Últimas novedades

El grupo de alto nivel de la OEA llegó a Perú para analizar la crisis

(21/11/22 - Perú)-.El presidente Pedro Castillo, que asumió al poder en julio de 2021, acudió el mes pasado a la organización para argumentar que se le quiere destituir en forma ilegal y se apoyó en la Carta Democrática Interamericana, instrumento aprobado en 2001 para la intervención del foro en países de la región en que esté en riesgo la democracia.

Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que forma parte el canciller Santiago Cafiero, llegó este domingo a Lima para analizar la situación en Perú a pedido del presidente Pedro Castillo, que dice que está en marcha un "golpe de Estado" en su contra.

La misión, encabezada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga como portavoz y representante de la Secretaría General de la OEA, sostendrá entre el lunes y miércoles reuniones con diversos interlocutores, incluidos Castillo, la oposición parlamentaria y voceros de la sociedad civil.

"El objetivo es escuchar la mayor cantidad de voces posibles, para así recopilar información pertinente con la que poder elaborar un informe que será presentado posteriormente ante el Consejo Permanente", anticipó el organismo continental en un comunicado.

"El Grupo de Alto Nivel hizo hincapié antes de su visita en que sus tareas emanan de la voluntad expresada por todos los Estados Miembros de la OEA de apoyar al Perú en lo que Perú requiera, desde el máximo respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía peruana", agregó.

Cafiero está acompañado por sus pares de Belice, Eamon Courtenay; Costa Rica, Arnoldo André; Ecuador, Juan Carlos Holguín; Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, así como por la vicecanciller colombiana, Laura Gil.

Castillo, un profesor de izquierda que desde que asumió el poder en julio de 2021 ha tenido continuos choques con la oposición de derecha que controla el Congreso, acudió el mes pasado a la OEA para argumentar que se le quiere destituir en forma ilegal y se apoyó para eso en la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para la intervención del foro en países de la región en que esté en riesgo la democracia.

El mandatario se refirió específicamente a una denuncia constitucional por presuntos delitos de corrupción presentada en su contra por la Fiscalía -a la que considera aliada con la oposición-, a un proceso parlamentario para acusarlo de traición a la patria y a nuevos trámites para intentar destituirlo por "incapacidad moral".

Misión a Lima

Tras escuchar ese alegato, la OEA dispuso el envío de la misión, que, por las características del foro, no podrá tomar medidas vinculantes, pero sí estará facultada para formular propuestas que ayuden a salir al Perú de una crisis que lo tiene políticamente paralizado.

"La OEA no nos va a dar la receta, pero puede ayudar a que ciertos actores políticos conversen o al menos se moderen. Mi idea, tal vez ilusa, es que se podría generar una suerte de moderación de discursos porque nos están viendo terceros", dijo en la radio Ideele la exministra de Justicia Ana Neyra.

"La Carta no implica que vengan a imponer. Simplemente se les pide (a los países del continente) que puedan tomar interés en el asunto", agregó el exembajador del Perú ante la OEA Walter Albán, quien le aconsejó a la oposición que aproveche la presencia de la misión en lugar de atacarla.

Sectores de la derecha han criticado la presencia "injerencista" del organismo continental y han asegurado, sin presentar pruebas, que la intención de los visitantes es lavarle el rostro al Gobierno de Castillo, duramente criticado por la oposición por sus presuntos actos de corrupción y su "incapacidad".

Algunos de estos grupos fueron, a su vez, los que aplaudieron la intervención de la OEA en Bolivia en 2019, cuando el organismo continental, y específicamente su secretario general, Luis Almagro, fueron acusados por varios sectores de haber sido funcionales a fuerzas golpistas contra Evo Morales.

La inminente llegada de los visitantes no bajó el tono de la confrontación en Perú. Por el contrario, las partes han estado a la ofensiva e incluso intentaron en los últimos días movilizaciones populares callejeras, las que tuvieron escaso respaldo de la ciudadanía.

El gobierno, a través del jefe del gabinete, Aníbal Torres, atacó con la presentación de dos cuestiones de confianza, de las que una sigue viva y podría poner contra las cuerdas al Congreso.

Las cuestiones de confianza consisten en que el Ejecutivo presenta bajo esa figura un proyecto y si el Legislativo no acepta tramitarlo, se considera derribado al gabinete, cuyos miembros tendrán que renunciar. Si un Congreso rechaza dos cuestiones de confianza en un quinquenio, el presidente queda facultado constitucionalmente para disolverlo.

En el caso concreto actual, Torres pide que se derogue una ley reciente que señala que se necesita imprescindiblemente de permiso del Parlamento para realizar referendos. La cuestión se planteó el jueves y se está a la espera de respuesta.

Analistas pintan así el escenario: si el Congreso se niega, caerá el gabinete, pero el Legislativo quedará a un paso de generar su disolución. Si lo acepta, le dará al Gobierno una herramienta para retomar la idea de un referendo como punto de partida para un proceso constituyente rechazado por la oposición.

Según expertos, una tercera salida, quizás más probable, es que el tema quede en nada porque el Tribunal Constitucional (TC) le dé la razón al Congreso. Así, para una ex jefa de gabinete de Castillo, Mirtha Vásquez, lo que quiere el gobierno es hacer ver al Legislativo como intransigente a ojos de la OEA.

Mientras tanto, el Congreso sigue sus acciones contra Castillo y la denuncia constitucional de la Fiscalía por presuntos delitos en la adjudicación de obras y compra de biodiesel ya pasó el primer filtro en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sin embargo, incluso juristas que creen en la solidez de los elementos probatorios reunidos por la Fiscalía recuerdan que la Constitución fija cuatro delitos por los que se puede procesar a un presidente en funciones y entre ellos no están los de corrupción.

En cuanto al caso de "traición a la patria", también hay fuertes cuestionamientos de juristas, pues se basa en una entrevista de televisión en la que Castillo abrió la posibilidad de que un referendo determine si se le da salida al mar a Bolivia.

Un miembro del TC, Gustavo Gutiérrez, ya planteó en ese foro que, al no haber un hecho concreto, se trata de una opinión que no constituye delito. La posible denuncia ha sido criticada incluso por duros cuestionadores del Presidente.

Es ese confuso escenario, agravado por la polarización y la tirantez entre las partes, el que encontrará en Lima la misión de la OEA.

Las reuniones de los visitantes arrancarán el lunes con un encuentro con Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte, y seguirán con una con el presidente del Congreso, José Williams, y otra inmediatamente después con los portavoces de las bancadas.

También están previstos encuentros con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios, y con otros protagonistas o espectadores destacados de la situación, aunque la agenda aún está en proceso. No está claro si habrá reunión con la fiscal general, Patricia Benavides.

Opositores como el parlamentario Jorge Montoya han acusado al canciller peruano, César Landa de manipular la agenda, pero el despacho de éste aclaró que ese tema le compete exclusivamente a la OEA.

Qué encontrará la misión de la OEA en Perú

La misión de la OEA que llega este domingo para analizar la crisis política en Perú se encontrará una situación compleja, en la que el Congreso busca deshacerse del presidente Pedro Castillo, mientras que éste, a su vez, parece lanzar unos primeros intentos para deshacerse de ese Parlamento que le ha hecho la vida imposible.

Los intentos de los parlamentarios opositores por sacar a Castillo comenzaron incluso antes de la toma de posesión en julio de 2021, cuando lo acusaron de un fraude electoral para el que no presentaron pruebas y que, en concepto de las misiones de observadores nacionales e internacionales, lucía inverosímil.

Una primera moción concreta de vacancia (destitución), en diciembre, fracasó al no reunir los votos suficientes para ser debatida en el pleno, pero casi de inmediato se inició un segundo proceso.

Ese segundo intento sí llegó al pleno, pero solo 55 congresistas votaron por la vacancia, cuando se necesitaba que lo hicieran al menos 87 de los 130.

Actualmente está lista una tercera moción, pero no se presentó ante la evidencia, reconocida por sus impulsores, de que también fracasaría. Como en las dos previas, el argumento de los ponentes es que la corrupción hace de Castillo un mandatario con "incapacidad moral permanente".

Las dificultades de los impulsores de la vacancia, básicamente tres partidos de derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, chocan con la aritmética: 42 congresistas de izquierda rechazan ese camino y por lo menos seis más tampoco lo apoyan.

Así, todo indica que, en el escenario más favorable para los partidarios de la salida de Castillo, los votos no pasarían de 82. Las bancadas de izquierda están fragmentadas y lo que era el oficialismo está hoy disperso en cuatro bandos, pero en el tema de la no destitución hay unanimidad.

Por eso, la posibilidad de que Castillo sea acusado constitucionalmente, ya sea por la supuesta traición a la patria o por la denuncia de la Fiscalía, abre mejores posibilidades para sus enemigos, pues en ese caso se le podría suspender con 66 votos.

En ese cuadro habría además para los opositores una ventaja adicional: al estar el presidente suspendido, y no destituido, no se podría convocar a nuevas elecciones, pues en teoría podría regresar. Así, los parlamentarios tendrían asegurados sus asientos hasta 2026.

Durante la ausencia, la jefatura de Estado en interinato iría a la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero el Congreso también tiene un proceso en su contra, por presidir un club privado siendo ministra, con lo que asumiría el titular del Congreso, que en el momento es José Williams, de Avanza País.

Sin embargo, el entrampamiento está en que la denuncia de la Fiscalía no incluye ninguno de los cuatro delitos por los que se puede procesar a un presidente en funciones.

La traición a la patria sí está, pero, según juristas, el delito se refiere a un hecho concreto, por lo que se atribuye a Castillo, una opinión en una entrevista de televisión, no configuraría.

Los aparentes intentos actuales de Castillo de buscar la caída del Congreso antes de 2026 vía cuestiones de confianza están aún más lejos, pues se requieren dos negativas y no va ninguna.

Para analistas consultados por Télam, como Ramiro Escobar o Roger Santa Cruz, un problema adicional para todas esas maniobras es la alta impopularidad tanto del Presidente como del Congreso.

El primero, según las encuestas, no pasa de 30% de aprobación popular, pero, aún así, supera ampliamente a los parlamentarios, lo que podría explicar que las movilizaciones a favor o en contra de los bandos tengan tan baja acogida.

En estos días apareció en escena una tercera opción, la de una coalición cívica formada por más de 200 asociaciones civiles de variopinta procedencia que plantea que, mediante la recolección de firmas, se obligue a nuevas elecciones generales.

No obstante, los analistas estiman que no hay certeza de que prospere la idea de forzar una salida a la crisis mediante el “que se vayan todos”, al margen de que los sondeos presentan esa alternativa como la más popular.




Compartir:

Publicar un comentario

 
Copyright © Diario Reporte Sur.