La medida, que aplica para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero.

El texto define la suba del 2,9% en los aranceles del nomenclador vigente, correspondiente a marzo, en línea con la inflación de febrero. El ajuste se aplica sin distinción entre tipos de prestaciones, tomando como base los valores fijados previamente.

La actualización impacta sobre el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, creado por la Ley 24.901, que regula servicios clave para personas con discapacidad, como centros de día, prestaciones educativas, hogares, rehabilitación y transporte, entre otros.

Entre los valores actualizados, por ejemplo, un centro de día con jornada doble en categoría A pasará a $977.500,48, mientras que un hogar permanente superará los $1,83 millones. En el caso de prestaciones de rehabilitación con internación, los montos superan los $5,2 millones mensuales.

La resolución también ratifica el pago de un adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en la región patagónica, en línea con lo establecido por la normativa vigente. El ajuste se enmarca en el esquema de actualizaciones periódicas del nomenclador, que se define a partir de propuestas del directorio del sistema y se vincula con la evolución de los precios. En febrero, ya se había aplicado un incremento del 5,78% sobre estos mismos valores.

El fallo se dictó en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), a la cual se acumuló la presentación judicial realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

También se habían presentado en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.

En la acción de amparo presentada por la ACIJ en septiembre, argumentaron que la conducta estatal había implicado una "violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente" de las personas con discapacidad.

Además, indicaron que se había violado el "deber de buena fe estatal al haber creado nuevas obligaciones para los beneficiarios y beneficiarias de estas prestaciones de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión para que las personas conocieran el deber de actualizar sus domicilios".

La suspensión de más de 100.000 pensiones en los últimos meses implicó un "grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente", remarcaron desde ACIJ.

Con esta decisión, la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de "revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna", concluyó el documento.

La propuesta del diputado nacional cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

Unión por la Patria logró el despacho de mayoría con 29 firmas, incluyendo las del Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal), mientras que Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y un sector de la UCR (Natalia Sarapura) suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas, al igual que Juan Brügge (Encuentro Federal) que firmó un despacho alternativo en soledad.

"Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión", señaló Marino en diálogo con la agencia Noticias Argentinas (NA), apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.

En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, "se reglamente y promulgue como corresponde".

“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.

El legislador de Unión por la Patria hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.

Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”.

“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.

A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.

Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.

También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.

“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.  

Por su parte, Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda) valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.

El referente del PTS cargó contra el "recorte discrecional de las pensiones" y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”. 

También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial".

Sobre la ANDIS, cuestionó que la actual administración haya despedido a “cientos de laburantes, muchos de ellos personas con discapacidad que habían ingresado con el cupo” con contratos precarios.

“No hay antecedentes de que en un mismo decreto se promulgue y se suspenda una ley. Esto es gravísimo además de anticonstitucional. Espero que más temprano que tarde la Justicia lo revierta. Es una barbaridad”, finalizó Castillo.

Carla Carrizo (Democracia para Siempre) celebró "el avance" aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.

“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.

“Celebro este avance. Es un proyecto que surge para poder separar la ANDIS del Poder Ejecutivo, porque los Ejecutivos no garantizan transparencia en la Argentina”, indicó.

Sarapura (UCR), quien firmó el dictamen de minoría junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, destacó que las propuestas para reformar y democratizar la ANDIS, más allá de los matices, “vienen a dar un mensaje claro de transparencia y control social”.

“Tener un órgano fuerte con participación y con control social es necesario. Por eso me sumo al esfuerzo que estamos haciendo legisladores de distintas bancadas de tener un dictamen que siga diciéndole a las personas de discapacidad que es desde su ejemplo de dignidad y desde su ejercicio de derechos que vamos a garantizar una transformación social y vamos a garantizar que el Estado cumpla su función de garante de derechos”, consideró.

Sabrina Selva (Unión por la Patria) justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis.

“La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó.

La diputada massista aclaró que el interés de Unión por la Patria “no es darle herramientas a un gobierno, y menos a uno que gobierna de espaldas a los argentinos” sino “darles herramientas a esas personas con discapacidad que necesitan una agencia transparente, que funcione, que de respuestas, en la que tengan participación”.

Vega, por su lado, anunció que acompañaría el dictamen de mayoría porque el proyecto “no hace otra cosa que darle herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda ocuparse de darle solución a las personas con discapacidad”. 

Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza, que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”.

“Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.

El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos. 

“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.

El proyecto de Juan Marino

La comisión directiva que propone Marino está compuesta por siete miembros con mandato de cuatro años no prorrogable, donde el presidente (rango de secretario de Estado) y vicepresidente (rango de subsecretario de Estado) son designados a instancias del Poder Ejecutivo.

Otros dos vocales son designados por el COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad) y los restantes tres surgen de las propias organizaciones de la sociedad civil representativas del sector de discapacidad, y son designados mediante la votación en una asamblea organizada por ANDIS.

La Comisión Directiva estará habilitada para sesionar con cinco de los siete miembros y podrá tomar decisiones con mayoría absoluta (tres votos), con la excepción de una serie de medidas que requieren de cinco votos.

En cuanto el financiamiento, se prevé la utilización de partidas presupuestarias, en tanto que el plazo de implementación es de 180 días desde la promulgación de la ley.

Entre las funciones listadas en el proyecto se encuentran la aprobación del Plan Estratégico anual de Discapacidad, la supervisión de programas (incluido el Incluir Salud, el FONADIS y pensiones no contributivas por invalidez), la aprobación de licitaciones y contrataciones de bienes y servicios) y el dictado de reglamentos internos de transparencia y protocolos de prevención de la corrupción.

Como parte de la política de transparencia, la comisión directiva tendrá la obligación de publicar un tablero trimestral de datos abiertos que incluye la ejecución presupuestaria, las transferencias y pagos a prestadores, altas, bajas y prestaciones de Incluir Salud, los listados de espera y tiempos de resolución de trámites, y la gestión de reclamos.

Para Dalbón, el escándalo de las coimas en la ANDIS “es una vergüenza” y puntualizó que “en cualquier país del mundo democrático serio esto ocurre y el Presidente de la Nación se tiene que ir, porque no hay forma de sostener un escándalo de esta naturaleza”.

El abogado recalcó en declaraciones a Splendid AM 990 que Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem “están recontra metidos con la droguería Suizo Argentina”, también denunciada en la causa, y dijo que pertenecen a una familia que “desde que volaron Río Tercero no hay hecho de corrupción donde no estén”.

Para Dalbón, en la ANDIS hay “una investigación que recién comienza y que seguramente le va a traer bastantes dolores de cabeza al Presidente de la Nación, porque en algún momento, va a tener que presentarse como imputado colaborador si quiere salir por la figura menor, que es incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Aseguró que al presidente Javier Milei “se le va a hacer difícil salir de lo que es la (figura penal de) asociación ilícita”, y recalcó: "Él es partícipe, sin lugar a dudas”.

Asimismo, explicó que, dentro de esa misma causa, denunció la semana pasada al director de “La Derecha Diario”, Fernando Cerimedo, porque “es una persona que fue importante para el Gobierno de Javier Milei y sabía que se estaba haciendo un desfalco en la ANDIS y no dijo nada”.

Tras ironizar señalando que “Cerimedo no es un nene de pecho”, recordó que la esposa de este, Natalia Basil, “era directora de la ANDIS, y ella sí tenía absoluta obligación de denunciar”.

“Natalia Bassil ocupó el cargo de directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS con la responsabilidad sobre el área del presupuesto. Mirá si no tenían él y su esposa la noticia de que se estaban robando los remedios de los discapacitados y estaban haciendo un desfalco, llevándole coimas a la secretaria de la Presidencia, es un escándalo sin precedentes”, subrayó.

Asimismo, el magistrado manifestó que éstos "son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.

Según un medio local, Díaz Martínez, señaló que en el plazo de 24hs., desde el dictado del fallo, se debe restituir “la totalidad de las pensiones a los titulares” y pagarse el importe de los haberes “de pensiones retenidas a la fecha". Paralelamente, le exigió a la ANDIS que "se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad".

“La presentación había sido realizada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo”, sostuvo el diario El Ancasti.

La presentación fue una acción de amparo iniciada “contra el Estado Nacional y la ANDIS”, en la que se solicitó “que se declare la nulidad” de la suspensión de las pensiones por invalidez de cada beneficiario afectado. También se pidió “la adecuación del procedimiento de auditorías” y que se declare la “inconstitucionalidad” del Decreto Nº843/2024.

El dictamen fue emitido por el fiscal federal Santos Reynoso la semana pasada, en favor del amparo que se presentó el viernes 5 de septiembre.

“Los últimos, los más golpeados por la crueldad y la corrupción, lograron con la fuerza de los débiles quebrar la prepotencia de Milei marcando el principio del fin del régimen de la deshumanización”, señaló el líder del Frente Patria Grande en su cuenta de la red social X.

A su entender, esta victoria del colectivo de personas con discapacidad rompe “los muros de la exclusión y abre el camino hacia la justicia social”.

“Como siempre, desde abajo, los movimientos sociales, esta vez el colectivo de personas con discapacidad, rompen con su lucha los muros de la exclusión y abren el camino hacia la justicia social”, remarcó.

"Con todo mi amor y admiración, a Jony y a todos los disca (sic), sus familiares y los que laburan con ellos, felicitaciones por este triunfo”, concluyó el dirigente social y político.

El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia con una mayoría abrumadora de votos, ya que la mayoría de los legisladores aliados del Gobierno se pronunciaron en contra de la decisión presidencial que afecta a centenares de personas que tienen discapacidad.

Los legisladores libertarios que avalaron el veto fueron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagoto, Francisco Paoltrani, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucero y del PRO Carmen Alvarez Rivero.

Uno de los datos centrales que la mayoría de los aliados se pronunciaron en contra del veto presidencial ya que la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas, y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.

Los bloques dialoguistas aportaron 30 votos ya que lo hicieron contra el veto los 13 radicales, donde están incluidos los senadores de Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Jury y el chaqueño Victor Zimermann, cuyos sus gobernadores hicieron acuerdos electorales con la LLA para octubre.

También lo hizo el senador del PRO Alfredo De Angelis de Entre Rios donde el mandatario Rogelio Frigerio hizo un acuerdo con la Libertad Avanza para los comicios del 26 de octubre.

Además los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son  2 del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones);  2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino,  de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Los bloques peronistas aportaron 33 votos que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular-que preside José Mayans-4 a Convicción Federal (Fernando Salino) y 15 a Unidad Ciudadana (Juliano Di Tullio).

Daniel Arroyo, autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, salió a respaldar el fallo judicial que frenó el veto presidencial. “Es inconstitucional vetar la emergencia de la ley de Discapacidad, porque lo que manda el texto es cumplir con el nomenclador, que no se actualiza desde noviembre del año pasado”, sostuvo en declaraciones radiales.

La resolución de González Charvay invalida el veto de Javier Milei y obliga a regularizar pagos a prestadores y actualizar aranceles, aunque en principio alcanza solo a dos familias que presentaron el amparo. Aun así, el magistrado advirtió que “los argumentos del veto resultan arbitrarios y en abierta contradicción con las obligaciones constitucionales e internacionales”.

Para Arroyo, el problema radica en que “los que deciden son tres: el Presidente, el ministro de Economía y el ministro de Desregulación, que solo miran números y deciden sin contacto con la vida cotidiana”. El legislador remarcó que “el acompañante terapéutico sigue cobrando 3.000 pesos por 180 días de trabajo, el transportista 541 pesos por litro de combustible, mientras la nafta cuesta 1.500”.

Cabe señalar que con el fallo en la mano, el peronismo reforzó las críticas al oficialismo por desatender a uno de los sectores más vulnerables. “El juez lo que le dice al Estado es: ‘usted no puede no actualizar el nomenclador’”, subrayó Arroyo, convencido de que el camino judicial y legislativo seguirá abierto hasta que se cumpla la ley.