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Con o sin autorizaciones, la destrucción inmobiliaria crece en el norte de Tigre

(16/04/18 - Tigre)-.A principios de abril el gobierno municipal clausuró las obras del barrio privado Santa Ana, en la salida de Villa La Ñata, en el campo conocido como La Bellaca. El lugar contiene por lo menos tres sitios arqueológicos de pueblos originarios y muchos vecinos reclamaban se preserve como lugar natural. 

Este freno a las obras llega tarde: el predio de 60 hectáreas está completamente rellenado. Para peor, según el acta de infracción, la empresa trabajó ilegalmente un año completo, ya que violó una clausura municipal de marzo de 2016.

Al mismo tiempo se corroboró que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Autoridad del Agua, otorgó al emprendimiento inmobiliario un permiso para el movimiento de suelos, en marzo de 2017, por el plazo de un año. Varias fuentes y publicaciones atribuyen un vínculo familiar directo entre el vicepresidente de la Autoridad del Agua con varios abogados de EIDICO, la empresa constructora, de apellido Sánchez Sorondo. A lo que se suma el nombramiento al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano al ex directivo de Nordelta, Dante Galeazzi.

La empresa EIDICO no pierde tiempo y ya anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto, San Pedro, que también formará parte del Complejo Villa Nueva y se encuentra entre el barrio privado San Isidro Labrador, el Río Luján y los parajes preexistentes La Beatriz e Isla Verde, cada vez más afectados por inundaciones debido a los rellenos.

“Todo esto es posible no sólo por la complicidad estatal sino también por el fuerte lobby de la corporación inmobiliaria que logró desarticular con éxito -al menos por ahora- dos fallos de la justicia federal: uno de San Isidro y otro Zárate Campana emitidos en julio de 2016”, dicen desde el Movimiento en Defensa de la Pacha. Esos juzgados habían ordenado la prohibición de autorizar nuevos movimientos de suelos en todos los municipios de la Cuenca del Río Luján hasta que se realice una investigación para determinar el impacto acumulado de estos emprendimientos en las inundaciones de los últimos años.

El cuarenta por ciento de los bonaerenses carece de obra social

(16/04/18 Provincia de Buenos Aires)-.Un informe revela que cuatro de cada diez bonaerenses no tienen obra social y recurren a la salud pública. Cerca del 25% de los pacientes dice que tuvo que esperar más de dos meses para ver al médico.

Según un informe elaborado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Universidad Católica Argentina (UCA), esta situación “contribuye, en cierta medida, a reproducir institucionalmente la desigualdad social existente”.

Sólo un 35,9% de la población del GBA cuenta con obra social, un 13% es beneficiario de PAMI y un 9,7% costea una prepaga o plan privado.

La diferencia entre la provincia y la Ciudad es significativa ya que en ésta sólo el 12,4% de la población no tiene cobertura. Cerca de 28 puntos porcentuales los separan.

El estudio además revela que los ciudadanos del GBA fueron los que más utilizaron los servicios públicos de salud, alcanzando el 37%: un 7% por encima de la media en todo el país.

De ellos, un 18,4% dijo haber recibido una “mala calidad de atención médica”, algo que empeora al referirse al tiempo de espera para la atención con turno. 1 de cada 4, tuvo que esperar más de dos meses para entrevistarse con el médico, mientras que un 45,2% tuvo que hacerlo un mes, quedando sólo un 30,2% que tuvo “la suerte” de aguardar una semana.

El informe derribó el mito sobre la migración de los diferentes municipios bonaerenses hacia la Capital Federal para estudios médicos. En total, un 14% de habitantes del Conurbano utilizó el sistema de salud porteño durante su última visita al médico. 

Un informe de El Destape desnudó la corrupción del régimen jujeño

(16/04/18 - Jujuy)-.El programa periodístico El Destape, que conduce el periodista perseguido por el gobierno Roberto Navarro, expuso ayer un gravísimo acto de corrupción del régimen jujeño de Cambiemos.

Los participantes de una falsa licitación, que dejó millones a una empresa amiga de Macri, dejaron asentados en mensajes de correo electrónico todos los pasos de la estafa.

El gobierno de Gerardo Morales, a través del ministerio de Turismo provincial, desvió casi 5 millones de pesos en licitaciones simuladas a la firma Reale-Dalla Torre, una consultora privada de asesoramiento y comunicación política muy ligada a Mauricio Macri, cuyos socios aportaron más de $325 mil a la campaña de Cambiemos en 2015.

Según reveló el programa de investigación periodística El Destape en la noche del domingo, las maniobras tuvieron al propio ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas, como principal protagonista: él estuvo copiado en todos los mails y hasta participó en el armado de las licitaciones falsas.

En los correos electrónicos que se publicaron durante el programa, se pudo observar cómo se diagramó todo para que Reale-Dalla Torre pudiera hacerse de casi 5 millones de pesos en concepto de comunicación social para el ministerio: desde el mes de febrero, un empleado de Posadas les envió a los directores de la firma RDT Consultores todo el contenido específicado, y hasta les pidió que aportaran "cuatro o cinco empresas que participen de la licitación privada", con la condición que "hagan actividades parecidas" y les pidió que ofrezcan "un monto más elevado", para que así sea RDT la adjudicataria.

En otro de los mails, con fecha del 8 de marzo, se menciona que el propio ministro de Morales "les entregará el pliego y las invitaciones para las otras empresas", y les pide que la fecha de recepción sea del 1 de marzo, es decir, una semana antes de la verdadera entrega, para simular los tiempos.

Como si esto fuera poco, aun sin haberse realizado la falsa licitación, desde la casilla del propio ministerio de Turismo le confirmaron a RDT que ya tenían listo el primero de los pagos: "Quédense tranquilos que ya se pidió autorización y la plata está disponible para el pago, no se olviden de enviarme la factura", detalló el empleado del ministerio, Diego Zurueta.

Quien participa activamente de la "negociación" falsa es Diego Blanco, director de RDT Consultores y uno de los nexos entre la firma y el ministerio de Turismo. Sin embargo, la firma que finalmente se adjudicó al menos el primero de los contratos no fue ella, sino La Usina Digital, donde Blanco no figura siquiera como empleado. Uno de sus dueños es en realidad Adrián Dalla Torre, uno de los socios de la primera firma en cuestión.

Esas mismas firmas fueron denunciadas en 2015 acusadas de ser "bolseras" que recibían pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad que comandaba el hoy presidente Mauricio Macri, cuando cientos de radios comunitarias comenzaron a denunciar que figuraba en los registros oficiales montos que nunca recibieron y que, en teoría, se quedaban estas intermediarias.

Por su parte, La Usina Digital también contaba con otras denuncias por sospechosas licitaciones ganadas a través del ministerio de Educación de Esteban Bullrich, tal como detalló el diario Página 12 a mediados de 2015.

Una comunidad mapuche ocupa un bosque para evitar su "destrucción" por un negocio inmobiliario de Manu Ginobili

(16/04/18 - Pueblos originarios)-.Desde la mañana de ayer la comunidad mapuche del lof Paicil Antriao en Villa La Angostura se establecido en una ladera del Lago Correntoso. Denuncian la destrucción del bosque por talas ilegales y obras de un negocio inmobiliario. 

En el bosque nativo se esta construyendo un emprendimiento turístico que incluye la construcción de un muelle realizado por un fideicomiso en el que participa el deportista Ginobili. 

Denuncian que ya se han talado centenares de arboles e incluso destruido parte de una montaña en una zona indicada como prohibida para el desmonte. La policía ha rodeado a la comunidad y no deja ingresar a nadie.

La comunidad mapuche del lof Paicil Antriao en Villa La Angostura se encuentra resguardando el busque en un ladera del rio Correntoso conoció entre la nación mapuche como Pichunko. Desde hoy a la tarde los comuneros y comuneras han emitido un comunicado donde denuncian la destrucción del bosque por las obras para un emprendimiento inmobiliario que esta loteando la zona. “…Hemos decidido poner en resguardo territorial el sector de nuestro territorio que denominamos PIChUNKO – Ladera Correntoso, que actualmente está siendo fuertemente castigada de forma incriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores para instalar a través de este fideicomiso un proyecto de loteo urbanístico que ya lleva avanzado 900 mts de camino de los 2700 mts totales arrasando con todo una biodiversidad de alto valor de conservación y que va a estar distribuido en lotes de 22 fracciones cada uno, además de instalar sobre las playas del lago Correntoso marras para embarcaciones y un sin número de caminos internos, violando de esta manera todo tipo de normativas vigentes como leyes, resoluciones, decretos, etc. De esta manera y como nos tienen acostumbrados nos instalan otro problema más dentro de nuestro territorio, este proyecto de urbanización fue planificado en el año 2011 sin que nosotros supiéramos absolutamente nada”.

ANRed dialogo con una integrante de la comunidad quien relató como se han destruido arboles y que incluso se ha utilizado maquinaria para derrumbar pedazos de montaña, "Hoy iniciamos el resguardo y estaremos aquí hasta que aparezcan los responsables de este desastre", "la comunidad defiende su territorio, defiende el bosque, la naturaleza , la montaña eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos parando la obra . no hemos roto nada".

Desde el lote de Manuel Ginobili ha entrado la maquinaria que esta haciendo este desastre, él le ha dado permiso para esto", dijo la comunera.

"La policía se acercó, nos labro un acta y dijo que estábamos detenidos en el bosque y que tenía una orden de un fiscal y que debíamos quedarnos aquí. Nos dejaron un móvil con policía armada en la entrada. Fuimos con nuestra abogada a la comisaria para ver la orden y no nos mostraron nada. El comisario agredió a nuestra abogada con malos tratos.", y contó que en este momento (20 horas) están yendo a la fiscalía para averiguar si existe alguna orden concreta.

Las tierras que defiende la comunidad a parte de contener árboles centenarios y especies únicas de hierbas utilizadas ancestralmente, en ella también conviven prácticas de ganadería artesanal llevas a cabo por los nativos donde hoy se proyecta el negocio turístico.

En el comunicado también mencionan los pasos burocráticos y la búsqueda de dialogo que ha intentado mantener la comunidad para resguardar el sitio, “Ante semejante daño a la vista de todos hemos hecho la solicitud de manera formal el pedido de un informe a la Subsecretaria del Ministerio de Producción e industria de la provincia de Neuquén Amalia Sapag encargada de aplicar las normativas de la Ley de Bosque Nativos y no hemos tenido hasta el día de hoy una sola respuesta, la razón por que la responsabilizamos es por que el proyecto de urbanización se estaría realizando en zona roja (ver mapa original) el sector Pichunko fue declarado Intangible por su alto valor de conservación, la ley es justamente de protección del bosque nativo, y no la destrucción, esto quiere decir que los funcionarios están mal cumpliendo sus funciones públicas. y además desconocieron los derechos indígenas reconocido por la misma ley N° 2780 de bosque nativos” (…) “A pesar que en este sector comunitario de Picunko como en otras partes de la comunidad, se realizo en el año 2015 el Relevamiento Territorial conformado por un equipo técnico del INAI y de provincia, ante esta situación vemos que no nos esta dando las garantías que esperábamos, sobre todo cuando falta que nos entreguen la carpeta técnica y que esto depende hoy de la firma de un convenio INAI- PROVINCIA para que entre en vigencia la prorroga. quizás sea un entretenimiento para distraernos y darnos estas sorpresas que cuestan caro, como es la destrucción de un ecosistema”.

La comunidad se ha encargado de señalar cuáles son los artículos que están siendo violando con la construcción de este emprendimiento:

Art. 12 “Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques nativos sean sostenibles, considerando a las comunidades indígenas originarias que las habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos.

Art. 19 “Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades originarias del país, que tradicionalmente ocupen esas tierras.

Por ANRed
Fotografía: Colectivo Fotográfico a Pedal

Los indígenas deben ir de la resistencia al poder, dice Evo Morales

(16/04/18 - Bolivia)-.El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, llamó hoy al movimiento indígena de todo el mundo a transitar de la resistencia al poder para garantizar su participación en el gobierno y en la toma de decisiones.

Al intervenir en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, el mandatario boliviano -de ascendencia aymara- exhortó a 'gobernarnos a nosotros mismos'.

Dicen que el futuro del movimiento indígena está en peligro, pero está también en peligro la vida y toda la humanidad si continúan las políticas capitalistas que destruyen la tierra, alertó.

Todos somos hijos de la Madre tierra, entonces todos somos hermanas y hermanos, pero algunos en Occidente no entienden esto y nos miran con desprecio desde arriba, observó.

Pero el movimiento indígena está en todo el mundo, a pesar de las políticas de exterminio del pasado, que intentaron destruir nuestra identidad, destacó.

En ese sentido, pidió liberarse ahora de las imposiciones, no someterse a los dominios externos, ni al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional: Bolivia es un ejemplo de que estamos mejor sin ellos, dijo.

Las políticas orientadas a acumular el capital en pocas manos no respetan a la Madre Tierra, ella no puede ser tratada como una mercancía ni seguir siendo humillada por el capitalismo, insistió el mandatario.

Debemos garantizar el derecho de la Madre Tierra a la vida y salvar el futuro de las próximas generaciones, recalcó.

Las estrategias armamentistas solo nos llevarán al genocidio. Cómo es posible que algunos países impulsen intervenciones y ataques militares que solo empeoran la situación y destruyen la paz, cuestionó.

Hace 70 años, las naciones del mundo reconocieron que los seres humanos tenían derechos fundamentales que debían ser respetados, ahora toca defender el derecho a la Madre Tierra, convocó el mandatario.

'Nuestra lucha no es solo la lucha del movimiento indígena, es una lucha por todos los seres humanos que habitan el planeta, así hicieron nuestros antepasados y así nos toca a nosotros ahora.' 

Los indígenas fuimos protagonistas de 500 años de resistencia, la responsabilidad en estos momentos es otra: organizarnos socialmente, comunalmente, para recuperar el poder político, señaló.

Asimismo, expresó satisfacción porque finalmente los pueblos originarios llegaron hasta Naciones Unidas, no solo para exigir reivindicaciones, sino para defender el derecho a la vida.

Morales abogó además por cambiar la denominación del foro porque no se trata sólo de 'cuestiones indígenas como si fuera un asunto particular de unos pocos', a su consideración el nombre exacto sería el de defensa del derecho de los pueblos indígenas, lo cual fue acogido con aplausos y exclamaciones de los participantes.

El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas sesionará del 16 al 27 de abril en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con la presencia de activistas, dirigentes y expertos de distintos continentes. Evo Morales es el único presidente que asiste al evento.

Damasco coopera con OPAQ para investigación sobre químicos

(16/04/18 - Siria)-.El gobierno sirio coopera con la Comisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para que indague un supuesto ataque con sustancias tóxicas en Duma, Ghouta Oriental, afirmó hoy una fuente oficial.

El viceministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Faisal al-Mekdad, manifestó en declaraciones a la prensa que la comitiva de la OPAQ llegó a Damasco hace tres días, a petición de este país árabe.

Los enviados de la OPAQ visitarán el sitio del supuesto uso de sustancias tóxicas, expresó Mekdad, quien desempeña también el cargo de presidente del Comité Nacional para el cumplimiento de los compromisos de Siria con el acuerdo de Prohibición de Armas Químicas.

Agregó que se efectuaron reuniones con la delegación de la OPAQ, en las que se abordaron temas como la cooperación entre Siria y ese organismo para la ejecución de la misión requerida con precisión, transparencia e imparcialidad.

El equipo de la OPAQ arriba a este país árabe luego de que el gobierno de Estados Unidos acusó a Siria de realizar el pasado día 7 un ataque contra Duma con sustancias tóxicas, alegaciones que rechazaron tajantemente las autoridades locales.

Rusia también expresó que posee pruebas de que los llamados Cascos Blancos, organización presuntamente humanitaria patrocinada por Reino Unido, realizó una puesta en escena para achacar al gobierno sirio el mencionado ataque con gases.

Poco antes de que la Comisión de OPAQ llegara a territorio sirio para el inicio de las pesquisas sobre presunto uso de productos químicos en Duma, Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron un ataque militar con misiles contra objetivos sirios, lo cual generó una inmediata repulsa mundial.

Desalojo en Bernal: Cincuenta familias arrojadas a situación de calle

(16/04/18 - Quilmes)-.Desde enero más de 50 familias que ocupaban el predio del frigorífico Penta y fueron desplazadas acampaban en casillas precarias en la vereda de avenida Lamadrid frente al terreno que habían ocupado a la espera de una solución habitacional. Ayer, mediante una orden de la UFI N 3 de Quilmes, fueron nuevamente desalojados en un violento operativo policial. 

La medida judicial no sólo desconoce el legítimo reclamo de estas familias en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad sino que, además, entorpece el trabajo que se venía realizando mediante la constitución de una mesa de diálogo con representantes sociales, de la Iglesia, el Municipio y la Defensoría del Pueblo.

En la mañana del jueves, un operativo policial desproporcionado y violento, con participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Policía Bonaerense y la Policía Local, desalojó a las familias que mantenían el acampe en avenida Lamadrid entre Camino General Belgrano y arroyo Las Piedras de Bernal, frente al predio donde estuvieron asentados hasta enero pasado. Máquinas viales derribaron las casillas precarias mientras las familias salían con lo que podían recuperar y se refugiaban en casas vecinas. Mujeres, niños, niñas y adolescentes quedaron a la intemperie y dos delegados del acampe fueron detenidos, trasladados a la Comisaría 5° de La Cañada y liberados varias horas después.

La medida ordenada por al UFI N 3 de Quilmes, a cargo de Martín Conde, resulta arbitraria e injusta porque criminaliza el reclamo legítimo a una vivienda digna y porque, al mismo tiempo, desconoce el trabajo interinstitucional que se venía realizando. “El viernes se iba a firmar un acta de compromiso para el levantamiento del acampe y la adopción, por parte del Municipio, de medidas alternativas para resolver el problema habitacional de estas familias. El desalojo nos sorprendió, nos parece inoportuno y entorpece la búsqueda de una solución de fondo”, explica el padre Juan José Vasallo, vicario de la Pastoral Social de la Diócesis de Quilmes.

La Diócesis de Quilmes es una de las instituciones que conforma la mesa de diálogo constituida para buscar una solución habitacional para las más de 50 familias que, hasta enero pasado, estaban asentadas en el predio de frigorífico Penta. Tras el violento operativo del jueves, emitieron un comunicado repudiando el accionar policial e insistiendo en la necesidad de buscar una solución digna a estas familias que están, ahora sí, en una situación de desamparo y marginación.

El desalojo del acampe de la avenida Lamadrid, tres meses después del primer desalojo, significa para muchas familias pasar a situación de calle. “Hay 15 casos de emergencia habitacional total, y otras 40 familias en una situación muy precaria: reubicados en otros asentamientos o viviendo en casas de otros familiares en condiciones de hacinamiento”, sostiene el vicario de la Pastoral Social.

La mesa de diálogo integrada, además de la Diócesis de Quilmes, por la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo de la provincia, el Consejo de Asentamientos (conformado por organizaciones populares y referentes eclesiásticos, sociales y barriales) y cuatro delegados del acampe venían acordado en estos meses un plan de trabajo para dar respuesta a los casos más prioritarios. En la última reunión, el Municipio se había comprometido a alquilar habitaciones para los grupos más vulnerables. En ese escenario, la orden de desalojo resulta no sólo arbitraria e injusta sino también absurda.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), convocada por la Defensoría del Pueblo, participará este viernes de un nuevo encuentro de la mesa de diálogo para avanzar en la firma del acta de compromiso entre el municipio y las familias desalojadas. En ese sentido, desde la Diócesis de Quilmes señalaron que las medidas alternativas propuestas para paliar el problema habitacional de estas personas deben implementarse de manera urgente pero, no obstante, representan sólo una solución transitoria.

La situación de las más de 50 familias que fueron desalojadas del predio del frigorífico Penta es sólo un caso testigo: “Según datos del mismo municipio de Quilmes, hay unas 25 mil personas en situación de déficit habitacional. La situación es alarmante y hay casos de emergencia absoluta: familias numerosas, madres solteras, niños y niñas con desnutrición”, cerró el padre Juan José Vasallo.

El Central apuesta a subir las tasas para alcanzar el milagro del quince por ciento

(16/04/18 - Gestión Macri, Inflación)-.El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró este lunes que "tendremos una desinflación pronunciada a partir de mayo" y, si así no se diera, "aumentaremos la tasa de interés" para alcanzar la meta de 15% de aumento de precios para todo el 2018.

Hasta aquí el gobierno viene peleando sin buena fortuna con la inflación, algo que según el presidente Mauricio Macri es una estupidez lograr solucionar, pero que hasta aquí ha dejado al gobierno como tal.

Ahora, luego de tratar de planchar el consumo, la solución del gobierno es levantar las tasas, algo no muy sencillo de lograr si sigue cumpliendo con todos los deseos de las empresas que buscan aumentar sus utilidades vía tarifazos y aumentos exorbitantes de los precios de sus productos y servicios.

Crece el número de monotributistas y se precariza el mercado laboral

(16/04/18 - Gestión Macri, Mercado Laboral)-.Los empleos que más crecen son los más precarios. Se multiplican los trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización.

Los últimos datos brindados por el Ministerio de Trabajo indican que desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri a la actualidad, el total de los trabajadores registrados creció un 2,6 por ciento.

Sin embargo, estas cifras se sostienen también -según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea”- en el crecimiento de modalidades precarias de empleo.

Este es el caso de los trabajadores que cuentan con monotributo social, que aumentaron un 18,7%-, lo que significa en términos absolutos 66.003 puestos de trabajo más respecto a diciembre de 2015.

Le sigue la modalidad de monotributistas independientes con un 7,6% de crecimiento en este período, lo que representa 109.458 puestos de trabajo más que en diciembre de 2015.

Los números evidencian que los porcentajes de crecimiento más altos coinciden con las modalidades de ocupación más precarias. Es decir trabajadores que no gozan de todos los derechos formales, que pueden tener contratos temporales o relaciones de dependencia encubierta y que pueden perder su trabajo sin derecho a la indemnización.

Como contrapartida, los asalariados privados crecieron desde diciembre de 2015 a la fecha tan sólo un 0,7%. Esta es la categoría ocupacional que más peso tiene en el total de trabajadores registrados.

En números absolutos, el crecimiento representa un aumento total de 42.833 puestos de trabajo. Respecto a los sectores de actividad, uno de los más perjudicados fue la industria manufacturera, que registró una baja del 4,9% desde diciembre de 2015 a enero de 2018, lo que implicó la pérdida de más de 61.000 puestos de trabajo.

Otro punto que marca el deterioro según Atenea es el de la informalidad laboral, que incluye a aquellos trabajadores que se encuentran completamente por fuera de los marcos reglamentarios y sin aportes a la Seguridad Social.

Según el INDEC, la informalidad laboral escaló a 34,2% para el último trimestre del 2017, lo que implica un 0,6 % más que el último trimestre del año 2016.

“En algunos sectores, esta situación es aún más preocupante: en la construcción existe una tasa de no registro del 67,8%, en el sector comercio una tasa del 42,6% y en hotelería y turismo del 44,6%”, indican.

Por último, desde el Centros de Estudios indican que una herramienta fundamental para combatir el empleo no registrado es el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), destinado a la incorporación de los trabajadores no registrados al Sistema de la Seguridad Social.

En 2017, dicho programa redujo la partida en términos reales un 32% (considerando la inflación de 2017), y para este año aumentó su presupuesto solo un 6%. “Ante un mercado de trabajo cada vez más desigual, el Estado debe fortalecer las herramientas que intervienen en el mismo para revertir esta situación. La reducción de las intervenciones del Estado trae aparejadas consecuencias como el crecimiento de la informalidad y de la precariedad laboral”, concluye el informe.

Casación anuló un fallo que absolvió a tres acusados de trata de personas con fines de explotación sexual

(16/04/18 - Trata de Personas)-.La sala I del máximo tribunal penal ordenó además el apartamiento del juez interviniente y la celebración de un nuevo debate. Se trata de tres hombres acusados de captar, acoger y explotar a mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos ubicados en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por unanimidad hacer lugar al recurso oportunamente interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, anular la resolución adoptada por el Tribunal Oral Federal n°2 de Córdoba mediante la cual absolvió a tres personas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. 

El tribunal, integrado por las juezas Ana María Figueroa, Liliana Catucci y el juez Eduardo Riggi, ordenó además el apartamiento del magistrado interviniente y la realización de un nuevo juicio "con la celeridad y recaudos que las presentes actuaciones merecen".

Los imputados Juan José Piva, Sergio Omar Moyano y Juan José Blanco llegaron a la instancia de debate acusados de captar, acoger y explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en dos locales -conocidos como 'whiskerías'- ubicados sobre la ruta provincial n°11 (km 228), en una zona rural perteneciente a Colonia Barge, en el Departamento de Marcos Juárez de la provincia de Córdoba, donde fueron rescatadas 13 mujeres de nacionalidad argentina, paraguaya y dominicana. El 31 de mayo de 2017, el Tribunal Oral Federal n°2 de Córdoba -con integración unipersonal- absolvió a los tres acusados al considerar que no se había acreditado la figura típica, lo que motivó el correspondiente recurso por parte de la Fiscalía General n°2, a cargo del fiscal Carlos Gonella.

En líneas generales, el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el fallo absolutorio no había hecho una valoración correcta de la prueba, situación que llevaba a inexactitudes en el contenido de los hechos; que había una visión parcializada de los mismos y una omisión en el tratamiento de elementos de prueba, "controvirtiendo de esta manera la regla lógica de razón suficiente y sus presupuestos", y que se había desestimado la situación de violencia que se ejercía sobre las víctimas.

En el voto que presidió el acuerdo, la jueza Ana María Figueroa indicó que la afirmación del magistrado en cuanto a que la versión de los imputados encontró respaldo en la prueba -específicamente en cuanto a que la policía fiscalizaba habitualmente los prostíbulos y que tenían habilitación de la municipalidad- resultaba "insostenible" como pilar de un fundamento absolutorio, habida cuenta de que no es compatible con el eje argumental en que se basó la solución del caso (in dubio pro reo).  En esa línea, Figueroa sostuvo que no puede admitirse que quien reconoce tener un prostíbulo pueda transferir la responsabilidad al Estado y deslindarse de sus actos ilegales sobre la base del fundamento de que éste lo habilitó o fiscalizó. "Sobre todo cuando ese tipo de actividad hace más de setenta años que está prohibida penalmente en nuestro país por la ley 12.331, lo cual desacredita el razonamiento efectuado por el sentenciante al respecto", agregó.

Por otra parte, la jueza consideró que en el debate se ventilaron "contundentes" elementos de prueba que indican "con suma claridad" que los tres imputados buscaban o intermediaban en el tráfico de personas para su posterior explotación económica, circunstancia que se puede advertir mediante una gran cantidad de intercepciones telefónicas.

Situación de vulnerabilidad 
La resolución de casación aborda extensamente la interpretación efectuada por el tribunal unipersonal  respecto a que ninguna de las mujeres rescatadas en ambos prostíbulos se encontraba allí contra su voluntad, sino que -por el contrario- habían prestado su libre consentimiento, y que pese a ser pobres no se encontraban en situación de vulnerabildad, con lo cual no habría existido aprovechamiento de tal circunstancia por parte de los acusados.  Al cuestionar este punto, la jueza Figueroa enumeró caso por caso las condiciones socio-económicas a partir del testimonio de cada una de las víctimas, en su mayor parte con hijos a su cargo, educación incompleta, dificultades extremas para insertarse en el mercado laboral y, en el caso de las mujeres extranjeras, obligadas a abandonar su país por la penuria económica padecida y sin documentación. En esa línea, criticó que el tribunal unipersonal haya minimizado "la situación de pobreza de la totalidad de las víctimas para afirmar increíblemente que esa sola circunstancia no alcanza para considerarlas, con citas de doctrina, en situación de vulnerabilidad".

"Concuerdo con el impugnante, en cuanto a que un dato revelador acerca de la falta de comprensión del terrible drama humano por el que atraviesa este tipo de víctimas es una circunstancia que se repite a lo largo de toda la sentencia: el tribunal denomina 'trabajo' a la actividad que se desarrollaba en los prostíbulos 'La Curva' y 'La Isla' por parte de aquellas", agregó.

La magistrada indicó además que el fallo absolutorio no dio tratamiento a los planteos efectuados por parte del MPF en sus alegatos, más aún, que los mismos fueron soslayados para poder arribar a una conclusión sustancialmente diferente a la postulada por la Fiscalía, omitiendo valorar elementos de prueba dirimentes.  Entre estos elementos, se encuentra un diario personal encontrado en un bolso secuestrado en una de las habitaciones del prostíbulo “La Curva”, donde fueron halladas víctimas en situación de explotación. El cuaderno, al que el tribunal unipersonal no le asignó valor probatorio, contiene anotaciones que describen el cuadro de aislamiento, violencia y explotación diaria. “No existe margen de dudas de quien escribe esos renglones se encuentra en una situación de vulnerabilidad desesperante, víctima de la violencia por amenazas y sin posibilidad de comunicación; y hasta piensa arriesgar su vida para salir del infierno en el cual se encuentra”, ponderó la jueza.

Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci adhirieron en lo sustancial al voto de Figueroa.

El Frente Pueblo Sin Miedo ocupó el inmueble por el que Lula cumple condena

(16/04/18 - Brasil)-.Integrantes del Frente Pueblo Sin Miedo ocuparon hoy el apartamento atribuido al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y por el cual cumple condena de doce años y un mes de cárcel.

En la ocupación participan alrededor de 150 personas, precisó al periódico Brasil de Fato el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Josué Rocha, y explicó que con la acción pretenden cuestionar la inexistencia de pruebas que confirmen a Lula como propietario del inmueble.

El apartamento, valorado en más de dos millones de reales (unos 590 mil dólares estadounidenses) está situado en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y aún cuando no existe un solo documento que demuestre sea propiedad del exdignatario fue utilizado por el juez federal Sergio Moro para condenarlo.

Si el 'triplex' es de Lula, entonces el pueblo está autorizado a quedarse allí, subrayó por su parte el precandidato presidencial y también dirigente del MTST Guilherme Boulos y advirtió que, en caso contrario, entonces tendrán que explicar por qué él está hoy en condición de preso político.

El fundador del Partido de los Trabajadores guarda prisión desde el 7 de abril último en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y es acompañado por centenas de manifestantes que llevan a cabo una vigilia democrática permanente en las cercanías del local.

“Si voy a la cárcel será por mis ideas políticas, así que iré con la cabeza bien alta”

(16/04/18 - España)-.A partir de hoy, Boro, periodista de La Haine, es juzgado por supuestas lesiones y atentado a la autoridad durante las protestas de Jaque a la Monarquía, en abril de 2014. Respecto a las pruebas en su contra, Boro responde que lo único que hay es "su única palabra, como en la mayoría de montajes policiales. 

Uno de ellos dice que yo le pegué en la cara y el otro que le pegué una patada en la rodilla. En ninguna de las grabaciones se ve esto, y las hay desde varios ángulos. Me piden seis años de cárcel y 6.200 euros de indemnización". 

Han pasado casi cuatro años desde la convocatoria de Jaque a la Monarquía, una movilización que se sumó a las celebradas pocas semanas antes y en las que la violencia policial fue protagonista. Boro, periodista de La Haine, fue una de las personas detenidas durante esta manifestación. El próximo 16 de abril será juzgado por supuestos delitos de lesiones y atentado a la autoridad, un juicio que viene después de la condena a un año y seis meses en el marco de una de las operaciones Araña.

Vamos a echar la vista atrás cuatro años: ¿qué pasó en la convocatoria de Jaque a la Monarquía?
Fue una semana después de las Marchas de la Dignidad. Fue una semana muy movida en Madrid, con muchas movilizaciones y con las cargas del día 22 aún recientes. El día 29 nos juntamos para hacer la cobertura de esta manifestación. Entre la prensa que fue se veían las caras habituales que llevábamos viendo toda la semana. Desde el primer momento vimos que no iban a dejar que la manifestación saliera, habían establecido un cordón policial y estaban de muy malas maneras con los manifestantes, pero también con la prensa

Se desconvocó la manifestación y la gente fue marchándose de ahí, pero la policía fue empujándoles y persiguiéndoles por todo el Paseo del Prado. También a los periodistas, como apareció en las imágenes. Cuando llegamos a Atocha, mi compañera y yo vimos una de estas escenas, saqué la cámara y me acerqué a hacer unas fotos. Los agentes comenzaron a empujarnos en el momento en el que nos estábamos yendo. Cuando me di cuenta de que seguían zarandeando y empujando a mi compañera me di la vuelta con los brazos en alto. Según me acercaba otro policía fue a por mi, me empujó y luego otro salió corriendo detrás mía —porque salí corriendo para evitar que me pegaran— y fue cuando vinieron los otros periodistas, a los que apalearon según llegaban. Ya después les echaron de ahí y a mí me llevaron detenido y grité que era periodista y que era una detención ilegal.

Sobre este tema hubo, por una parte, la denuncia de la policía contra mi y la denuncia de los periodistas contra la policía. De esta última el juicio fue el 25 de febrero y salió la sentencia hace unas semanas. La sentencia dice que no pueden condenar al único policía acusado porque ha prescrito, ¿y por qué dice esto? Intentaron archivar el caso varias veces, pero cada intento de archivo tuvo su correspondiente recurso y, el caso del último recurso que hubo, lo que la ley dice es que el abogado tiene seis meses para responder a un recurso, y lo que hicieron fue el juzgado tardar seis meses en mandárselo a la Audiencia Provincial, y la Audiencia tardó otros ocho meses en responder. Está bien, por un lado, porque la sentencia reconoce que sí hubo agresión, pero claro, dice que no les puede condenar porque ha prescrito. 

Entonces esta sentencia, que sí que reconoce la agresión policial, sí podría servirte en este juicio.
Eso es. Esta sentencia por lo menos sí que prueba que hubo una agresión a la prensa, y yo también estaba ahí cubriendo como prensa.

De cara al 16 de abril, tú tienes por una parte las imágenes que muestran cómo la policía te agredió y esta sentencia. ¿Qué pruebas tienen ellos contra ti?
Su única palabra, como en la mayoría de montajes policiales. Uno de ellos dice que yo le pegué en la cara y el otro que le pegué una patada en la rodilla. En ninguna de las grabaciones se ve esto, y las hay desde varios ángulos. Me piden seis años de cárcel y 6.200 euros de indemnización porque, uno de ellos, aparte de cogerse un mes de baja, quiere 5.000 euros de indemnización y el otro 1.200, que se cogió ocho días de baja. Se quieren pagar las vacaciones a mi costa, está claro.

¿Cómo te sientes de cara al juicio?
Yo estoy animado. He recibido muchísimo apoyo de un montón de personas, colectivos, organizaciones. Ha sido un chorreo constante de mensajes de apoyo. Pusimos una cuenta solidaria y ha servido bastante para hacer frente a la sangría económica que suponen estos dos casos, y aún queda mucho más porque si hace falta llegaremos hasta Europa. Estoy bastante contento y animado.

Una cosa positiva que sí ha tenido este proceso ha sido esa ronda de charlas que ido dando por distintos sitios del Estado, en las que he visto toda esa red estatal de medios críticos, de gente que lucha contra la represión, y que ha servido para crear sinergias, conocernos y empezar a trabajar conjuntamente.

Este juicio viene después del que tuviste por enaltecimiento en el marco de una de las operaciones Araña, del que ya hay sentencia.
El juicio fue el 30 de noviembre, y en él quedó bastante claro que este tipo de procesos no buscan probar lo que tú has escrito, si es enaltecimiento o deja de serlo, sino a probar tu ideología política. Probar que eres, comunista, independentista, anarquista… El 19 de enero recibí la condena. De año y ocho meses que me pedían, más inhabilitación, lo han dejado en año y seis meses de cárcel. Sobre la sentencia, se pasan por el forro varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Estoy ahora recurriéndolo al Tribunal Supremo y, si hay que llegar a Europa, llegaremos.

¿Crees que esta sentencia pueda afectar al juicio que tienes el próximo 16 de abril?
Yo creo que todavía no serán antecedentes firmes, porque ha tardado bastante en llevarse a juicio mi caso de operación Araña y ese es un revés que igual no esperaban. No sé muy bien cómo funcionan las cosas a ese nivel en los juzgados y en la Audiencia Nacional, pero sí es verdad que mi caso de la operación Araña ha tardado tres años en juzgarse cuando hay otra gente que en menos de un año ha pasado. A lo mejor, por ese lado, puede ir bien, pero, como siempre hemos dicho en La Haine, pensamos que era uno de sus objetivos, el meterme en la operación Araña al igual que muchos compañeros que también tienen causas por otros motivos, como el caso de Alfredo [Remírez]. 

También decías que los medios de comunicación te han dado la espalda.
En los medios de comunicación mayoritarios ha sido bastante descarado el veto que han hecho. Por ejemplo, Las Mañanas de Cuatro me llamaron dos veces para entrevistarme en el programa y a última hora se echaron para atrás. Me decían que no tenían medios para mandar una unidad móvil a Pamplona y ya la segunda vez les respondí que no había problema, que yo podía ir al estudio en Madrid y la chica se quedó que no sabía ni qué decir, la pillé totalmente. Y no han sido los únicos. Otras teles me han hecho entrevistas y no las han sacado o algunos que habían quedado en llamarme para entrevistarme y nunca más se supo de ellos… Todo lo que son los medios mayoritarios así. En cambio, mi caso ha salido en todos los medios alternativos, críticos o independientes.

¿Cómo han influido estos casos judiciales en La Haine? ¿ha tenido que ver tu labor como periodista en este medio para que hayas sufrido esta persecución?
No tengo claro si ellos ya tenían detectado de antes quién era yo, si escribía en La Haine, o fue después, pero lo que sí que tengo claro es que, una vez que lo han sabido, me metieron en el otro juicio. Para La Haine esto ha supuesto una sangría económica, porque somos un medio muy pequeño con muy pocos recursos, y la mayoría del dinero lo destinamos al pago del servidor y a gastos fijos. Este tema nos ha supuesto multiplicar nuestro presupuesto por diez o por quince.

A nivel de trabajo, por un lado muy bien porque hemos recibido mucho apoyo de mucha gente, pero luego también te imposibilita de hacer todo lo que podrías hacer si estuvieras en una situación normal. Todos los recursos van a que yo no vaya preso. Han sido cuatro años duros en este sentido, sobre todo los últimos porque, además, se han juntado muchas coyunturas en el Estado español además de los dos juicios. Han sido unos seis meses muy, muy intensos. Ahora estamos ya al final del camino y a ver lo que pasa después del juicio y si podemos seguir informando en libertad.

¿Cómo te sientes ante la posibilidad de ir a la cárcel?
Pues es duro, pero tengo claro que, si me meten en la cárcel, lo primero va a ser por algo que no he hecho, porque yo no he agredido a nadie. Y lo segundo, que será por mis ideas políticas, así que iré con la cabeza bien alta, como tantos compañeros que también están presos por distintos montajes policiales. Hay que tener claro que estás ahí porque eres una persona que luchas y que cree en la justicia.

Por Ter García, El Salto

Señalizaron la Esquina de la Memoria

(16/04/18 - Ensenada)-.Se llevó a cabo la señalización de la Esquina de la Memoria, en homenaje a los soldados argentinos que combatieron en nuestras Islas Malvinas durante el conflicto bélico con Inglaterra.

Se llevó a cabo la señalización de una nueva "Esquina de la Memoria", en esta oportunidad el homenaje es para los "Soldados Héroes de Malvinas: a todos aquellos combatientes que lucharon en la gesta por la soberanía Nacional de nuestras Islas Malvinas".

La esquina donde se colocaron las placas es en el punto conocido como "Las cinco esquinas", cerca de la casa donde vivió Néstor González. 

El objetivo de marcar estos lugares es generar distintos puntos de Memoria en forma conjunta con la comunidad.

Ni siquiera los economistas del oficialismo creen que el gobierno pueda cumplir su meta del quince por ciento de inflación

(16/04/18 - Gestión Macri, Inflación)-.Pese al optimismo de Dujovne, que pronosticó "un marcado descenso" de los precios a partir de mayo, especialistas creen que ya sería exitoso cerrar el año en el 20%.

Nicolás Dujovne admitió que "es un mal trago que estamos atravesando, totalmente esperable por nosotros", en referencia a que la inflación de marzo fue del 2,3%.

El dato confirmó las expectativas del mercado acerca de que la meta anual del 15% que se fijó el Gobierno es de casi imposible cumplimiento. Para llegar al objetivo, la inflación mensual de aquí en adelante tendría que ser del 0,9% hasta fin de 2018, algo improbable, según la mirada de los economistas, ya que en abril se espera un número similar al de marzo. Además, en los últimos dos años solo en agosto de 2016 la inflación se ubicó por debajo del 1 por ciento.

Dujovne, en cambio, no pierde el optimismo y pronosticó "un marcado descenso de la inflación" a partir de mayo, que daría paso a un proceso de desinflación en los próximos meses. Pero una serie de subas que tendrán lugar después de abril ponen en jaque esa posibilidad. En mayo aumentará el agua (26%) y en junio volverán a subir los boletos de colectivos (13%) y trenes (aproximadamente 10,3%) y posiblemente el subte (13,6%). Luego, en octubre y noviembre, habrá nuevos incrementos del gas y la electricidad.

"Yendo a la película del año, uno hace cuentas y no dan los números", dijo el economista Amilcar Collante. "El éxito sería estar cerca del 20%. Estamos a 10 puntos de la meta original o a cinco de la posible. Es difícil ver un proceso de desinflación tan rápido", evaluó.

Según Federico Furiase, director de Eco Go, el Gobierno puede no cumplir la meta, pero la inflación sí tiene que bajar 3 o 4 puntos por año. En este sentido, para ellos el número final va a estar en torno de 21,7% (el año pasado fue del 24,8%) "Van a seguir los malos datos y, para el segundo semestre, va a quedar la desaceleración porque, a partir de mayo, hay menos concentración de aumentos de tarifas y el Gobierno va a tratar de mantener el dólar anclado, a diferencia del primer bimestre en que el dólar subió. Está siendo más difícil de lo que pensaban. Bajar la inflación con suba de tarifas y un dólar flexible hace que el proceso de desinflación sea más costoso y con un déficit fiscal que va bajando de a poco", explicó.

En tanto, el economista jefe de Radar Consultora, Martín Alfie, estima un número acumulado de 22 o 23%. "Va a haber una dinámica parecida a la del año pasado: la primera mitad con una acumulada alta y la desaceleración sobre los meses finales con meses en torno al 1,4% o 1,5%. Eso te deja un punta a punta cada vez más cercano al 23%", detalló.

Por otro lado, Nadin Argañaraz, el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo que "es muy difícil que la inflación sea la que el Gobierno se plantea como meta". "Hoy la núcleo, si tomás la del trimestre y la anualizás, te da 27,7%, pero considero que después de abril va a tener un descenso y existe la chance de que termine en el rango de 19% a 21%, más tirando a la última cifra. Lo significativo es que volverá a bajar la inflación respecto de 2017. Si no baja el déficit y la tasa de emisión de pesos para financiarlo va a ser difícil bajar la inflación, no solo respecto a la meta. No es imposible, pero vamos a estar en un andarivel distinto al de la meta".

Más allá de que el Gobierno pudo haber sido ambicioso en su programa de desinflación, para Collante "se necesita mostrar un BCRA que tiene como prioridad luchar contra la inflación, que es lo que ha estado faltando desde diciembre o se ve más permeable a la política".

"Tenemos que tener un poquito más de certeza acerca de adónde va la política monetaria. En realidad, el BCRA está amagando a que suba la tasa de interés pero, por otro lado, no lo hace y las expectativas siguen estando arriba. Tendría que haber más certeza sobre eso y ahí se va a determinar cómo influye la tasa sobre el tipo de cambio. Si estás preocupado por la inflación deberías haber tomado medidas. La opción de subir la tasa de interés está medio vedada, como mucho aspira a mantenerla, después de bajarla en enero".

En el mismo sentido opinó Furiase. "Lo que está en discusión es el rol del Central. Hizo mucho ruido la recalibración de las metas de diciembre. Le tienen que volver a creer. Seguramente siga manteniendo la tasa porque cree que la inflación es transitoria. El tema es si la inflación va a bajar lo suficiente para que se siga manteniendo a raya. Seguir vendiendo reservas te vuelve vulnerable con un déficit externo", agregó.

"¿Tenía sentido cambiar la meta de inflación del 10%? Sí, pero no estuvo bien la forma en que se bajó la tasa y la independencia del Central quedó cuestionada. Esto aceleró la inflación y aumentó el costo de los intereses en una economía que se endeuda en dólares. En los últimos días, el BCRA no intervino por los dólares de la cosecha, pero ¿qué va a hacer hasta las elecciones de 2019? No puede estar vendiendo dólares valorizando los pesos con la brecha que hay en el frente externo. Metió mucho ruido lo de diciembre", consideró el director de Eco Go.

Por último, Argañaraz, opinó que el nivel de emisión hace difícil bajar la inflación a ritmos más acelerados. "En 2017, la emisión de pesos fue de $392.000 millones por operaciones con el Tesoro nacional, $90.000 millones de adelanto transitorio en emisión directa, transferiste utilidades por $47.000 millones más y compraste dólares por $250.000 millones. Dada la base monetaria de la Argentina, que está en el orden del billón de pesos, esta emisión que hacés por el Tesoro es significativa con respecto al stock de base. Más allá de que el BCRA esteriliza buena parte de esta emisión, la cantidad sigue creciendo a una tasa del 25% interanual. Así resulta difícil bajar la inflación más rápido. Podrá ir cayendo a medida que la emisión de pesos disminuya y, para eso, tiene que bajar el déficit fiscal, pero a un ritmo no necesariamente relacionado con el de la inflación".

“Estamos frente a un gobierno de gente inmoral que día a día se aleja de la gente"

(16/04/18 - Partido Justicialista)-.Muy duro, el desplazado titular del Partido Justicialista sostuvo que se busca “desviar la atención” con medidas impulsadas desde esta administración para no hablar de las que involucran a sus funcionarios.
        
Cada vez más severo con el Gobierno, el diputado nacional José Luis Gioja la emprendió otra vez con esta administración al sostener que “estamos frente a un gobierno de gente inmoral que día a día se aleja de la gente, que está cada vez más lejos de los necesitados, y que de manera desvergonzada aprieta a jueces, a gobernadores, a intendentes, a sindicalistas, y a los que sea con tal de desarticular al principal partido de oposición”.

En la misma semana en que fue desplazado de la conducción del Partido Justicialista, el diputado nacional habló con la prensa durante un acto desarrollado en la sede del PJ sanjuanino, en el que sostuvo que en el Gobierno “quieren desviar la atención para que la gente se entretenga hablando de la intervención bochornosa del peronismo o de la detención arbitraria del exgobernador Eduardo Fellner, para que no se hable de los Panamá Papers de Macri y los enjuagues que hizo para no pagar una deuda millonaria con el Estado Nacional de su familia por el Correo Argentino, o de los Paradise Papers del ministro Luis Caputo, o de las maniobras de blanqueo de dinero del ministro Nicolás Dujovne, o de las incompatibilidades funcionales del ministro Juan José Aranguren, o de las cuentas offshore del funcionario del Ministerio de Transporte, Gustavo Deleersnyder, que tuvo que ser echado por el ministro Dietrich”.

Gioja sostuvo que “el Gobierno Nacional no controla absolutamente nada, se le escapa de las manos la inflación, que aumenta descontroladamente, la deuda pública externa crece minuto a minuto, las importaciones de productos que destruyen nuestras economías regionales ya se desbocaron, la matriz impositiva hace que sea imposible realizar inversiones, mientras tanto nos entretienen con los brotes verdes, que no crecen, con el segundo semestre, que pasó hace rato, o con el crecimiento que está, pero que no vemos porque es invisible”.

“Nuestro pueblo ya está demostrando hartazgo”, advirtió Gioja, “sólo hace falta escuchar lo que se dice en la cola del banco, o en la caja del supermercado. La gente está con bronca, con desazón, con angustia, porque ve que su sueldo pierde capacidad de compra, porque ve que no puede pagar las facturas de los servicios, porque viajar en transporte público sale más caro, porque para poner un plato de comida en la mesa hay que hacer malabares. Esto Macri y sus ministros no lo ven”.

«Los delitos de lesa humanidad no prescriben»

(16/04/18 - DD HH)-.Investigadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, (GESPYDH), docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Universitario Devoto, autora de numerosos volúmenes en los que aborda la represión estatal en sus diversas modalidades, Alcira Daroqui es una de las referencias obligadas a la hora de desentrañar la devastación que el Estado descarga sobre los más vulnerables que, a paso redoblado, avanza en la actual gestión según denuncian organismos de derechos humanos y organizaciones populares. 

En esta entrevista, la socióloga afirma que la Argentina marcha a la cabeza del mundo en cantidad de policías por habitantes, respaldada por datos de la ONU. Enérgica, explica por qué «si el presidente Macri celebra la muerte estamos en serios problemas en términos de estado de derecho», con relación al asesinato por la espalda de un joven por el policía Luis Chocobar. 

A la vez, cruza al ministro de Justicia, Germán Garavano, y da argumentos sobre por qué la prisión domiciliara de los genocidas no corresponde y es perversa. También, Daroqui polemiza con quienes defienden el concepto de «violencia institucional» porque –de acuerdo con su visión–, encubre la responsabilidad de quienes diseñan las políticas represivas y eligen los blancos adonde dirigirlas.

¿De qué modo evaluaron desde el GESPYDH la iniciativa que partió del Ministerio de Justicia de proponer liberar a cientos de presos sociales junto con genocidas de la última dictadura cívico-militar?
El ministro de Justicia, Germán Garavano, promotor de la baja de edad de imputabilidad y legitimador de la pena de muerte sumaria y extrajudicial de presuntos delincuentes a manos de la policía, pergeñó esta nueva embestida de liberar a los genocidas utilizando como rehenes de intercambio a los presos y las presas pobres apilados en las cárceles. No se puede interpretar de otro modo una lista de candidatos a medidas alternativas a la prisión que iguala, por ejemplo, a una mujer embarazada que cumple una pena corta por un delito no violento con el genocida mundialmente famoso Alfredo Astiz. 

A los que legitiman esta política de Estado hay que recordarles que los delitos de lesa humanidad son de acción continua, no prescriben. Cada día que estos delincuentes genocidas mantienen su silencio sobre el paradero de los desaparecidos y de los niños que les robaron, esas personas vuelven a ser secuestradas por más que sus verdugos estén presos. La igualación es un acto perverso mayúsculo. Solo para contrastar, recordemos que en Alemania recientemente murió en un hospital, a los 96 años, el nazi de las SS Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, quien se encontraba encarcelado desde 2015, fue detenido y juzgado a los 92 años por los crímenes cometidos en aquel campo de concentración.


Usted impugnó el término «violencia institucional» porque desde su visión oculta responsabilidades concretas.
Nosotros salimos fuertemente a cuestionar el concepto de violencia institucional. Si bien es cierto que la violencia la perpetran las instituciones, lo hacen en el marco de una política estatal de tal o cual gestión. Pero puedo decir que me alegró, tristemente, que el tiempo nos haya dado la razón sobre aquello que habíamos objetado hace dos años, en una entrevista con funcionarios del macrismo, cuando Macri ya era presidente. Nos costó mucho instalar que en democracia se tortura y se mata. No fue una práctica solo de la dictadura y, justamente, en honor a todos aquellos que fueron torturados y desaparecidos y lucharon por un país mejor, lo que no puedo hacer es ocultar las políticas de Estado nefastas que diseñan políticas represivas. Porque si no, ¿para qué lucharon ellos? ¿Para que nosotros lo ocultemos? Además, cuando llega este gobierno de Cambiemos, esto de la «violencia institucional» le vino perfecto. Le vino tan bien que elevó el rango en la estructura estatal con una Dirección contra la Violencia Institucional, cuando antes era solo una oficina.

¿Considera que el encuentro Macri-Chocobar cambia un paradigma y pasamos de las muertes silenciadas, de los supuestos o reales delincuentes, a las muertes celebradas y condecoradas?
No sé si cambia el paradigma, creo que exacerba el poder letal del Estado. Marca un profundo desprecio del presidente por los derechos fundamentales de la ciudadanía en general y otorga un claro aval de mayor empoderamiento a las fuerzas de seguridad. Se trató de una muerte cobarde que cuando se produce entre «delincuentes» es sancionada moralmente por estos: «Mirá que traidor, lo remató». 

Sin embargo, cuando lo hace un policía se ve como un acto de heroísmo. Sucedió algo muy similar cuando la Prefectura mató por la espalda al chico mapuche Rafael Nahuel, y no vi demasiadas marchas en ambos casos, con las excepciones siempre bienvenidas, que debieron partir del arco opositor. Porque del gobierno yo no espero nada bueno. Si el presidente Macri celebra la muerte estamos en serios problemas en términos de estado de derecho y de garantías para la convivencia social. Aunque en el living de su casa el presidente levante la copa, no puede decir públicamente que celebra la muerte.

¿Cuáles son las razones de estos crímenes según sus investigaciones?
La capacidad letal y el desprecio por la vida de determinados sectores que muestra el Estado, más el empoderamiento de las fuerzas de seguridad expresado en términos de guerra, es un amedrentamiento, pero no solo para los «delincuentes», sino para la sociedad en su conjunto, destinado a mantener un ordenamiento social injusto. Se reitera que este es un gobierno neoliberal, y lo es. Aunque yo no sé si alguna vez salimos totalmente del neoliberalismo, pero lo que me queda claro es que este es un gobierno para los sectores más concentrados del capital. Estamos en una etapa de mayor profundización las políticas neoliberales, sin dudas. 

Otro hecho a destacar es el crecimiento incesante de la tasa de «policiación» territorial (policías por habitantes) que fue extraordinario en la Argentina entre 2010 y 2015. Por caso, Scioli pasó de 50.000 a casi 100.000 efectivos en el distrito bonaerense. Imagino que el año que viene revisaremos las cifras y veremos que este gobierno de Cambiemos acrecentó aún más esta tasa. Me refiero a que va a ampliar la cantidad de efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, policías en un sentido amplio. 

La Argentina es el segundo Estado con mayor tasa de policías por habitantes del mundo, el primero es el Vaticano, según un informe de la ONU. Pero en el Vaticano viven menos de 1.000 personas y está la Guardia Suiza que cuida a la jerarquía católica. No se trata de un país como el resto. Y quiero aclarar que la ONU no incorporó en ese dato a la Prefectura ni a la Gendarmería que están abocadas al control del territorio, es decir que cumplen funciones policiales. Significa que lo más probable es que si las sumara, Argentina sería el primer Estado del mundo con más alta tasa de policías por habitantes. Y eso les resulta necesario para sostener una organización social de injusticia, porque controla, disciplina y coercitivamente infunde la aceptación de lo injusto, en un proceso de exclusión que envía al desamparo a millones de personas consideradas «la excedencia social»

¿En qué momento histórico ubica el crecimiento significativo de la población «excedente» y la necesidad represiva que genera su existencia?
La excedencia social, que es un concepto que nosotros trabajamos bastante, tiene que ver con la fuerte irrupción del modelo neoliberal en Argentina de la década del 90. Aunque es algo que comenzó en la propia dictadura en los 70, con gran parte de la industria nacional que se cierra y el genocidio de miles de personas, esas son las primeras recetas neoliberales fuertes que vienen. El neoliberalismo hace su incursión en la década del 70 en el mundo, nosotros lo simbolizamos con Reagan y Thatcher en los 80 y el menemismo lo va a desplegar acá en los 90. 

Yo les pido que recuerden, que vean los archivos con aquella conferencia de prensa de Menem y Dromi, que era ministro de Obras Públicas, en la que este dice: «nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado» y se privatiza todo con despidos masivos. Esa política lanza una cantidad de gente a la sobrevivencia y ahí hay que producir estrategias de control y represión sobre estos sectores. Y, además, va produciendo un ser humano que acepte su condición de sujeto precario. Eso construye una subjetividad cada vez menos política. ¡Y ahora este gobierno intenta una reforma laboral más! Probablemente no podamos pensar en un modelo de empleo y de trabajo de lo que podríamos denominar el Estado de Bienestar de la década del 50 o del 60, pero veamos cómo se puede hacer que los empresarios no se lleven, digamos, toda la torta. Y no hablo del modelo de producción sino del régimen laboral, que es ahí donde se la llevan. Eso es lo que no se reformuló a fondo en toda la etapa constitucional y eso es lo que va construyendo una excedencia social, por lo cual se va a necesitar represión, porque siempre el sistema penal creció paralelamente a la cantidad de gente que fue expulsada del mercado.

¿Cómo evalúa la inclusión de conceptos de derechos humanos en la formación de las distintas policías?
Acá hubo mucha gente de los sectores «progresistas de la seguridad» –y lo digo con ironía porque no hay posibilidad de ser «progre» en ese espacio– que se encargó de dictar cursos de derechos humanos en la formación policial en las aulas, mientras la instrucción verdadera es la que se daba en La Rioja, por ejemplo, que causó la muerte de un cadete hace poco tiempo atrás. Esa es la instrucción, no la que dan aquellos que van a las aulas de los policías y les dicen que hay que ser respetuosos de los derechos. Los tipos escuchan, no retienen nada y encima adquieren letra. Yo le dije a un comisario: «Ustedes detienen a mucha gente en la calle», y me contestó: «Por favor, no me acuse de eso. Yo no criminalizo la pobreza». ¡Miralo vos! Desde que se fundó la policía nunca la vi respetuosa de los derechos ciudadanos. En su formación les enseñan a odiar, siempre. Pero muchos parece que lo ignoran y creen que con un curso de derechos humanos va a cambiar la policía. ¡Vamos! Como si nosotros no supiéramos para qué se creó la policía en el orden social capitalista.

Pena de Muerte
¿Qué opina de las declaraciones del asesor presidencial Durán Barba sobre instaurar la pena de muerte?
Nosotros no podemos permitir que este ni ningún otro gobierno nombre siquiera a la pena de muerte. Existen amplios sectores sociales que no cuestionan los homicidios policiales ni la represión y muchos otros que sí lo hacen. Por supuesto que también está la banalidad de una persona como Durán Barba que sale a decir que él tiene encuestas sobre la pena de muerte. 

Nosotros le vamos a pedir esas supuestas mediciones y le vamos a poner a disposición el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales para debatir con él y sus profesionales. Hay que ver si ellos como gobierno pueden sacar una ley así. Porque antes de que un juez condene a morir a alguien tiene que haber una ley que lo habilite. Hay que ver si este país puede sancionar una ley de pena de muerte. Yo creo que no. Entonces, si como gobierno no tenés el coraje de presentar un proyecto en el Congreso sobre la pena de muerte, no puede salir un asesor presidencial a decir que tiene unos numeritos que parecen más destinados a legitimar los asesinatos encubiertos que realiza la policía. 

Si el gobierno tiene una encuesta, que asuma la responsabilidad política en un estado de derecho, en una democracia, desconociendo todas las adhesiones a los pactos internacionales de derechos humanos y que presente un proyecto para que se aplique la pena de muerte. Cuando nosotros sumamos, nos damos cuenta de que en Argentina, por año, mueren en manos de las fuerzas de seguridad y custodia entre 400 y 500 personas. ¿Argentina toleraría 400 o 500 ejecuciones por año aplicando la pena de muerte legalizada? No, no lo haría. Creo que el Estado mata más fácil con las ejecuciones sumarias, sin tener que rendir cuentas. Y hay una Justicia que no se las pide, porque para que haya impunidad debe haber un Poder Judicial que la otorga.

Por Oscar Castelnovo 
Foto: Horacio Paon, para revista Acción

La pobreza extrema aumentó un once por ciento el año pasado

(16/04/17 - Brasil)-.El número de personas en pobreza extrema en Brasil tuvo un aumento del 11,2 por ciento durante 2017, reveló este viernes la empresa LCA Consultores. El incremento de la pobreza en Brasil demuestra un claro retroceso en los logros alcanzados durante el Gobierno de Lula.

La información, basada en los datos de una Encuesta de Rendimiento divulgada el pasado miércoles por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), indicó que durante el 2016 la población en pobreza extrema era de 13,34 millones y en 2017 creció a 14,83 millones.

De acuerdo a los especialista en el tema de economía, este crecimiento se relaciona con el aumento del trabajo informal, lo que corresponde con los datos mostrados en marzo pasado por el IBGE, los cuales reflejaron que en diciembre de 2017 la economía informal representaba el 37 por ciento de la población ocupada en el país.

Siendo esta la primera vez en la historia de esta institución que la economía informal supera a los empleos con beneficios de ley.

Lo que significa un retroceso para el gigante de América, puesto que durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se implementaron políticas que ayudaron a la población a salir de esta situación.

Es de recordar que los programas Hambre Cero y Bolsa Familiar implementados por Lula al llegar a la presidencia en 2003 ayudaron a más de 30 millones de brasileños a superar la pobreza extrema en el país, convirtiéndolo en un modelo económico en el mundo.