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» » Acusan al presidente guatemalteco de financiamiento ilícito de su campaña

(12/08/18 - Guatemala)-.Al contrario de lo que ocurre en Argentina con el gobierno de Cambiemos, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha sido requerido por la Justicia de su país acusado de financiamiento ilícito de campaña.

Tan solo han pasado 35 días desde que el presidente de Guatemala fue denunciado por abuso sexual y ya tiene sobre sus hombros otra acusación; esta vez por financiamiento ilícito electoral.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Jimmy Morales no reportó al Tribunal Electoral al menos un millón de dólares que recibió para pagos de campaña.

Una de las diputadas más respetadas en cuanto a su trayectoria como legisladora resultó salpicada del delito de financiamiento electoral ilícito. El Ministerio Público pidió también que se le retire la inmunidad.

El caso ya había sido encaminado por la ahora ex fiscal general Thelma Aldana. Dentro del proceso se cuenta con el testimonio de al menos 5 empresarios que ya fueron condenados por aportar de manera ilícita a la campaña de Morales. No obstante dos irregularidades más fueron denunciadas por lo que la petición demoró un tiempo más, pero las pruebas son más que contundentes.

Morales ha podido eludir varios antejuicios con anterioridad planteados por el mismo Ministerio Público y por sociedad civil, y aunque las pruebas son serias, las fuerzas oscuras en el Congreso han demostrado que seguirán respaldando al mandatario.

Retirarle la inmunidad al presidente no será cosa fácil: primero la solicitud debe llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y si esta otorga un dictamen favorable pasará a una comisión pesquisidora en el Congreso de la República, posteriormente los 158 diputados deberán discutir si le retiran o no la inmunidad al mandatario.

La fiscalía pide el antejuicio del presidente 
La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y el representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, han presentado este viernes un pedido de antejuicio contra Morales para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.

Los delitos de los que se acusa al mandatario se derivan de una denuncia presentada a la Fiscalía guatemalteca en febrero de este año en contra del partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por el supuesto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015, estimado en 7,5 millones de quetzales (un millón de dólares).

“El (partido gobernante) Frente de Convergencia Nacional, no entregó la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de los recursos recaudados, impidiendo la fiscalización financiera de sus actividades de campaña”, indicó la Fiscalía del país, que por tercera vez pide que Morales sea juzgado por este hecho irregular.

El titular de la CICIG ha dicho en retiradas ocasiones que “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”. Sin embargo, Morales siempre ha negado los cargos y ha dicho que las investigaciones en su contra son infundadas o son ataques políticos.

El (partido gobernante de Guatemala) Frente de Convergencia Nacional, no entregó la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de los recursos recaudados, impidiendo la fiscalización financiera de sus actividades de campaña”, indicó la Fiscalía de Guatemala, sustentando su solicitud de antejuicio contra el presidente del país, Jimmy Morales.

Ambas instituciones ya habían solicitado el retiro de la inmunidad del mandatario. La primera fue en agosto de 2017 cuando se anunció la primera parte de una investigación relacionada con el caso.

La segunda solicitud ocurrió el mismo año después de que se determinara que por nueve meses recibió un sobresueldo por parte del Ejército por unos 61 000 dólares, dinero que tuvo que devolver.


La tercera solicitud, hecha este viernes, ha sido remitida a un juzgado que deberá trasladarla a la Corte Superior de Justicia (CSJ), que a su vez deberá analizarla y decidir si le da trámite. De ser así, tendría que enviarse al Congreso para que este nuevamente tome una decisión. 

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