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Otro miembro de las Farc desmovilizado fue asesinado y la cifra de víctimas asciende a doscientas cincuenta y nueve

(22/02/21 - Colombia)-.El partido Comunes denuncia el asesinato de José Paiva Virguez, exguerrillero de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia.

Después de tan solo una semana, han asesinado a otro excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la vereda El Cafre, del municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta, centro de Colombia.

Según ha informado este sábado en su cuenta de Twitter, el ahora partido de los Comunes ha condenado el asesinato de Virguez, quien fue atacado el viernes por la noche (hora local) por hombres armados y, tras recibir varios disparos, falleció en un hospital de la ciudad de San José, la capital del departamento de Guaviare.

“Recibimos con mucha tristeza la noticia del asesinato de nuestro compañero José. Con él suman ya 259 firmantes de la paz asesinados, en un exterminio sistemático”, ha expresado esta misma jornada la senadora del partido Comunes, Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez.

Gobierno colombiano no garantiza la vida de los líderes sociales
El asesinato de Virguez ha ocurrido una semana después del homicidio de otro ex guerrillero de las FARC, Leonel Antonio Restrepo, quien fue tiroteado el sábado pasado cuando se trasladaba en una motocicleta, junto a un familiar, desde la ciudad de Medellín hacia Frontino, ambas en Antioquia.

Además, esa misma jornada, funcionarios de la Fiscalía confirmaron el hallazgo del cuerpo de Juan Carlos Correa, otro exintegrante de las FARC que estaba en proceso de reincorporación y llevaba más de 20 días desaparecido.

Asimismo, la Defensoría de Colombia ha notificado este sábado que, en 2020, fueron 182 los líderes sociales asesinados en el país. En este sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en enero que, desde el inicio del 2021, “en Colombia han asesinado a un líder social cada 41 horas”.

Los asesinatos se registran pese a que la JEP ordenó a varias instituciones estatales, como el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), tomar medidas de protección para velar por la seguridad de los excombatientes.

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