En un informe, el Centro de Economía Política (CEPA) sostiene que "las mujeres que hoy tienen 57 años y tendrán 60 en 2022, último año de la actual prórroga, necesitarán no 4 sino 7 años de aportes registrados post-2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley".
Asimismo, remarca que "otorgar pensiones y abandonar una política de acceso a la jubilación era el objetivo originario de las modificaciones de 2016" del gobierno de Mauricio Macri. Esta medida afecta a "500.000 mujeres de 55 a 59 años sin posibilidades de jubilarse", concluye. Finalmente, el informe destaca que la medida tampoco reconoce "el trabajo reproductivo y no remunerado" de muchas mujeres como sostén de sus hogares.
El informe, titulado "Una moratoria que no es universal: 500.000 mujeres de 55 a 59 años sin posibilidades de jubilarse" fue realizado por Julia Strada, Hernán Letcher y Alejandra F. Scarano. En el mismo analizan el impacto que tendrá la prórroga por tres años la moratoria previsional para las mujeres a través de la Resolución 158/2019 de ANSES, que realizó el gobierno de Mauricio Macri.
El informe detalla: "según los datos oficiales de INDEC, en toda la Argentina, a fin de 2018 se estiman 1.076.028 mujeres entre 55 y 59 años que estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años, pero de todas ellas sólo el 55% (588.248) tienen aportes, mientras que el restante 45% no ha realizado aportes". Esto se debe a "las menores posibilidades de inserción femenina en el mercado formal, dada la dedicación adicional a tareas de cuidado del hogar (trabajo reproductivo y no remunerado)".
Asimismo, el CEPA sostiene que "del 55% que tiene aportes, sólo 113.231 superan los 20 años aportados. Es decir, solamente el 10,5% de las mujeres presenta condiciones relativamente cercanas a la posibilidad de jubilarse".
La ley que creó la moratoria en 2014 permitía que las mujeres puedan declarar deuda (o “comprar”) hasta 2003, que permitía declarar los 30 años de aportes, que se pagaban a través del descuento mensual en el haber jubilatorio. "Pero ni la prórroga del 2016 (al sancionarse la Ley de Reparación Histórica) ni la nueva prórroga reciente han considerado esta situación, porque dejaron inalterada la fecha de corte en 2003, acotando sucesivamente los años computables en la moratoria", sostiene el CEPA, y agrega: "estas decisiones no fueron aleatorias".
Desde 2015 "Cambiemos condicionó el acceso a las moratorias: dejó caer la moratoria previsional para hombres y creó la Pensión Universal para Adultos Mayores, PUAM – indica el informe – Esta pensión se implementó a través de la ley de Reparación Histórica, que incluyó un apartado al respecto. Otorgar pensiones y abandonar una política de acceso a la jubilación era el objetivo originario de las modificaciones de 2016. Para aquellas ‘amas de casa’ desde el gobierno argumentan que corresponde el cobro de una pensión", sostiene el CEPA.
En ese sentido, el informe indica que "con el correr del tiempo esta moratoria se acota aún más. Las mujeres que hoy tienen 57 años y tendrán 60 en 2022, último año de la actual prórroga, necesitarán no 4 sino 7 años de aportes registrados post-2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley".
Finalmente, el informe del CEPA marca otro aspecto que explica la falta de aportes en las mujeres: "hay otra razón para la falta de aportes en las mujeres, que tiene otra naturaleza social y que sólo puede abordarse y comprenderse con perspectiva de género. Se trata del trabajo reproductivo y no remunerado. Su no reconocimiento significa la invisibilización de una situación estructural en las sociedades patriarcales que coloca en las mujeres las tareas de sostén de los hogares sin otorgar reconocimiento social a ello, y ahora tampoco el derecho previsional".
Esta decisión, sostiene el CEPA "se articula con la aplicación de la distinción entre aportantes y no aportantes al sistema previsional que es, al mismo tiempo, una política que propone el Fondo Monetario Internacional. Esta distinción desconoce estas características estructurales y significa no reconocer a las tareas reproductivas como trabajo, cristalizando una lógica divisoria al interior de la clase trabajadora, con trabajadores de primera – reconocidos en sus derechos previsionales – y de segunda – sin ese reconocimiento". Esta medida, concluye, "constituye un evidente castigo patriarcal".
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