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» » Un nuevo caso de corrupción sacude a la sociedad guatemalteca

(19/01/19 - Guatemala)-.El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en una operación conjunta capturaron a once involucrados en ilegalidades en perjuicio de la administración de la cartera. De acuerdo con ambas entidades, sobre el ex ministro de Salud Jorge Villavicencio pesa una orden de captura.

Los actos de corrupción bajo indagación se habrían cometido en 2014 y por el momento el caso se encuentra en reserva, por lo que aún se desconocen los detalles.

Según un artículo de Fernando Chang en la página Plaza Pública, en Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al menos 19 impactos negativos en la economía y desarrollo del país.

Entre ellos, una baja en la clasificación de riesgo país, Estado de derecho débil, poca institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenas del sistema de justicia, subraya.

Agrega que los guatemaltecos fueron partícipes en marchas pacíficas en la Plaza de la Constitución ante los hechos de corrupción investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, en 2015 y 2016.

De la misma forma, en 2017 hubo manifestaciones pacíficas que tuvieron su génesis cuando el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, investigó por financiamiento electoral ilícito al presidente, Jimmy Morales, y simultáneamente este último pedía que el comisionado abandonara el país.

Para Chang, las acciones del mandatario originaron un despertar en la participación ciudadana similar al de 2015.

La semana pasada, el Gobierno de Morales determinó cerrar de forma unilateral un acuerdo con Naciones Unidas que le da vida a dicha Comisión, aunque la Corte de Constitucionalidad ordenó la continuidad del convenio.

La Cicig es un organismo internacional independiente establecido en virtud del citado acuerdo en el 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el ejecutivo de este país.

Su objetivo es apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Entre otros, la Cicig contribuyó a esclarecer el caso de contrabando de contenedores, y el de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, declarada culpable de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita en un contrato con el Gobierno.

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