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» » La Comisión Provincial por la Memoria manifestó su preocupación por las prisiones domiciliarias a criminales de lesa humanidad

(01/05/18 - Memoria, Verdad y Justicia)-.La Comisión Provincial por la Memoria manifestó su preocupación en torno a la modalidad de prisión domiciliaria que desde 2013 beneficia al empresario de Tandil Julio Manuel Méndez (foto), condenado a la pena de 11 años por haber prestado su chacra para el funcionamiento de un centro clandestino de detención. 

A mediados de abril, Méndez fue reconocido y escrachado mientras realizaba un viaje en colectivo sin custodia de personal penitenciario ni tobillera electrónica.

A través del trabajo de cooperación y articulación que desde hace varios años la CPM realiza con el espacio Memoria por la vida en democracia de la ciudad de Tandil, el organismo provincial tomó conocimiento del impacto negativo que sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familiares produjo la noticia sobre el viaje en colectivo realizado por Julio Méndez a mediados de abril.

A mediados de abril, Méndez fue reconocido y escrachado mientras realizaba un viaje en colectivo 
A mediados de abril, Méndez fue reconocido y escrachado mientras realizaba un viaje en colectivo

De allí que este jueves 26 presentó ante el TOF 1 de Mar del Plata un escrito manifestando que “resultan preocupantes las decisiones tomadas por los tribunales orales y juzgados federales de instrucción respecto del régimen de detención para aquellos imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Estas decisiones han tendido en los últimos años hacia la profundización del proceso de otorgamiento de medidas de arrestos domiciliarios”.

En este marco general, el organismo de derechos humanos detalla que esa tendencia se inició en 2016, encontrándose en la actualidad el 56 por ciento de los detenidos por delitos de lesa humanidad bajo el régimen de arresto domiciliario, contrariando los principios del Protocolo de Estambul que establece los estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de torturas o malos tratos.

En este sentido, el Protocolo exige que los jueces, al otorgar la prisión domiciliaria, evalúen los efectos a nivel psico-social que esas medidas producen, ya que resultan similares a los efectos de la tortura que en su momento produjeron los perpetradores a nivel comunitario.

En el caso de Julio Manuel Méndez, la CPM advierte que, en función de la enfermedad cardíaca que padece, mientras estuvo poco más de un año en prisión siempre recibió las atenciones médicas solicitadas y le fueron autorizados todos los permisos de traslados a instituciones médicas, motivo por el cual no se advierte impedimento alguno para que permanezca en un establecimiento penitenciario.

Por el contrario, la posibilidad de cumplir la pena en su propia casa y de trasladarse mediante transporte público sin custodia, facilita la cercanía y eventuales contactos entre víctimas y victimarios, producto de las provocaciones en que los represores y su círculo de familiares, amigos y camaradas suelen incurrir.

Eso es lo que ocurrió a mediados de abril, cuando comunicadores y militantes de derechos humanos denunciaron a través de redes sociales y medios periodísticos haberse cruzado con Julio Méndez cuando éste se subía a un micro para viajar desde la ciudad de Tandil a Capital Federal, sin ningún tipo de custodia.

Para la CPM, además de las consecuencias psico-sociales y la revictimización se suma el temor fundado de las víctimas de los represores respecto a la puesta en peligro de la propia integridad física: “Cabe destacar que en septiembre de 2006 desapareció Jorge Julio López, luego de haber declarado en contra del ex comisario general Miguel Etchecolatz, por las torturas que recibió en su detención en 1977, siendo López el principal testigo de la causa”.

“Se debe comprender que la búsqueda de la verdad respecto de los crímenes cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico militar requiere de un contexto social y acompañamiento del Estado que facilite las declaraciones de los sobreviviente, pero sobre todo que garantice su salud física y psíquica”, agrega.

Cabe destacar que Julio Méndez fue beneficiado en junio de 2014 por parte del TOF 1 de Mar del Plata con la medida de prisión domiciliaria, luego de haber recibido una pena de 11 años por haber prestado su chacra de Tandil a altos mandos del Ejército para que allí funcionara un centro clandestino de detención.

En esa chacra, según quedó acreditado en el juicio, fue alojado y torturado el abogado Carlos Alberto Moreno luego de haber sido secuestrado por dos personas en las calles Lamadrid y Dorrego de la ciudad de Olavarría. En ese centro clandestino de detención fue asesinado el abogado Moreno días después de un fallido intento de fuga.

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