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» » "Puente 12”: solicitaron prisión perpetua para Etchecolatz y Minicucci, y penas de entre 25 y 15 años para otros siete ex policías

(08/07/18 - Lesa humanidad)-.El MPF requirió esas condenas en el marco del juicio que aborda crímenes de lesa humanidad cometidos contra 125 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Al concluir la exposición de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°6, la fiscal federal Ángeles Ramos requirió que se condene a prisión perpetua al ex director general de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, al considerarlos los principales responsables –en virtud del cargo y autoridad que ejercían al momento de los hechos-de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1ra de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.

La representante del Ministerio Público Fiscal –quien interviene como fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado junto a las fiscales ad hoc Viviana Sánchez y Clarisa Miranda- solicitó asimismo penas de entre 15 y 25 años de prisión para los siete ex policías bonaerenses que llegaron a la instancia de debate acusados de haber tenido responsabilidad en diferentes hechos de privación ilegítima de la libertad agravada y de aplicación de tormentos padecidos por 125 víctimas que pasaron por los mencionados centros clandestinos, 64 de las cuales se encuentran aún desaparecidas. A Etchecolatz y Minicucci se los acusa, además,  de ser coautores mediatos de homicidios calificados, el primero de ellos por un caso, y al  segundo por trece. La representante del MPF requirió penas de 25 años de prisión para José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein –ambos detentaban el cargo de Oficial Subinspector de la policía bonaerense-;20 años para los ex agentes Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno; 15 años de prisión para el ex agente Nildo Jesús Delgado, misma pena que para los ex cabo Daniel Francisco Mancuso y Alberto Faustino Bulacio.

“Con sus conductas afectaron los bienes más importantes: la vida –incluyendo en varios casos el agravante de no haber entregado los cuerpos, manteniendo a sus familiares y seres queridos en la más atroz incertidumbre hasta el día de hoy-; la integridad física al aplicar los más brutales métodos de tortura, tanto para obtener la información que ellos buscaban como por mero sadismo; la libertad individual sin siquiera tener la posibilidad de reclamar ante el poder judicial sino que al ser privados de su libertad quedaban sujetos a la voluntad y el capricho de sus captores; la libertad sexual; la propiedad, pues cada secuestro implicaba arrasar con parte o todo lo que había en las casas de estas personas”, señaló Ramos. La fiscal ponderó además que  durante del proceso ninguno de los imputados brindó información que ayude a reconstruir la verdad. Cabe destacar que once de las mujeres secuestradas se encontraban embarazadas, teniéndose hasta la actualidad ninguna certeza  respecto de los nacimientos. Algunos niños fueron apropiados y otros continúan siendo buscados.

La causa contaba con otros cuatro acusados que fallecieron o fueron apartados del proceso por razones de salud: los entonces comisario, subcomisario y agente de la División Cuatrerismo, Mauricio Colicigno, Fernando Svedas y José Vicente Sánchez, respectivamente, y el ex jefe del Grupo de Artillería I y, por ende, jefe del Área 114 -con dominio territorial sobre el distrito de La Matanza-, Hugo IldebrandoPascarelli.

Los alegatos de la Fiscalía comenzaron el 27 de junio pasado y se extendieron durante cinco audiencias. En su desarrollo, la fiscal realizó una pormenorizada descripción de las condiciones inhumanas en que se desarrolló la detención ilegal de las víctimas, caracterizada por la casi absoluta falta de provisión de alimentos, el hacinamiento y la falta de higiene, - lo que provocó graves secuelas físicas y psíquicas-, así como el trato despiadado brindado a los cautivos y  la omnipresente amenaza de ser torturados y asesinados.

A la hora de reconstruir los hechos, las fiscales resaltaron el valor del testimonio coincidente brindado por los sobrevivientes durante el debate, tanto para conocer su  materialidad  como para identificar a sus responsables, lo que logró corroborarse además con medidas de prueba adicionales tales como, entre otras, inspecciones judiciales en los CCD y prueba documental, en muchos casos contemporánea a los hechos que se investigan.

Los centros clandestinos
El CCD que funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue conocido originalmente como “Cuatrerismo Brigada Güemes”. Esto se debe a que pertenecía a la “Agrupación General Güemes”, la cual a su vez dependía de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata, que desde junio de 1976 hasta enero de 1979 estuvo a cargo del Comisario General Miguel Osvaldo Etchecolatz.

El CCD también fue conocido como “Banco” por ser este el nombre asignado al lugar entre fines de 1977 y mediados de 1978, período en el que funcionó como CCD en el circuito represivo conocido como ABO –Atlético, Banco, Olimpo-. De allí radica que en diversas investigaciones y procesos judiciales se lo individualice como  “Protobanco”.  A su vez, por su ubicación geográfica también se lo conoció como “Puente 12”. En términos de dependencia orgánica y funcional, Protobanco estuvo bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército, en territorio asignado a la Subzona 11, Área 114. Funcionó, incluso, con anterioridad al golpe de estado de 1976 y en él operaron en forma conjunta o alternada personal del ejército, de la Policía Federal Argentina y de la policía bonaerense. También intervino personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y sus instalaciones fueron utilizadas como parte de la estructura del Plan Cóndor, tal como fue afirmado en otros procesos ya concluidos.

Todas las personas detenidas ilegalmente y alojadas en Protobanco fueron torturadas. A los suplicios padecidos durante las sesiones de interrogatorios se suman las condiciones de vida de extrema indignidad e inhumanidad que formaban parte del acontecer diario dentro del CCD y que son constitutivas en sí mismas de tormento.

Por su parte, la Comisaría 1ra. de Monte Grande  se encontraba ubicada en la calle Santamarina 474 de esa localidad del partido de Esteban Echevarría y, al menos entre julio de 1976 y octubre de 1978 funcionó con la particularidad de reunir en sus instalaciones las labores regulares de una dependencia policial y las de un centro clandestino de detención y tortura.

En su alegato, el MPF indicó que se encuentra acreditado que en esa dependencia se alojaron y torturaron a distintas personas que eran detenidas por fuerzas conjuntas y otras que eran trasladadas desde otros centros clandestinos como Protobanco, Vesubio y el que hoy se conoce como “La 205”, en referencia al CCD que funcionó en cercanías de la ruta homónima, también en el partido de Esteban Echeverría.

En términos funcionales dependía de la subzona 1.1. y, específicamente del área 112, cuya jefatura correspondía al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 situada en La Tablada, que en el período bajo análisis estuvo a cargo de Federico Minicucci. “En definitiva, no existen dudas acerca del funcionamiento de la Comisaría de Monte Grande como centro clandestino de detención y torturas que funcionó bajo la dependencia del área 112. Tampoco que todas las privaciones de la libertad se concretaron de forma clandestina y por ende ilegales; y que también allí se impartieron tormentos y condiciones inhumanas de vida a las víctimas”, concluyó la Fiscalía.

El debate oral y público que transcurre en su etapa final es consecuencia de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, que territorialmente ocupaba la Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa.

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