(23/03/18 - Memoria Verdad y Justicia)-.Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep, consideró hoy que, "a determinada edad" o cuando se tienen "enfermedades terminales", estar detenido "deja de ser una condena y pasa a ser casi una venganza", al referirse a la posibilidad de que el represor Alfredo Astiz -entre otros- sea beneficiado con la prisión domiciliaria.
Por su parte, la cofundadora de Madres y de Abuelas Mirta Acuña de Baravalle, cuestionó la "misericordia" de la Justicia ante la posibilidad de que Astiz reciba el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud. A su vez, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, calificó de "provocación" la posibilidad de que el genocida condenado por crímenes de lesa humanidad reciba el beneficio de la prisión domiciliaria.
"A determinada edad, o con enfermedades terminales, deja de ser una condena y pasa a ser casi venganza mantener a una persona en prisión. Por mí, deberían mandarlo (a Astiz) a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica, que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia", afirmó Fernández Meijide en declaraciones a radio La Red.
De esta forma, la ex ministra de Desarrollo Social durante parte del gobierno de la Alianza respondió cuando se la consultó por la inclusión del ex marino condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, integrando una lista de presos en condiciones de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, confeccionada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
No obstante, la ex Conadep aclaró que Astiz le "sigue provocando la misma reacción de siempre" y completó: "Mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no considerarámos que todos, aun nuestro peor enemigo, tiene derechos". "Ese enemigo un día no va a existir y nosotros tampoco, pero lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos ponemos ante el derecho de las personas, más allá de nuestro desprecio y enojo, y hasta de nuestro odio", postuló.
Cuando la consultaron si, en el hipotético caso de que quien secuestró e hizo desaparecer a su hijo Pablo estuviera condenado y accediera al beneficio de la prisión domiciliaria, ella lo soportaría, Fernández Meijide respondió: "Me lo banco". "¿Por qué no me lo voy a bancar, si me banqué que fuera constitucional la obediencia debida, con lo cual se suspendieron todos los juicios; si me banqué que (Carlos) Menem diera los indultos? El asunto es qué hacemos, ¿Vamos contra la ley?", completó.
Mirta Baravalle
La cofundadora de Madres de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo Mirta Acuña de Baravalle, que conoció al genocida Alfredo Astiz cuando se infiltró en el grupo de familiares de desaparecidos de la Iglesia de Santa Cruz en la última dictadura, cuestionó la "misericordia" de la Justicia ante la posibilidad de que Astiz reciba el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.
"Con él son misericordiosos y benévolos pero con las personas que no tenemos respuestas sobre de qué forma y por qué se llevaron a nuestros seres queridos, no", lamentó Baravalle, de 93 años, en declaraciones a Télam al recordar que aún espera que la Justicia ordene realizar los análisis genéticos que permitan determinar la identidad de un joven que cree es su nieto.
La dirigente de derechos humanos busca desde el 27 de agosto de 1976, a su hija Ana María, secuestrada junto a su pareja, Julio César Galizzi, en el partido bonaerense de San Martín, cuando ella estaba embarazada de cinco meses. Desde entonces, su vida giró en torno a la búsqueda de su familia y fue una de las integrantes del "Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz", lugar convertido en el centro de reunión de personas cuyos familiares habían sido secuestrados por la dictadura militar y donde se infiltró Astiz bajo el seudónimo de Gustavo Niño.
"En marzo de 1977 conocí a ese asesino que llegó al grupo diciendo que tenía a un hermano desaparecido" recordó Baravalle al señalar la fecha que Astiz comenzó el plan macabro de secuestro y desaparición de personas, un mes antes de la primera ronda que realizaban las Madres de Plaza de Mayo.
Baravalle participó de esos encuentros y hoy señala: "Hablan de humanidad (para con Astiz, por la enfermedad que padece) y yo pienso en las personas que estaban en esas reuniones y hoy no hay ninguno de ellos". "Si no hay Justicia, no hay sociedad que pueda vivir en paz", alertó Baravalle, tras agregar: "No acepto reparación para criminales como él".
De esta forma se refirió a una nómina remitida por el SPF al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, en la que se consignan los nombres de los detenidos -un total de 1.436- que, por razones de salud, podrían quedar en libertad condicional, vigilada o en un régimen de prisión domiciliaria, entre ellos Astiz.
El referido Sistema está integrado por representantes de la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal; de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; de los jueces nacionales de ejecución penal; de la Procuración General de la Nación; de la Defensoría General de la Nación y de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de "provocación" la posibilidad de que el genocida condenado por crímenes de lesa humanidad Alfredo Astiz reciba el beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud, como consigna un informe del Servicio Penitenciario Federal.
"Es una provocación y un desgaste enorme al que someten a quienes hace 40 años luchamos por la verdad, la memoria y la justicia", sostuvo Carlotto en declaraciones a radio Diez.
La titular de Abuelas alertó sobre "un cambio peligroso en el país" y responsabilizó a "un grupo que gobierna a su libre albedrío y sin que exista la división de poderes".
"Lo que más les importa es el dólar y el dinero, y abren la famosa grieta cada vez más incitando a la división".
De esta forma respondió cuando fue consultada sobre una nómina remitida por el SPF al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, en la que se consignan los nombres de los detenidos -un total de 1.436- que, por razones de salud, podrían quedar en libertad condicional, vigilada o en un régimen de prisión domiciliaria.
En las declaraciones que formuló esta mañana, Carlotto aclaró que los organismos defensores de los derechos humanos "no quieren condenar a nadie que no haya hecho nada" sino que su acción está dirigida a "aquel que fue juzgado y condenado con todas las evidencias, a la vista de que es un personaje peligroso por el delito que cometió y que afecta a todo el mundo".
Además, en cuanto a la gravedad de la enfermedad que padece el represor Astiz (cáncer de próstata), Carlotto sostuvo la necesidad de que exista "un grupo de médicos que certifiquen la gravedad de su estado".
"Humanamente, uno podría entender que esté agonizando y (decir que) lo lleven a su cama, pero estos personajes son tan falsos, tan criminales que debería haber un grupo de médicos que certifiquen la gravedad de lo que dicen pero no es así y es una amenaza permanente", explicó.
Consultada por la difusión del listado a tres días de un nuevo aniversario del golpe cívico militar, la dirigente de derechos humanos interpretó que tiene por objetivo "debilitar y distraer".
"Hay dos intereses: debilitarnos y distraernos por los problemas gravísimos que hay en la Argentina", afirmó Carlotto, quien dio como ejemplos "el ARA-San Juan, las paritarias docentes, el hambre, la desocupación, la gente que se muere de hambre".
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