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» » Afirman que se falseó la pericia de la causa GNL donde Bonadío acusó a De Vido y Baratta

(07/01/19 - Gestión Macri, Law Fare)-.El falso informe había señalado sobreprecios por casi siete mil millones de dólares y estrenó "doctrina Irurzun", en 2017, que utiliza el partido judicial para encerrar a políticos opositores, entre ellos al ex ministro y actual legislador Julio De Vido (foto).

Sin rigor técnico ni académico, fue fulminada en el caso a cargo del juez Torres por falso testimonio, la legalidad del expediente que inició el raid de prisiones preventivas a ex funcionarios quedó seriamente dañada. 

Una pericia oficial determinó que la prueba principal en la causa Gas Natural Licuado(GNL) -que motivó al juez Claudio Bonadio a estrenar la denominada “doctrina Irurzun” el 19 de octubre de 2017- fue técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet. 

Ese informe ya está en manos del juez federal Sergio Torres, que junto a la fiscal Paloma Ochoa, deben resolver al regreso de la feria el destino de la contradenuncia por falso testimonio que había hecho el ex subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta contra el perito David Cohen. 

Inverosímil desde un comienzo por las cifras astronómicas de supuestos sobreprecios que habrían sido consignadas, fue la pericia que tomó el juez para procesar y disponer las prisiones preventivas bajo la recomendación de la Cámara Federal sobre otro caso, el de los convenios firmados por las obras en la usina de Río Turbio.

Fue la pericia de la pericia. Y arrojó resultados demoledores para Cohen cuya conclusión (avalada por Bonadio) fue que entre 2008 y 2015 se pagaron u$s6.995,92 millones de sobreprecios por la importación de 500 buques por parte de Enarsa. Era casi la mitad de lo pagado por la Argentina en ese lapso por el abastecimiento de GNL importado. 

No hubo análisis de las particularidades de cada compra ni se indagó sobre las empresas ni sus directivos, contratistas de primera línea internacional, que habrían recibido los supuestos excedentes. 

Tampoco se tomaron valores específicos para cada compra ni se utilizaron parámetros válidos para las operaciones en el mercado internacional que guardaban particularidades con respecto al proveedor y los costos asociados, pero también para la Argentina por su riesgo crediticio. 

Según la conclusión unánime de los peritos, el trabajo de Cohen “no se encuentra ajustado a los parámetros técnicos y académicos que debe poseer una pericia como la que le fue encomendada; que el método de análisis utilizado ha sido incorrecto y en consecuencia los resultados numéricos obtenidos no satisfacen los requerimientos”. 

Surgió además que en la causa de Bonadio no se contaba con información completa sobre cargamentos entre 2008 y 2012 como para aplicar el cálculo inicial que había hecho el perito ahora acusado por falsear su informe.

Recién en marzo de 2018, la Cámara decretó (por mayoría) la falta de mérito que benefició a Baratta y a Julio De Vido. Bonadio debió ordenar una nueva pericia sobre la causa GNL que todavía está en marcha. 

Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia no habían llegado a un acuerdo sobre la suspensión de las prisiones y desempató el propio Martín Irurzun, autor (dentro de Comodoro Py) del argumento sobre lazos de poder residual que se utilizaron para disponer prisiones inmediatas. 

Los tres destacaron que la pericia era poco fiable, aunque Bruglia se inclinó por mantener las preventivas de todas formas, dado el tenor de la acusación por “defraudación contra la administración pública” con la que la había rotulado Bonadio. 

En aquel momento, Ballestero había ido más lejos: dejó sobrevolando en su voto que debía realizarse un entrecruzamiento telefónico sobre Cohen para determinar con quiénes se había comunicado durante la confección de su pericia. Meses más tarde fue forzado a jubilarse. A esa altura, De Vido ya había sido desaforado y detenido en el expediente por Río Turbio, a instancias de la Cámara. Fue varios meses antes del estallido de la causa de los “cuadernos”.

Los peritos -tres oficiales y tres de parte propuestos por los imputados- hicieron un decálogo de recomendaciones para que esa nueva pericia no naufrague ya que los cálculos necesarios para llevar adelante un trabajo serio que determine si hubo o no sobreprecios pagados por Enarsa requieren múltiples especificidades. 

Todas ellas, concluyeron, fueron obviadas por Cohen y “se ignoraron los momentos en los que se hicieron cada una de las ofertas y adjudicaciones”, lo que impidió estimar la “prima” (ganancia) que cada uno de los oferentes impuso por la provisión de GNL. 

“Existe un conjunto de variables cuyas fuentes de información no son citadas en la pericia ni aclaradas en la posterior documentación presentada”, dictaminaron. Hicieron un repaso por las contradicciones de Cohen al momento de su declaración, en su indagatoria y en sus excusas. 

Por ejemplo, cuando citó a “CEE” como Comisión Europea de Energía, una entidad inexistente. “A los costos de la cadena de valor Cohen les atribuye un reconocimiento internacional cuando no lo tienen ni lo podían tener”, consignaron. “Cohen utiliza costos de 2012 exclusivos de Estados Unidos, asumiendo que no variaron en el período analizado, suposición que no refleja la realidad del mercado”, indicaron. 

“Algunos parámetros no tienen respaldo documental”, indicaron los peritos que analizaron en 70 carillas todas las conclusiones que utilizó Bonadio como prueba de cargo. Utilizó cuadros comparativos incompletos, obtenidos de trabajos académicos publicados en internet, comparó valores que no son asimilables confundiendo términos, y omitió las referencias cuando las citas provenían de trabajos de estudiantes y de vastas publicaciones periodísticas que le sirvieron para argumentar técnicamente sus conclusiones.

“Por lo tanto, a nuestro juicio existió un error pericial”, confirmaron los especialistas en su informe al juzgado de Torres que deberá definir, luego de haberlo indagado, si procesa a Cohen por un delito que tiene una pena máxima de 10 años de prisión.

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