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Ferraresi presentó los Centros Municipales para Adultos Mayores

(24/07/18 - Avellaneda)-.Mediante este programa el municipio dispone espacios en los que se articularán acciones tendientes a promover la inclusión activa, a través de talleres formativos en arte, educación y recreación, atención sanitaria preventiva, asesoramiento legal, acceso a beneficios que promuevan al consumo local y su participación dentro de la comunidad.

“El Estado tiene que estar y sostener estas políticas fundamentales. Desde 2015 vivimos un tiempo de retrocesos y de acciones que solo generan exclusión”, dijo Ferraresi, quien destacó que con este programa se busca impulsar la inclusión de los adultos mayores en este momento de su vida.

Se trata, en esta primera etapa, de 25 edificios municipales en los que actualmente funcionan centros de jubilados. Además, el jefe comunal convocó al resto de las instituciones presentes a sumarse a este programa para llegar con los beneficios a cada punto de Avellaneda.

El primero de dichos espacios es el que funcionará en el Edificio Municipal “Alfredo Ferraresi”, el cual fue inaugurado en los últimos días por los funcionarios y se encuentra ubicado en la calle Lamanna 1099, en Piñeyro. En el mismo se invirtieron $ 4.324.998 y se desarrolló en una superficie de 140 mts2 que cuentan con Salón de Usos Múltiples, cocina y sanitarios.


Los pequeños productores agrícolas denuncian que el gobierno los perjudica

(24/07/18 - Gestión Macri, Producción y Consumo)-.Mientras el gobierno de Macri continúa bajando las retenciones del sector agroexportador, a los productores familiares se les elimina el Monotributo Social Agropecuario y son perjudicados en la cadena de valores. Realizaron un protesta en la Expo Rural para visibilizar su situación.  

Si bien uno de los requerimientos que sugirió el FMI hacia el gobierno nacional es no profundizar la quita de retenciones al sector agroexportador, estas podrían ser una de las únicas medidas que la gestión de Mauricio Macri no cumpliría.

A los pequeños productores se les eliminó hace poco el Monotributo Social Agropecuario, un beneficio que lograba el registro y el aporte de miles de personas que antes figuraban en negro.

Es que el sector del Campo es uno de sus pilares y el presidente asumió con la promesa de llevar paulatinamente a cero sus retenciones.

Pero por fuera de ese mundo de grandes terratenientes y exitosos empresarios agropecuarios, se encuentran miles de productores rurales que no son beneficiados de la misma forma.

Es por eso, que el pasado miércoles 18, productores levantaron un puesto en medio de la Exposición de la Rural al título de “Somos el otro Campo”. Y una denuncia: “la estamos pasando mal”.

Durante esa jornada, estuvieron regalando varios kilos de verdura a las personas que lo necesitaban.

Es que, mientras a los grandes productores encuentran el respaldo del gobierno, aún incluso en detrimento de los mandatos del FMI, a los pequeños productores se les eliminó hace poco el Monotributo Social Agropecuario, un beneficio que lograba el registro y el aporte de miles de personas que antes figuraban en negro.

Por otra parte, -un dato que generalmente causa estupor- se estima que el 60% de los alimentos que se consumen en el país son producidos por este sector de pequeños y medianos productores o de la denominada, “agricultura familiar”.

Aun así, pese al aporte fundamental que realizan para la población, los productores se ven gravemente perjudicados en la cadena de valores, vendiendo sus verduras y frutas a precios irrisorios, los cuales terminan valiendo cuatro o cinco veces más en los supermercados y verdulerías del país.

Por dar un ejemplo, por un paquete de rúcula, los productores cobran menos de un peso.

Ante esta insostenible situación, muchos pequeños y medianos productores realizan los ya famosos “verdurazos”, en donde se intenta visibilizar esta problemática pero al mismo tiempo, solidarizándose con la población, víctima de la inflación y el ajuste.

El salario mínimo, la ayuda social y la jubilación mínima rumbo al poder adquisitivo del 2001

(24/07/18 - Gestión Macri, Pobreza Cero)-.Un estudio económico sobre el poder de compra de los planes sociales en 2001, 2015 y 2018 muestra la caída del poder adquisitivo de la ayuda social frente al incremento de la canasta básica.

Así se desprende de un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina titulado “La cuestión social”, donde se analiza la evolución del costo de una canasta de productos básicos entre 2001 y 2018 con relación al ingreso de las denominadas ayudas sociales (Plan Trabajar en 2015, Argentina Trabaja y Ellas Hacen en 2015 y 2018), el salario y la jubilación mínima.

Mientras que el incremento de la canasta, durante el período fue del 35% en pesos de 2018 el monto de la ayuda social se incrementó solamente 22% medida de la misma manera, lo cual implica una caída sustancial de las ayudas sociales en término de los alimentos considerados.

En 2001 se podía adquirir 5,28 canastas con una ayuda social y en 2018 sólo 4,77, una disminución del 10%. Este dato contrasta con el 2015 cuando el poder adquisitivo era de 7,27 canastas.



En relación con las jubilaciones y salarios mínimos, si bien en dólares se encuentran por encima del valor en 2001, contrastan también con el poder adquisitivo de 2015. Con el salario mínimo se podía adquirir 7,55 canastas en 2001, 15,62 en 2015 y 9,43 en 2018.

Con la jubilación mínima se podía adquirir 5,66 canasta en 2001, 12,01 en 2015 y 8,04 en 2018.

Los organismos repudiaron el decreto de Macri que saca las FFAA a la calle

(24/07/18 - Organismos de DDHH)-.Los organismos de Derechos Humanos repudiaron la decisión del presidente Mauricio Macri de modificar por decreto el rol de las fuerzas armadas y convocaron a movilizarse el jueves para repudiar la medida. 

El jueves 26/07 concentramos en Paseo Colón y Alsina dijeron los organismos en un comunicado que reproducimos a continuación.

Comunicado de Prensa
Los Organismos de Derechos Humanos repudiamos la decisión del presidente Mauricio Macri de reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior.

El propósito del Poder Ejecutivo es, a no dudar, incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de “proteger objetivos estratégicos”, construir un “enemigo interno”, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante.

El ajuste brutal en marcha, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional afecta gravemente derechos fundamentales de nuestro pueblo. 

El rechazo creciente que esas políticas provocan en la sociedad tendrá como única respuesta la represión.

Desde los Organismos de Derechos Humanos advertimos que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos bregado a lo largo de todos estos años.
Fuerzas Armadas represivas NUNCA MÁS
No a la militarización de la Argentina.

Convocamos a movilizarnos y concentrar este jueves 26 de julio a las 17 hs frente al Ministerio de Defensa (Av. Paseo Colón y Alsina).

Abuelas de Plaza de Mayo - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Liga Argentina por los Derechos del Hombre - H.I.J.O.S. Capital - Centro de estudios legales y sociales CELS - Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Asociación Buena Memoria - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina -APDH La Matanza - Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Con el de Ruben Pa Cauich ya son ocho los asesinatos de periodistas mexicanos de este año

(24/07/18 - México)-.El periodista mexicano Rubén Pat Cauich (foto) fue asesinado este martes en la ciudad Playa del Carmen, situada en la costa del Caribe. En 26 días han sido asesinados dos periodistas del Semanario Playa News, medio que exigió a las autoridades esclarecer los hechos.

Autoridades policiales y municipales informaron que Pat Cauich, también director del Semanario Playa News, recibió al menos dos impactos de bala afuera de un bar.

"Hace unas horas se tuvo conocimiento de la muerte por arma de fuego del reportero y dueño de la página informativa Semanario Playa News", confirmó el Ayuntamiento del municipio de Solidaridad.

"La Policía Municipal ha realizado los protocolos correspondientes para la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado (PGE), con el propósito de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y llegar hasta las últimas consecuencias", indica el texto.

Hace 26 días el periodista José Guadalupe Chan Dzib, quien también trabajaba para Playa News, fue asesinado en la población Felipe Carrillo Puerto (estado Quintana Roo).

Con Rubén Pat Cauich van ocho periodistas asesinados solo este año en México. Desde 2012, al menos 44 han sido asesinados por razones ligadas a sus actividades periodísticas.

“El espíritu de Hitler ha vuelto a florecer entre algunos dirigentes israelíes”

(24/07/18 - Genocidio Palestino)-.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan manifestó durante una alocución en Ankara (capital) su posición de rechazo a la decisión del parlamento de Israel que declara Estado judío a todos los territorios palestinos ocupados, decreto que han calificado como Ley del Estado Nación.

Erdogan hizo un llamado al mundo a apoyar a la comunidad palestina ante tales ataques. “Esta medida ha demostrado sin dejar lugar a dudas que Israel es el país más sionista, fascista y racista del mundo”, sentenció Erdogan. 

En este sentido, el primer mandatario turco ha hecho un llamado a la comunidad internacional para defender los intereses inherentes a lo que ha calificado como las libertades del mundo, en relación a las acciones represivas de Israel contra el pueblo palestino. 

Además criticó al Gobierno israelí, al considerar que retoma medidas similares a las que aplicara en su momento Adolfo Hitler, sobre la determinación de la raza aria. 

“El espíritu de Hitler que condujo al mundo hacia una gran catástrofe ha vuelto a florecer entre algunos dirigentes israelíes”, subrayó. 

Erdogan aprovechó esta oportunidad para alertar sobre la violencia ejercida por las fuerzas militares de Israel contra los protestantes en la zona fronteriza de la Franja de Gaza e Israel. 

"Avanzan con tanques, artillería, aviones y cohetes sobre civiles palestinos que solo buscan defender sus propias tierras. Israel ha demostrado que es un Estado de terror", concluyó.

Israel ha venido implementando modificaciones que afectan la autonomía de los palestinos, como el nombramiento de Jerusalén como capital de Israel, una de las decisiones más polémicas suscitadas que han generaron el rechazo internacional.

Fassi encabezó un acto de entrega y firma de escrituras

(24/07/18 - Cañuelas)-.Comenzando la semana, la jefa de Gabinete Marisa Fassi encabezó un acto de entrega y firma de escrituras sociales en el Palacio Municipal.

La funcionaria del Departamento Ejecutivo recibió en la Municipalidad de Cañuelas a un grupo de familias de la ciudad con la finalidad de, por un lado, conceder en manos el título de propiedad, y por otro, progresar con los pasos administrativos y dar cumplimiento a los requerimientos del programa de escrituración social gratuita.

Fassi, con la compañía de la escribana de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Karina Siri, y la directora de Tierras Municipal, Lorena Lasa, adjudicó escrituras sociales a una decena de familias cañuelenses.

Con emoción manifiesta recibieron la documentación definitiva Walter Sclavi y Rosana Senas, Pablo y María del Carmen Neto, Héctor Bucceri, Marta Luna, Clotilde Hoffsteter, Juana Bustamante, Nancy Larrosa, María Isabel Benítez y Lazarte Claudio, Gatica Mirta Raquel y María Magdalena Ramírez.

A su vez, siguiendo las gestiones para acceder a la escritura de sus hogares, 61 beneficiarios más concurrieron a la ceremonia para firmar y encaminar las gestiones para convertirse, en breve, titulares de su vivienda.
Este documento brinda seguridad a los propietarios, ya que los protege de eventuales embargos o ejecuciones, afectando el título de propiedad al Régimen de Protección de la Vivienda.

"Ante el brutal ajuste, la única solución de Macri es endurecer su política de seguridad"

(24/07/18 - Gestión Macri, Acuerdo con el FMI)-.Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, comenzó hoy su recorrida por la provincia de Córdoba, durante la presente jornada visitó las localidades de Marcos Juárez y Bell Ville. 

En diálogo con la prensa y consultado acerca de la decisión del gobierno de Macri de involucrar a las FFAA en tareas no contempladas por la Ley, el dirigente manifestó su oposición a esta medida: "Involucrar a las FF.AA. en asuntos de narcotráfico es ilegal, la participación de las FFAA en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. De otra manera sería ilegal. Por lo tanto el debate debe pasar por el Congreso de la Nación”.

“Ante un escenario de recesión económica, falta de trabajo, caída del consumo y políticas que afectan a los sectores más vulnerables, el gobierno tiende a endurecer su política de seguridad. Esta es una medida que atrasa y busca desviar la atención de los ciudadanos que hoy están sumidos en una importante crisis económica” afirmó el ex ministro de Defensa.

El jefe de bancada visitó la empresa "Titán" de Marcos Juárez, donde se producen construcciones metálicas, allí dialogó con los trabajadores y escuchó con preocupación la difícil situación que atraviesan las familias. Luego se encontró con compañeros que trabajan en la Cooperativa de trabajo Abya Yala a quienes instó a “construir el futuro llevándole una sonrisa y esperanza al conjunto del pueblo argentino”.

En Bell Ville se reunió con representantes de diferentes sindicatos y participó de un acto con la militancia, durante la recorrida estuvo acompañado de los diputados nacionales Gabriela Estévez y Pablo Carro, el diputado provincial Martin Fresneda, el concejal de local Iban Veyra, los ex diputados nacionales Horacio Viqueira y Carmen Nebreda.

La receta del FMI no cierra sin represión

(24/07/18 - Gestión Macri, Acuerdo con el FMI)-.Con la firma de su Secretario General, Pablo Micheli; el Secretario AdjuntoJosé Rigane y la Secretaria Adjunta, Dora Martínez, la CTA Autónoma criticó agriamente el acuerdo del gobierno con el organismo usurero internacional.

La organización gremial deja muy en claro su absoluto conocimiento de que los acuerdos recesivos firmados por el gobierno con el organismo internacional de la usura claramente apuntan a una escalada represiva de los sectores populares.

Comunicado de Prensa En el marco de un ajuste que se recrudece a partir de la decisión del Gobierno Nacional de endeudarse con el FMI, el Presidente Mauricio Macri anuncia hoy que “Las Fuerzas Armadas podrán colaborar con la seguridad interior del país”, enviando de este modo un claro mensaje provocativo e intimidatorio que busca amedrentar la protesta social en un país que ya no soporte un recorte más.

De este modo, y así como el actual gobierno no ha titubeado jamás en plantear políticas de empobrecimiento y exclusión, no dudará en recurrir al brazo armado de los militares para reprimir cada manifestación que muestre el descontento de la población, criminalizando aún más la protesta social, estigmatizando y deslegitimando poco a poco los justos reclamos.

Estamos convencidos que esta medida responde a lo más rancio del mundo capitalista, donde nuestras vidas han sido mercantilizadas, se desprecia al trabajo y a las trabajadoras y trabajadores y en el cual luchar por condiciones dignas de vida se ha vuelto un delito.

Desde la CTA Autónoma seguiremos en la calle acompañando cada lucha, levantando cada bandera que se encuentre en manos de un trabajador que pelea por su salario, de una jubilada que no llega ni al 15 de cada mes, de un pibe con hambre, de una compañera despedida, de un vecino que no le alcanza para pagar los servicios, pero, sobre todo, anteponiendo por ante todas las decisiones la defensa de nuestra soberanía.

¡Que no se quede mi pueblo dormido, que no le metan miedo, porque acá hay UNIDAD DE LOS TRABAJADORES que le va a seguir diciendo NO al FMI y al poder hegemónico que intenta dominarnos!

Organismos alertan sobre la posible interrupción del juicio de lesa humanidad en Ford

(24/07/18 - Lesa Humanidad)-.La Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte (CMVJ), expresó su preocupación por la continuidad del juicio contra civiles y ex militares, de la causa Ford, en la que están imputados los ex directivos de Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilla, que colaboraron con el plan represivo del régimen cívico-militar que tomó el poder entre 1976 y 1983.

La Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte expresó su preocupación por la continuidad del juicio contra civiles y ex militares, de la causa Ford, tras la jura para la Cámara de Casación del juez, Diego Barroetaveña, que presidía el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de San Martín, donde tramita el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores en la planta de General Pacheco de dicha empresa.

Según consignaron miembros de la CMVJ (foto) al portal “De Norte a Norte”, el juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, contra trabajadores de la firma Ford, “se destaca pues entre los imputados hay civiles -los ex directivos de Ford Pedro Müller y Héctor Sibilla- que colaboraron con el plan represivo del régimen cívico-militar que tomó el poder entre 1976 y 1983”.

La causa tramita en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de San Martín y el juicio comenzó formalmente en diciembre de 2017, luego de varios años de dilaciones, marchas y contramarchas y está a cargo de los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña, y como cuarto juez, Eugenio Martínez Ferrero.

Sin embargo, la semana última la CMVJ de Zona Norte exteriorizó su preocupación pues uno de esos cuatro jueces que lleva la causa y preside el Tribunal, Barroetaveña, juró para desempeñarse en la Cámara de Casación, con lo cual se crea incertidumbre por cómo continuará el juicio.

El juicio Ford es oral y público, y debe funcionar obligatoriamente con tres jueces en la sala. De los cuatro jueces nombrados dos viajan especialmente desde Rosario a San Martín, y el cuarto juez lo sigue por videoconferencia; solamente Barroetaveña, como presidente el TOF N° 1, además, garantiza la regularidad de las actuaciones.

Ante el nombramiento, desde la CMVJ explicaron que “aún no está claro si vuelve al juicio, cabe la posibilidad de que no lo haga, o su lugar en el TOF lo tome el cuatro juez, que hasta aquí sigue el juicio desde Rosario por videoconferencia, pero aun no se le ha informado nada a las partes y eso crea incertidumbre”.

Las audiencias, según el calendario, se retomarán el martes 31 de julio. Desde la CMVJ advirtieron que no admitirán más dilaciones: “que quede muy claro que vamos a defender este juicio” señalaron en un comunicado público donde llamaron a acompañar “a querellantes, sobrevivientes de Ford y a sus familias”. 

Un gobierno aborigen intentará regir los destinos de uno de los puntos más violentos de México

(24/07/18 - México)-.Ayutla de los Libres, en Guerrero, comienza una nueva época al elegir a sus representantes municipales a partir de usos y costumbres indígenas, sin partidos políticos pero sin confrontarlos.

Al proceso electoral por el que atravesó México el pasado 1 de julio, no sólo le sucedieron cambios en los partidos que ocuparán los puestos políticos de la siguiente administración federal. Este 15 de julio, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, ocurrió la elección de autoridades municipales a partir de la normatividad indígena, es decir, por usos y costumbres, como es conocida esta forma.

A pesar de que en todo el país concluyeron los comicios electorales, en este municipio se llegó al acuerdo entre autoridades estatales y representantes de las 140 comunidades que componen la demarcación, para que la elección de las nuevas autoridades se llevara a cabo, excepcionalmente, fuera del calendario nacional.

La razón: se inaugura una nueva forma de gobierno en Ayutla. Un sistema en el cual una asamblea compuesta por 280 representantes titulares –140 hombres y 140 mujeres (más 280 suplentes)– es la máxima autoridad y de la cual se desprenden tanto el Concejo de Gobierno como el Concejo de Seguridad; del primero dependerán los rubros de la administración pública como salud, educación y cultura.

De esta forma, este municipio se convierte en el primer ejemplo de gobierno en Guerrero sustentado en la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, llevando a la práctica el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo 2 de la Constitución Mexicana y los artículos 11, 124 y 128 de la Constitución de Guerrero, mecanismos jurídicos que argumentan a favor de la autonomía política de los pueblos originarios.

Bajo esta lógica, el resto de pueblos indígenas en Guerrero podrían solicitar el cambio en la forma de gobierno y dejar atrás el multipartidismo, sin entrar en confrontación, sino como la aplicación de un instrumento legal y legítimo: "Ayutla se convierte ahora en un referente para que los pueblos indígenas ejerzan, legalmente, lo que ya están haciendo por la vía de los hechos", afirma Bruno Plácido, figura polémica de la lucha indígena local vinculado a la construcción de proyectos de seguridad comunitaria.

Jornada electoral multitudinaria
Desde muy temprano, habitantes de las comunidades me’pha, ñu savi, afrodescendientes y mestizos se trasladaron hasta la cabecera municipal de Ayutla para vigilar la legalidad del proceso de elección de autoridades municipales. Al llegar a esta ciudad, hombres y mujeres, portando su vestimenta tradicional, se encontraron con un fuerte dispositivo de seguridad que incluía a diversos cuerpos policiacos y al Ejército.

La sede en donde se desarrollaría la asamblea de elección estaba resguardada por las corporaciones de seguridad del Estado, mientras que las policías de los sistemas de seguridad y justicia ciudadanas cumplieron el pacto de civilidad y se replegaron. Sólo representantes de las comunidades, prensa y observadores nacionales e internacionales pudieron ingresar a la unidad deportiva.

Detrás de estas instalaciones, la mayoría de las personas se congregaron para llevar a cabo una suerte de verbena popular: instalaron algunas pantallas para seguir la transmisión de la asamblea, se vendían 'chilates' (bebidas refrescantes a base de cacao), hubo danzas indígenas y alrededor de 2.000 personas se mantuvieron atentas al desarrollo de la asamblea.

Sería alrededor de las 4 de la tarde que los resultados finales serían dados a conocer, dando por concretada la conformación del gobierno municipal por usos y costumbres. A mano alzada y bajo una estricta certificación por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), se concretó el Consejo Municipal Comunitario y el Consejo de Seguridad y Justicia.

Dicho gobierno se regirá a partir del reconocimiento de tres pueblos que componen el municipio, de tal forma que para cada uno de ellos los representantes son las siguientes personas: por la región ñu savi se eligió a Longino Julio Hérnandez; por el pueblo mestizo quedó electa Patricia Ramírez Bazán; y por la región me’pha se eligió a Isidro Remigio Cantú.

Un cambio de gobierno con historia de lucha social
Tal vez sea la creación del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena en 1992, o las masacres de Aguas Blancas y El Charco en 1995 y 1998, o la desaparición de 43 normalistas en 2014, pero este proceso de conformación de un nuevo gobierno no es nuevo. Así lo afirman habitantes, autoridades, representantes y quien haya pasado al menos los últimos 20 años en Guerrero.

Y siguiendo la línea de los momentos que han marcado al movimiento social, en 2014 se comienza una serie de gestiones para que Ayutla logre el reconocimiento jurídico de un gobierno de usos y costumbres que colocara al frente a la asamblea como máxima autoridad. Acompañada del abogado Manuel Vázquez Quintero, la población de esta alcaldía llevó a cabo consultas, trámites, demandas, gestiones y finalmente logró su objetivo.

Bruno Plácido Valerio (foto), uno de los luchadores sociales más conocidos en la entidad, estuvo presente en Ayutla y con mucha discreción fue testigo de la elección en asamblea de las nuevas autoridades municipales. Para él este proceso viene de años atrás:

"Este es un proceso que han demandado históricamente los pueblos y hoy, ante toda la debilidad institucional y la compra del poder, es el momento de ejercer este derecho que tenemos de gobernarnos, es un proyecto que no es de cuatro años sino de mucho más atrás, muestra de ello es el levantamiento armado del Ejército Zapatista [en 1994]".

Para el también fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), no se trata de un simple cambio de gobierno, sino que "se está jugando la libertad de los ciudadanos que durante muchos años fueron esclavizados, es la restitución de su derecho, es lo que estamos viviendo en Ayutla".

En la región costeña y en la Montaña de Guerrero, las luchas indígenas tienen décadas de resistencia ante distintas ofensivas represivas y ante las agresiones del crimen organizado, sin embargo, muchas veces es el propio olvido del objetivo central lo que las ha llevado a dividirse, tal y como sentencia Plácido Valerio:

"Nosotros creamos la CRAC [Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias] pero muchos se quedaron confundidos con que era un sistema de policía cuando es un sistema de ejercicio de derechos, todo un proyecto para las comunidades de salud, educación, y que frente a los conflictos actuales ha predominado la visión de seguridad. El proyecto comunitario no es un concepto policiaco, es un concepto de comunidad y su método principal es la asamblea, que es la forma en que las comunidades deciden cómo quieren vivir".

Al final del día no se reportaron incidentes ni actos de violencia y la jornada se desarrolló con tranquilidad, a pesar de que las personas contrarias a a la nueva forma de gobierno, estuvieron presentes y presentaron sus quejas o propuestas bajo los lineamientos que el propio IEPC certificó.

Un reto inmediato
A pesar de que existe un reconocimiento a la diversidad del municipio, algunas personas afrodescendientes se manifestaron para exigir su reconocimiento y para hacer ver que hay muchas personas que no saben de su afrodescendencia.

Mijane Jiménez Salinas, presidenta de la organización Mano Amiga de la Costa Chica, fue una de las manifestantes que levantó cartulinas aludiendo a la existencia de población afromexicana. 

"Algunos de los representantes que están en la asamblea son afrodescendientes pero no se menciona esta pertenencia cuando se habla de la composición del nuevo gobierno", asegura la activista.

"Estamos –continúa Mijane– apoyando a nuestra representante, que es titular, para dejar claro que estamos presentes como afromexicanas".

Para el naciente gobierno de usos y costumbres constituye un nuevo reto la inclusión del pueblo afromexicano, quienes reclaman reconocimiento y, por lo tanto, ser considerados de la misma forma que los pueblos indígenas y mestizos, pues es su existencia la que está en juego.

Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo

(24/07/18 - Justicia Internacional)-.Este 17 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Irán interpuso una demanda formal contra Estados Unidos debido a las sanciones norteamericanas emitidas en su contra el pasado 8 de mayo. 

Se trata de la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos. 

Las sanciones unilaterales contra Irán alegando violaciones inexistentes
Cabe recordar a nuestros estimables lectores que a 24 horas de anunciadas estas sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el denominado Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada "¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear"

La demanda iraní en breve
A la demanda por el fondo como tal, Irán ha optado por solicitar adicionalmente (y de forma urgente) a la CIJ dictaminar medidas provisionales (véase texto completo en inglés de esta solicitud), pidiendo en particular al juez internacional ordenar sin mayores contratiempos: 

"a. That the USA shall immediately take all measures at its disposal to ensure the suspension of the implementation and enforcement of all of the 8 May sanctions, including the extraterritorial sanctions, and refrain from imposing or threatening announced further sanctions and measures which might aggravate or extend the dispute submitted to the Court;

b. That the USA shall immediately allow the full implementation of transactions already licensed, generally or specifically, particularly for the sale or leasing of passenger aircraft, aircraft spare parts and equipment;

c. That the USA shall, within 3 months, report to the Court the action it has taken in pursuance of sub-paragraphs (a) and (b);

d. That the USA shall assure Iranian, US and non-US nationals and companies that it will comply with the Order of the Court, and shall cease any and all statements or actions that would dissuade US and non-US persons and entities from engaging or continuing to engage economically with Iran and Iranian nationals or companies;

e. That the USA shall refrain from taking any other measure that might prejudice the rights of Iran and Iranian nationals and companies under the [1955 Treaty] with respect to any decision this Court might render on the merits.” 

Un tratado vigente desde 1955 que permite a Irán activar la justicia internacional
La base de competencia usada por Irán en su demanda (véase texto completo en inglés) es el tratado de Amistad, Comercio y Relaciones Consulares de 1955 suscrito entre ambos Estados (véase texto completo en inglés y en persa). Pese a las turbulentas relaciones entre ambos desde 1979, nunca fue denunciado por ninguno de los dos Estados, por lo que se mantiene plenamente vigente. 

Este mismo tratado fue usado por Irán para interponer una demanda contra Estados Unidos en junio del 2016 ante la CIJ sobre ciertos activos iraníes, un asunto actualmente pendiente de resolución ante el juez internacional (véase texto de la demanda interpuesta en inglés/francés, cuyo punto 33, inciso f) prevé la posibilidad de solicitar a la CIJ una indemnización por los daños sufridos por Irán). 

Estados Unidos presentó excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ, dando lugar a una ordenanza fijando plazos para escritos de ambos Estados sobre esta etapa preliminar relativa a la competencia del juez internacional (véase ordenanza de la CIJ del 2 de mayo del 2017).

Nótese que planteada la demanda iraní en junio del 2016, no fue sino hasta el 1ero de mayo del 2017 que Estados Unidos se decidió a presentar excepciones preliminares.

A modo de conclusión
Es probable que ante esta nueva demanda iraní, Estados Unidos opte por la misma estrategia legal escogida en el caso de la demanda del 2016, que consiste en presentar excepciones preliminares a la CIJ: ello permite a Estados Unidos abrir un compás de tiempo de varios años antes de que la CIJ se declare (o no) competente para proseguir el examen sobre el fondo del asunto. 

En cambio, en el caso de la solicitud de medidas provisionales que esta vez sí acompaña la demanda iraní, la CIJ deberá resolverlas en cuestión de meses, aumentando la presión sobre la administración norteamericana en caso de acogerla parcial o totalmente. 

Como detalle de interés, merece mención el hecho que en 1979, al presentar su demanda ante la CIJ contra Irán por el trato recibido por su personal diplomático y consular en Teherán, Estados Unidos refirió a la violación por parte de Irán de este mismo tratado de 1955 (véase decisión sobre el fondo de la CIJ de 1980). 

¿Como sostener que sí estuvo vigente en 1979 para resguardar la sede diplomática norteamericana y que dejo de serlo para sancionar a Irán en el 2018 (y anteriormente en el 2016 para ordenar el secuestro de activos iraníes en Estados Unidos) ? Es a lo que desde ya estén posiblemente abocados los asesores legales del Departamento de Estado (usualmente extremadamente creativos). 

Por Nicolás Boeglin, Rebelión
Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2018/07/iran-demanda-estados-unidos-ante-la.html

Campaña de donación de sangre para los vecinos de Varela

(24/07/18 - F. Varela)-.El Municipio, la organización Varela Solidaria, junto a los hospitales “El Cruce” y “Mi Pueblo” iniciaron una campaña de difusión para la donación de sangre destinada a los varelenses. 

Los voluntarios deberán asistir el sábado 28 de julio al Centro de salud Padre Gino ubicado en el barrio Bosques y colaborar con una acción que puede salvar vidas.

La convocatoria será a partir de las 8 y hasta las 11 horas en la mencionada institución sanitaria situada sobre la calle Rubén Darío N°1462. 

Los requisitos son: tener entre 16 y 65 años; pesar más de 50 kilos; presentarse con DNI; y previamente, desayunar normalmente, exceptuando grasas y lácteos.

Más de dieciséis mil millones de dólares se fugaron del país en el primer semestre

(24/07/18 - Gestión Macri, Fuga de Capitales)-.La inmensa sangría que vive la economía del país parece no tener fin. Mientras que más de dieciséis mil millones de dólares se fugaron del país en el primer semestre, si tomamos la cifra desde la asunción de la alianza neoliberal conservadora su gestión de gobierno, en diciembre de 2015, supera los cincuenta mil millones de la moneda norteamericana.

La formación de activos externos de residentes se disparó 117,1% hasta los u$s 16.676 millones en el primer semestre, en comparación con igual período de 2017, según se desprende del Balance Cambiario de junio difundido este lunes por el Banco Central.

Se trata del monto acumulado más alto para dicho período desde la salida de la convertibilidad. Así, desde diciembre de 2015 hasta fines del mes pasado, la fuga de capitales ya superó los u$s 50.000 millones (u$s 50.799 millones).

En medio de la corrida cambiaria, la salida de divisas alcanzó en junio pasado los u$s 3.074 millones, un cifra que triplico lo registrado en mismo mes de 2017 (u$s 1.020 millones).

Sin embargo, respecto a mayo -primer mes completo de la "tormenta cambiaria"- la formación de activos externos bajó un 33,4% frente a los u$s 4.616 millones, monto mensual récord en la serie difundida por el BCRA (inicia en febrero de 2002).

La cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por u$s 5.083 millones. Este déficit estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.074 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 637 millones, detalló la autoridad monetaria.

En todo 2017, la fuga de capitales había alcanzado los u$s 22.148 millones, una cifra que solo fue superada en 2008, cuando se registró una salida de u$s 23.098 millones. De continuar la dinámica actual, en pocos meses se alcanzará un nuevo récord en el acumulado anual de la formación de activos externos de residentes.

El gobierno reconoció que habrá otro tarifazo de gas y luz

(24/07/18 - Gestión Macri, Tarifazos)-.El ministro de Energía Javier Iguacel (foto) se refirió a las próximas subas en los servicios públicos y aseguró que en el caso del gas el aumento “no va a ser superior al 25%”. En ese sentido, el funcionario confió, durante una entrevista en el programa Debo Decir, que la luz no subirá más del 30%.

El ministro de Energía se refirió a las próximas subas en los servicios y como es habitual entre los miembros del gobierno cuando no pueden explicar su ineptitud culpó a la gestión anterior al sostener que "nos hicieron ser dependientes de la energía externa". 

Cabe destacar que el nuevo tarifazo incidirá directamente en el índice de inflación, que en lo que va del año a alcanzó el 16%, superando ampliamente la estimada el año anterior.

Tras culpar a la gestión anterior, por hacernos "dependientes de la energía externa", Iguacel adelantó que: "Este año nos va a empezar a sobrar gas y vamos a poder exportar". En este sentido, mientras la inflación en lo que va del año alcanza el 16%, muy por encima de la estimada el año anterior, desde el Ejecutivo confirmaron que habrá un ajuste en los servicios, los combustibles y el transporte.

En esa misma línea, cabe recordar que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, también adelantó que habrá aumentos en los boletos de los servicios públicos, aunque todavía no confirmó a que cifra ascenderán las tarifas de los transportes. Hay que tener en cuenta que según las petroleras, todavía falta trasladar a los surtidores una suba del 19% al 20%.

Un nuevo enigma arqueológico ha surgido junto al río Tíber, en Roma

(24/07/18 - Arqueología)-.Un verdadero enigma arqueológico ha surgido junto al puente Milvio y a lo largo de la Via Capoprati de Roma, que corre paralela al río Tíber. Gracias a unas excavaciones arqueológicas preventivas con motivo de una instalación eléctrica, anunciadas en National Geographic España en diciembre de 2017, aparecieron los restos de un edificio de época imperial, con un pavimento de una policromía asombrosa. 

Las excavaciones fueron interrumpidas durante el invierno por razones climáticas y fueron retomadas hace un mes, según informó el viernes pasado la Superintendencia Arqueológica de Roma. "Las estructuras que han aparecido en Via Capoprati no son fáciles de interpretar", asegura el comunicado. 

Por un lado hay construcciones de los siglos I-II d.C., que probablemente tenían un uso comercial a juzgar por la presencia del río, y encima de estas hay construcciones de los siglos III-IV d.C.: un complejo que se caracteriza por las ricas decoraciones marmóreas y por la presencia de sepulturas.

Aparecieron los restos de un edificio de la época imperial romana
La Superintendencia Arqueológica de Roma baraja varias hipótesis: podría tratarse de una suntuosa villa suburbana o de un lugar de culto cristiano, con mausoleos anexos. Las construcciones más antiguas son de plena época imperial, del siglo I o II d.C., y probablemente pertenecen a un edificio más amplio que tenía una función comercial, por ejemplo un almacén, o que estaba relacionado con la presencia del río Tíber, de la Vía Flaminia o con el uso de ambos. En el siglo III o IV d.C. se edificaron sobre estas estructuras antiguas unos muros en opus vittatum y los extraordinarios pavimentos en opus sectile.

Dos ambientes con una lujosa decoración marmórea y, en el lado suroeste de estos dos ambientes, dos construcciones circulares. La ampliación de las excavaciones, dirigidas por Marina Piranomonte, ha sacado a la luz un núcleo cementerial extenso, con sepulturas de diferente tipología arquitectónica que incluyen ánforas africanas y tardoantiguas. 

La presencia de estas sepulturas es lo que indica que se trataría de un edificio dedicado al culto, probablemente cristiano, considerando la época de dichas estructuras. 

¿Una pequeña basílica con dos mausoleos anexos y un cementerio al aire libre? Las próximas investigaciones tratarán de resolver este nuevo enigma arqueológico de la ciudad de Roma.

La justicia chilena indaga a ciento cincuenta y ocho miembros de la Iglesia por abuso sexual

(24/07/18 - Chile)-.La Fiscalía de chilena investiga a ciento cincuenta y ocho personas relacionadas con la Iglesia católica en el marco de cientos de casos de abusos sexuales o de otro tipo.

Se trata de casos ocurridos desde el año 2000, cuando entró en vigor la reforma procesal penal, precisó el lunes a los periodistas Luis Torres, director de la División especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género.

Hasta el momento se han identificado a 266 víctimas, de las que 178 eran menores al sufrir los abusos, 31 eran adultos y del resto no se precisaron esos datos, agregó Torres.

De las personas investigadas, 74 estarían clasificadas por la Fiscalía como obispos, sacerdotes o diáconos diocesanos que no pertenecen a ninguna congregación, mientras que otros 65 obispos, sacerdotes o diáconos sí pertenecerían a ellas.

También hay 10 personas laicas a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios; y otros 9 quienes no se especificaron su función.

Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena. El pasado junio, el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, luego que 34 miembros de la Conferencia Episcopal le ofrecieron sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice.

Estados Unidos reduce aranceles a los que compran sus armas

(24/07/18 - Estados Unidos)-.Un alto funcionario del Pentágono dice que Estados Unidos sopesa disminuir los aranceles al transporte para los clientes de armamentos.

“Estamos buscando reducir la tarifa administrativa de transporte”, declaró el domingo el teniente general Charles Hooper, jefe de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de Defensa del Departamento de Defensa norteamericano. (Pentágono).

Con esta medida, conforme explicó el funcionario, la Administración norteamericana intenta rebajar los aranceles a venta de armas y, por ende, minimizar los costos generales de sus socios militares.

Hooper, quien hizo estas declaraciones en la feria internacional aeroespacial de Farnborough, en el Reino Unido, recalcó que esta medida se enmarca en los esfuerzos del Pentágono para hacer más competitivos los productos militares estadounidenses. Estados Unidos quiere “ofrecer los mejores equipos del mundo a un precio justo”, señaló.

Washington levantaría las tarifas a sus equipamientos militares en momentos en que el presidente Donald Trump ha emprendido una guerra arancelaria contra varios países, incluidos sus aliados.

Estamos buscando reducir la tarifa administrativa de transporte” (a los socios que compran armas estadounidenses), declaró el domingo el teniente general Charles Hooper, jefe de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de Defensa del Departamento de Defensa de norteamericano. 

En declaraciones anteriores durante una entrevista concedida al diario digital Defense News, Hooper admitió que su país ha vendido más armas en los primeros seis meses de 2018 que en todo 2017. 

En el año fiscal 2016, Estados Unidos vendió aproximadamente 33,6 mil millones de dólares en armamentos, un monto que en 2017 ascendió a unos 41,9 mil millones.

Los países opositores a las políticas armamentísticas de Estados Unidos afirman que el Gobierno de Trump usa sus armas para hacer aupar su economía sin tomar en cuenta el caos que provoca en varias partes del mundo.

En mayo del año pasado, el Gobierno estadounidense firmó un contrato con el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman al Saud, para la venta de más de mil millones de dólares en armas a Riad, un régimen implicado en la agresión militar a Yemen.

Asimismo, a finales de junio, la Casa Blanca firmó un contrato para la venta de armamento y equipos militares por valor de más de mil millones de dólares con Baréin, país en el que está en curso una brutal represión contra los activistas chiíes.

Díaz Pérez se solidarizó con los trabajadores de Télam

(24/07/18 - Lanús)-.El ex intendente de Lanús y actual senador provincial, Darío Díaz Pérez, se solidarizó con los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Télam y pidió la reincorporación de los 357 despedidos.

"Señor presidente @mauriciomacri además de estar condenando a la angustia a 400 familias, desde el Gobierno nacional están coartando la libertad de prensa con estas medidas que buscan destrozar la Agencia de noticias del Estado", expresó Díaz Pérez a través de Twitter.

El actual presidente del Partido Justicialista de Lanús concurrió junto al legislador provincial Luis Vivona en representación del bloque de senadores del PJ bonaerense.

Pronostican fuerte impacto negativo y caída del salario por el acuerdo con el FMI

(24/07/18 - Gestión Macri, Pobreza Cero/Acuerdo con el FMI)-.Según el informe semanal del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el recorte a los estatales superará el 13% en un año, de cumplirse la letra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La ecuación, que da como resultado una abrupta caída del poder adquisitivo, se desprende del cruce entre los datos del aumento acordado con el FMI y los parámetros de inflación estipulados para los próximos 12 meses.

“El sector público está enmarcado en un profundo proceso de ajuste para los próximos años. Si bien buena parte se hará material en la licuación de salarios, también se proyectan despidos y restricción a nuevos ingresos, tanto en las órbitas nacional como provincial y municipal”, advierte el informe ligado a la Carrera de Economía de la UNDAV, que dirige Santiago Fraschina.

Este recorte se suma a la cuantiosa pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos registran desde diciembre de 2015 a la fecha: las diferencias mensuales acumuladas de inflación contra salario implican que los trabajadores estatales hayan resignado casi $48.800 cada uno desde diciembre de 2015.

En este sentido, el documento apunta que “la consecuencia de este escenario en sus efectos de propagación, está íntimamente relacionada con la caída en el consumo agregado”.

Por otro lado, el acuerdo con el FMI habla de nuevas metas de inflación que, si bien son más realistas que las anteriores (la banda superior de 32% está en los límites de las expectativas), no deja de ser probable su incumplimiento.




A partir del acuerdo, se acumularía a 2019 un 163% de inflación: un número que está muy por sobre el objetivo que el gabinete económico planteó en 2015, cuando pronosticaba que la inflación acumulada de sus cuatro años de gobierno alcanzaría el 74%.

En esta línea, es importante remarcar que en caso de que el gobierno no logre cumplir con este punto el FMI tiene la posibilidad de dar de baja el blindaje, lo que “generaría una gran incertidumbre en el mercado que será difícil de controlar por parte de las autoridades”, acorde anticipa el documento universitario.

Otro de los factores que más repercutirá sobre la recesión de 2018/19 será la caída de la inversión pública: disminuirá 20 puntos debajo del nivel de hace cinco años atrás.

Asimismo, se espera que el ahorro se reduzca desde su nivel de 2015, cuando se posicionaba en torno al 15% del PBI, hasta un 12,8% del PBI para el año próximo.

A este peligroso panorama macroeconómico se le suma una menor Inversión Extranjera Directa de cara al futuro cuya contracara para la reducción del déficit fiscal “es la toma de deuda”, según detalla la infografía, como producto de la “ausencia de inversiones genuinas que permitan cubrir el rojo de cuenta corriente” (la IED caerá este año en 0,8% del PIB).




De este modo, según el reporte del FMI, la deuda externa nacional será un 90% mayor a la que había en 2015 y acumulará un aumento de casi en 25 puntos del PBI, desde 2015 hasta 2019, como producto del desequilibrio externo y la falta de dólares genuinos.

“Cabe remarcar que estos porcentajes de deuda se dan con cierto crecimiento del PBI para 2018 y 2019, que el FMI estima en 0,4% y 1,5% respectivamente. En caso de que estos niveles de crecimiento no se puedan alcanzar, el incremento de la deuda en términos del PBI puede ser mayor. Esto, no solo por la cuestión contable, sino también por la posible caída en la recaudación que haría incrementar el déficit y así también las necesidades de financiamiento”, ultima el informe semanal de UNDAV.

“No se le puede pedir tanto a los municipios si les dan migajas”

(24/07/18 - Provincia de Buenos Aires)-.Lo dijo el diputado provincial Mariano Pinedo, en un evento realizado en las oficinas de la Fundación Metropolitana. La idea de la jornada fue trabajar interdisciplinariamente para construir políticas públicas en torno a la producción agrícola en el periurbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El evento comenzó con la presentación del documento síntesis del Foro Temático virtual “Actividad Hortícola en el periurbano del AMBA” realizado en la Plataforma BAM 2.1. Este documento detalla algunas reflexiones de los participantes del mismo para mejorar las prácticas de horticultura.   

El balance de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) da cuenta de todo aquello que hace falta alcanzar en la producción, distribución y consumo agrícola. Es necesario reformular políticas para alcanzar altos estándares en la protección de trabajadores, el medioambiente y el ciudadano.

En el documento se afirma que es imprescindible implementar Buenas Prácticas de Horticultura (BPH) en el marco de un plan integral para el desarrollo de la actividad que considere la organización del conjunto de la cadena y la especificidad de los actores presentes en la misma.

Germán Quaranta, Sociólogo, investigador del CONICET y tutor del foro temático planteo que “Hay que pensar qué tipo de horticultura se quiere. Una pequeña y mediana horticultura que es organizada de forma autosustentable es un modelo de sociedad más deseable que concentrar la producción en pocos productores. Hay que generar condiciones institucionales que garanticen una horticultura comercial con un lugar para los pequeños y medianos productores. Esto es algo que depende de la planificación de políticas públicas”.

En el documento se destaca la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad del sector en la implementación de BPH: se deben considerar las especificidades de los sectores de la pequeña producción (producción familiar), conocer con mayor detalle las formas en que los productores familiares utilizan conocimientos específicos y tecnologías en sus prácticas productivas, y la necesidad de incluir a los consumidores en el diseño de políticas.

También resalta la necesidad de promover diversos canales de comercialización que favorezcan la apropiación del valor generado por parte del productor.

Por último, en el trabajo realizado se planteó la relevancia de contar con instancias de intervención que trabajen junto a los pequeños y medianos productores familiares en la implementación de las BPH. Una intervención coordinada de instancias pertenecientes a diferentes organismos y niveles del Estado, Universidades, instituciones del Sistema de Ciencia y Técnica y organizaciones de productores, que consideren globalmente los aspectos incluidos en la implementación de BPH.

Al respecto, Quaranta explicó “Existe una desarticulación, una política pública no muy explícita. En esta desarticulación, el mercado es el que coordina. Las BPH tienen que estar en un contexto de una política de desarrollo hortícola teniendo en cuenta la realidad socio económica y productiva de los pequeños y medianos productores”.

En un marco más amplio, Mariano Winograd, Presidente de la ONG 5 al día, estimó la necesidad de planificar la horticultura con una mirada en problemáticas sociales: “Debe haber una porción de tierras destinadas a la problemática agroalimenticia. Si la Argentina tiene un 30 % de pobreza, los pobres viven en la periferia de las ciudades, el 50 % de los chicos son pobres, y si uno de los problemas más serios del país es la desnutrición, este debería ser también un problema central”.

Respecto a los municipios, Mariano Pinedo, Diputado de la PBA, abordó la dificultad de los mismos a la hora de planificar: “La definición de un gobierno local como un actor principal conlleva la necesidad de replantear una situación impositiva respecto de qué vamos a hacer con los gobiernos municipales, porque si lo que reciben en cuanto a presupuesto son migajas, no se les puede pedir tanto”. 

Participaron de la reunión representantes de: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Municipalidad de la Plata, Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Merlo, Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, Universidad de Moreno, Municipio de San Antonio de Areco, CREA y la Asociación Ambientalista Bonaerense.

La discusión se llevó a cabo en la plataforma virtual BAM 2.1. Comenzó con un documento de encuadre y desembocó en este evento en donde se presentó el documento síntesis que será reformulado, a partir de los aportes de los actores durante el mismo, y presentado ante las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Acerca de la Fundación Metropolitana 
La Fundación Metropolitana es una organización no gubernamental que, desde el año 2000, trabaja para mejorar la gestión de políticas públicas con mirada regional, con el objetivo de lograr una mayor equidad, inclusión social y desarrollo sustentable. A lo largo de estos años, ha trabajado en la generación de escenarios de debate y consenso a través de la organización y participación en encuentros y talleres.

La justicia penal de San Isidro rechazó desalojar Punta Querandí

(24/07/18 - Pueblos originarios)-.Antes del inicio de la feria judicial, Diego Martínez, Juez de Garantías N°5 de Tigre, rechazó desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí al considerar que no hay “delito de usurpación”, por lo que resolvió “no hacer lugar” a lo solicitado por Jorge O’Reilly. 

De esta forma, el presidente de EIDICO, desarrolladora de barrios privados, sufrió otra derrota “en su estrategia de criminalizar a los miembros de Punta Querandí y desalojarlos de su territorio sagrado y comunitario”. 

Una gran victoria: La justicia penal de San Isidro rechazó desalojar Punta Querandí
En primera y segunda instancia, el empresario Jorge O’Reilly sufrió un nuevo revés judicial en su campaña por expulsar a la Comunidad Indígena Punta Querandí del territorio que considera de su “propiedad privada”.

Antes de iniciar la feria judicial por vacaciones de invierno, el “Tercer Poder del Estado” dejó una muy buena noticia para los derechos de los pueblos originarios.

En abril, el Juez de Garantías N°5 de Tigre, Diego Martínez, rechazó desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí al considerar que no hay “delito de usurpación”, por lo que resolvió “no hacer lugar al lanzamiento y reintegro” solicitado por el empresario Jorge O’Reilly.

El presidente de la desarrolladora de barrios privados cambió de abogado y presentó un recurso para revertir el fallo. Pero en junio, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, declaró inadmisible el recurso porque “las referencias genéricas apuntadas son insuficientes para tener por acreditado efectivamente cual es el gravamen de imposible reparación posterior de la decisión que se pretende poner en crisis”.

Desde hace más de una década, Jorge O’Reilly quiere adueñarse del territorio ancestral y comunitario de los pueblos originarios, rodeado por sus megaemprendimientos de barrios náuticos. En diciembre de 2016 el presidente de EIDICO inició un juicio penal por “usurpación” contra dos integrantes de la comunidad y poco meses después impulsó una demanda civil de desalojo, un “interdicto de recobrar”. En este segundo proceso, en octubre del año pasado tuvo un primer traspié: la Justicia Civil y Comercial N°16 de San Isidro reconoció la existencia de la Comunidad Indígena Punta Querandí y su derecho a defenderse colectivamente.

Con respecto a la posesión de las tierras, en su fallo del 3 de abril de 2018, el titular del Juzgado de Garantías N°5 de Tigre evaluó: “No logro advertir que de la prueba recopilada se pueda acreditar que los imputados hayan despojado o turbado de la posesión legitima del bien inmueble a la firma San Atanasio, así como tampoco se habría conformado alguna de las modalidades delictuales que el articulo 181 del CP establece”. A estos se refiere violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad.

Por el contrario, el juez Diego Martínez consideró que “no se ha logrado acreditar por parte del denunciante que la posesión que detenta sea libre y pacifica antes de que se inicie esta investigación penal”. Esta razón “resulta por demás suficiente para no hacer lugar a la medida pretendida”.

“No se han demostrado con el grado de probabilidad que esta instancia me requiere, los extremos invocados en la denuncia en cuanto a la posesión –por demás controvertida en este proceso y los dos restantes ya enunciados – y la modalidad del artículo de mención que se le reprocha a Badano y Callamullo [miembros de la comunidad] para configurar el despojo”, expresó.

También existe un tercer juicio en el Juzgado Contencioso Administrativo de San Isidro, donde recientemente aceptaron como co-actores a miembros de la Comunidad indígena Punta Querandí, otro argumento del magistrado Diego Martínez para hablar de la “magnitud del conflicto que enfrentamos, el que excede el marco de la investigación que se lleva a cabo en esta sede penal”.

Las pruebas de O'Reilly: En su contra
El fallo de Primera Instancia de la Justicia Provincial Penal se sustenta en documentaciones aportadas por la misma empresa. Del análisis de estos materiales, el juez destaca que “San Atanasio tomó efectivamente la posesión del bien en litigio con fecha 27 de febrero de 2014”. Por el contrario, las pruebas presentadas por O’Reilly tienen continuas referencias a una posesión del territorio en manos de la comunidad.

Ejemplos abundan:
– El abogado de San Atanasio afirma que “había una construcción precaria sobre la calle Brasil, que data del 2010, sin población estable, pero solía ir y venir las personas que eran de la supuesta comunidad indígena”.

– El agrimensor contratado por EIDICO en el 2015 para mensurar las tierras, Armando José Zarini, menciona que “había algunas edificaciones precarias sobre lo que era la antigua zona del ferrocarril”, menciona una “una especie de guardia permanente en el predio” y también dice claramente que había “un área despejada que permitía el acceso desde la calle Brasil”.

– El trabajador de la empresa, Juan Carlos Moyano, señala la falta de alambrado perimetral y menciona a los “indios” los cuales dice que en los últimos años “iban y venían”.

– El arqueólogo Daniel Loponte (contratado por O’Reilly) en su testimonio también se refiere a que el predio no tenía alambrado, al contrario de lo que afirma el empresario.

En los fundamentos de su fallo, el juez citó algunos párrafos de la contestación de demanda realizada por la Comunidad Indígena Punta Querandí en el juicio civil de desalojo. Allí la entidad de pueblos originarios explica que “ocupa, habita y posee el territorio” y que “de forma absolutamente pública, realizan distintos actores posesorios” (desde el 2004), mientras que por el contrario “San Atanasio no tuvo ni tiene la posesión de las tierras que la parte demandada ocupa, y no fueron víctimas de despojo alguno con violencia o clandestinidad o sin ella, dado que nadie puede despojar a otro de lo que no posee”.

Debe resolver la justicia social
El juez Diego Martínez fue claro en señalar que en este tipo de casos debe intervenir el fuero civil. “Se vislumbra con total claridad que la posesión del bien inmueble en disputa, es por demás controvertida, ya que se encuentran interviniendo en una única problemática tres magistrados de distintos fueros en distintas acciones intentadas para lograr un fin único que sería recuperar la porción de tierra que a criterio del particular damnificado (San Atanasio) ha sido despojada”, expresó en su fallo.

Por tal motivo, el magistrado consideró que cualquier resolución adoptada “podría superponerse con el ejercicio de la competencia de otro de los magistrados mencionados”, o “podrían suscitarse resoluciones contradictorias que en vez de arrojar luz al problema, tan solo lo agravaría”.

Otro argumento es que la Defensoría del Pueblo de la Provincia ha requerido la aplicación de la ley 26.160 que suspende los desalojos, “extremo que aún no ha tenido pronunciamiento por parte del Magistrado abocado al conocimiento de ese interdicto”, resaltó el juez Diego Martinez.

En definitiva, para el titular del Juzgado de Garantías Nº5, en los dos juicios civiles “las partes poseen más amplias facultades para invocar y hacer sus derechos, tales como la propiedad privada como el derecho de los pueblos originarios sobre tierras de interés arqueológico, que han merecido hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo”.

Recurso rechazado en segunda instancia
El empresario Jorge O’Reilly cambió de abogado penalista y puso a un letrado mediático, Tomás Farini Duggan, querellante en la Causa Nisman. El 20 de abril, San Atanasio apeló el fallo del juez Diego Martínez, planteó ser víctima del “abandono” de las autoridades y agregó: “A pesar de las numerosas denuncias y presentaciones, nada se hizo (desde el Estado), para detener el criminal proceder de los endilgados y ello, lógicamente, los alentó a continuar incrementando el despojo”. 

Además afirmó que no desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí “fomentará la creencia de que las circunstancias personales de los imputados -quienes se auto proclaman defensores de los derechos de los pueblos originarios, para perpetrar los delitos denunciados- los exime de toda responsabilidad criminal”.

Sin embargo, la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, con fecha 7 de junio, fue “declarar inadmisible el recurso de apelación que fuera interpuesto contra el auto del Juez titular del Juzgado de Garantías Nº5, por el cual se dispuso no hacer lugar a el pedido de lanzamiento peticionado”.

Los camaristas basaron su decisión en la falta de un “gravamen (daño) irreparable”, un aspecto excluyente para establecer si es admisible el recurso de apelación. El Tribunal expresó que “las referencias genéricas apuntadas son insuficientes para tener por acreditado efectivamente cual es el gravamen de imposible reparación posterior de la decisión que se pretende poner en crisis”.

Con ambas resoluciones judiciales, el empresario sufrió otra derrota en su estrategia de criminalizar a los miembros de Punta Querandí y desalojarlos de su territorio sagrado y comunitario, donde desarrollan su vida cultural y espiritual, y donde numerosas escuelas públicas y privadas participan de las enseñanzas mediante visitas educativas con alumnos de distintos niveles y edades.