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» » Tras nueve años de impunidad, comienza el juicio por el asesinato de Javier Chocobar

(26/08/18 - Pueblos Originarios)-.El 28 de agosto, en Tucumán, se dará inicio al juicio oral por el asesinato de Javier Chocobar, quien perdió la vida el 12 de octubre de 2009 por defender el territorio perteneciente a su Comunidad Indígena Los Chuschagasta del Pueblo Nación Diaguita. En el homicidio de Chocobar están implicados el empresario Darío Amín y dos ex policías vinculados al Terrorismo de Estado. 

El 12 de octubre de 2009, la Comunidad Indígena Los Chuschagasta -ubicada en Trancas, Tucumán- fue atacada por el empresario Darío Amín, junto con dos ex policías ligados a la última dictadura cívico-militar, Luis Humberto “el niño” Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi. Fuertemente armados, dispararon contra quienes defendían el territorio en forma pacífica. 

Además de asesinar a Javier Chocobar, hirieron de gravedad a tres comuneros: Delfín Cata, Emilio Mamaní y Andrés Mamaní. Este último, actual cacique de la Comunidad.

El hecho se produjo como brutal respuesta a las acciones legales que llevaba adelante la Comunidad para exigir el reconocimiento de sus territorios como propiedad indígena. Allí, desde el 2008, la familia Amín, por concesión del Estado provincial, había comenzado la explotación con fines económicos de una cantera de piedra laja.

Las acusaciones contra los imputados -quienes se encuentran en libertad- son por homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delito de portación ilegal de armas. A pesar de que en agosto de 2011 se ordenó la elevación a juicio oral, recién en octubre de 2014 los acusados fueron citados a juicio y, casi 9 años después del asesinato, la fecha fue fijada para el próximo 28 de agosto.

Para las abogadas y abogados nucleados en ANDHES, “el retardo injustificado en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Javier Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Los Chuschagasta. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a situaciones que afectan la vida e integridad de los pueblos originarios”. Asimismo señalan que el problema de fondo es la mora del Estado (tanto provincial como nacional) en titular los territorios que ocupan las comunidades indígenas y regular la propiedad comunitaria indígena, tal como indica la ley nacional 26.160.

Por su parte, desde la Comunidad Los Chuschagasta afirman que “nadie nos va a devolver a Javier, pero esperamos que se haga Justicia y que el resultado de este juicio sirva para establecer un antecedente para los conflictos territoriales que vivimos y compartimos los Pueblos Originarios a lo largo y ancho el país”.

El tribunal designado es la Cámara Penal Sala IV, constituido por los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán, España 430, piso 5, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se prevé el inicio del juicio a las 9hs del próximo martes.

Difundimos el Pronunciamiento de la Comunidad Los Chuschagasta del Pueblo Nación Diaguita ante el inicio del juicio:
Personería Jurídica Nº 03 (RENACI – INAI)

Relevamiento Jurídico Catastral (Ley N° 26160 – Res. INAI Nº 450/2014)

¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!

Nosotros, Diaguitas, Pueblo-Nación Preexistente, organizados en nuestro Territorio ancestral en el Valle de Choromoro, actualmente departamento de Trancas, provincia de Tucumán.

Nosotros, Los Chuschagasta, ajustados al derecho occidental, constituidos frente al Estado argentino como comunidad indígena con personería jurídica Nº 03/ RENACI – INAI, según lo establece la Constitución Argentina en su Art. 75 Inc. 17 y la Constitución provincial en su Art. 149. Con relevamiento jurídico catastral bajo resolución INAI Nº 450/2014, según lo estable la ley Nº 26160, mediante el cual se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y pública.

Nosotros, Pueblos Originarios, que hemos vivido en este Territorio desde siempre, generación tras generación, y sobrevivido a la colonización en todas sus formas.

Nosotros que hemos resistido todo tipo de atropellos por parte de un Estado que conformó sus bases sobre el Genocidio Originario.

Nosotros que una y otra vez debemos probar nuestra Preexistencia milenaria ante un Estado que tiene apenas 200 años de conformación.

Nosotros, más de 40 pueblos con cultura, identidad y saberes ancestrales, llamados con desprecio “indios” o con pena “sectores vulnerables”.

Nosotros, testigos clave del saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción de nuestros Territorios. Históricamente ultrajados y despojados en nombre de la “civilización” y el “progreso”.

Nosotros, niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes y mayores, que vivimos en carne propia el asesinato de nuestra autoridad comunitaria Javier Chocobar desde aquel día nefasto del 12 de octubre de 2009.

Con dolor y emoción comunicamos a toda la sociedad:
Tras 9 años de impunidad, el 28 de agosto de 2018, a las 9:00 hs, se dará inicio al Juicio Oral por el homicidio de nuestra autoridad Javier Chocobar. El mismo se llevará adelante en la Cámara en lo Penal, Sala IV, de la Provincia de Tucumán, ante un tribunal constituido por los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli.

Si bien celebramos que se haya fijado la fecha para el juicio, esta noticia nos llega con el dolor y la tristeza de no tener a Javier entre nosotros, y con la bronca e impotencia de saber que su muerte era evitable.

La dilación del proceso judicial, como así también la desidia y el desamparo del Estado ante las hostilidades sufridas durante todos estos años, nos obliga, como sociedad, a reflexionar y cuestionar las desigualdades de acceso a la Justicia que debemos enfrentar los Pueblos Originarios.

Existen evidencias contundentes del asesinato de nuestra Autoridad, entre ellas, un video de los momentos previos al hecho, en el cual se pueden ver y escuchar con claridad las amenazas y el uso de armas de fuego de los asesinos frente a la comunidad desarmada, resaltando la violencia y prepotencia con que el terrateniente Dario Luis Amin se dirige hacia los comuneros con actitud de patrón, secundado por Luis Humberto Gómez y José Eduardo Valdivieso, dos ex -policías vinculados al Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.

Asimismo, hay incontables antecedentes de las intimidaciones llevadas a cabo por parte de los Amin contra los Chuschagasta, asentados en denuncias realizadas por la comunidad a lo largo de muchos años.

Al respecto, en febrero de este año la sentencia “Chiarello, Dante Vicente y Otros s/recurso de casación” estableció que “la titularidad dominial de las tierras que posee la Comunidad, encuentra precedentes” y que con estos se “acredita la posesión de la tierra durante generaciones antepasadas”. En este fallo, el representante de Ministerio Público Fiscal expresó que “…El asesinato de Javier Chocobar, ocurrido en el mes de octubre del año 2009, aconteció en el contexto de una disputa territorial innecesaria, pues la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión” (…) “La imposibilidad de haber evitado la muerte de un ser humano, evidencia un déficit en la administración de justicia. Máxime, cuando los integrantes de Chuscha, siempre estuvieron a derecho, y en todo momento evitaron recurrir a vías de hecho.”

De este modo, el asesinato de Javier se podría haber evitado si el Estado mismo y la Justicia se hubiera ajustado al derecho (algo que tanto nos exigen a los Pueblos Originarios) y si se pusiera en práctica el Derecho Indígena, ampliamente reconocido en la legislación nacional e internacional.

La demora del Juicio pone en evidencia entramados de poder y lógicas que aún están vigentes, más burdamente en las provincias, en donde las familias tradicionales de la oligarquía terrateniente aún mantienen importantes posiciones, con influencia en los distintos poderes del Estado y en estrecha relación con las fuerzas de seguridad.

En estos 9 años, la violencia por parte de los Amín continuó a través de amenazas y hostigamiento por parte de distintos miembros de la familia, haciéndose presentes en nuestro territorio. Los que eran niños en ese momento crecieron con miedo. Las secuelas físicas y psicológicas marcaron a la Comunidad.

No obstante ello, Los Chuschagasta, hemos tomado la decisión política de transformar ese dolor en acción. Durante ocho años y diez meses salimos a las calles tucumanas para exigir justicia, y el juicio es producto de esta lucha. Pero fuimos más allá, ya que creemos que la mejor forma de recordar a Javier es dar continuidad a su lucha y a su trabajo por la comunidad. Con la fuerza de su memoria, durante estos años hemos profundizado el proceso de fortalecimiento identitario, cultural, político y organizativo de la comunidad en nuestro Territorio.

Somos conscientes que este proceso no se inicia con Javier, sino que es parte de nuestra memoria colectiva como Nación Diaguita, compartida a su vez con los más de 40 Pueblos preexistentes que hoy vivimos en Argentina. Como Pueblos Originarios, creemos que es nuestra obligación y responsabilidad hacer una lectura del momento político que estamos viviendo y es fundamental que unifiquemos nuestros pensamientos y acciones en una lucha colectiva.

Nadie nos va a devolver a Javier, pero desde Chuschagasta esperamos que se haga Justicia y que el resultado de este juicio sirva para establecer un antecedente para los conflictos territoriales que vivimos y compartimos los Pueblos Originarios a lo largo y ancho el país.

El Contexto político actual es crítico. Los Pueblos Originarios volvemos a ser víctimas de un arcaico discurso racista, de criminalización y persecución por parte de la actual gestión del Gobierno Nacional, mediante el cual pretenden construirnos como sujetos peligrosos con la receta del enemigo interno, para justificar la represión y el avance de las empresas extractivistas sobre nuestros territorios.

A la par, las áreas de gobierno destinadas a la política indígena están completamente desfinanciadas, fueron destruidas o quedaron a cargo de personas que no son idóneas ni tienen conocimientos necesarios para llevar adelante la gestión. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está abandonado, no hay acompañamiento jurídico a las comunidades y los funcionarios nunca se hicieron presentes en nuestro territorio.

Por todo ello, convocamos a las organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios, organizaciones sociales, políticas, organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en general a acompañarnos, con su presencia física o mediante pronunciamientos públicos, en esta nueva instancia de lucha, esta vez en la arena judicial, para pedir ¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!

¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!

¡CARCEL PARA LOS ASESINOS!

¡MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!

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