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» » Los Defensores del Pueblo se oponen a nuevos tarifazos en las facturas de gas

(29/01/19 - Gestión Macri, Tarifazos)-.Mediante un comunicado, también suscripto por la Defensora de Avellaneda, María Laura Garibaldi, los miembros de ADPRA rechazaron probables incrementos extra por mayores costos en la distribución.

ADPRA solicitó que el procedimiento que se apruebe tendiente a regular la compra de gas por parte de distribuidores a productores, en ningún caso genere cargos y/o costos extras en las tarifas, siendo insoslayable la convocatoria de audiencia pública para brindar a los usuarios información adecuada y veraz.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) le manifestó su preocupación al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por los incrementos en las tarifas del servicio público de gas que realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra de gas. En ese marco, participarán de una reunión conjunta con los representantes del Ente el próximo 12 de febrero.

El documento emitido recientemente por Adigas, la Asociación de distribuidoras de gas, manifiesta que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigente, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios.

Los Defensores del Pueblo de todo el país coinciden en rechazar la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, ya que que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación.

Además, sostienen que debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS.

Esta misma posición fue sostenida por ADPRA en el período abril/septiembre de 2018, cuando las empresas quisieron trasladarles de forma retroactiva a los usuarios los costos adicionales producidos por la devaluación de la moneda.

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