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Se conformó el Foro de Participación Ciudadana en Seguridad de Wilde

(07/09/17 - Avellaneda)-.La acción se inscribe en el marco de las políticas públicas que lleva adelante la Municipalidad de Avellaneda. Está integrado por representantes de 24 instituciones y vecinos comprometidos con la seguridad pública.

En el marco de las instancias de participación que viene llevando adelante el Municipio, el lunes 4 de septiembre se conformó el Foro de Participación Ciudadana en Seguridad de Wilde, en un encuentro realizado en el Centro Cultural Lynch, ubicado en Bragado y Polonia, que contó con la presencia de la Secretaria de Seguridad, Mónica Ghirelli.

El Foro está integrado por representantes de 24 instituciones de reconocido trabajo social, deportivo y cultural de la localidad; junto a vecinos organizados y comprometidos con la Seguridad Pública. Se trata, además, de un espacio abierto a la comunidad al que se pueden seguir sumando otras organizaciones sociales.

El objetivo del foro será efectuar diagnósticos participativos, mapas de prevención comunitarios, participar en el diseño de planes locales de seguridad, evaluar el funcionamiento y actividades de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, además de impulsar acciones de prevención y de integración de la violencia en articulación con instancias estatales. Además, podrán, a través de la Secretaría de Seguridad, formular sugerencias y propuestas, solicitar informes a los titulares de las policías, como así también diseñar y ejecutar estrategias de comunicación para compartir las acciones realizadas. 

Con esta iniciativa, desde el Municipio se busca recuperar la fuerza y espíritu de la Ley 12.154, que en 1998 dio inicio a la Reforma del Sistema de Seguridad Publica Provincial, y que instala la Participación Ciudadana en el marco de la definición y evaluación de las Políticas Públicas. Hablar de seguridad pública es garantizar para los ciudadanos, el goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales

Quienes quieran participar del foro, pueden comunicarse al 4205-2771 o enviar un correo electrónico apartciudadanaavellaneda@gmail.com ; secretariaseguridadavellaneda@gmail.com 

Un fallo declara inconstitucionales las comisiones médicas de la nueva ley de ART

(07/09/17 - Leyes Laborales)-.El fallo consideró que un empleado accidentado no puede ser obligado a presentarse en las Comisiones Médicas de forma previa a concurrir a los tribunales; lo fundamentó porque los galenos son empleados de las aseguradoras.

La norma 27.348 obliga al personal accidentado o con enfermedades profesionales a aguardar el dictamen de la Comisión Médica para asistir a tribunales, pero algunos jueces laborales hicieron lugar a un amparo para que se declarase la ilegalidad del registro de accidentes de trabajo, en el que debían consignarse los datos de los abogados que reclamaban la inconstitucionalidad de esa norma.

El juzgado del trabajo número 42 consideró que el paso obligatorio por las Comisiones Médicas (instancia administrativa) viola el principio de ‘acceso a la justicia’; desestimó su competencia previa y habilitó el trámite directo de los tribunales laborales.

Además, el juez Ricardo Hierrezuelo opinó que la Corte Suprema ya se habí­a expedido en cuatro fallos sobre esos temas (Castillo, Venialgo, Marchetti y Obregón) y destacó que no existí­an motivos para apartarse de ese criterio y que una de las crí­ticas posibles a la ley es que reemplazó la competencia de los tribunales laborales para resolver aspectos de reparación de accidentes de trabajo por ‘verdaderos tribunales administrativos’ (comisiones).

“Eso viola las garantías del debido proceso establecido en el artí­culo 18 de la Constitución Nacional”, afirmó Hierrezuelo.

“Los médicos de las Comisiones no tienen estabilidad absoluta, por lo que su actividad se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, si se suma a ello que el funcionamiento de esas Comisiones es financiado por las propias aseguradoras, su independencia e imparcialidad podrí­a ser cuestionada”, indicó.

El magistrado señaló que los galenos están capacitados para “el diagnóstico y determinación del porcentaje invalidante y para indicar algunas prestaciones no dinerarias”, pero “no pueden decidir la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, porque el nexo causal entre daño y tareas debe ser realizado a través de una actividad intelectual de indagación, prueba y raciocinio vinculada al saber de la ciencia del derecho”.

Los artí­culos 1 y 2 de la Ley 27.348 prevé una instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente y solo se admite la revisión judicial por ví­a recursiva, puntualizó el juez.
Según los abogados laboralistas, el efecto suspensivo de una apelación a la decisión de la Comisión Médica provoca que el empleado deba esperar una resolución judicial para cobrar en lugar de percibir lo determinado por la instancia administrativa.

El magistrado remarcó que “lo que se cuestiona no es la existencia de una instancia administrativa obligatoria, ya existente en el procedimiento laboral desde la Ley 24.635, sino la imposibilidad de habilitar una ví­a judicial plena, amplia y suficiente, ya que las determinaciones de las Comisiones Médicas jurisdiccionales y central solo pueden ser cuestionadas por el limitado camino recursivo, y es insuficiente que haya un patrocinio letrado obligatorio para garantizar el principio del debido proceso”.

Según la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los últimos años hubo un crecimiento exponencial de demandas laborales, ya que de 63 mil en 2012 pasaron a 78 mil en 2014 y a 115 mil dos años después, en tanto son 300 mil los casos acumulados por un total de 5 mil millones de dólares, si se consideran solo las demandas a la espera de sentencias relacionadas con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

En ese contexto, los expertos alertan sobre el colapso del sistema y la caótica situación que, a diario, sufren los tribunales: en 2016 fueron presentadas unas 100 causas diarias promedio mensuales y por juzgado, es decir, más del doble de lo “asumible”.

El gobierno impulsó entonces un proyecto, aprobado luego con amplio consenso en el Congreso (la norma 27.348) a fin de disminuir los reclamos, en tanto la cartera de Trabajo dictó la Resolución 214, que destinó fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a financiar gastos de las Comisiones Médicas, lo que fue cuestionado por abogados y la CGT.

Aunque los reclamos por ese tipo de accidentes disminuyeron levemente en la ciudad de Buenos Aires, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) sostuvo que la Ley 27.348 del gobierno fue aprobada en febrero de 2017 con amplio apoyo de la oposición, de los empresarios y de las organizaciones sindicales.

Su vigencia depende de que cada provincia adhiera mediante una norma propia para plasmar el alcance de la cobertura y del cálculo de la indemnización para otorgar certidumbre y celeridad, en tanto se incrementaron las indemnizaciones más de un 45 por ciento.

Para la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) la eliminación de la litigiosidad depende de la supresión de varias causas, como el rechazo sistemático de la mayorí­a de las enfermedades laborales (solo el 3 por ciento); la negativa de las ART a cubrir las reagravaciones, las altas médicas apresuradas, las “deplorables” prestaciones “en especie”, la morosidad del trámite administrativo ante las ART y las Comisiones y la falta de prevención-seguridad.

Cruz Roja informó que exhumó restos en 121 tumbas de Malvinas, que serán analizados en Córdoba

(07/09/17 - Derecho a la Identidad)-.El equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que trabajó en las islas Malvinas informó hoy que finalmente fueron exhumadas 121 tumbas no identificadas en el cementerio de Darwin, y no 123 como se había informado en un principio. 

Se destacaron las “buenas condiciones” de las muestras tomadas e se informó que la mitad de ellas ya fueron analizadas en el laboratorio del Equipo de Antropología Forense (EAF) en Córdoba. 

“Somos optimistas en el resultado porque todo el proceso se desarrolló según lo previsto, lo cual no significa que lleguemos a un resultado positivo en el 100 por ciento de las muestras”, sostuvo hoy en rueda de prensa el coordinador operacional para el proyecto en el CICR, Laurenz Corbaz.

Si bien en un principio se había informado que la Cruz Roja exhumaría 123 tumbas con la placa “Soldado argentino solo conocido por Dios”, Corbaz precisó hoy que las que tenían esa leyenda eran sólo 121 y que “no se tocó el contenido de las demás” que se encuentran en el cementerio, un total de 230.

El proceso de exhumación, análisis, documentación y reinhumación de los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas y sepultados en 121 tumbas como NN, fue concluido “exitosamente” el pasado 7 de agosto en Darwin luego de las 7 semanas que duró el proceso.

Según se precisó, el 50 por ciento de las muestras tomadas en Darwin ya fue analizado en la provincia de Córdoba, en tanto que para las próximas semanas se espera el resultado de las restantes. 

Además, confirmó que recién hacia fines de año se conocerán los resultados finales, que serán comunicados de manera confidencial a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido.

Las muestras ya analizadas fueron enviadas también a laboratorios en el Reino Unido y España, que se encargan del control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN, y, en esos casos, se registró un 100 por ciento de concordancia con lo trabajado en Córdoba.

“El próximo paso es finalizar los análisis, hacer las comparaciones y escribir los informes finales que se entregarán a los dos gobierno”, precisó Corbaz, quien adelantó que, a mediados de octubre, habrá una reunión del equipo en Ginebra para concluir ese trabajo y, luego, será responsabilidad del Ejecutivo argentino la comunicación a las familias.

Los integrantes de la CICR fueron consultados por supuestas inconsistencias e irregularidades denunciadas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, quien detalló que en Darwin “habría tumbas con nombres apócrifos” y solicitó al gobierno que investigue el tema.

“Esta conclusión surge de una larga investigación, en la que se compararon documentos que registran el armado de la necrópolis militar que en 1983 realizó el coronel británico Geoffrey Cardozo y lo que posteriormente aparece en el año 2004 con el nuevo cementerio emplazado por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas con el aporte económico del empresario Eduardo Eurnekian”, había afirmado el CECIM en su presentación.

Según esta denuncia, habría tumbas con nombres de soldados caídos que en los registros figuran como vacías y otras que exhiben identidades que no fueron científicamente confirmadas, pero ninguna de esas se encuentra entre las que fueron analizadas por la Cruz Roja. 

Corbaz, quien destacó el apoyo y la presencia de Cardozo en las islas mientras se desarrollaron las tareas forenses, explicó que “solo se tocaron las 121” no identificadas y que en ellas “no se detectaron inconsistencias”, aunque admitió que tras el trabajo del coronel ingles en 1983 “se encontraron más cuerpos que se agregaron al cementerio”. Corbaz estuvo acompañado en la rueda de prensa por Lorenzo Caraffi, jefe regional del CICR, y por Diego Rojas Coronel, jefe de la misión del CICR en Buenos Aires.

La delegación mantenía esta semana reuniones con la Cancillería, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Familiares de Caídos para realizar una evaluación de los trabajados realizados hasta el momento. 

Por otra parte, Corbaz destacó que, si bien “no debieron lidiar con visitas inesperadas e intrusivas” a Darwin mientras trabajaba el equipo de la CICR, lamentó la difusión de fotos no oficiales que trascendieron por las redes sociales y explicó que los responsables del episodio ya fueron identificados y comunicados a los gobiernos de manera confidencial.

Asesinan a otro periodista y ya son 11 en lo que va del año

(07/09/17 - México)-.Mientras salía de su domicilio ubicado en la colonia la Guadalupana del municipio de Yuriria en el estado de Guanajuato, el periodista colaborador del portal La Bandera Noticias, Juan Carlos Hernández Ríos fue asesinado.

De acuerdo a lo señalado por medios locales, Hernández Ríos fue emboscado por dos sujetos armados que vestían ropas de color negro y que aparentemente lo esperaban a las afueras de su casa la noche de este martes.

Tras el ataque, servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar de los hechos para auxiliar al comunicador de 29 años de edad y llevarlo aún vivo, al hospital comunitario de la demarcación, sin embargo en el viaje perdió la vida.

La víctima se desempeñaba como auxiliar y fotógrafo en La Bandera, portal que según lo señalado por diarios de la entidad, durante los últimos meses había recibido diversas amenazas.

Con la muerte de Juan Carlos Hernández Ríos, suman ya 11 los periodistas asesinados durante 2017 en México.

El Tribunal Constitucional español prohíbió el referéndum secesionista catalán

(07/09/17 - España)-.El Tribunal Constitucional español suspendió hoy de forma cautelar la convocatoria del referéndum fijado para el 1 de octubre por el gobierno de Cataluña para decidir sobre la independencia de esa región, informaron medios locales.

El alto tribunal aceptó tramitar los cuatro recursos presentados por el Ejecutivo español contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas ayer por la mayoría independentista del parlamento y las autoridades políticas catalanas, lo que supone su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del TC, reportó la agencia de noticias EFE.

"Lo que no es legal no es democrático", argumentó hoy el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, al informar a la prensa de la presentación de los recursos."Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso", añadió el líder del conservador Partido Popular (PP), quien con su actuación dijo estar "defendiendo el imperio de la ley", que es "la garantía de nuestra convivencia y nuestra libertad".

"En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo", concluyó.

Jornada para fomentar la actividad física

(07/09/17 - Presidente Perón)-.La actividad ‘Aire Puro Peronense’, pautada para el próximo 23 de septiembre, contará con la práctica de distintos estilos musicales. Tendrá por objetivo promover los hábitos saludables.

Con la participación de profesoras de distintos estilos musicales, se llevará a cabo en Guernica la Jornada "Aire Puro Peronense". En el encuentro, abierto a todo el público, se practicarán diferentes danzas, como el moderno estilo "Zumba", latino, reggaetón y el carioca "Axé".


En tal sentido, la intendente Carina Biroulet aseguró que "el objetivo de generar estas jornadas es fomentar la actividad física, a través de la música, y los buenos hábitos".

Las profesoras de estas modalidades aseguran que con 60 minutos de baile se consigue quemar hasta 300 calorías, además actúa como tonificante muscular, liberar tensiones, sociabilizar y mejorar el humor.

Este evento tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal "Homero Manzi", ubicado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Presidente Perón, el sábado 23 de septiembre a partir de las 15.30 horas.

Las profesoras que participarán de la jornada son Stella Maris Villafañe, María Laura Díaz, Nicolás Ruibal, Vanina Cáceres, Paola Galván, Sabrina Cáceres, Camila Larroca, Stefy Fernández, Florencia Zamudio, Marta Almada, Claudia Padilla, Sofía Cejas y Natalia Larroca. 

Alertan que el Gobierno podría dar de baja seiscientas mil pensiones por discapacidad

(07/09/17 - Gestión Macri, Pobreza Cero)-.Por decreto, el macrismo pasó pensiones a la secretaría de presidencia. Este año, el Ejecutivo había suspendido de modo arbitrario 170 mil beneficios. 

El Gobierno de Mauricio Macri resolvió por decreto cambios en relación al sistema que se encarga de las pensiones por discapacidad. Entre otras cuestiones, propone disolver la Comisión Nacional de Pensiones, que estaba bajo la órbita de Desarrollo Social, y reemplazarla por una Agencia Nacional que ahora dependerá de la Secretaría General de Presidencia. El decreto será analizado por una comisión bicameral. Advierten sobre un cambio de paradigma que pondrá en riesgo 600 mil pensiones por invalidez. 

"Hay un cambio de paradigma. Se sacó el tema del ámbito del desarrollo social y se lo pasa a presidencia. Con otra mirada ideológica, que nos retrotrae al asistencialismo. No queremos eso, queremos ser tratados como personas de derechos", describió en diálogo con APU Fernando Galarraga, miembro del área Discapacidad de ATE Capital. Y alertó: "El presupuesto es autártico y no va a alcanzar. Habilitan a conseguir recursos a través de organismos públicos y privados, y a través de actividades ligadas a la filantropía", describió.

Actualmente, se otorgan más de un millón de pensiones por incapacidad por un monto de 4920 pesos (a las madres de siete hijos, $ 7100). "Es un beneficio absolutamente mínimo, que no permite el desarrollo autónomo de la persona. No hay ninguna política pública que permita a una persona con discapacidad para que pueda acceder a un empleo", describió Gallarraga. 

Este año, el Gobierno decidió suspender de modo arbitrario 170 mil beneficios. Ahora, la Justicia obligó al Ejecutivo a pagar todas las pensiones. Sin embargo, la situación podría empeorar con las modificaciones propuestas, que en otra cuestiones, incluye la obligatoriedad de un "certificado único de discapacidad (CUD)". "Se busca poner obstáculos para cumplir con un derecho. El CUD tiene enormes trabas burocráticas. La gente tarda entre 6, 8 meses o un año para tener ese certificado", agregó Galarraga. 

Además, especialistas y trabajadores de la Comisión Nacional advierten que el CUD no contempla todas las patologías que hoy son tenidas en cuenta para una pensión, como HIV, chagas, lupus, entre otras. Estiman que podrían caerse 600 mil pensiones de ese modo. 

Además, tanto desde el área de Discapacidad de ATE Capital como organizaciones que representan a personas con invalidez exigen que el Estado cumpla con el cupo laboral estatal que establece una ley: 4% en el ámbito nacional y 5% en la Ciudad. La norma no se cumple y además el Estado no infoma sobre el nivel de incumplimiento. "Es un cupo mínimo y ambas jurisdicciones no la cumplen. Eso hace que por un lado el Estado brinde un beneficio insuficiente y por otro lado no garantice acceso al trabajo", concluyó Galarraga.

Por Enrique de la Calle, APU

Denuncian aprietes y despidos en Clarín

(07/09/17 - Gestión Macri, Despidos)-.Mientras el diario mantiene un plan de retiros voluntarios abierto, los trabajadores de prensa denuncian hostigamiento y persecuciones a periodistas, para que acuerden su salida bajo la amenaza de despidos.

La Comisión Gremial Interna del Diario Clarín, denunció una campaña de aprietes y despidos en el Gran Diario Argentino. Concretamente relatan que el miércoles 30/8, dos periodistas fueron convocados a una oficina de Capital Humano y allí , por separado, los recibieron dos directivos de la gerencia y un escribano. 

“Se les dijo que debían firmar el retiro voluntario en ese instante o, de lo contrario, se les mandaría un telegrama de despido. Ambas opciones estaban ahí mismo, arriba de la mesa”.

“Los dos se negaron a firmar bajo presión, sin el debido asesoramiento ni el tiempo suficiente para pensar”, agregaron y contaron que tras volver a sus puestos de trabajo, “la empresa mandó guardias de seguridad a sacarlos por la fuerza del edificio”.

Por esa situación “Liliana, con 24 años de trabajo en la empresa y a 4 meses de jubilarse, se descompensó en el baño y debió ser llevada por un delegado hasta el servicio médico, donde le dieron una licencia por su estado. Todo el trayecto fueron escoltados por guardias de seguridad, quienes además montaron un operativo por todo el edificio para dar con el otro compañero”.

“Cuando descubrieron que Adrián se encontraba reunido en la oficina gremial, quisieron llevárselo de ahí. Recién con la intervención de la Comisión Interna, Capital Humano dio la orden de finalizar el hostigamiento de los guardias, que aún se mantenían apostados en la puerta de la oficina”, añadieron.

“No entendemos la razón para usar estos modos violentos que no tienen precedente en la historia reciente del diario. Ninguno de los implicados hizo ni intentó nada en contra de la empresa. Tampoco entendemos la decisión de realizar despidos mientras hay un plan de retiro voluntario abierto. Nos preocupa gravemente la agresividad en el trato de la empresa con sus propios empleados”, explicaron los trabajadores que al día siguiente realizaron una multitudinaria Asamblea donde repudiaron los despidos y cualquier tipo de presión para adherir al retiro voluntario y exigieron que la empresa retrotraiga la situación de los dos despedidos.

Condenaron a Santiago Omar Riveros por los homicidios de Silvia Meloni y Osvaldo Marino

(07/09/17 - Lesa Humanidad)-.El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros (foto) y al ex jefe del área militar 420 Luis Sadi Pepa por los homicidios de Orlando Marino y Silvia Meloni, cometidos en la localidad bonaerense de Martínez el 2 de agosto de 1976, durante la última dictadura cívico militar. 

Asimismo, se dispuso las absoluciones del comisario de la seccional segunda de esa ciudad Oscar Arnaldo Mateo, y de su entonces jefe de calle, Ángel Roberto Salguero, por el beneficio de la duda.

Según consignó el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, el tribunal, compuesto por Marta Milloc (presidenta), Daniel Petrone y Diego Barroetaveña informó que el próximo viernes 8, a las 14, dará a conocer los fundamentos de la decisión. 

El fiscal general Marcelo García Berro, quien había solicitado la imposición de la pena de prisión perpetua para los cuatro acusados, afirmó que aguardará a conocer las conclusiones de los jueces para evaluar si recurrirá la decisión.

En el veredicto, los jueces declararon que los delitos por los que se condenó a los dos ex jefes militares en grado de coautores son de "lesa humanidad".

Marino y Meloni fueron asesinados cerca de las 21 del 2 de agosto de 1976 en una estación de servicio de la firma Esso, ubicada en la avenida Santa Fe al 2400 de Martínez, partido de San Isidro. 

"Fueron asesinados a balazos en el playón de la estación de servicio a la que habían llegado luego de haber dejado a la hermana de Orlando en la casa de una amiga, a pocas cuadras de ese lugar, y antes de dirigirse a una reunión de amigos en la ciudad de Buenos Aires", describió el fiscal en su alegato del 8 de agosto pasado.
Para la acusación, en el juicio se acreditó que los disparos fueron efectuados por policías vestidos de civil que pertenecían a la seccional 2da de Martínez y que operaron al mando de Salguero, su jefe de calle, quien respondía a órdenes del comisario Mateo, quien estaba a disposición de la Guarnición Militar de Campo de Mayo, concretamente desde la jefatura del Área 420.

Además de los homicidios, en el juicio se juzgaron tres allanamientos ilegales a los domicilios laborales y reales de las víctimas, y el robo de bienes en uno de ellos. 

Riveros fue condenado en todos los casos, mientras que Sadi Pepa fue encontrado responsable por su participación en uno de los procedimientos y fue absuelto de los restantes hechos.

El Estado enfrenta audiencia ante la Corte Interamericana de DDHH por ejecuciones extrajudiciales

(07/09/17 - El Salvador)-.James Cavallaro, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anotó en su libreta una cifra que, según dijo, le chocó escuchar: hubo 59 pandilleros muertos por cada policía asesinado en supuestos enfrentamientos entre pandilleros y la Policía Nacional Civil (PNC) en 2016. 

El dato lo proporcionaron dos organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, que ayer denunciaron en México al Estado de El Salvador por ejecuciones extrajudiciales.

“Me ha tocado estudiar las cifras de enfrentamientos reales en el hemisferio, en otros países y otras regiones. La verdad es que la proporción cuando se trata de enfrentamientos reales puede ser dos o tres veces más civiles que policías. Cincuenta veces más yo puedo afirmar que no es posible que se trate de enfrentamientos. Cuando hay cifras así se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución”, señaló Cavallaro, luego de escuchar las cifras.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), las dos organizaciones denunciantes, expusieron que según cifra oficiales en los últimos tres años murieron 1,415 personas, más del 90 % eran pandilleros, en supuestos enfrentamientos. 

También denunciaron casos puntuales de ejecuciones extrajudiciales, como la masacre perpetrada el año pasado en la finca San Blas, donde murieron seis pandilleros y dos civiles a manos de la Policía; o como la masacre ocurrida en Panchimalco, en agosto de 2015, cuando policías y soldados asesinaron a cinco hombres jóvenes.

La CIDH, a petición del comisionado Cavallaro, solicitó al Estado salvadoreño la cifra de personas heridas, tanto civiles como policías, en los supuestos enfrentamientos. “Cuando hay más personas muertas que heridas no son enfrentamientos, porque no se está disparando para incapacitar, sino para matar”, advirtió el experto en derechos humanos.

Desde enero hasta el 21 de agosto de 2017, según estadísticas de la PNC, ocurrieron 346 tiroteos, catalogados como enfrentamientos por la Policía, en los que fallecieron 202 supuestos pandilleros. En lo que va del año han sido asesinados 23 policías, dos de esos agentes fallecieron en tiroteos con pandilleros, el resto fue atacado cuando estaba de licencia.

“Si esas cifras se repiten a lo largo del tiempo, estamos trabajando con un patrón de uso extremamente excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado… Esas cifras indican ser un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de los efectivos de la Policía y de las fuerzas militares”, declaró el comisionado de la CIDH.

El Gobierno, representado por el viceministro de Seguridad, Raúl López, negó que el Gobierno del FMLN esté solapando o acuerpando abusos de los miembros de cuerpos de seguridad. El funcionario reconoció que hay abusos, pero desmarcó al Gobierno del “mal proceder” de algunos agentes.

“No pretendemos afirmar que se encuentra totalmente a salvo el clima de paz en nuestro país. Sabemos que existe una crisis de violencia y que a veces pueden existir excesos o mal proceder de algunos miembros de la autoridad, pero eso, hay que dejarlo claro, es una decisión personal, no una política del Estado de El Salvador”, declaró López.

El viceministro de Seguridad usó buena parte de su presentación para hablar del plan El Salvador Seguro (PES) y del daño que las pandillas han causado a la población, pero no se refirió a ninguno de los casos puntuales citados por los peticionarios. Lo que sí repitió es que el Gobierno no tolerará ilegalidades: “Descarto y niego, totalmente, cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten derechos fundamentales”, dijo.

Las peticiones
Los denunciantes solicitaron al Estado que investigue y sancione a policías y militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, y que fortalezca los controles internos de la PNC. También propusieron la creación de una comisión, integrada por la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y una unidad de la Policía para la investigación de estos casos.

“Para mí ha llamado fuertemente la atención del Estado salvadoreño para que tome cartas en el asunto y pueda investigar estos casos. Nos preocupa la respuesta de la representación del Estado, ya que además de no sentirse interpelados ante este tipo de comentarios, no ha mostrado, durante la audiencia, ninguna acción concreta que vaya en la línea de garantizar la no repetición de los hechos”, señaló, después de la audiencia, Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del SSPAS.

Alberto Brunori, representante de las Naciones Unidas en la audiencia, preguntó si hay planes para fortalecer al Ministerio Público para que este robustezca las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país. La Fiscalía, hasta el momento, únicamente ha judicializado tres casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías. La Procuraduría de Derechos Humanos, por su parte, investiga 40 casos en los que presume exterminio.

Arnau Baulenas, quien participó en la audiencia en representación del IDHUCA, señaló que “hay poco rigor en la recolección de la prueba y se muestra reticencia para colaborar” en las investigaciones de estos casos. En algunos casos, a juicio del abogado, la Fiscalía permite la impunidad porque no presenta los requerimientos, o si los presenta en las acusaciones contra policías, pide que sean procesados en libertad. Además, los peticionarios dijeron a la Comisión Interamericana que menos del 10 % de los impuestos para la seguridad van dedicados para prevención y que solamente existen 29 psicólogos para 27,000 miembros de la corporación policial.

Margarette May Macaulay, quien presidió la audiencia, dejó abierta la posibilidad de visitar El Salvador para inspeccionar las denuncias sobre ejecuciones. También pidió al Estado salvadoreño que le informen las capacitaciones sobre derechos humanos a los agentes y soldados. “Estos dictámenes sobre el nivel de violencia que ocurre en El Salvador nos preocupan”, comentó la comisionada.

La comisión emitirá un informe sobre todas la audiencias. “Esperamos que se pronuncien sobre la situación de El Salvador. Nos alegró mucho el interés de la relatora para realizar una visita académica y poder verificar los hechos”, dijo Reyna.


Se aprobó la ley del referéndum de secesión en medio de gran tensión

(07/09/17 - Cataluña)-.Los independentistas de Cataluña aprobaron la ley para dar cobertura legal al referéndum de secesión unilateral de España del 1 de octubre, en medio de gran tensión política y de denuncias de la oposición de que se pisotearon sus derechos y los de todos los catalanes en aras de una incitativa antidemocrática.

Gracias a su mayoría en el Parlamento catalán, los independentistas sacaron adelante la ley de la consulta con 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, por la ausencia de socialistas, liberales y conservadores, todos ellos opuestos a la medida.

Luego de aprobarse la ley, el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los demás integrantes del Ejecutivo de Cataluña firmaron sobre una carpeta la convocatoria oficial del referéndum en una ceremonia en una de las salas del Parlamento regional. 

Al término de una jornada vertiginosa e inédita, el gobierno catalán consumó así lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición, además de la peor crisis institucional en décadas. 

Cónclave de intendentes, con la reunificación del peronismo en el horizonte

(07/09/17 - Intendentes)-.Jefes comunales del kirchnerismo y el Frente Renovador mantuvieron un encuentro este miércoles en el marco de un homenaje al fallecido exgobernador Antonio Cafiero, al conmemorarse 30 años de su triunfo en la provincia de Buenos Aires.

El cónclave en San Isidro, al que asistieron una treintena de jefes comunales, significó un primer punto de acuerdo de cara a reconstrucción del peronismo.

El alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, estuvo a cargo de la ceremonia. En primera fila se mostró acompañado por sus pares de Tigre, Julio Zamora, y de La Matanza, Verónica Magario.

“Intentan confundirnos con ruidos y distracción, y muchos de nosotros que seguimos el ejemplo de Antonio seguramente podemos transitar el mismo camino que él marcó hace 30 años”, resumió Menéndez.

Troiano crítica con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad

(07/09/17 - Congreso Nacional)-.La diputada nacional del Partido Socialista y vice presidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, Gabriela Troiano señaló que el Poder Ejecutivo resolvió de manera “unilateral” la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

“Nos sorprendió esta medida porque el miércoles pasado estuvo en la comisión de discapacidad el presidente de CONADIS y no mencionó nada al respecto. Se siguen tomando resoluciones de manera sistemática sin debate o consulta previa a las organizaciones de personas con discapacidad (PCD) y sin tener en cuenta el lema que guía al colectivo PCD “nada acerca de nosotros sin nosotros”.

Hoy a través del decreto 698/2017 publicado en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, creando la Agencia Nacional de Discapacidad, que contiene ambas funciones.

Para la diputada Troiano es “es imprescindible que el director y/o sub director sean personas con discapacidad, así como no nos imaginamos un hombre a cargo del instituto de la mujer, la persona a cargo de asuntos de discapacidad debería ser parte del colectivo”. Y agregó: “también esperamos que un importante número de quienes trabajen en la nueva agencia sean personas con discapacidad y se cumpla con el cupo laboral”.

“El desempeño del actual gobierno acerca de la problemática de la discapacidad deja mucho que desear, desde la presentación de un Plan Nacional de Discapacidad del que se desconoce cuales son sus objetivos concretos hasta la quita de pensiones no contributivas a PCD para luego retornarlas pero no es su totalidad, hace que el colectivo de personas con discapacidad sigamos en estado de alerta”, concluyó la diputada socialista.

Mapuches de Cushamen atestiguaron en el juzgado que se lo llevó la Gendarmería

(07/09/17 - Gestión Macri, Desaparición Forzada de Personas)-.A 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado, tres miembros de la comunidad mapuche del poblado que ellos llaman Pu Lof en Resistencia de Cusahmen, a la vera de la ruta nacional 40 y cerca de El Maitén, declararon en el juzgado a cargo de Luis Otranto que les constaba que aquel había sido capturado por efectivos de Gendarmería y que entonces estaba en la zona el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. 

Estas declaraciones testimoniales causaron gran conmoción, y una de sus repercusiones fue que a una reunión ya programada del presidente Mauricio Macri con la ministra de Seguridad se sumaran entre otros, además de Noceti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; su subordinado el secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, y quienes encabezan la Comisión Bicameral de Seguridad.

Al termino de esa reunión, el secretario de Inteligencia. Gustavo Arribas, habría visitado a su amigo, el Presidente.

Además de estas dos noticias centrales, hubo varias novedades a partir de que se levantó el secreto de sumario, siendo quizá las más relevantes que el gobierno de Chubut por un lado exculpó totalmente a su policía, de la que dijo que nada había tenido que ver con el hecho, como que –a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos- le pidió al juez ser tenida como querellante.

Miembros de la comunidad mapuche “Lof en Resistencia Cushamen” dijeron hoy en una rueda de prensa que a Maldonado “lo llevó Gendarmería” y le pidieron a los medios de comunicación de todo el país que “dejen de mentir”.

“Los gendarmes entraron a la comunidad tratando de cazar a un mapuhe. No somos terroristas ni delincuentes, nos persiguen hace mucho”, dijo Matías Santana (foto) que definió a Maldonado como “un compañero pacifista, anarquista, que estaba en el territorio y defendió nuestros ideales hasta lo último”.    

"Dejen de mentir”, reclamó luego de anunciar que el juez Otranto había levantado el secreto de sumario” que instruye por la "desaparición forzada" de Maldonado.

Matías Santana narró que 1 de agosto por la mañana los gendarmes irrumpieron en la comunidad "con una “balacera”; que muchos mapuches corrieron hacia el río Chubut para evitar ser atrapados y que Maldonado “se metió en el río pero volvió y se quedó escondido”.

“Escuché gritos y vi a tres gendarmes que arrastraron a alguien y lo empezaron a golpear en el piso. Me di cuenta de que era Santiago porque tenía la campera celeste que yo le presté esa mañana”, relató.

Dijo que después Maldonado fue arrastrado hasta un camión Unimog de Gendarmería que “había entrado" a la comunidad y con el que lo sacaron hasta la ruta nacional 40, de donde lo pasaron a una camioneta “tratando de taparlo con una pantalla” de gendarmes.

“Todos sufrimos la represión y después nos juntamos y vimos que el único que faltaba era él”, siguió diciendo Santana.

Los miembros de la comunidad perdieron el miedo y se presentaron a declarar gracias al apoyo que recibieron de organizaciones sociales y de derechos humanos, explicó al tiempo que aseguró que “la Gendarmería, el Gobierno y la Justicia ocultan muchas cosas”.

“No hay forma de equivocarse” 
Nelly Garay, que fue detenida por Gendarmería junto a otros miembros de la comunidad en la ruta nacional 40 y demorada varias horas mientras se revisaba el auto en el que viajaban, dijo que al mando del operativo estaba Pablo Noceti.

“Hable con él, le pregunté quién era, y me dijo su nombre y que estaba a cargo. Entonces le pedí explicaciones de por qué nos tenían demoradas desde las 11, por qué nos retenían la documentación, pero no me las dio y se fue”.

La mujer dijo que la Gendarmería los retuvo (en calidad de “demorados”) hasta las 18.30 "sin dar explicaciones", mientras lo sacaban las butacas a su automóvil.
Fue al volver a la comunidad, dijo, cuando le contaron que se “habían llevado a Maldonado”.

“Yo no conocía su nombre pero lo había visto desde que se acercó y charlamos mucho, a cara descubierta. Esa mañana había estado tomando mate con él. No hay forma de equivocarse: era él, con el cabello largo, las rastas y la barba”, respondió a una pregunta.
Nelly Garay dijo que había dicho todo esto en el juzgado a cargo de Guido Otranto cuando se denunció la desaparición de Maldonado.

Soraya Maicoño, que viajaba con Nelly Garay, precisó que la conversación con Noceti fue entre las 14 y las 14,30, cuando según otros testimonios Maldonado ya había sido apresado. Y agregó que también había conocido al joven desaparecido hacía varios días y había estado charlando con él esa misma mañana, antes de la intervención de Gendarmería.

Julio Saquero, representante regional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), destacó que con estos testimonios ponen a los mapuche en situación de igualdad con los demás ciudadanos argentinos y criticó ácidamente tanto al juez Otranto como a la fiscal Silvina Ávila por ser responsables de “haber perdido un tiempo muy valioso al ponerse a seguir la hipótesis del apuñalado”. 

Santa Fe: Los defensores de dos policías acusados por secuestros y tormentos pidieron su absolución

(07/09/17 - Lesa Humanidad)-.Los abogados defensores de los ex policías Juan Antonio Mulasano (foto) y Omar Noce, juzgados por el Tribunal Oral de Santa Fe bajo la acusación de haber cometido secuestros y tormentos agravados durante la última dictadura cívico militar, solicitaron ayer martes, en sus alegatos, que se los absuelva de todos los cargos, contra la opinión del fiscal, que ayer pidió 9 y 10 años de prisión efectiva, respectivamente. 

El primer alegato estuvo a cargo de Julio Agnoli, defensor oficial de Mulasano, quien realizó un detalle de cada uno de los nueve casos que se le imputan a su cliente y solicitó se lo absuelva, tanto por las privaciones ilegítimas de la libertad como de los tormentos.

Al contrario de lo que adujo ante el Tribunal Mulasano, quien se jactó de "dar academia" en el tema explosivos y tener subordinados, Agnoli lo caracterizó como integrante de un "primer eslabón" en la cadena represiva y de pertenecer en los años de la dictadura "a una de las categorías más bajas de la policía" de la provincia. Cuestionó que el fiscal Martín Suárez Faisal "no fue específico" en su acusación y consideró que Mulasano "debe responder por lo que hizo" y no por los hechos que cometieron otros integrantes de lo que denominó "aparato organizado de poder". Hizo un pormenorizado análisis de las declaraciones de los testigos a lo largo del tiempo, tanto en la etapa de instrucción como en las declaraciones efectuadas en la Causa Sambuelli y en la que se ventila actualmente. 

Por ejemplo, menciona que el testigo-víctima Alejandro Córdoba (secuestrado en septiembre de 1976) no habló de Mulasano en sus declaraciones de 2006 y 2008, aunque sí al deponer en la Causa Sambuelli, cuando dijo haberlo visto en San Justo mientras era trasladado desde Reconquista a Santa Fe, por lo que opinó que "no puede darse crédito a una declaración contradictoria".

En el caso del testigo Juan Carlos Domínguez, admitió Agnoli que si su defendido es hallado culpable de privación ilegítima de la libertad debe serlo como "partícipe secundario", en tanto en un par de casos dijo que Mulasano no puede ser condenado por la detención porque formaba parte del grupo policial para hacer requisas en su carácter de especialista en explosivos.

En cuanto a la acusación de tormentos, el abogado dijo que los hechos que se le imputan a Mulasano no lo son "según la doctrina" en ninguno de los casos.

Posteriormente realizó su alegato Gonzalo Miño, defensor de Noce, quien luego de realizar un análisis de cómo era la ciudad de Vera en 1977 y de las características del cuartel de Santa Felicia de la Guardia Rural Los Pumas consideró que resulta "una banalización de la tragedia" que sufrió el país durante la dictadura decir que los hechos investigados en este juicio "deben enmarcarse en un plan sistemático" y en esa línea planteó que "no hubo delitos de lesa humanidad".

También hizo un repaso caso por caso y luego de referirse a José García y a Alberto Romero se detuvo en el testimonio de Héctor Manni, al que calificó de "falacia", y dedicó varios minutos a intentar demostrar que Noce no participó de un acto por el Día de la Bandera el 20 de junio de 1977 en la escuela de Fortín Olmos donde el testigo-víctima era director, oportunidad en la que dijo haber reconocido a su captor y torturador.

En su alegato, Miño dijo además que algunos de los testigos no conocían a Noce y que "incorporaron su nombre después", al tiempo que mencionó que el hecho que Noce actuara a cara descubierta y a plena luz del día prueba que las acusaciones contra su defendido no son ciertas.

Miño contó luego intimidades vividas con su defendido antes del juicio, como cuando le pidió mientras comían pizza que declarase y dijese "la verdad" y después de aclararle al Tribunal que estaba "pidiendo el beneficio de la duda" para que su cliente sea absuelto, lo calificó como "una gran persona, que dijo la verdad".

Tras concluir el alegato de Miño, el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, dispuso un cuarto intermedio para luego escuchar las réplicas del fiscal Suárez Faisal, quien sin embargo prefirió abstenerse del uso de la palabra debido a que no escuchó de parte de los defensores "argumentos esenciales que no hayan sido debatidos" con anterioridad, en una postura que compartió el abogado querellante Iván Bordón.

Ante ello, Escobar Cello citó a las partes para el viernes a las 9, cuando se le ofrecerá a los acusados ejercer el derecho a unas últimas palabras antes de la lectura de la sentencia, prevista para el mediodía.

Mulasano y Noce debían ser juzgados en 2013 por la llamada "Causa Base Aérea", en la que fue condenado a 21 años de prisión el comodoro (RE) Danilo Sambuelli, pero en esa época estaban prófugos.

Por esa razón, esta causa es considerada un desprendimiento de la que juzgó la actuación de los integrantes del circuito represivo del norte santafesino, que incluyó el cuartel de Los Pumas, la Jefatura de policía de Reconquista y la Base Aérea de la misma ciudad.

El huracán Irma “devastó” Antigua y Barbuda y se dirige a Estados Unidos

(07/09/17 - Antigua y Barbuda)-.El huracán Irma tocó tierra este miércoles en varias islas del nordeste del Caribe, avanzando en una ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de dirigirse posiblemente a Florida el fin de semana.

El huracán causó hoy “al menos dos muertos” en San Bartolomé y Saint Martin, según informó la agencia AFP. Además, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dijo que la tormenta “devastó” el 90% de las instalaciones de Barbuda, según informó The Guardian.

Irma es un huracán de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson de intensidad de huracanes. Según su actual curso, se espera que el ojo de Irma pase justo al norte de Puerto Rico hoy, antes de tocar la costa norte de República Dominicana el jueves. Llegaría al estado de Florida, Estados Unidos, el fin de semana.

En San Juan de Puerto Rico, unas cuantas personas fueron a la playa para disfrutar del mar por última vez antes de buscar refugio. “Estoy preocupada. Esta va a ser una tormenta enorme, la mayor que hayamos visto”, dijo Angélica Flecha de 45 años.

La mayoría de los negocios estaban cerrados y las calles, casi vacías. Los estacionamientos de locales comerciales aún abiertos se encontraban atestados, ya que residentes acudían en masa a comprar suministros como hielo y agua embotellada.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, instó a los 3,4 millones de habitantes de la isla a buscar cobijo en uno de los 460 refugios de emergencia antes de la llegada del huracán.

Funcionarios de emergencia en Antigua y Barbuda reportaron tres heridos pero daños mínimos, y varios techos de viviendas arrancados por los vientos huracanados. Las comunicaciones entre las islas estaban suspendidas, dijeron autoridades.

Otros territorios del norte del Caribe, como Sotavento, Anguilla, Monserrat, San Cristobal y Nieves, además de las Islas Vírgenes y República Dominicana, estaban bajo advertencia de huracán.

El CNH dijo que Irma clasifica como uno de los cinco huracanes más poderosos del Atlántico en los últimos 80 años y como el ciclón más poderoso a la fecha en la región fuera del Mar Caribe y el Golfo de México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de emergencia para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, lo que permitirá el desembolso de fondos de emergencia, dijo la Casa Blanca.

Las autoridades en los Cayos de Florida llamaron al inicio de una evacuación obligatoria de visitantes y se ordenó el cierre de las escuelas públicas del sur del estado.

A los residentes de áreas bajas en el condado densamente poblado de Miami-Dade se les ordenó trasladarse hacia áreas más seguras. El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que se realizarían más evacuaciones obligatorias en el estado a medida que Irma avance, ya que se espera que provoque marejadas de hasta 3 metros.

“Podemos reconstruir casas, pero no resucitar personas”, dijo Scott en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC.

Trump llegó a un acuerdo con los democrátas y evitó la paralización de su gobierno

(07/09/17 - USA)-.El presidente, Donald Trump, logró un acuerdo con los legisladores demócratas para subir el techo de la deuda y financiar al gobierno federal hasta diciembre que incluye, además, un paquete de ayuda para las víctimas del huracán Harvey.

El pacto, con el que se evitó una paralización del gobierno durante septiembre, tomó por sorpresa a los líderes republicanos del Congreso, partidarios de presionar a los demócratas a comprometerse a elevar el techo de la deuda al menos hasta finales de 2018.

"Tenemos una prolongación que alcanzará hasta el 15 de diciembre", declaró hoy Trump tras un encuentro con parlamentarios de ambos grandes partidos en Washington, según reprodujo la agencia de noticias DPA.

El acuerdo también incluye las ayudas federales para los damnificados de la tormenta tropical Harvey, que dejo más de 60 muertos y miles de desplazados en los estados de Texas y Luisiana, precisó. 

En un gesto inusual, el mandatario republicano elogió la conducción de los demócratas en el Capitolio.

El municipio puso en valor la Plaza Favaloro de Glew

(07/09/17 - Almirante Brown)-.El gobierno municipal puso en valor la plaza Doctor René Favaloro de la localidad de Glew. La obra fue recientemente concluida y ayer se habilitó para el disfrute de los vecinos.

Con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de cada uno de los brownianos, no sólo con la puesta en marcha de obras de envergadura sino en aspectos que hacen al esparcimiento y la recreación, el Gobierno Municipal realizó el mejoramiento integral del paseo, ubicado en Ardohain entre Capitán Olivera y Luro.

El intendente Mariano Cascallares precisó que "este espacio cuenta con nuevo mobiliario urbano (bancos y cestos) y juegos de mesa e infantiles. Se construyeron además veredas internas y externas, se renovaron las luminarias y se realizó la parquización, forestación y pintura general  del lugar".

Se mejoró también todo el perímetro del lugar, y en evocación al prestigioso cardiólogo René Favaloro no sólo se instaló un monolito sino que  la plaza tiene forma de corazón. Además en una de las paredes lindantes se pintó un mural con la imagen del médico argentino.

Cabe señalar que grandes y chicos ya disfrutan del nuevo recreo de esparcimiento, un lugar de encuentro familiar, cuya obra de puesta en valor fue recientemente finalizada.  

Visitaron e hicieron una recorrida por el paseo, entre otros, el secretario de Gestión Descentralizada local, Adrián López; el subsecretario de dicha área, Atilio Gari; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Fabiani y la subsecretaria General de la comuna, Cristina Vilotta.​

Los temibles operarios del espionaje PRO para la tercera conquista del desierto

Al lado de Noceti, hablando por teléfono, el PSA Guillermo Frankerberger.
(07/09/17 - Gestión MAcri, Represión)-.El defensor de represores Pablo Noceti, un poronga de la PSA y la ex SIDE triangulan en la Patagonia. Quién es el jefe invisible de la Gendarmería. El autogobierno policial. La prehistoria K.

Bajo la consigna ¿Dónde está Santiago Maldonado?, la multitud que desbordó la Plaza de Mayo y se manifestó en gran parte de las plazas de todo el país, volvió a poner en cuestión el rol de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Cambiemos.

Desde que Mauricio Macri designó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, el oficialismo intentó desplegar un esquema propio en contraste con el que había heredado después de 12 años del kirchnerismo en el poder. 

Cuestionada por decenas de miles de personas que se movilizaron este viernes, la ministra es el primer fusible que el Presidente podría hacer saltar si quisiera hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe al Estado en la desaparición de Maldonado, hace ya más de un mes, y pasar de la negación a la acción.

Bullrich no debería irse sola sino junto a su mano derecha y delegado en el lugar de los hechos, Pablo Noceti. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad es un abogado que entre sus pergaminos más destacados acreditaba la defensa de represores de la última dictadura militar. Fue el encargado de propalar amenazas y el hostigamiento del Estado nacional contra el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y de comandar en persona el operativo represivo el 1 de agosto pasado en Cushamen. 

El amigo de Noceti
Sin embargo, Noceti no estaba solo en su cruzada contra los mapuches. Contó con el respaldo del alto funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Guillermo Frankerberger, promovido a comisionado general por el Presidente y su ministra en un acto en Casa Rosada en enero pasado.

Frankerberger trabajó durante años a las órdenes del kirchnerismo y siempre dejó conformes a los altos mandos. Pero se adaptó sin problemas a las directivas del macrismo a partir de diciembre de 2015. Tanto, que ahora es denunciado como el principal responsable de montar una estructura de inteligencia legal e ilegal en la Patagonia, continuidad del espionaje sobre los mapuches que, según comprobó la Justicia, se había iniciado durante los últimos años del kirchnerismo. 

Se los puede ver juntos en una foto del juicio de extradición contra Jones Huala en setiembre de 2016, que difundió la agencia de Esquel. Noceti mira a su derecha y el rubio Frankerberger habla por teléfono, detrás de los miembros de la comunidad mapuches.

Por Diego Genoud, Infodatas

Ivana Huenelaf, activista mapuche en Argentina: “En enero ya nos habían amenazado con hacernos desaparecer”

(07/09/17 - Pueblos Originarios)-.Es mapuche y participa de la lucha de la Pu Lof de Cushamen. Hace ocho meses la torturaron y secuestraron durante horas tras una represión como la del 1° de agosto, donde se llevaron a Santiago Maldonado.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado conmociona a Argentina y al mundo, tanto por lo brutal del hecho como por la reacción encubridora del Gobierno de Mauricio Macri, cerrando filas con la Gendarmería y con los funcionarios del Ministerio de Seguridad directamente implicados.

Pero sería un error creer que esa desaparición fue algo sorpresivo o excepcional. La persecución y criminalización de la población mapuche es sistemática desde hace años, tanto en Chubut como en Río Negro y Neuquén. Atentados, detenciones arbitrarias, procesamientos por delitos que no se cometieron, extorsión, torturas y hasta ejecuciones sumarias son política de Estado.

Desde jueces federales apoyados en la Gendarmería hasta intendentes como los de Esquel o El Bolsón, pasando por los gobernadores Das Neves y Weretilneck, todo el régimen político está abocado a debilitar y (si pudiera) aniquilar el proceso de recuperación territorial mapuche, encarnado en diferentes zonas por comunidades que exigen que se respeten sus derechos ancestrales por sobre el avasallamiento de terratenientes como Benetton, Lewis o Tinelli y multinacionales petroleras y mineras.

El antecedente
Los hechos del 31 de julio y el 1° de agosto no fueron más que un capítulo extremo de esa política oficial. Pero en el mes de enero hubo una represión muy similar a esta última, donde sólo por casualidad no murió, o directamente desapareció, nadie. Los actores fueron casi los mismos y los métodos represivos también.

Unos doscientos gendarmes se habían apostado en la Ruta 40 para, supuestamente, despejar las vías de La Trochita que atraviesa la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. En ese hecho los uniformados se llevaron a tres jóvenes, heridos y procesados. Pero el saldo de la jornada sería de nueve personas detenidas. Las otras seis fueron “cazadas” en El Maitén, luego de una violenta persecución por la ruta desde la misma tranquera de la Pu Lof. Ivana Huenelaf fue una de esas seis personas.

En una plaza poco transitada de El Bolsón (aunque durante la entrevista pasarían con curiosidad varios efectivos de la Policía de Río Negro) Ivana le contó a La Izquierda Diario todo lo que padeció ese día junto a sus lamien (hermanas y hermanos). Una verdadera “caza de indios”, como le decían mientras le esposaban su muñeca quebrada los uniformados, algunos de los cuáles, patéticamente, también tienen ascendencia mapuche.

¿Qué pasó el 10 de enero?
Ese día yo fui a solidarizarme con los hermanos de la Pu Lof que alrededor de las 6 de la mañana habían sido reprimidos. A eso de las 10 viajé para allá y participé de un corte simbólico de la ruta. Me tocó hacer de “contacto” entre Gendarmería y el tragún (reunión) de la comunidad, los mismos gendarmes me decían que preferían hablar conmigo porque me veían más “pacífica”. En realidad nos estaban marcando.

Ya eran las 4 de la tarde y me tenía que volver a El Bolsón. Conseguí un lugar en una camioneta. Un hermano mapuche nos dijo que les habían secuestrado animales y salimos a buscarlos. Los encontramos en un camión Mercedes Benz, dentro de la estancia de Benetton. Les dijimos a los tres hombres que ocupaban el vehículo que devolvieran esos animales y ahí nomás comenzaron a dispararnos. Decidimos escapar de ahí pero empezaron a perseguirnos a los tiros por la ruta. Al rato se les sumó una camioneta Hilux blanca, que tiene una gran antena y es muy conocida en la zona.

¿Dispararon sin mediar ninguna advertencia?
Nadie nos dio la voz de alto ni nada por el estilo. Todos comenzaron a disparar de entrada. Fueron unos 30 o 40 kilómetros de disparos, de balas de plomo y de goma. En un momento vimos venir un patrullero por la ruta. Yo creía que podía ser nuestra salvación, de hecho le dije a quien conducía que parara para avisar que nos estaban disparando. Pero a unos veinte metros de distancia se baja uno de los policías, me apuntó a la cabeza con la nueve milímetros y disparó. Sentí la explosión en mi oído y quedé atontada. La bala pegó en el parabrisas y terminó estallando el vidrio de atrás. El mismo policía giró y apuntó a la compañera que estaba en la caja de atrás de la camioneta y volvió a disparar contra el vehículo. Nos tiramos al piso mientras salíamos rápido para El Maitén.

¿Fueron alcanzados por las balas?
Creíamos que Danielita, la chica que estaba atrás, había sido baleada. Pero no podíamos dejar de escapar así que no sabíamos. Por suerte no estaba herida. Otro compañero que estaba sentado atrás gritaba por un fuerte dolor en el hombro, decía “me dieron” pero al final no le llegó el disparo porque fue frenado por la almohadilla del asiento. De todos modos decidimos parar en el hospital de El Maitén para ver bien cómo estaban. Pero tuvimos la mala fortuna de caer en el hospital viejo, que está abandonado.

Ahí los detuvieron
Sí. Parecía todo preparado. Cuando llegamos a ese hospital abandonado salieron de adentro varios de la Gendarmería y de la Infantería de la Policía, todos apuntándonos. Hay un audio de FM Alas de El Bolsón que registra un llamado mío donde pido auxilio y se escucha cómo me pegan. Nos ponían las itacas en la cabeza mientras nos decían “indios de mierda, mirá lo que hicieron, hijos de puta”. Yo preguntaba qué era lo que habíamos hecho y no respondían nada. Les hablaba de que teníamos derecho a hacer un llamado, que no podían tocarnos. Pero nada.

¿Cómo fue que te fracturaron la mano?
A Danielita, la chica que iba atrás, la habían golpeado mucho y yo me acerqué a taparla con un poncho. Entonces vinieron varios policías más y me agarraron tan bruscamente que me quebraron la muñeca. Les pedí que no me esposaran porque me dolía mucho, pero me esposaron igual. Dos meses tardaron en irse las marcas de las esposas. Nos llevaron al hospital, donde me enyesaron, y de ahí nos llevaron a la comisaría de El Maitén.

¿Qué explicaciones daban ellos en ese momento?
Nosotros no entendíamos nada. Yo pedía hacer un llamado y me respondían “¿ahora te acordás que tenés que llamar? ¿por qué no paraste cuando te lo ordenamos?” Pero si parábamos en la ruta yo estoy segura de que nos mataban, las pericias demostraron que nos tiraron directamente a la cabeza.

Nos acusaban de abigeato, según ellos nosotros queríamos robar 360 animales. Y además nos acusaban de resistencia a la autoridad. De hecho vamos a ir a juicio por esos dos delitos. Pero esa causa tiene un montón de irregularidades y pruebas falsas. Nos plantaron bombas molotov, no nos hicieron el dermotest para comprobar que no disparamos ni un tiro, ellos saben que estamos hablando claro.

Torturas al borde de la muerte
Persecusión, tiros, emboscada y armado de causa. Así se “engordó” la lista de detenidos ese 10 de enero, sumando seis procesados a los tres que Gendarmería ya había apresado en la Pu Lof de Cushamen con la excusa de despejar La Trochita.

Pero para Ivana y sus hermanos la cosa no terminó ahí. Con la muñeca quebrada y con la confusión a cuestas, esta artesana de El Bolsón, especializada en panificación y en la cosecha de frutillas y frambuesas, estaría desaparecida durante horas y recibiría amenazas directas de muerte.
Del hospital nos llevaron a un calabozo de la comisaría y allí nos encapucharon. En un momento escuchamos que se hizo presente el fiscal general Carlos Díaz Mayer. Lo teníamos a dos metros, pared de por medio, le gritamos para que viniera a explicarnos qué pasaba, pero nunca se acercó.

Era como que no existían ustedes ahí
Claro. Después escuché a varias compañeras que habían llegado a la comisaría y preguntaban quiénes éramos los detenidos, pero los policías se negaron todo el tiempo a decir mi nombre. Incluso vinieron abogados de derechos humanos enterados de los acontecimientos y a ellos también les negaron mi nombre cuando preguntaron. Me asusté mucho. Con mi compañera pudimos hacernos pie y llegar hasta una ventanita de la celda, rompimos los vidrios y empecé a silbar. Ahí pudimos contarle a la gente que estábamos ahí. Ahí sentí un poco más de alivio.

Durante varias horas los mapuches apresados estuvimos todos desaparecidos. Hubo algunos hermanos no mapuches detenidos y a ellos los blanqueron, pero a nosotros no.

¿Cómo terminó ese día?
A eso de las 11 de la noche decidieron trasladarnos a Esquel. El viaje fue terrible también para los cinco. Los de Infantería, a golpes y culatazos, nos castigaron todo el tiempo. Seguíamos encapuchados. No nos dejaban levantar la cabeza, nos obligaban a estar en posición fetal mientras nos insultaban. Incluso nos insultaban en nuestra lengua. El camino era muy duro y nos hacían doler los riñones. Nos preguntábamos en voz baja qué nos iba a pasar. Fue terrible.

Ivana muestra su mano izquierda. A casi ocho meses de los hechos, aún le duele la muñeca y tiene problemas en un pulmón por las patadas que recibió. Pero al escuchar su relato aparecen también otros dolores.
Lo más loco de todo es que esos gendarmes y esos policías, muchos de ellos, son mapuches también, como nosotros.

¿Vos creés que la escalada represiva contra ustedes explica la desaparición de Santiago Maldonado?
A mí me lo dijeron ellos mismos, mirándome a los ojos, aquel 10 de enero. Nos dijeron “los vamos a hacer desaparecer”. Y sí, nosotros somos conscientes de que si hubiéramos sido mapuches en lugar de un joven como Santiago no hubiera tenido todo esto tanta repercusión. Santiago pegó ese grito que nosotros necesitábamos. Es muy triste que le haya tocado a él.

¿Qué pensás de lo de Santiago?
Lo que sucedió es muy doloroso, duele el espíritu, le tocó a un hermano que estaba ahí con nuestra misma convicción. El Estado se equivocó, evidentemente creyeron que era un mapuche más. Nosotros tenemos muchos hermanos desaparecidos en democracia, como los Calfullanca, y matanzas como la de doña María Lucinda Quintupuray y su hijo. Podemos nombrar muchísimos casos de los que no se habla porque somos un pueblo originario.

Mi abuelo siempre decía que el tiempo habla por las personas. Yo creo que con todo esto de Santiago nuestra causa, nuestra lucha, está hablando. Lo que nos está pasando es lamentable, tanto por la familia de Santiago como por todos nosotros. Pero nosotros sabíamos que estas cosas iban a pasar.

Lucha ancestral
Ivana Huenelaf pertenece a la comunidad del Puel Mapu. Nació en la precordillera (en el departamento de Tehuelches, Chubut), se crió en Comodoro Rivadavia y hace doce años se afincó en El Bolsón, Río Negro. “Pero mi gente viene de Cushamen, allí a mis abuelos les quitaron las tierras”, aclara ante todo. Tiene seis hijos y es artesana en la feria regional de la ciudad. Con total naturalidad sintetiza los siglos de lucha de su pueblo.
La recuperación de nuestro territorio es algo que tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir lo que nos ha sucedido a lo largo de tantos años. Más allá de que tengamos una Constitución que nos reconoce, en verdad el Estado no nos reconoce, nunca nos tuvo en cuenta. Sin embargo nosotros sí reconocemos al Estado. Por eso decimos que vamos a seguir en pie, porque nuestra causa es el territorio y el buen vivir. Simplemente eso. Esto no es una confrontación con el Estado, es el Estado el que confronta con nosotros.

¿Qué respondés a quienes dicen que los mapuches usurpan tierras que compraron magnates como Benetton o Lewis?
Los invitaría a que vengan a “ser” mapuches un solo día. Ahí podrían decirnos realmente quién usurpó qué. Mi abuelo fue un lonko de esta zona, don Casimiro Huenelaf, y decía que “somos gente de la tierra”. A nosotros nos tocó ser cara de kultrun, pero en verdad somos todos gente de la tierra. Nadie es usurpador, todos tenemos el derecho al territorio y sobre todo al desarrollo de ese territorio. Los terratenientes nos sacan los territorios sólo para alambrar y para nada fructífero. Sólo quieren que salgamos de nuestras riquezas y de nuestra cultura.

¿Y cómo es convivir cotidianamente con ese despojo de los capitalistas y sus fuerzas represivas?
Es una relación muy tediosa. Yo desde enero cambié la manera de pensar. Antes más bien me mantenía al margen del tema de la violencia y de la justicia. Pero me tocó vivir este suceso, fui baleada por policías y gendarmes. Fuimos apresados y torturados. Ahora la relación con ellos es muy tensa y triste. Nos están persiguiendo todo el tiempo, averiguan dónde trabajamos y qué hacemos. Si bien esto siempre fue así, últimamente la persecución es más precisa.

¿A vos también te persiguen ahora en Chile?
Sí, no lo puedo creer. Fui a Temuco hace pocos días, para estar en el juicio de nuestra machi Francisca Linconao, quien está siendo juzgada por defender una montaña de donde ella saca sus medicinas. Pero cuando crucé a Chile me dijeron que no podía entrar al país porque hay una denuncia contra mí en Santiago, por el artículo 15 inciso 17 de la ley de extranjería, es decir por “agitadora”. Pero yo nunca estuve en Santiago.

Me obligaron a salir en doce horas, de forma casi clandestina, y me tuve que volver. No puedo volver a Chile por una causa que me plantaron.

¿Hay una coordinación entre lo dos Estados?
Totalmente. Cuando me impidieron entrar a Chile me mandaron a la sede de la Policía de Investigaciones. Al llegar me encerraron en una oficina y varios hombres, tipo detectives, me interrogaron con soberbia y mostrándome sus armas. Preguntaban si era de algún grupo, si era activista, si conocía el RAM y otras cosas. Como sabían que la denuncia contra mí es insostenible, me dijeron que no me preocupara pero que abandonara el país cuando antes y resolviera el tema desde Argentina.

El tema es que para nosotros ir y volver de Chile es algo propio de nuestras necesidades. Necesitamos ir a ver a las machis. Pero a la gente del Pu Lof todo el tiempo los tienen en observación y suelen no dejarlos pasar.

En varios momentos de la entrevista a Ivana se le cayeron algunas lágrimas. Los recuerdos vivos de lo que pasó se potencian con un presente donde a cada paso se grita “aparición con vida de Santiago Maldonado” y “Libertad a Facundo Jones Huala”, el lonko de la comunidad con la que ella es solidaria en su proceso de recuperación territorial.

Sabe que la colonización ha llegado a niveles tan paradójicos que muchos de sus hermanos mapuches se transforman en servidores del enemigo. A ellos, a los gendarmes y policías que son mapuches, los invita con una asombrosa cordialidad a que “vuelvan”.

Y no ahorra palabras para quienes sin ser mapuches sienten esa lucha como propia. Como una de las tantas luchas de los explotados y oprimidos de esta tierra.
Sentimos mucho apoyo a nivel del pueblo. Se siente mucho el nehuén (fuerza). Esta lucha es ancestral y continuamos porque nos ayudan a continuar. Vamos de forma paralela a mucha gente de la tierra que no son mapuches. El mapuche tiene claro esto.

¿No van a bajar los brazos?
Por supuesto que no. Es momento de empezar a mirarnos más a los ojos, que empecemos a creer más y consumir menos. Por eso agradecemos mucho el apoyo. Acá hay mucho dolor pero también mucho nehuén. Por eso vamos a seguir. Mis hijos y mis nietos van a seguir. Porque la tierra nos lo da todo y acá hay espacio para todos. Por eso vamos a seguir recuperando nuestro territorio.

Por Daniel Satur, La Izquierda Diario