La ofensiva se caracteriza, entre otras estrategias, por procesos judiciales selectivos con amplia cobertura mediática y por el uso de aparatos legales como estrategias no convencionales para desestabilizar gobiernos y opositores políticos.
El lawfare (guerra jurídica) no debe entenderse como un proceso legal limitado a los Estados nacionales, sino que a menudo involucra la relación entre Estados y, por lo tanto, la misma geopolítica.
No es casualidad que, en cierta medida, procesos similares, con protagonismo de sectores del poder judicial, hayan ocurrido en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Brasil. En todos estos casos se combinan la desestabilización y la judicialización selectiva contra líderes y movimientos progresistas.
El caso brasileño es uno de los más impresionantes. En unos años ocurrieron, de forma encadenada, la destitución de Dilma Rousseff, la detención de Lula y el impedimento de su candidatura en las elecciones de 2018. En paralelo, estas acciones contribuyeron a la estigmatización del campo de izquierda y de la lucha política en general, además de la disrupción de importantes sectores productivos.
El Lawfare, como se practica en América Latina y el Caribe, no es un proceso políticamente neutral, como podría indicar la tan aclamada “lucha contra la corrupción”. El objetivo estratégico común de la ofensiva del lawfare ha sido invariablemente la desestabilización de gobiernos que tienen -como ha afirmado el ex canciller de Brasil, Celso Amorin- dos características como proyecto: trabajar por la justicia social y buscar la afirmación de la soberanía.
Estas dos marcas, evidentes en el ejercicio responsable del poder en los países afectados por el lawfare, han demostrado ser suficientes para provocar la reacción de poderosos intereses externos (económicos y estratégicos), generalmente en alianzas que incluyen a las clases conservadoras locales.
El objetivo último, que se verificó en los casos de Brasil y los otros países, es mantener la región como un espacio territorial bajo el control de los Estados Unidos, la potencia hegemónica del continente.
Podemos decir que, desde el punto de vista jurídico, el lawfare es el anti-derecho, es el uso anómalo del derecho para fines políticos de persecución y ataque a objetivos previamente determinados. Y desde el punto de vista geopolítico, el lawfare es una nueva forma de promover la vieja práctica de intervenir en la política interna de los países para garantizar gobiernos más amigables con los intereses económicos y estratégicos de la primera potencia mundial.
* Doctoras en derecho, miembros de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
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