Una historiadora e investigadora del Conicet dio detalles este martes sobre la responsabilidad de varias empresas automotrices e industriales en actos represivos durante la última dictadura militar, en el marco del juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención.
Se trata de Victoria Basualdo, quien declaró este martes como testigo de contexto ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en 3 centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.
Los centros investigados son los que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el que funcionó en la Brigada de Lanús y fue conocido como "El Infierno".
"Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos"
Basualdo, investigadora del Conicet y Doctora en Historia por la Universidad de Columbia, explicó el accionar de 25 empresas durante la última dictadura y detalló específicamente lo que sucedió en las compañías Mercedes Benz, en su planta de González Catán; Saiar, en Quilmes; Molinos Río de la Plata, en Avellaneda; Astillero Río Santiago, en Ensenada y Peugeot, en la localidad de Berazategui.
"Hubo articulación militar-empresarial", afirmó Basualdo y cuestionó el término "complicidad" por entender que con esa descripción se "alude a un acompañamiento secundario que parece descontar que las empresas lideraron procesos".
"Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos", advirtió.
La especialista dio detalles de una investigación realizada sobre el accionar de 25 empresas durante esa etapa del país, en las que casi 900 trabajadores de esas firmas fueron víctimas de terrorismo de Estado y que permitió establecer que "un 88% de los secuestros de trabajadores se dio en sus lugares de trabajo" y que "el 76% de las empresas entregó información privada de los trabajadores y listas de delegados a fuerzas represivas".
"En un 52% había presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas; el 48% hizo aportes económicos a las fuerzas represivas; un 36% realizó pedidos de detención de trabajadores y un 32% de los secuestros de trabajadores se dio cuando se trasladaban de la fábrica a sus casas", apuntó.
"El 76% de las empresas entregó información privada de los trabajadores y listas de delegados a fuerzas represivas"
Luego Basualdo aportó información sobre los secuestros de trabajadores en Mercedes Benz, dos de los cuales son víctimas en esta causa: Enrique Reimer y Víctor Hugo Ventura, quienes estuvieron cautivos en El Infierno y están desaparecidos. En esos casos, "el personal empresarial estuvo directamente vinculado a los actos represivos", aseguró.
Similar panorama trazó sobre la firma Saiar en Quilmes, donde también fue secuestrada una victima cuyo caso se juzga en esta causa y Molinos Rio de La Plata, con dos víctimas en el juicio.
"En el caso de Astillero Río Santiago, de Ensenada, 70 trabajadores resultaron víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 32 desaparecidos, aunque creemos que esta cifra subestima la realidad de lo ocurrido", precisó.
Basualdo puntualizó que "desde mediados de 1975 la empresa operó como una unidad operativa más de la represión, con una militarización impresionante de la fábrica, con secuestros en la puerta de ingreso y existencia de detenidos en la planta".
"Es un caso de involucramiento empresarial, en este caso de una empresa estatal controlada por la marina, un caso brutal, extremo", remarcó.
Los juicios
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó a juzgar los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
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