida el 16 de enero de 2016 por el secretario de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer. Es decir, estuvo a disposición del Poder Ejecutivo. Se la privó ilegalmente de su libertad sin respetar sus fueros parlamentarios (Ley 27120).

Se la detuvo en el marco de las criminalización de la protesta social, por el acampe realizado para reclamar la apertura de una instancia de diálogo con el nuevo gobierno.

Con el correr de los días fueron proliferando distintas causas con el fin de mantener su detención. El propio gobernador de la provincia dijo en marzo tener 60 causas en contra de la dirigente social.

En el derecho argentino toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario enjuicio.

La prisión preventiva es la excepción y no la regla. Las personas esperan el juicio en libertad incluso cuando se trata de delitos graves como homicidio.

No hay independencia del Poder Judicial en la Provincia. Las constantes declaraciones demuestran que Milagro Sala está detenida por decisión política. Dijo el gobernador Morales: “nada de lo que han dicho los organismos internacionales modifica la decisión que tenemos de mantener presa a Milagro Sala”. “No voy a liberar a esa mujer”.

Organismos internacionales determinaron que la detención de Milagro Sala es arbitraria y exigieron su inmediata liberación (el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria de Naciones Unidas, la Comisión Internaciones de Derechos Humanos, la Asociación de Estados Americanos, Human Rights Watch, entre otros). Exigencias que el Gobierno Nacional de Macri no cumple, poniendo a nuestro país en la lista de los Estados que violan los derechos humanos.

Milagro Sala fue condenada sin juicio previo por el gobernador de la provincia con la complicidad de los medios locales y nacionales. El poder político de Jujuy ejerce presiones y extorsión a integrantes de la Tupac Amaru. Imputaron un sistema de delaciones, quiénes declaran contra la Tupac quedan libres y reciben favores del poder. 

Quienes no ceden al chantaje, son perseguidos, estigmatizados, judicializados.
Las dos condenas de diciembre, por una protesta en la que no participó Milagro Sala y con el único testigo que se demostró que falseó su declaración - ahora empleado de Morales - y un juicio contravencional, que la proscribe de participar políticamente, lo que resta del mandato del actual gobernador, no hacen más que ratificar la arbitrariedad e ilegalidad de la prisión de Milagro Sala y la persecución a la organización Tupac Amaru.

#UnAñoPresaPolítica - MACRI Y MORALES SON LOS RESPONSABLES - Exigimos su inmediata libertad - HOY ES ELLA, MAÑANA PODES SER VOS 

Para más información:
Comité por la Libertad de Milagro Sala - Lomas de Zamora

Contactos de Prensa:
Tomás Martínez: +54 911 5990 9702
Marta Valle: +54 911 4440 0585

Otro Tarifazo: El boleto mínimo de colectivo se iría a once pesos

(15/02/17 - Gestión Macri, Tarifazos)-.El pasaje de colectivo aumentaría hasta un 50% a partir de abril y el boleto mínimo costará 11 pesos en la Ciudad y el Conurbano.

A partir de abril el boleto de colectivo subiría hasta un 50% y el pasaje mínimo costaría cerca de $11 en la Ciudad y el Conurbano.

Según publica Crónica en su edición impresa de este martes, el plan del Gobierno para dosificar el alza es lanzar un “boleto multimodal”, de manera que a través de la combinación de actualizaciones graduales en trenes, subtes y colectivos se logre unificar una tarifa plana de $10 en promedio.

El objetivo es “homogeneizar” los precios del transporte, en la que se incluyen las subas de los peajes del 100% que se anunció en enero y el probable aumento de la tarifa del subte a $10 en la Ciudad.

Otro de los motivos para el incremento es lograr la “federalización” del boleto. Lo cierto es que varias provincias ya aumentaron sus boletos mínimos con precios cercanos a los $10 desde el 1 de enero y son varias las que, como Córdoba, pagan casi $13.

Lesa humanidad: Rechazan recurso y confirman preventiva a un ex agente penitenciario

(15/02/17 - Lesa Humanidad)-.La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó un recurso extraordinario contra la prisión preventiva dictada a un ex agente del Servicio Penitenciario Federal por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, confirmaron hoy fuentes judiciales. 

Se trata del planteo efectuado por la defensa de Héctor Horacio Marc, procesado por violaciones a los derechos humanos contra detenidos en el “Circuito ABO”, como se denominó a los centros clandestinos “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, que funcionaron en esta capital luego del golpe del 24 de marzo de 1976.

Coincidentes con el dictamen del fiscal Ricardo Wechsler, los camaristas de la Sala IV de la CFCP Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borisnky declararon “inadmisible” el recurso extraordinario.

En septiembre último, la CFCP revocó resoluciones del Tribunal Oral Federal Dos, por las que se le había concedido la excarcelación a Marc y a los también procesados policías federales Raimundo Oscar Izzi y Eduardo Ángel Cruz, así como al gendarme Juan Miguel Méndez.

Marc, Izzi, Cruz y Méndez fueron procesados por más de 200 casos de tormentos a detenidos y los dos últimos también serán juzgados por 19 homicidios registrados en el Circuito ABO.

El zapatismo lanza campaña mundial contra deportaciones de Trump y en apoyo a los migrantes

(15/02/17 - México)-.El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó a todos sus simpatizantes y adherentes a impulsar una campaña internacional contra las persecuciones y deportaciones en Estados Unidos, y crear comités de apoyo y solidaridad para enfrentar la embestida de Donald Trump.

“Llamamos a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones. Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba. Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí.

“La resistencia a las detenciones, desalojos y expulsiones son un deber, así como deber es apoyar a quienes se rebelan contra esas arbitrariedades sin importar las fronteras”, se lee en una misiva firmada por los subcomandantes Moisés y Galeano.

De acuerdo con el documento, es necesario hacerle saber a toda esa gente (los migrantes y refugiados) que no está sola, que su dolor y su rabia es vista aún a la distancia, que su resistencia no es sólo saludada, también apoyada, “así sea con nuestras pequeñas posibilidades”.

Añade: “Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir ‘NO’ a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir ‘NO’ a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las soluciones, porque ahí se parieron los problemas”.

Según los subcomandantes Moisés y Galeano, es menester que se creen grupos de apoyo para que los migrantes regresen a sus hogares, sea creando “santuarios” o apoyando los ya existentes, sea con asesorías y apoyos legales, sea con boicots comerciales y mediáticos o en el espacio cibernético, sea donde sea y como sea.

“En todos los espacios donde nos movamos es nuestro deber apoyar y solidarizarnos”.

El EZLN dio a conocer que desde hace varias semanas la Comisión Sexta inició contactos con individuos, grupos, colectivos y organizaciones adherentes para realizar acciones a favor de los “perseguidos”.

Para iniciar el apoyo a todos esos grupos amenazados, agregó, donarán las obras artísticas de indígenas zapatistas, así como café orgánico producido en las montañas del sureste mexicano, para que con su venta se realicen actividades artísticas y culturales y se concrete el apoyo y solidaridad con los migrantes y desplazados que en todo el mundo ven amenazadas su vida, libertad y bienes por las campañas xenofóbicas promovidas por los gobiernos y la ultra derecha en el mundo.

Los zapatistas también invitaron al seminario de reflexión crítica “Los muros del capital, las grietas de la izquierda” que se celebrará del 12 al 15 de abril próximo en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, en San Cristóbal de las Casas.

En dicho seminario participarán Pablo González Casanova, Paulina Fernández C., Alicia Castellanos, Magdalena Gómez, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Aguirre Rojas, Arturo Anguiano y Sergio Rodríguez Lascano, así como Christian Chávez, Carlos González y María de Jesús Patricio Martínez, del CNI.

Estados Unidos usa proyectiles con uranio empobrecido en Siria

(15/02/17 - Conflivto Sirio)-.Estados Unidos utiliza uranio empobrecido en territorio sirio, un material tóxico que provoca cáncer y defectos en los recién nacidos.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el general Josh Jacques, ha dicho este martes a la revista bimestral estadounidense Foreign Policy que 5265 proyectiles antitanque, que contenían uranio empobrecido, fueron disparados los días 16 y 22 de noviembre de 2015 por aviones estadounidenses contra “camiones cisterna del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe)” en el desierto oriental de Siria.

Los ataques aéreos de los aviones de la coalición suponen el primer uso confirmado de este tipo de armamento desde la invasión de Irak en 2003, donde fueron utilizados cientos de miles de veces. El uso de esta sustancia peligrosa provocó entonces una gran indignación entre las comunidades locales, que denunciaron que este material tóxico multiplicó los casos de cáncer y los defectos en los recién nacidos.

Al inicio de la campaña militar de la llamada coalición anti-EIIL, liderada por EEUU, los funcionarios estadounidenses dijeron que tal tipo de municiones no debería ser utilizado en las supuestas operaciones contra Daesh.

“EEUU y los aviones de guerra de la coalición no usan ni recurrirán al empleo de municiones de uranio empobrecido en Irak y Siria”, dijo John Moore, el portavoz de la coalición, en marzo de 2015.

En 2014, el Gobierno iraquí expresó su profunda preocupación por los efectos perjudiciales de este material, añadiendo que el “uranio empobrecido supone un peligro para los seres humanos y el medioambiente”, e instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizar estudios profundos sobre sus efectos.

Mientras que EEUU insiste en que tiene derecho a utilizar tales armas, los expertos dicen que municiones de esa índole no estaban diseñadas para los vehículos de Daesh y su uso es “peculiar”.

El Departamento de Defensa de EEUU (Pentágono) dijo que los ataques que tuvieron lugar cerca de la ciudad de Al-Bukamal, en la provincia de Deir al-Zur, y en un desierto entre la ciudad de Al-Hasaka y Deir al-Zur, “destruyeron los camiones cisterna”.

La primera vez que se reportó el uso de uranio empobrecido en Siria fue en octubre de 2016 por el canal IRIN News, el servicio de noticias de la ONU sobre asuntos humanitarios. El Centcom y la Fuerza Aérea de EEUU rechazaron tal información en un principio, pero luego ofrecieron diferentes cuentas de los ataques.

EEUU y sus aliados empezaron, en agosto de 2014, a bombardear varias regiones de Irak, so pretexto de combatir a la banda takfirí EIIL, y el 23 de septiembre de ese mismo año ampliaron su campaña a Siria en el marco de una coalición en la que participan varios países de la región y occidentales.

Mientras tanto, las autoridades sirias cuestionan ampliamente la efectividad de dichos bombardeos, al mismo tiempo que critican a la coalición por los daños estructurales y las muchas víctimas civiles que han dejado tras de sí sus acciones.

El director de defensa del consumidor municipal se reúne con los vecinos

(15/02/17 - Almirante Brown)-.Durante la tarde noche de hoy el director de defensa del consumidor de la Municipalidad de Almirante Brown, doctor Leonardo Olivera, evacuará dudas de vecinos en San José.
La actividad, organizada por la Multisectorial contra el Tarifazo de Almirante Brown se desarrollará esta tarde a partir de las 19,30 horas en la sede del Jardín de Infantes Mi Casita, Bolívar 4818 y Pampa de San José.

Los reclamos que se atenderán son esencialmente sobre el servicio que presta AYSA, cuya provisión de agua potable es caratulada como mala por los vecinos.

Quienes concurran deben llevar fotocopia de las dos caras de la factura de la boleta del servicio y fotocopia del DNI del titular del mismo.





"Las políticas migratorias del gobierno promueven la discriminación"

(15/02/17 - Gestión Macri, Xenofobia)-.El Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), Luis Cáceres, se reunió en el día de ayer con el Vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en el país, Valentin Heras González (foto), para evaluar la situación de las políticas migratorias propuestas por el gobierno.

"El Estado tiene previsto abrir delegaciones de Migraciones en distintas Intendencias, para manejar a los inmigrantes indocumentados y eludir el supuesto manejo de los jefes comunales con fines partidarios antes de los comicios", sostuvo el titular del gremio ladrillero, quien agregó que "de lo que realmente se trata es de estigmatización. Se estigmatiza a los inmigrantes, al tratarlos desde una lógica de mercado. Hay una mirada de
sospecha sobre los inmigrantes y ellos no son un ejército de reserva para la delincuencia, ni una amenaza a las fuentes de trabajo. Por ende, las políticas migratorias del gobierno promueven la discriminación".

A su vez, Heras González, destacó la tarea realizada junto con el sindicato y afirmó que "gracias al trabajo en conjunto que estamos llevando a cabo entre la UOLRA y el Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, estamos nacionalizando y documentando a la mayoría de los inmigrantes de nuestra comunidad".

Asimismo, Cáceres hizo alusión a la Ley 25.871 sancionada en 2004 que regula la inmigración en el país al afirmar que es "una legislación modelo a nivel mundial porque reconoce y garantiza el derecho humano a migrar, es decir, establece que la migración es un derecho humano y extiende la protección de derechos constitucionales a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal,  garantizando a los inmigrantes el derecho de igualdad de trato".

Cabe destacar que la mayoría de los trabajadores de la actividad ladrillera provienen de Bolivia o de países limítrofes y realizan sus tareas en condiciones extremas en lugares que no cuentan con luz, agua o cloacas y, en muchas ocasiones, se cuenta con casos de trabajo infantil y abusos patronales.

Un preso en huelga de hambre seca en Neuquen

(15/02/17 - Violencia Institucional)-.Ramón Mansilla (quien se encuentra detenido en la U11 de la ciudad de Neuquén) ha decidido comenzar con una huelga de hambre y huelga seca, ayer, debido a la falta de respuestas del poder judicial frente a los recurrentes hostigamientos y amenazas que el mismo sufre por parte del poder penitenciario. 

Violencias que son consecuencia de haber sido Mansilla testigo (y víctima) en una causa de torturas en el año 2009, encontrándose actualmente pres bajo custodia de sus propios torturadores. Estos hechos de amenazas y hostigamientos se agravaron luego de ser conocida la decisión del Tribunal de impugnación de anular la sentencia absolutoria de los 5 policías imputados de torturas, y ordenar la realización de un nuevo juicio en los próximos meses.

En una carta entregada a Zainuco ayer, luego del inicio de la huelga, y habiéndose cosido la boca para garantizar su medida de fuerza, Ramón manifestó respecto a los penitenciarios que “ellos han ido a juicio por torturas y malos tratos a diversos internos, y no se ha llegado a ninguna resolución”, recordando que es esa impunidad la que “le costó la vida a un interno alojado en la Unidad” en relación al asesinato de Cristian Ibazeta, sucedido en 2012 y vinculado a su participación como testigo en esta causa de torturas en la U11.

“En los últimos dos meses he sufrido diversas amenazas verbales de parte de los funcionarios mencionados, me han sustraído elementos varios, y no he tenido respuesta alguna”, y recordó que “he padecido sucesos varios por parte de la policía. He sido apuñalado en la cabeza en Zapala, casi pierdo un testículo en Cutral Co por golpizas que recibí de la requisa, y más agravios hacia mi persona, físicos y psicológicos”.

Frente a esta medida, Mansilla decidió “poner su vida en manos del poder judicial”, a la espera de una respuesta frente al peligro cierto que corre al estar detenido en una Unidad de Detención donde al día de la fecha prestan servicios dos de los policias acusados por torturas y próximos a ser llevados nuevamente a juicio.

Desde Zainuco, como organismo de derechos humanos, exigimos una pronta respuesta a la situación de riesgo en el que se encuentra Mansilla por estar bajo el poder de custodia de sus propios torturadores. Como medida concreta, exigimos se remueva a los policías Bernardelli y Gonzalez de la U11, hasta tanto se resuelva su situación en el juicio de torturas pronto a realizarse.

Sabemos y hemos denunciado desde un primer momento, que a Cristian lo mataron por haber denunciado al poder penitenciario, por haber denunciado torturas dentro de la U11. En este contexto, y siendo los mismos penitenciarios los que vienen hostigando y amenazando a Mansilla en los últimos meses, exigimos que la respuesta sea urgente.

Responsabilizamos al Poder Judicial en su conjunto y a la jueza de Ejecución Raquel Gass, así como al Gobierno de la Provincia de Neuquén, por la salud y la integridad física de Ramón. 

*Por Zainuco, APL

¿Es cierta o incierta la consulta plebiscitaria de junio?

(15/02/17 - Puerto Rico)-.Estaría, también por verse, en el supuesto de que Estados Unidos acoja el resultado de la consulta, cuál sea la respuesta del Congreso a una petición de estadidad, particularmente en la ¨Era de Trump¨, y cuál el resultado en el movimiento estadista de un rechazo a la petición de ingreso a la Unión.

I. Introducción:
Para el mes de enero de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Núm. 113-76, también conocida como Consolidated Appropiations Act de 2014. Mediante la misma, el Congreso destinó una partida de $2.5 millones a ser entregados a la Comisión Estatal de Elecciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ser utilizados en un ¨proceso objetivo no partidista de educación a los electores en un plebiscito que pudiera resolver el estatus futuro de Puerto Rico¨.

En el Informe del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes rendido a propósito de dicha legislación, se indica que la recomendación incluye $2.5 millones para un proceso de educación no partidista en torno a un plebiscito sobre opciones que podrían resolver el estatus futuro de Puerto Rico. Los fondos que se proveen para el plebiscito, indica el Informe, no serán liberados hasta 45 días después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le notifique al Comité que el Departamento aprueba el plan que someta la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico para un proceso de educación a los electores y administración de la consulta, incluyendo la aprobación de la papeleta de votación. Dispone además, que esa notificación al Comité de Asignaciones Presupuestarias deberá también documentar que los materiales de educación a los electores, la papeleta y otros materiales relacionados no son incompatibles con la Constitución de Estados Unidos, sus leyes y sus políticas.

Como puede verse, a tenor con dicha Ley, es al Departamento de Justicia al que le compete establecer las opciones legalmente válidas para la consulta plebiscitaria.

II. El Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de 2011:
En el mes de marzo de 2011 el Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el estatus en Puerto Rico rindió un tercer informe donde se incluyen recomendaciones en torno al manejo del tema del estatus de Puerto Rico. En su primera recomendación señala que reconoce como medios para atender la situación del estatus político de Puerto Rico la realización de plebiscitos, la asamblea constituyente u otros medios. No obstante, recomienda que el proceso que se seleccione sea uno justo, transparente y expedito basado en la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Indica también en su segunda recomendación que las opciones permisibles de estatus deben incluir la estadidad, la independencia, la libre asociación y el estado libre asociado. En lo concerniente a cada una de estas fórmulas, el Informe define su alcance y contenido. Es importante destacar que el Informe define a la libre asociación como una modalidad de independencia, comparando la misma con los arreglos que actualmente tiene Estados Unidos con las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palao, donde Estados Unidos proporciona defensa y ciertos tipos de ayudas económicas y ejerce control sobre su defensa y seguridad política, permitiendo a los ciudadanos de estas entidades el libre tránsito hacia y desde Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, indica el Informe, se recomienda que los puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses retengan la ciudadanía de Estados Unidos.

En torno al Estado Libre Asociado, el Informe hace referencia a que el mismo sea una ¨mejorado¨.

El Informe, si bien reconoce diversos métodos, favorece el uso de los plebiscitos expresando también su preferencia por un sistema de dos plebiscitos: con el primero se delimitarían las opciones, con el segundo, se llegaría a una decisión final. La primera votación sería si los puertorriqueños prefieren seguir siendo parte de Estados Unidos o quieren ser independientes; con la segunda, las opciones serían a partir del resultado de la primera votación.

Indica también que, bajo el sistema de un solo plebiscito, las opciones en la papeleta tienen que estar basadas en opciones predeterminadas de estatus, requiriendo precisar de antemano si es suficiente una mayoría o se requiere una supermayoría. No se descarta una opción híbrida en la cual se lleve a cabo una segunda votación entre las dos opciones que mayor número de votos obtenga en la primera consulta.

El Informe también maneja la variante de que en la primera vuelta se incluyan opciones futuras, descartando la actual relación, donde la opción que más votos obtenga iría a una segunda elección con el actual estatus de territorio; o una consulta con todas las opciones y luego llevar a votación en una segunda vuelta las dos que mayor número de votos obtengan. También plantean una primera consulta sobre seguir siendo o no parte de Estados Unidos y una segunda consulta entre estadidad y estado libre asociado, donde si se escoge la independencia, el segundo plebiscito sería entre independencia y libre asociación.

En referencia a la ¨asamblea constituyente¨, indica el Informe, la interrogante que plantea es si la misma se realizaría con el consentimiento previo del Congreso. El Informe no descarta tampoco el uso de una Comisión sobre el Estatus, indicando que sería como una Asamblea Constituyente ¨más pequeña¨ donde participarían además de los partidos políticos, empresas, líderes comunitarios y de la sociedad civil.

El Informe señala que independientemente la respuesta que surja de la consulta, el hecho es que la mayoría de los puertorriqueños valora la ciudadanía estadounidense. De ahí que recomiende que independientemente la opción escogida fuera la independencia, el Congreso se comprometa a preservar la ciudadanía estadounidense para aquellos que al momento de la transición hacia la independencia la ostenten.

Finaliza el Informe indicando que, si los puertorriqueños no aprobamos un mecanismo para atender la situación relacionada con el estatus con un resultado a corto plazo de manera transparente y justa, el Congreso debe aprobar legislación a tales efectos. A tales efectos indica, que en el proceso la información en torno a las opciones de independencia estadidad, debe ser pertinente, veraz y exacta.

III. La llegada de PROMESA y los Informes de diciembre de 2016:
La aprobación de la Ley PROMESA constituye un ejercicio del poder plenario del Congreso de Estados Unidos sobre sus territorios. No puede perderse de vista el hecho de que PROMESA se aprueba el mismo día en que en la mañana el Tribunal Supremo de Estados Unidos emite su decisión en el caso de Commonwealth v. Sánchez Valle. En este el Tribunal reafirma el principio de que Puerto Rico es un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso; que Puerto Rico nunca contó con una soberanía originaria; que la fuente primaria y última de poder en Puerto Rico recae en el Congreso de Estados Unidos; y que Puerto Rico es un territorio similar a lo que es Guam, Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y el Commonwealth de las Marianas del Norte. La Opinión resalta los poderes del Congreso de Estados Unidos para modificar, cuando así lo determine, el estado normativo vigente en Puerto Rico.

PROMESA es la más reciente manifestación de ejercicio colonial de parte de Estados Unidos sobre sus territorios, pretendiendo a través de la misma legislar de manera uniforme su control sobre todas las posesiones territoriales de Estados Unidos, independientemente en ellas residan ciudadanos o nacionales estadounidenses. Bajo PROMESA, una Junta de ¨Vigilancia¨ compuesta por siete personas, se arroga el control de las ramas políticas de gobierno en los territorios, en particular en el caso de Puerto Rico.

Bajo las disposiciones de la Ley PROMESA, se dispuso, además en su Sección 402, que nada de lo establecido en dicha Ley ¨debería interpretarse como una restricción al derecho de Puerto Rico a determinar su estatus político futuro¨, incluyendo llevar a cabo una consulta plebiscitaria de acuerdo a lo dispuesto en la referida Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014.

El pasado 20 de diciembre de 2016, el Grupo de Trabajo del Congreso sobre crecimiento económico para Puerto Rico emitió un Informe a la Cámara y al Senado de Estados Unidos. En el mismo, a las páginas 82 a la 84, se discute lo relacionado con el estatus de Puerto Rico. Afirmando el carácter territorial de Puerto Rico como territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial, a igual que son los casos de la Samoa Americana, Guam, la Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses antes mencionados, el Informe reafirma que el Congreso puede darle un trato a tales territorios distinto al que reciben los estados de la Unión. Indica que al Puerto Rico ser un territorio no incorporado, existe ¨el potencial¨ de pasar a ser un estado de la Unión, acceder a la condición de una nación soberana, ya sea mediante una independencia plena o mediante un pacto de libre asociación, o mantener su actual estatus territorial.

Indica el Informe, que desde un punto de vista práctico, si los(as) puertorriqueños(as) desearan un cambio en su condición actual tendrían que hacerlo mediante un plebiscito imparcial ejerciendo su derecho a la libre determinación. Si los(as) puertorriqueños(as) requieren tal cambio, entonces el gobierno federal tendría que aprobar legislación para aprobar el cambio requerido. A partir de lo anterior, el Grupo de Trabajo del Congreso y Senado recomienda que si el Gobierno de Puerto Rico lleva a cabo una consulta plebiscitaria tal cual autoriza y provee fondos la Ley de Apropiaciones de 2014, el Congreso analice el resultado de tal plebiscito en forma cuidadosa y seria (¨care and seriusness purpuse¨) y tome la acción legislativa que entienda apropiada.

El 28 de diciembre de 2016, el Congresional Research Service emitió, bajo la firma de R. Sam Garret, Especialista en ¨American National Goverment¨, un Informe dirigido a los integrantes del Congreso y a los miembros de sus Comités, titulado Political Status of Puerto Rico: Brief Background and Recent Developments for Congress. Indica el documento que en Puerto Rico las principales perspectivas en cuanto a estatus son el estatus quo, la estadidad y la independencia, aunque también se plantean las propuestas de ¨ELA mejorado o ampliado¨ (¨enhanced commonwealth¨) y ¨la libre asociación¨.

Señala el documento, sin citar una fuente al respecto, que la alternativa de un ¨ELA mejorado o ampliado¨ no es universalmente aceptado. Igualmente, al referirse a la Sección 402 de PROMESA, donde se menciona una consulta de estatus con la subvención de los $2.5 millones, indica que el Congreso condicionó su entrega a que la opción del ¨ELA mejorado o ampliado¨ (¨enhanced commonwealth¨) quedara fuera de la papeleta. En una nota al calce señala el autor que en diciembre de 2010 el Presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Jeff Bingaman y la Senadora Liza Murkowski le habían escrito al presidente Obama que un ELA mejorado o ampliado (¨enhanced¨) o nuevo (¨new¨) era incompatible con la Constitución y las leyes básicas de Estados Unidos en varios aspectos (¨is incompatible with the Constitution and basic laws of the United States in several respects¨).

Ciertamente, estos dos senadores expresaron, y así lo recoge el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de marzo de 2011, lo siguiente:

¨Un asunto crucial que el Pueblo de Puerto Rico le ha pedido una y otra vez al gobierno de Estados Unidos es: ¿Cuáles son las opciones disponibles de estatus para la futura relación con Estados Unidos? En el pasado, los esfuerzos por abordar el estatus político de Puerto Rico se han visto perjudicados porque el gobierno federal no ha definido claramente aquellos asuntos sobre el estatus y eso ha socavado los esfuerzos de Puerto Rico de evaluar con exactitud la opinión de los votantes¨.

El Informe del Congresional Research Service termina señalando que mientras el Congreso esté monitoreando PROMESA el tema del estatus será un factor a considerar. Si el Congreso opta por revisitar este aspecto como asunto central y no como un mero contexto, dependerá de si el Congreso interpreta el resultado de la consulta de 2012 y el resultado de las pasadas elecciones como un endoso a la estadidad.

Es dentro del marco de estos documentos que debemos examinar las nuevas iniciativas de estatus que desde Puerto Rico e desarrollan al presente.

IV. Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico vs. las iniciativas en el Congreso
La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico expresa en su Declaración de Política Pública que los resultados de la consulta efectuada en 2012 constituyeron un ejercicio de libre determinación teniendo como resultado, de una parte, el rechazo a la actual relación política colonial y territorial de Puerto Rico con relación a Estados Unidos; y en segundo lugar, la afirmación mayoritaria del electorado en nuestro país reclamando igualdad de derechos como ciudadanos estadounidenses, solicitando a su vez la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión. Invocando las disposiciones de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Congreso de Estados Unidos de 2014, la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico pretende que el Secretario de Justicia federal autorice el uso de los $2.5 millones allí consignados para efectuar una consulta plebiscitaria inicial, a tener efecto en Puerto Rico el 11 de junio de 2017.

Indica la Ley aprobada por el Gobierno de Puerto Rico que las propuestas de estatus que se incluirían en la consulta son opciones permanentes, no territoriales y no coloniales; que cumplen con lo requerido por la referida Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014; y que no son incompatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de Estados Unidos, incluyendo las obligaciones asumidas por Estados Unidos ante las Naciones Unidas en materia del derecho de los pueblos de los territorios a escoger su relación futura con la potencia administradora, incluyendo la libre asociación y la integración. Así las cosas, la Ley para la Descolonización Inmediata postula una primera consulta donde el elector escogerá entre dos opciones, la estadidad o la ¨Libre Asociación/Independencia¨, como si ambas fueran sinónimos, cuando existen claras y marcadas diferencias entre ambas. Dispone, además, que si prevalece en la primera consulta la estadidad, de inmediato se solicitaría mediante petición la transición hacia la integración de Puerto Rico como un estado de la Unión; si prevaleciera la segunda opción, entonces se llevaría a cabo una segunda consulta, a tener lugar en el mes de octubre de 2017 entre las opciones de libre asociación e independencia.

Es importante señalar que la Ley menciona elementos que muy bien podrían ser señalados como elementos que cargan el peso del voto a favor de la estadidad. Tal es el caso del manejo del tema de la ciudadanía, impulsando el elemento de que es bajo tal estatus como único se garantiza la ciudadanía estadounidense, cuando como hemos visto del Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca, esto es un asunto sujeto a acordar como parte de un Pacto de Libre Asociación, o incluso, de garantía para aquel o aquella que a la fecha de la independencia ostente tal ciudadanía. Ello implicaría, además, la posibilidad de transmitir la misma a generaciones futuras conforme a actual estado normativo prevaleciente en Estados Unidos. Igualmente ocurre cuando menciona lo relacionado a la Libre Asociación y el tema de la ciudadanía estadounidense, cuando se proyecta desde la perspectiva de la inseguridad de retener la misma y no desde la premisa que establece al presente el estado de derecho en Estados Unidos.

En el caso de la opción de Independencia, deja en manos del Congreso de manera unilateral la aprobación de legislación que defina el tránsito hacia la independencia, y no impone sobre el gobierno de Estados Unidos la transferencia de poderes a Puerto Rico para desde el ejercicio de tal transferencia, de soberano a soberano, iniciar las negociaciones pertinentes en el período de transición que se defina por las partes.

Es evidente que en un proceso en el cual al presente un sector del Partido Popular dice no sentirse representado por las alternativas que estarían sujetas a votación, que deben ser varios cientos de miles de populares, este sector quedaría fuera del proceso lo que ya le asegura al PNP una mayoría de la consulta. Con ella iniciarían, en virtud de la Comisión de Transición que establece el proyecto, su agenda de impulsar ante el Congreso, en plena sintonía con el proyecto de ley radicado por la Comisionada Residente al comienzo de la presente sesión legislativa congresional, su petición de estadidad.

Para quienes participen de la consulta plebiscitaria, particularmente para aquellos(as) que son independentistas, es importante tomar en consideración antes de cualquier endoso a la consulta, que el reclamo hecho mediante su voto se realiza, como indica la Sección 1 sobre Política Pública, en un ¨ejercicio claro y democrático de la ´autodeterminación´ de los electores ciudadanos americanos de Puerto Rico¨, el cual figurará en una papeleta que, conforme lo dispone la Sección 4 de la Ley representa un reclamo al gobierno de los Estados Unidos a los siguientes efectos:

¨RECLAMO al Gobierno de los Estados Unidos la reparación del agravio territorial y colonial durante 119 años, excluyendo a Puerto Rico de cualquier modalidad o interpretación jurídica de la ´Cláusula Territorial´ de la Constitución Federal y con la implantación de la alternativa de estatus político final, permanente, no territorial y no colonial…¨

También el sector del independentismo que en el pasado ha apoyado la propuesta de una Asamblea Constitucional de Estatus como alternativa idónea para atender el problema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, debe entender que se estaría apoyando precisamente a través de su endoso a un plebiscito, la alternativa que hemos indicado no resuelve el problema del estatus político en Puerto Rico. Así pues, el reclamo de participación del independentismo no es aquel que se hace desde la perspectiva de una nación que promueve su ejercicio a la libre determinación al amparo del derecho internacional, sino el de un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos donde sus ciudadanos estadounidenses peticionan del gobierno federal la reparación de agravios. De esta manera, sucumbimos en nuestro reclamo al derecho doméstico de Estados Unidos, promoviendo una consulta estrictamente al amparo de su Constitución, entregando nuestro reclamo en torno a la aplicación del derecho internacional a la libre determinación de Puerto Rico.

La exclusión del territorio en la papeleta, no obstante, si bien representa un avance con relación a los pasadas consultas plebiscitarias en Puerto Rico, puede tener el efecto de que el Secretario de Justicia deniegue el uso de los fondos establecidos en la Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014. Después de todo, se supone que las definiciones a ser incluidas sean aquellas que constitucionalmente y bajo las leyes de Estados Unidos y sus políticas sean válidas, y la condición territorial, dentro del marco del Artículo IV, Sección 3 de su Constitución, es perfectamente válida. De hecho, la más reciente actuación de Estados Unidos en tal dirección ha sido la aprobación de la Ley PROMESA y con ella, de una llamada Junta de Vigilancia (Junta de Control Fiscal) que asume las riendas en el manejo de los aspectos fiscales del país por encima de sus instituciones de gobierno bajo la Constitución del ELA. De otro lado, si se diera el escenario en que el Secretario de Justicia no autorizara la erogación de los fondos de $2.5 millones, tendría que la Legislatura autorizar, como se indica en la Ley, los fondos necesarios para la realización de la consulta, lo que a su vez tendría que ser autorizado por la Junta de Vigilancia creada por PROMESA, lo que iría en contra de la delegación hecha mediante la Sección 402 de la referida Ley.

Bajo el anterior escenario, también podría ser posible que la Junta de Vigilancia (Junta de Control Fiscal), al no autorizar la erogación de fondos para la consulta, que la Ley para la Descolonización Inmediata señala serían $5 millones en la primera consulta de junio, podría dejar sin efecto la realización de la misma.

Esta situación crearía a su vez un segundo efecto. El Proyecto de Ley radicado por la Comisionada Residente en Wahington, Jeniffer González, coloca sujeto al resultado de la consulta en Puerto Rico y el triunfo de la opción de estadidad, el inicio del proceso de solicitar la admisión mediante ley del Congreso de Puerto Rico como un estado de la Unión durante la próxima década.

A la misma vez que el proyecto de la Comisionada Residente, se encuentra radicado ante el Congreso de Estados Unidos otro proyecto de Ley, esta vez de la autoría del congresista Luis Gutiérrez. En él se solicita del cuerpo legislativo el reconocimiento de Puerto Rico como una nación soberana, señalando de paso que la estadidad resultaría en detrimento para los puertorriqueños y para Estados Unidos, y que las opciones para la disposición del territorio por parte del Congreso deben limitarse a la Independencia o la Libre Asociación; la primera bajo un Tratado de Amistad y Cooperación, donde se establezcan relaciones económicas entre ambas naciones; el mantenimiento de la ciudadanía estadounidense por aquellos que la tengan al momento de ser proclamada la independencia y en el caso de aquellos que nazcan posteriormente, mediante un estatus de no inmigrantes con libre tránsito y derecho a trabajar en Estados Unidos; así como las garantías de los derechos adquiridos, particularmente de Veteranos, Seguro Social y Pensiones.

En el caso de la Libre Asociación, el proyecto indica que Puerto Rico contaría con personalidad jurídica como estado soberano, un gobierno propio no sujeto a la Constitución ni las leyes de Estados Unidos salvo competencias delegadas a dicho país aunque sujetas a revocación; el derecho de las partes a terminar unilateralmente el pacto de asociación, y la continuación de la ciudadanía estadounidense para los ciudadanos de Puerto Rico.

Si el proyecto de ley sometido por la Comisionada Residente logra acceso al debate legislativo en el Congreso de Estados Unidos, ciertamente estará sujeto a discusión teniendo como contrapeso, el proyecto sometido por el Congresista Gutiérrez. Pero si el proyecto de la Comisionada Residente no encuentra espacio en el Congreso, por no realizarse el proceso de consulta plebiscitaria en Puerto Rico con el resultado de un triunfo de la estadidad, siempre el proyecto de ley del Congresista Gutiérrez podría ser examinado por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, tampoco es descartable, como indica el Informe de 20 de diciembre de 2016 del Grupo de Trabajo del Congreso, que alguna otra iniciativa para atender el estatus de Puerto Rico pueda surgir sin tomar en consideración la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico.

V. Conclusión:
El próximo 28 de febrero de 2017 deberá someterse ante la Junta de Control Fiscal el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Lo relacionado con la partida adicional a los $2.5 millones de la Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014 para llevar a cabo una consulta plebiscitaria deberá estar presente en los gastos a ser asumidos por el Gobierno de Puerto Rico. Ello supone que, en el proceso de aprobación del Plan Fiscal, la Junta de Control Fiscal deberá expresarse en torno a dicha partida. Por otro lado, ya el Secretario de Estado de Puerto Rico ha anunciado que una vez se tenga el diseño de la papeleta, junto con los demás materiales relacionado con la consulta, que debería incluir el plan educativo en torno a la misma, será enviado al Secretario de Justicia Federal para que pase juicio sobre el proceso y autorice la erogación de los $2.5 millones que contempla la Ley de Asignaciones Presupuestarias de 2014 y la Sección 402 de PROMESA. Sería esta una segunda oportunidad para identificar si la consulta de junio está o no encaminada.

Si el resultado de lo anterior es que el Secretario de Justicia de Estados Unidos da la luz verde a la consulta, quedaría por ver cuál será la posición de los sectores del Partido Popular Democrático que no apoyan ninguna de las opciones en la papeleta. Si la opción es la de participar de alguna manera, tendrían que hacerlo bajo la opción de Libre Asociación, lo que sabemos es rechazada por éstos. Si la opción de no votar, si bien le permitirían a la estadidad alcanzar la mayoría de los votos que se emitan, la suma de votos independentistas, libre asociacionistas y abstenidos no le daría tal mayoría absoluta a la estadidad, quedando una vez más en entredicho si los promotores de la estadidad representan realmente la mayoría del electorado en Puerto Rico. Habría que preguntarse, además, si la ausencia de ese sector en una consulta de estatus deslegitima su resultado, terminando la consulta en otra consulta más, inconsecuente para el ejercicio a la libre determinación de nuestro pueblo.

Estaría, también por verse, en el supuesto de que Estados Unidos acoja el resultado de la consulta, cuál sea la respuesta del Congreso a una petición de estadidad, particularmente en la ¨Era de Trump¨, y cuál el resultado en el movimiento estadista de un rechazo a la petición de ingreso a la Unión. Después de todo, quizás la iniciativa de Luis Gutiérrez ha sido un movimiento genial en el tablero del futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos en la ruta hacia la descolonización del país y todavía no lo hemos valorado adecuadamente.

*Por Alejandro Torres Rivera, Presidente CAAPR

El país se moviliza en el sexto aniversario del levantamiento contra los Al Jalifa

(15/02/17 - Bahrein)-.La Policía bahreiní reprimió este martes las manifestaciones de la oposición, en el ‎sexto aniversario del inicio del levantamiento popular contra el régimen monárquico de los Al Jalifa.‎

El acto de protesta se llevó a cabo en el oeste de la ciudad de Manama: los manifestantes coreaban eslóganes como: “Seguiremos con la revolución hasta lograr la victoria” y portaban fotos de civiles muertos durante la brutal represión de las protestas de 2011.

Las fuerzas bahreiníes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y estos respondieron a la violencia policial lanzando piedras.

El 14 de febrero de 2011 Bahrein fue testigo de masivas protestas, lideradas por la mayoría chií, donde reclamaban reformas democráticas para poner fin al régimen de los Al Jalifa. Las autoridades bahreiníes, respaldadas por fuerzas de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acabaron por sofocar el levantamiento popular.

El lunes, el portal Web Mepanorama, citando una fuente de seguridad bahreiní, informó de que un grupo de 60 soldados de las fuerzas especiales de Israel habían llegado a Bahrein con el fin de apoyar a la Policía en la represión de los asistentes a la marcha de este martes.

En un comunicado emitido este mismo martes, el sheij Husein al-Daihi, subsecretario general del principal partido opositor chií, Al-Wefaq, ha acusado al régimen de Manama de violar todos y cada uno de los derechos políticos, civiles y religiosos de los ciudadanos que salen a las calles a pedir sus legítimos derechos.

El municipio de Avellaneda capacita a sus docentes en comunicación comunitaria

(15/02/17 - Avellaneda)-.El ciclo lectivo 2017 comenzó con una capacitación dirigida a las y los docentes de los Jardines Maternales Municipales.

Personal Directivo, Docente y Auxiliar de los Jardines Maternales Municipales, participó de una jornada de formación sobre Comunicación Comunitaria en Educación, que se llevó adelante en el Jardín Maternal de los Trabajadores Municipales.

A través de esta capacitación se apuntó a pensar estrategias institucionales que favorezcan la calidad en la comunicación interna y con la comunidad, fortaleciendo así el importante rol que desarrollan en cada una de las instituciones educativas.

La Secretaría de Educación de la comuna seguirá trabajando a lo largo del año en instancias de formación con el objetivo de mejorar día a día sus instituciones.

Los diputados gremiales del massismo divididos por el apoyo a la Ley de ART

(15/02/17 - Gestión Macri, Flexibilización Laboral)-.Mientras Daer apoyó la ley de ART Facundo Moyano se diferenció de su bancada, votó en contra, acusó al Gobierno de impulsar la “flexibilización laboral” y lo señaló por elegir al empresariado y no al trabajador.

El proyecto de ley que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), armó la primera grieta entre los “dipusindicalistas” del Frente Renovador. Es que la inciativa respaldada por el el bloque, contó con el visto bueno del titular de la CGT Héctor Daer.

El triunviro, defendió la iniciativa y reivindicó la decisión de la central sindical de respaldarla. “La CGT tiene seriedad y por eso respaldamos la sanción del Senado”, argumentó.

El que se mostró en desacuerdo fue el diputado y líder del sindicato de los peajes Facundo Moyano. El hijo de Hugo se diferenció del Frente Renovador y reprobó en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, Moyano firmó junto a Margarita Stolbizer (GEN) uno de los dictámenes de rechazo a la iniciativa oficial, que ya fue aprobada en el Senado.

“Antes de empezar la discusión ya teníamos una posición asumida”, dijo Facundo al anticipar su voto en contra en el recinto, y anticipó que lo mismo hará su par Jorge Taboada, de Camioneros Chubut.

Moyano pronosticó que la ley propuesta por el gobierno de Mauricio Macri será declarada inconstitucional y denunció que “va en línea con una intención de flexibilidad laboral”, ya que “le saca derechos a los trabajadores”.

Al igual que Daer, Moyano pidió “poner el acento en una ley de prevención” para “atacar la causa y no el efecto”, y aseveró: “El orden de prioridades del Gobierno es proteger al sector empresario, no al trabajador”.

Nilda Garré propuso penar con prisión a quien niegue, minimice o justifique cualquier genocidio

(15/02/17 - DD HH)-.La diputada nacional por el Frente para la Victoria y ex ministra del gobierno kirchnerista, Nilda Garré, presentó un proyecto de ley que busca penar con prisión de seis meses a dos años a quien "públicamente negara, minimizara, justificara o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad" estipulando agravantes cuando el autor sea funcionario público. 

El proyecto propone reformar el Código a fin de introducir "un nuevo tipo penal" que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público, caso en el que prevé la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.

Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones "revisten un carácter más gravoso".

"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror, o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", explica la diputada en el proyecto.

Garré detalló algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.

En Austria, la Ley conocida como Verbotsgesetz "prohíbe la negación del holocausto nazi" y establece:

“Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión”.

En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.

Construirán en Yumbo la granja de energía solar más importante del país

(15/02/17 - Colombia)-.Si el motor de desarrollo del pasado fueron los combustibles fósiles, hoy lo son las energías renovables. Al menos así quedó planteado en el Acuerdo de Cambio Climático firmado en París en el 2015. 

Tal vez, se atrevieron a decir algunos medios internacionales, el cambio más significativo que afectaría a América Latina en el futuro sería dejar de usar fuentes de energía fósiles (como petróleo, gas y carbón) para volver la mirada hacia las energías renovables.

Ese reto era mayúsculo para la región porque Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo y Colombia, México, Perú y Bolivia dependen del consumo de gasolina y gas.

A pesar de esto, en Colombia ya hay un camino adelantado en energías renovables. Así lo demostró el anuncio hecho durante la semana pasada sobre el proyecto Celsia Solar, una granja de 35.000 paneles solares en un terreno de 18 hectáreas. El proyecto, que tuvo un costo de US$11 millones, estará ubicado en Yumbo (Valle), comenzará a construirse en marzo y estará listo en seis meses.

Después de cuatro años de estudios de generación de energía a partir de la radiación solar, Celsia aseguró que se trata del primer proyecto de un plan de inversiones en energía solar liderado por la compañía de energía de Grupo Argos. La ambiciosa apuesta generará aproximadamente 16 GWh al año, lo que equivale al consumo básico mensual de energía de 8.000 viviendas.

Lo curioso es que esta inmensa granja solar, considerada la más extensa del país, se alzará sobre el terreno en el que hace casi 20 años operaba la planta térmica a base de carbón Termoyumbo. Para Ricardo Sierra, presidente de Celsia, este hecho es simbólico porque significa “la transición de la producción con un combustible fósil al futuro de las energías renovables”. Y añadió que “significa también que es fundamental contar con diferentes fuentes de generación para entregarle al país la matriz energética que necesita para su desarrollo, aprovechando la increíble diversidad de recursos con los que cuenta”.

Diversificar la matriz energética es una de las prioridades que debe tener el país en mente. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la energía eléctrica es mayoritariamente limpia: 70 % hidráulica, 30 % térmica y 0,6 % son fuentes de energías renovables no convencionales. Esto ha posicionado a Colombia como uno de los sistemas eléctricos ambientalmente más sostenibles del mundo, de acuerdo con el EnergyTrilema Index 2015.

Sin embargo, no nos podemos fiar de este reconocimiento porque, al ser dependientes del agua, los fenómenos de variabilidad climática como El Niño o La Niña afectan el sistema por abundancia o por escasez. De hecho, durante el último fenómeno de El Niño, Colombia tuvo que enfrentar una de sus peores sequías en la historia. Los niveles de los embalses bajaron a tal punto que el país se vio obligado a prender las centrales térmicas, aumentar sus emisiones de carbono y dejar de ser un sistema limpio.

Para evitar ese estancamiento, una matriz energética diversa daría pie para abastecer la demanda necesaria cumpliendo con los objetivos ambientales del planeta. Con la Ley 1715 de 2014, Colombia dio el primer paso en esa dirección apuntándole a la inclusión de las renovables.

Como le dijo Sierra a El Espectador, esta ley es un hito para el sector eléctrico colombiano y tiene pros y contras. Para él, aunque la ley está bien orientada y recoge las mejores prácticas utilizadas en otros países, la aplicación de los beneficios tributarios establecidos es un compleja.

“Hemos identificado la necesidad de simplificar los procedimientos para que se puedan materializar oportunamente. Para ello es necesario racionalizar los requisitos de información en la etapa de preconstrucción y establecer un procedimiento único y centralizado ante el Estado, en cabeza de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)”, comentó Sierra.

Desde que Celsia arrancó los estudios para trabajar en energía solar con proyectos a pequeña escala descubrió, como comentó Ricardo Sierra, su presidente, que era un aprendizaje. Dijo que hoy prácticamente todo hay que importarlo, tanto en bienes como en servicios, pero han estado llegando al país enlaces comerciales y técnicos para el suministro de equipos y de personal especializado. “Se percibe que en el corto plazo ya se puede desencadenar una serie de proyectos en escala con tecnología mayor y con recursos nacionales”, aseguró.

Este tipo de proyectos son nuevos en el país, y si Colombia sigue rezagada en este campo es porque posiblemente no existen muchos incentivos al sector privado. Entonces el interés de las empresas privadas para meterles el diente a estos procesos es, como aclaró Sierra a El Espectador, lograr el entendimiento de las entidades para aprobarlos y permitir su ejecución. “Sucede diferente en el caso de las hídricas, donde la regulación, para su construcción, ya está totalmente procedimentada”.

Hoy en día, Celsia dio ese salto y empezará a entregarles a sus clientes energía generada por el sol, un recurso abundante gracias a la privilegiada ubicación del país. En el proceso de construcción de Celsia Solar Yumbo trabajarán alrededor de 60 personas y cuando esté terminada, la operación demandará un equipo cercano a 10 personas.

“Con esta primera granja solar buscamos adquirir capacidades para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos a gran escala en Colombia, Panamá y otros países de la región”, explicó Carlos Salazar, líder de ingeniería para el desarrollo de la compañía.

La inmensa granja, que ahorrará la emisión de unas 6.600 toneladas de CO2 a la atmósfera, se alinea con las buenas noticias que se han registrado en los últimos años sobre el clima mundial: las energías renovables registraron en 2015 un crecimiento récord de 8 % y los precios bajos del petróleo frenan las inversiones costosas de los grupos petroleros. En China, el consumo bajó en 2014 y 2015, a raíz de la desaceleración de la economía, pero también de la voluntad del Gobierno de luchar contra la contaminación del aire. No en vano, Pekín anunció recientemente la suspensión de casi todos los proyectos de centrales que operan con carbón.

Y en el país faltará que más empresas pasen del aprendizaje a la apropiación, como concluyó el presidente de Celsia, Ricardo Sierra. “El hecho de que estemos contando la noticia de Celsia significa que ya hay empresas listas, como nosotros, para liderar la penetración de estas nuevas energías en el país”.

Anulan otra resolución de referendo sobre la secesión de Cataluña

(15/02/17 - Cataluña)-.La decisión corrió por cuenta del Tribunal Constitucional español. El parlamento regional de Cataluña había acordado en octubre la celebración del referendo para septiembre de este año.

La iniciativa catalana estaba suspendida desde diciembre, cuando el alto tribunal admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad de la Abogacía del Estado español, impulsado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. 

Además de dejar sin efecto la resolución, el TC pidió a la Fiscalía que estudie si cabe actuar penalmente contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cuatro integrantes de la mesa de esa cámara que permitieron su votación, entre los que figura un diputado no independentista de la coalición que integra Podemos. 

En esta ocasión, los independentistas introdujeron la iniciativa parlamentaria en el debate de política general del parlamento regional. Así, uno de los capítulos aprobados incluyó el polémico referéndum vinculante sobre la secesión de la norteña región de España. 

Forcadell ya está acusada de desobediencia por haber permitido el debate y aprobación de las conclusiones de una comisión sobre el "proceso constituyente" catalán, que abría la puerta a un referéndum unilateral. 

Tras conocer la nueva resolución del alto tribunal, la dirigente independentista escribió en su cuenta de Twitter que "el único diálogo que se nos ofrece es con los tribunales". 

Por su parte, la vicepresidenta y vocera del gobierno catalán, Neus Munté, ratificó que seguirán adelante con la "hoja de ruta" secesionista a pesar de los vetos del Constitucional y la judicialización del conflicto. 

El gobierno español de Mariano Rajoy insiste en que está abierto al "diálogo" pero dentro del marco de la ley, por lo que se opone frontalmente a negociar un referéndum de secesión que atenta contra la unidad de España y la soberanía consagrada en al Constitución. 

El TC volvió a advertir este martes explícitamente a Forcadell y al actual presidente catalán, Carles Puigdemont, de las consecuencias legales que se pueden derivar del no cumplimiento de sus resoluciones.

“Hay que crear un espacio que nos permita frenar el ascenso de este modelo económico”

(15/02/17 - F. Varela)-.Así lo afirmó el experimentado dirigente radical Leopoldo Moreau tras reunirse con el presidente del consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Luego del encuentro del que participó también el referente local del Movimiento nacional Alfonsinista, Gustavo Armendáriz, Moreau contó que con Pereyra hicieron “un repaso general de la situación económica y social de la que está sumido el pueblo argentino”.

“Esta es una etapa la del primer año del gobierno que se ha puesto en crisis el consumo, la producción, el trabajo, la industria, el comercio y hasta el futbol, y la preocupación es primero como protegemos a estos sectores que están siendo agredidos por los efectos de esta política económica neoliberal y en segundo lugar como llevar a delante una construcción política que nos permita frenar el ascenso de este modelo económico”, explicó el presidente de  la Fundación Espacio Progresista.

Moreau detalló que el intendente Pereyra le hizo una descripción de la situación en el distrito. “Este es uno de los distritos que seguramente está sufriendo más que cualquier otro los efectos de esta política”, reflexionó. 

Con respecto al escenario político y las próximas elecciones legislativas de este año, el radical kirchnerista aseveró que hace falta crear un frente que sintetice la política, el trabajo y la producción: “un gran espacio político en condiciones de competir en las elecciones y darle al pueblo argentino la posibilidad que defienda sus fuentes de trabajo y todo lo que está en riesgo. La denominación es secundaria se puede llamar Frente para la Victoria, Frente Ciudadano, Frente Nacional y Social, pero lo importante es reunir lo mejor del  peronismo, del radicalismo, de los partidos progresistas y de izquierda y sumar en ese espacio a trabajadores, pequeños y medianos empresarios comerciales e industriales, a los sectores educativos, profesionales y monotributistas, porque nadie ha quedado afuera de este daño que se está produciendo en el aparato productivo de la Argentina”, finalizó.

Por su parte Gustavo Armendáriz como dirigente político y funcionario municipal coincidió con Moreau sobre la grave situación que vive el país y particularmente en Florencio Varela los sectores más carenciados: “Esta política los está ahogando cada vez más, y yo creo que estamos al borde de un colapso social”, remarcó.

La Justicia investiga al rabino Bergman por contrataciones irregulares

(15/02/17 - Gestión Macri, Seleccionado de Transilvania)-.El fiscal federal Federico Delgado solicitó que se investigue un acuerdo directo que benefició a una empresa española en el alquiler de helicópteros por parte del Gobierno.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó a la Justicia que tenga como objeto de investigación al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, por incumplimiento de deberes de funcionario público y por malversación de fondos del Estado. Lo que la fiscalía objeta es la contratación directa por parte del ministerio a una empresa española para alquilar helicópteros para combatir los incendios  ocurridos en distintos puntos de país.

La denuncia realizada por el letrado Santiago Dupuy de Lome impulsó a que el Ministerio Público Fiscal solicite al juez Rodolfo Canicoba Corral que exija la documentación relativa al proceso de licitación del Plan Nacional de Manejo de Fuego. Al mismo tiempo que se requirió que se detallen las conversaciones existentes entre los empleados de la compañía española TAF y los funcionarios macristas que llevaron adelante el acuerdo.

Según detalla la denuncia todo el proceso de licitación contó con inconsistencias en los tiempos en los que fue otorgada. Por otro lado, Delgado solicitó también información societaria a la IGJ y documentación sobre la empresa a la ANAC.

Libertad a Sergio Pereira, víctima de una causa armada

(15/02/17 - Violencia Institucional)-.En febrero del 2016 los acusaron de ser autores de un robo en el partido de La Matanza. Ella pudo demostrar que en el momento del delito estaba fuera del país. Él desde varios días anteriores al hecho se encontraba en la casa de su novia en San Francisco Solano en el partido de Quilmes. 

Para la justicia las pruebas presentadas por Sergio no son suficientes. Ana nos recibe en su casa, la misma que hace un año era allanada con la intención detenerla y en busca de pruebas que nunca encontraron. 

Está acompañada por un desorden de latas de pintura y pinceles, tiene en sus manos el color celeste cielo del mural que está pintando en la terraza. Sin abandonar las pinceladas nos relata: “Yo estaba de viaje por Bolivia, cuando regresé me enteré por mis vecinxs que a los gritos y patadas habían allanado la casa. Mi hermano tampoco estaba enterado del hecho hasta que fue apresado. Recién seis meses después de su detención, la fiscalía solicitó analizar la filmación de la cámara de seguridad lindera a la casa donde sucedió el robo. Las pericias dieron como resultado que las imágenes son dudosas y que no se puede asegurar que Sergio es la persona que se ve en el video”. Parte de la nota de FaP, que reproducimos completa más abajo.

Ella se aleja del mural por un instante, en silencio lo contempla. El paisaje norteño que dibuja es el mismo que la salvó de ser detenida injustamente. Mates de por medio, su mirada se pierde en las fotos que nos enseña de su hermano. Nos cuenta sobre las idas y vueltas de penal en penal y el deterioro del estado de su salud durante el año detención que está por cumplir: “En el penal Nº 43 de González Catán recibió puñaladas, quemaduras con agua hirviendo y cigarrillos por parte de otros internos. Mediante una pericia psiquiátrica, un profesional informó que debía ser internado, entonces lo trasladaron a la unidad 34 de Melchor Romero”.

La descripción de Ana cambia de escenarios pero la historia se repite una y otra vez: “Meses después sufrió un nuevo traslado a la Unidad Nº 1 de Olmos. Ahí no tenían en cuenta que es un paciente con epilepsia y discapacitado. No le suministraban su medicación psiquiátrica y neurológica obligatoria. Contrajo enfermedades a raíz de las deficientes condiciones de higiene del penal”. 


Ante el peligro fue trasladado nuevamente: “Lo llevaron al penal Nº 23 de Florencio Varela donde tampoco se aseguró su integridad física, psicológica y moral, se resolvió trasladarlo a la Unidad Nº 28 de Magdalena, allí fue golpeado brutalmente. Ante su grave estado fue llevado otra vez a la unidad número 34 de Melchor Romero que es donde se encuentra actualmente”. 

Para finalizar el relato, Ana puntualiza: “Estos hechos de violencia sucedidos en diferentes penales fueron denunciados, intervienen en la causa la Fiscalía Nº 2 y Nº 11 de La Matanza”.

El mural aún no está terminado, la luz del sol se oculta. Con paciencia deberá esperar otro día para continuar los trazos de una vida que añora. 

Tal vez, la misma paciencia con la que cada día recorre medios de comunicación, juzgados y bufettes de abogadxs pidiendo la libertad de su hermano. La causa, inscripta en la IPP Nº 7799/16, en la cual interviene la Fiscalía Nº 6 a cargo de Mariana Teresa Sogio y el Juzgado de Garantías Nº 2 bajo la intervención del juez Raul Ricardo Alí, de San Justo, La Matanza; está en vías de elevarse a juicio oral. 

Ana clama a la justicia que tengan en cuenta de que no hay pruebas fehacientes de que Sergio haya sido autor del robo; que la tarjeta SUBE que confirma el lugar en el cual se encontraba fue extraviada en comisaría noreste tercera de La Tablada donde en principio estuvo detenido y que se desploma la veracidad del testimonio que asegura la autoría de lxs hermanxs desde el momento en que se desvincula a Ana del hecho, al comprobar que dicha declaración era incorrecta y que no se encontraba en el país al momento del robo. 

Su relato nos remite inevitablemente al documental de Enrique Piñeyro “El Rati Horror Show”, que retrata la historia de Fernando Ariel Carrera, un hombre condenado injustamente a treinta años de cárcel en un juicio colmado de irregularidades y de complicidad policial. Finalmente después de 11 años y con el documental con pruebas contundentes, Carrera fue absuelto por la corte suprema.

Esta causa no fue un error aislado, sino que fue parte de un entramado institucional que permite a la policía a armar causas para beneficio propio. 

Un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido por varios medios de comunicación describe los mecanismos que se repiten en las causas armadas: “Hay personas inocentes que permanecen detenidas durante años mientras los verdaderos responsables del delito no son investigados. 

La policía tiene amplios márgenes de discrecionalidad para armar la primera versión de los hechos y utiliza esa libertad de acción para introducir testigos, sugerir hipótesis, realizar reconocimientos fotográficos o en rueda y otras ‘técnicas de investigación’ que no suelen ser controladas por fiscales y jueces. 

Con estos métodos pueden construir y dar forma a la versión definitiva en el expediente judicial” Ana nos despide y nos invita a volver para pintar con ella el mural. Sabe que no está sola; que somos muchxs los que asumimos el compromiso de hacer visible este caso y poder juntxs a llegar a la verdad y la justicia por Sergio.

(APL)