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» » Testigos víctimas identificaron a acusados y apuntaron hacia personal del ingenio Ledesma

(04/09/18 - Lesa Humanidad)-.El pasado jueves se llevó a cabo la séptima audiencia del sexto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy. Declararon cuatro testigos víctimas: Delfina Eulalia Córdoba, Ángela Herminia Córdoba, Rufino Lizárraga y Juan Bosco Mecchia.

En los testimonios se mencionó al ingenio Ledesma participando de operativos de traslado y se identificó a algunos de los acusados. La próxima audiencia será el jueves 6 de septiembre, y está previsto que declaren Fausto Calapeña, Luis Víctor Escalante, Raúl Bartoletti y Mercedes Salazar.

Las hermanas Delfina y Ángela Córdoba dieron testimonio sobre la desaparición de sus hermanos Leandro Rodolfo y Germán Tomás Córdoba. Delfina contó lo que tuvo que vivir mientras los buscaba, siendo detenida ella misma durante horas. La declaración de Ángela fue más extensa. Reveló que, instalada en Tucumán junto a su padre buscando a sus hermanos, sufrió tormentos por una patota de la policía. Y aseguró que durante la Noche del Apagón vio camionetas del Ingenio Ledesma transportando detenidos.

La familia Córdoba era de Calilegua. Leandro Córdoba estudiaba Agronomía e Ingeniería Química en Tucumán; su hermano Germán trabajaba en el hospital de Calilegua. Tanto Delfina como Ángela remarcaron ante el Tribunal que las detenciones producidas en la zona del ramal estaban estrechamente relacionadas con el ingenio Ledesma, y preguntaron por qué Carlos Blaquier no estaba sentado en el banquillo. Delfina relató que en una oportunidad en que había ido con sus padres a la Central de Policía para saber sobre sus hermanos, vio al oficial a cargo de la subcomisaría de Calilegua junto con Mario Paz, quien pertenecía al área de Recursos Humanos del ingenio Ledesma.

Además de dar testimonio sobre la detención y posterior búsqueda de sus dos hermanos, Ángela relató su propio cautiverio. Había llegado con su familia a Tucumán el 17 de julio. Allí fueron a ver a dos compañeros de Leandro, también del ramal, en la pensión donde se alojaban. Días después, la joven Ángela fue secuestrada en un operativo en el que también detuvieron a los dos jóvenes con quienes se habían reunido.

Mientras estuvo detenida, fue víctima de abuso sexual y vejámenes en presencia de su padre. A raíz de ello, aseguró frente al Tribunal, aún no puede superar lo que vivió. Y afirmó que su padre, a causa de esa terrible experiencia, murió de tristeza algunos años después.

El ex preso político de Ledesma Rufino Lizárraga contó que fue detenido por gendarmes el 20 de julio de 1976, y que en la central de policía de Jujuy habló con los hermanos Alfaro, también detenidos. Relató luego el itinerario por el que lo llevaron. En el Centro Clandestino de Detención de Guerrero sufrió tormentos, y escuchó torturas y tiros de fusiles. Mencionó a otros detenidos que estaban alojados allí: Johnny Vargas Orozco y Rubén Molina, ex compañeros suyos de la secundaria, a quienes reconoció por sus voces; Hilda Figueroa, con quien pudo conversar, y Carlos Ruiloba, de Calilegua. El 4 de agosto lo llevaron a Gorriti, donde estuvo con Vicente Cáceres, Ernesto Samán, Carlos Ruiloba, todos ellos sobrevivientes, y Jorge Weisz, quien continúa desaparecido. Lizárraga precisó que el apellido del guardiacárcel era Narváez y que el del jefe era Singh.

El 9 de octubre lo trasladaron en avión a la Unidad N° 9 de La Plata, hasta que el 22 de junio 1979 le otorgaron la libertad “en zona”, es decri que cada semana debía presentarse en la policía a firmar asistencia. Al año siguiente recibió una notificación sellada por Juan Carlos Jones Tamayo como jefe de Inteligencia de la Policía, para extenderle el decreto por el cual lo liberaron.  En aquel encuentro, refirió Lizárraga, Jones Tamayo le pidió disculpas en nombre del Ministro del Interior porque “no le encontraron nada”.

El último en declarar fue Juan Bosco Mecchia, ex preso político de San Salvador de Jujuy, quien en juicios anteriores ya había brindado testimonio de lo que vivió en el penal de Gorriti. En esta ocasión, sostuvo que quienes hicieron el trabajo sucio e incentivaron el pavor fueron los imputados Jones Tamayo, Gutiérrez, Zárate y Ortiz, que en oportunidades sacaron del pabellón a algunos compañeros, que no volvieron.

Relató que compartió “esa desgracia” con Patrignani y Weisz, detenidos desaparecidos, y Cardozo, ex detenido ya fallecido. Añadió que espiando a través de las rendijas de la puerta maltrecha de su celda pudo ver la cicatriz en la mejilla de un hombre joven vestido de militar, sobre quien después le contaron que era Braga. Contó también que el obispo Medina lo visitó regularmente en el lugar y que fue interrogado dos veces por Bulgheroni. Agregó que en esos momentos “cuando sintió tristeza de muerte” al no tener garantías de nada solo se preparó para resistir y aguantar.

Al finalizar las declaraciones, la defensa solicitó al Tribunal que los imputados, que fueron trasladados días antes a la ciudad salteña de Güemes, sean reintegrados a Jujuy, porque según afirmaron esa situación empeoró las condiciones de detención. El defensor Vitellini manifestó que presentaría un habeas corpus correctivo, a lo que el Tribunal respondió que no les correspondía resolver y que debía presentarse esa petición ante el juez competente.

Los defensores también solicitaron que se emita un informe del estado de salud de Braga y que se tomen medidas urgentes para corregir las condiciones carcelarias de sus defendidos y una explicación por parte del servicio penitenciario del motivo del traslado efectuado. Luego de pasar a considerar, el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido en cuanto al retorno de los imputados, pero que se comunicaría al Juez competente los asuntos concernientes a las condiciones de habitabilidad, alimentarias y de salud de los mismos, teniendo en cuenta la edad, patologías y estado de salud.

La causa
Este sexto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, denominado Megacausa, acumula 16 expedientes que involucran a 113 víctimas, 38 detenidos-desaparecidos y 75 sobrevivientes, en distintos hechos sucedidos en diversos lugares de la provincia, Libertador Gral. San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya, Guerrero, entre otros.

Entre estas causas, están la conocida como La Noche del Apagón y la de Mina El Aguilar, que investigan la responsabilidad civil empresarial en el terrorismo de Estado en la provincia. Otras causas son las caratuladas Aragón Reynaldo y otros, Bazán Avelino y otros, Burgos Luis y otros, Soledad López y otros, Álvarez de Scurta y otros, Aredez Luis y otros, Paulino Galeán y otros.

En este proceso son juzgados 23 represores que actuaron como grupos de tareas en diversos centros clandestinos de detención. Es la primera vez que se juzga a efectivos de Gendarmería, como Jorge Borges Do Canto, quien se desempeñaba como comandante, y el alferez Carlos Pérez. Otro imputado es el excomisario de la Policía Federal Rodolfo López. Los dos militares juzgados son Mariano Braga y Juan Carlos Jones Tamayo, este último fue jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, que estuvo prófugo durante tres años hasta que en octubre de 2014 fue detenido en Buenos Aires.

También están sentados en el banquillo los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Herminio Zárate, Oscar Caraballo, Ceferino Narváez y Juan Carlos Salinas. Los policías locales José Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Armando Claros, Hugo Ruíz, Juan Carlos Vaca y Juan de la Cruz Kairuz (ex futbolista de Atlanta, Newell’s, San Martín de Tucumán, y Gimnasia de Jujuy entre 1966 y 1977; ex director técnico de Gimnasia y Tiro de Salta, de Atlético Ledesma, entre otros). Bernardo Salinas, un ex policía, es el único represor que llega a acusado por los delitos contra la integridad sexual.

Los militares enjuiciados son Juan Carlos Jones Tamayo (ex jefe de inteligencia del área 323) y Rafael Mariano Braga, mientras el único civil es Telésforo Zurita que se desempeñaba como jefe de la Sección Tres Cruces de la Compañía Minera El Aguilar.

Este juicio podría durar unos tres años, ya que pasarán más de 400 testigos y tendrá una sola audiencia semanal, y dos audiencias que no serán públicas en las que se proyectarán testimonios que se incorporarán por lectura o por video, pedidos por defensores, fiscalía y querellas.

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