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» » “Nos duelen 56”, la historia de un femicidio de Estado en Guatemala

(07/03/18 - Guatemala)-.El 8 de marzo de 2017 un incendio en el “Hogar seguro” de la Ciudad de Guatemala dejó 41 muchachas muertas y 15 con graves y dolorosas secuelas. El día anterior más de cien adolescentes se habían escapado del Hogar por los abusos sexuales y físicos que sufrían. 

La policía lxs atrapó y como castigo encerraron a 56 muchachas en un aula. Dentro del aula comenzó un incendio. A pesar de los gritos, las autoridades no abrieron las puertas. 

Fue el 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer y primer Paro Internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Este próximo #8M, #NosParamosPorEllas a un año de la masacre.

A Mayra Urías Chután la encerraron injustamente, esa respuesta estatal es la síntesis de las formas de vivir y las formas de morir de las niñas pobres de Guatemala. El 28 de septiembre de 2016 su familia, que vive en la colonia Canalitos, en la zona 24 de ciudad de Guatemala, reportó su desaparición y se activó la Alerta Alba-Keneth, un sistema estatal que se dispara en este país cada vez que un niño, una niña o adolescente falta de su casa. 

Cuando las autoridades encontraron a Mayra, no la devolvieron a su familia. La llevaron al Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) ubicado en el municipio de San José Pinula, a 22 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, donde estuvo casi 7 meses. Su mamá, María del Carmen Urías y su papá Moisés Chután tenían una audiencia pautada en el Juzgado de la Niñez de Villa Nueva para las primeras semanas de marzo. Con escasos recursos y dinero iban y venían al juzgado y al hogar cada día de visita y cumplían con todos los trámites judiciales. 

Querían que su hija volviera a su casa rápido: Mayra les había contado que habían intentado violarla, que le pegaban, que le daban alimentos en mal estado y que la dejaban sin comer por varios días. No lo consiguieron. Mayra cumplió 16 años en el encierro el 1 de marzo. Diez días después María del Carmen y Moisés enterraron su cuerpo calcinado. De lxs 11 hijxs que tuvieron, ella fue la tercera que tuvieron que despedir. Uno de los hijos mayores no había pagado una extorsión de un marero y fue asesinado.

Mayra es una de las 56 niñas que ardieron en el fuego cuando las llamas y el monóxido de carbono ocuparon toda la habitación en la que estaba encerrada en el área de Pedagogía del Hogar Seguro. Las habían llevado a ese aula pequeña de 47 metros cuadrados, que tenía capacidad para 26 personas de pie y 11 personas si se usaba como dormitorio: allí durmieron 56 adolescentes sin baño ni agua. Les habían llevado 22 esponjas tipo colchonetas. 

El castigo era porque habían querido escaparse. Cuando se desató el incendio, en protesta por el encierro, afuera del aula las autoridades—quienes debían cuidarlas— miraban cómo el fuego iba creciendo. Ningunx de los adultxs responsables reaccionó a los pedidos de ayuda de las niñas. 41 de ellas no sobrevivieron al incendio, como Mayra, otras 15 quedaron con secuelas para toda la vida y quemaduras severas. Dos de las sobrevivientes tuvieron que ser amputadas para seguir viviendo: no solo amputaciones de sus extremidades sino también faciales.

El incendio duró menos de diez minutos. Ese tiempo bastó para que el calor alcanzara una temperatura superior a los 300 grados centígrados, exponiendo a las niñas a gases letales y con menos del 21% de oxígeno necesario. El margen de supervivencia para ellas era mínimo. 19 de las niñas se carbonizaron de inmediato. No fue una tragedia, ni un accidente: fue un femicidio de Estado. 

El Hogar Seguro dependía de la Secretaría de Bienestar Social y las niñas estaban bajo custodia del gobierno de Guatemala. En este caso, la consigna “el Estado es responsable” no es una metáfora. Una mujer policía, Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, era la subinspectora que tenía la llave y no quiso abrirles a las niñas que gritaban desesperadas. “Pudo ver que las adolescentes se estaban quemando y no abrió la puerta”, dijo la fiscal durante el juicio. “Que se mueran estas hijas de puta”, relatan que murmuró. Hoy, a un año de la masacre, al menos 8 funcionarixs están siendo investigados por lo ocurrido.

Fue el 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paradójicamente una jornada instituida para recordar a las 129 obreras textiles que murieron quemadas y encerradas después de una huelga en la que reclamaban mejores condiciones laborales en New York, Estados Unidos. Fue el 8 de marzo de 2018: un día histórico para los feminismos. Mientras en Guatemala un grupo de voluntarias corría del Hogar Seguro a las Morgues, de la Morgue al Hospital San Juan de Dios e intentaban acompañar a las familias en los reconocimientos e identificaciones, en más de 50 países se preparaban para el primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans y frenaban sus actividades laborales tanto asalariadas como domésticas y de cuidado y se preparaban para salir a las calles en marchas y manifestaciones.

Muchas de las niñas llegaron a las Morgues y al Hospital como XX, no identificadas. La familia de Mayra, por ejemplo, estuvo tres días y tres noches hasta que supieron que su hija había muerto.

Escapar de los abusos
—Nos fugamos porque nos maltratan, nos pegan, nos echan agua si no nos levantamos temprano, no nos dan comida y si nos dan comida nos dan frijoles acedos y salados, una tortilla o dos. Yo vengo por inmigrante, no me dejan ir con mi mamá. Yo soy de México—dice Milenie Eloisa Rac Hernández, de 17 años, ante las cámaras de televisión locales. Fue la noche antes de morir. “No tienen derecho a tocarnos, nos obligan. Es violación, nos amarran nos pegan nos gritan, nos jalan el pelo, yo estaba mejor en mi casa”, señala la adolescente.

Guatemala en náhuatl es Quauhtlemallan, que significa “lugar de muchos árboles”. El Hogar Seguro existe desde 2012 para albergar a niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneración de alguno de sus derechos fundamentales, principalmente a causa de violencia, abandono, discapacidad y negligencia. No estaban en el Hogar por conflictos con la ley penal, sino que estaban para recibir protección, abrigo y resguardo. Algunos quedaron sin sus padres o madres, porque migraron por la pobreza extrema a Estados Unidos. Otros niños y niñas habían sido rescatados de redes de trata y esclavitud sexual, pero ahí encontraron algo peor. Al Hogar ellxs lo llamaban “el infierno”.

El edificio del HSVA es un sitio rodeado de una arboleda espesa. La madrugada del 7 de marzo de 2017 104 niñas, niños y adolescentes corrieron hasta perderse en esos árboles. Se escapaban de los abusos sexuales y físicos que sufrían. Lxs albergados ese día eran 600 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 173 tenían diversas discapacidades.

No era la primera vez que huían chicos y chicas del Hogar. Durante 2016, el HSVA llegó a albergar a más de mil niñas, niños y adolescentes, superando en un 300% su capacidad real. El HSVA se consideró una macro institución y llegó a ser una de las mayores de América latina y El Caribe. Una macro institución es aquella que alberga a más de veinte niños y niñas, sin tomar en cuenta que estén separados por módulos o en casas en un mismo espacio. Según las Directrices de Cuidado Alternativo de Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea de la ONU, estos sitios deben erradicarse por su carácter nocivo para los derechos de la niñez. En América Latina solamente Perú y Guatemala cuentan con ese modelo. En Guatemala, según UNICEF, hay aproximadamente 5.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Las muertes de las niñas y adolescentes en marzo de 2017 mostró la punta de una maraña de una desidia estatal y violencia institucional sostenida por años.

En 2013 una joven había muerto estrangulada con una bufanda en HSVA. Ese mismo año la Procuraduría de Derechos Humanos declaró que allí se violaban los derechos de lxs adolescentes. Y en 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares que nunca fueron acatadas; ese mismo año 142 jóvenes huyeron de forma masiva.

La protesta de marzo del año pasado había comenzado entre la 1:40 y 3:30 de la tarde del 7. Las adolescentes del módulo Mi Hogar y los adolescentes del módulo San Gabriel empezaron a quejarse por las malas condiciones en las que vivían y los malos tratos que sufrían. Fueron las niñas las que buscaron apoyo de sus compañeros para poder salir de esa situación. Las cámaras del lugar registraron cómo se reunían en los módulos que separaban a varones de mujeres.

Consiguieron irse, pero la libertad continuó siendo un deseo. Fueron recapturados por la policía y mientras los medios se acercaban para cubrir la noticia del escape Milenie Eloisa Rac Hernández pudo ofrecer su testimonio ante las cámaras de televisión. Entre la medianoche y las dos de la mañana ya estaban todxs encerrados otra vez. Cuando lxs recapturaron varones y niñas fueron encerrados en distintos lugares por separado. Las 56 niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años fueron al aula de Pedagogía. Estaban hacinadas y sin ningún abrigo. El proceso que las llevó de nuevo al encierro fue violento: los policías las manosearon, las rociaron con gas pimienta, las amedentraron con paralizadores eléctricos y lastimaron con bastones y escudos.

A las 8 de la mañana cuando el personal del comedor empezó a llevarles el desayuno. Las adolescentes ya llevaban seis horas ahí adentro: hacían sus necesidades en un balde. Aunque la justicia aún no lo determinó, se cree que una de las jóvenes desesperada prendió fuego a uno de los colchones para que las dejaran salir.

El Estado es responsable
El 14 de marzo del 2017, 6 días después de la masacre, tres funcionarixs públicos fueron capturados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos: el Secretario de la Secretaría de Bienestar Social –SBS-, Carlos Rodas, la subsecretaria de Bienestar Social, Anaí Keller Zabala y el director del Hogar, Santos Torres Ramírez. El 7 de abril los tres funcionarios fueron ligados a proceso judicial por cuatro delitos y enviados a prisión preventiva a la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala.

Lxs funcionarixs investigadxs son 8:
-Gloria Patricia Castro Gutiérrez, de 57 años, actual defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH.

-Harold Augusto Flores Valenzuela, de 55 años, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN.

-Brenda Julissa Chamam Pacay, de 42 años , jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la PGN.

-Luis Armando Perez Borja, subcomisario de la PNC.

-Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC.

-Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahy Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, trabajaban para la Secretaría de Bienestar Social (SBS), adscrita a la presidencia, son acusados de los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.

También está siendo investigada la jueza de Primera Instancia de San José Pinula Rocío Albany Murillo Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia que le atribuye la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio. Estuvo el día anterior en el Hogar y se negó a presentarse para llevar a cabo el recurso de exhibición personal en favor de las y los menores que se encontraban el 7 de marzo en las afueras del Hogar tras haber evadido proceso.

El juicio todavía no concluyó. Dentro del caso fueron aceptados como querellantes para la demanda tres organizaciones sociales. Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación Sobrevivientes y la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas.

Después de la masacre: el Estado sigue ausente
Un informe de UNICEF 8 meses después del incendio reveló que el Estado de Guatemala no acompañó a las sobrevivientes y familiares como le correspondía. Sólo algunos datos que reflejan la falta de seguimiento estatal:

Además de las 41 niñas, tres adolescentes varones que habían vuelto con sus familias, fueron asesinados en sus comunidades.
2 niñas aún se encuentran hospitalizadas en Estados Unidos.
33 están desaparecidxs, con activación de la Alerta Alba-Keneth.
La rebelión de las niñas encendió una hoguera que alertó sobre la violencia sexual y las responsabilidades estatales de cada femicidio.

La masacre no empezó ese día. El fuego, la violencia sexual sistémica y los femicidios son una constante en el país de la “eterna primavera”. No fue un accidente o una tragedia. Fue un femicidio de Estado.

El 31 de enero de 1980, durante la dictadura de Fernando Romeo Lucas-García, la policía invadió la embajada de España en Guatemala y mató a 37 personas que habían entrado para denunciar las violencias que sufrían en manos del gobierno de facto. Los quemaron con fósforo blanco. Dos años después, luego del asesinato de sus parejas varones en el marco del conflicto armado, un grupo de 15 mujeres indígenas q´eqchi, denunciaron las violaciones que sufrieron en manos de los militares en un destacamento instalado en Sepur Zarco. Recién en 2016 esos crímenes dejaron de estar impunes: el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez, fueron castigados en los estrados judiciales. 120 años de cárcel para uno y 240 para otro: un número imposible pero que da cuenta de una impugnación al accionar militar con los cuerpos de las mujeres.

Para 2016 Guatemala ocupaba el tercer lugar en el ranking de las tasas de femicidios. Detrás de El Salvador y Honduras. Una tasa de 2,5 por cada 100 mil mujeres, según los informes de CEPAL. 6.423 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en el  periodo 2008 – 2016 según el Grupo de Apoyo Mutuo.

No hay un hueco para el olvido de las 56. Nos duelen las 56 y este próximo 8 de marzo, a un año de la masacre, el reclamo de justicia para 41 fallecidas, 15 sobrevivientes y lxs familiares de todas es uno de los ejes centrales del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que se prepara en todo el mundo. En cada una de las 56 había una historia de futuro que el encierro injusto y la negligencia estatal truncó. En cada una de ellas estaba el deseo de una vida libre de violencias. Las niñas querían vivir y esa fue su mayor rebelión.

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