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» » "Queremos que la garrafa social sea realmente un servicio público y no un negocio”

(04/02/19 - Avellaneda)-.La Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi (foto junto a Magdalena Sierra), recordó la manifestación de los Defensores nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con relación a la garrafa social.

"A instancias del trabajo mancomunado junto a la diputada nacional Magdalena Sierra, se ha presentado como proyecto de Ley en el ejercicio 2018", recordó Garibaldi, y agregó que " todos los Defensores nos comprometimos a trabajar en forma conjunta con la diputada Sierra para que este servicio sea realmente un beneficio social, servicio Público y no un “negocio”.

Declaración de ADPRA 2018
Adhesión al Proyecto de Ley modificando la Ley Nacional Nº 26020 que declara la Garrafa Social un servicio público.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones, reunidos en Plenario Nacional, MANIFESTAMOS nuestra expresa Adhesión al Proyecto de Ley que modifica la Ley Nacional N° 26.020 “Régimen de la Industria y la Comercialización de Gas Licuado de petróleo” a fin de garantizar el precio de referencia de la denominada garrafa social, la efectiva fiscalización y control del Estado y la declaración de la garrafa como Servicio Público.

Entendiendo que la modificación de la norma tiende a favorecer a los sectores de menores recursos y aquellos en que aún no ha llegado el gas natural por redes -espíritu que originariamente contempla la ley- posibilitando mediante diferentes mecanismos la adquisición regular, confiable y económica de la garrafa, como así también a través del tiempo se han instituido diferentes programas con el mismo fin, hoy vemos que la regulación es insuficiente. Se ha reducido el subsidio afectando el costo, con el agravante de acceder a la misma, ya que no se consigue o se paga por ella un precio exorbitante llegando en algunos casos a duplicar su valor.

Vemos con preocupación que el Estado se ha corrido de su rol de control y fiscalización en desmedro de los usuarios.

La declaración de Servicio público, significa proteger los Derechos de todos los argentinos y argentinas frente a las empresas que vulneran los mismos en pos de maximizar sus ganancias.
El Estado debe contar con herramientas y mecanismos para tener injerencia en la regulación de los precios. Debe verificar y penalizar cuando los precios máximos de referencia no son respetados, con el objeto de satisfacer un derecho tan básico como lo el acceso al gas licuado de petróleo a precios justos y razonables.

Consecuentemente, desde ADPRA exhortamos a los Diputados y Senadores de la Nación a sancionar con fuerza de ley el Proyecto de Modificación de la Ley 26.020.

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