Lo hizo en forma preventiva ante el alerta oficial de tormentas y precipitaciones para nuestra región y para el AMBA en general.

En efecto, numerosos equipos de la Comuna browniana vienen interviniendo durante la presente semana en los arroyos y las bocas de tormenta. En el primer caso se recurre a cuadrillas y camiones para limpiar las márgenes y también retirar residuos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Mientras tanto, camiones desobstructores del Municipio limpian las bocas de tormenta en los barrios multiplicando las acciones preventivas que buscan mitigar los efectos del temporal.

“Como lo hacemos durante todo el año, especialmente en estas jornadas profundizamos estos operativos preventivos en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares destacando el gran trabajo que realizan los equipos municipales y solicitando la colaboración de los vecinos evitando arrojar residuos donde no corresponde.

Finalmente se lanzaron recomendaciones para los vecinos frente a la inestabilidad meteorológica: no sacar los residuos a la vía pública, retirar de balcones y ventajas objetos que puedan caerse, alejarse de postes de luz y árboles; y evitar circular por calles anegadas. Ante cualquier emergencia se recomendó comunicarse al 147 o al 4238-2595 (Centro de Operaciones Municipal COM).

Axel Kicillof recibió a más 60 intendentes oficialistas y opositores para repasar el impacto de la deuda del gobierno de Javier Milei con la provincia, pidió el respaldo de los jefes comunales para avanzar con el reclamo a Nación y adelantó que coparticiparán entre los distritos los fondos recuperados.

La reunión, que comenzó a las 15:30 horas con la participación de unos 60 jefes comunales, incluyó una presentación del estado de las cuentas provinciales, una serie de anuncios orientados a fortalecer las finanzas de los distritos y un nuevo reclamo por la deuda del gobierno nacional con la Provincia.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Economía Pablo López y el ministro de Gobierno Carlos Bianco, además de otros funcionarios del gabinete provincial, legisladores y representantes de organizaciones sindicales.

“No les vamos a dar la espalda a los bonaerenses”

A lo largo del acto, Kicillof remarcó que el gobierno nacional es el responsable directo de la delicada situación que atraviesan las finanzas provinciales y municipales. Describió la situación como producto de “tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”.

Para el gobernador, el resultado de esas políticas es concreto: “Con menos recursos tenemos que dar respuesta a necesidades que crecen a medida que el Gobierno Nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”. En ese marco, señaló que existe “un intento deliberado de parte del Gobierno Nacional por transferir la crisis a provincias y municipios”.Política

Al cerrar su intervención, fue categórico en cuanto a la atribución de responsabilidades: “Debemos ser claros a la hora de establecer cuáles son las responsabilidades: la culpa no es de la familia que se queda sin ingresos ni de los empresarios que ven cómo caen sus ventas; la culpa es de las políticas económicas de Milei“.

El gobernador también reconoció el esfuerzo de los intendentes de todos los partidos para sostener los servicios esenciales en un contexto de restricción presupuestaria creciente, y reafirmó el compromiso conjunto: “Los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades“.

Kicillof realizó tres anuncios durante el encuentro. El primero apunta directamente a los intendentes: la Provincia coparticipará a los 135 municipios los fondos que logre recuperar de la deuda nacional, a través del Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional.

Se trata de recursos que, en principio, no eran coparticipables, pero el gobierno provincial decidió incluirlos mediante una normativa específica. El porcentaje asignado a los distritos será el 16,14% de lo recaudado.

La única excepción serán los fondos correspondientes al FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que el gobernador aclaró que “es un derecho de los trabajadores de la educación” y quedará fuera del esquema de distribución.

Para que este fondo entre en vigencia, cada municipio deberá adherirse mediante una sesión de su Concejo Deliberante. Por eso, Kicillof pidió el respaldo desde los territorios para impulsar esa aprobación. “Pedimos que cada municipio acompañe a la provincia de Buenos Aires en defensa de los jubilados de sus localidades”, señaló.

El segundo anuncio tiene que ver con el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, aprobado a fines del año pasado junto con el presupuesto provincial. Kicillof aseguró que la gestión hará “todos los esfuerzos posibles” para cumplir con los plazos, y que la primera cuota se pagará el 30 de abril.

La reglamentación del fondo, precisaron desde el gobierno, se publicará en los próximos días. El tercer punto giró en torno a la causa previsional ante la Corte Suprema. La segunda audiencia está fijada para el 21 de abril y el gobernador convocó a los intendentes a acompañar a la Provincia en ese proceso judicial, tanto de manera simbólica como institucional.

La deuda de Nación con la Provincia

Antes de que tomara la palabra el gobernador, López presentó una serie de filminas describiendo la situación económica de la provincia de Buenos Aires. “Estamos viviendo una situación muy delicada“, afirmó el ministro.

Además, subrayó que los municipios dependen en gran medida de la recaudación nacional que se coparticipa hacia las provincias y los distritos, además de la recaudación propia provincial.

Según los datos aportados por López, las deudas del gobierno nacional con la Provincia alcanzan los $15 billones, cifra que asciende a más de $22 billones si se suma la pérdida de recaudación acumulada en dos años de gestión libertaria.

“Esta terrible cifra muestra que la Provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense”, sostuvo el ministro. Y advirtió: “Lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico”.

La deuda se distribuye en distintos conceptos. Entre los más relevantes se encuentran el fondo de seguridad (que supera los 750 mil millones de pesos), el Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros, el Fondo para Bosques Nativos, el fondo compensador de las cajas jubilatorias y el fondo de los tributos locales de los servicios de gas.

A estos se suma también el Fondo de Incentivo Docente, y el recorte de transferencias de ANSES por déficit previsional provincial, cuyo monto asciende a $2,2 billones y ya fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese frente judicial, representantes de la Provincia y del gobierno nacional mantuvieron su primera audiencia ante la Corte Suprema la semana pasada, y ya acordaron una segunda para el 21 de abril en la Secretaría de Asuntos Originarios.

Kicillof informó además que la Provincia tiene siete causas judiciales abiertas ante el máximo tribunal por los fondos adeudados, y anticipó que se presentará una demanda adicional por incumplimiento del Pacto Fiscal, en la que se reclaman 1,3 billones de pesos.

Los intendentes que participaron del encuentro

Asistieron al acto los intendentes Javier Andrés (Adolfo Alsina), Jorge Gaute (Alberti), Juan José Fabiani (Almirante Brown), Nelson Sombra (Azul), Julio César Marini (Benito Juárez), Carlos Balor (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Eduardo Bucca (Bolívar), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), y María Celia Gianini (Carlos Tejedor).

A ellos se sumaron Iván Villagrán (Carmen de Areco), Sebastián Echarren -interino- (Castelli), Javier Gastón (Chascomús), Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), María Alejandra Serra (Daireaux), Juan Pablo García (Dolores), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), y Valeria Bellizzi -interina- (Esteban Echeverría)

También estuvieron Luis Martín (Exaltación de la Cruz), Andrés Watson (Florencio Varela), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Carlos Rocha (General Guido), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Juan Manuel Álvarez (General Paz), y Mauro García (General Rodríguez).

La lista continúa con Gilberto Alegre (General Villegas), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Juan de Jesús (La Costa), Julio Alak (La Plata), Julián Álvarez (Lanús), Alfredo Fisher (Laprida), Fabián Blanstein -interino- (Las Flores), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), y Myriam Mongay (Lezama).

Asimismo, asistieron Leonardo Boto (Luján), Lisandro Hourcade (Magdalena), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Facundo Diz (Navarro), María José Gentile (Nueve de Julio), Maximiliano Wesner (Olavarría), Gustavo Walker (Pila), y Maximiliano Suescun (Rauch).

Finalmente, cabe destacar la presencia de Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Ariel Succurro (Salliqueló), Ricardo Alessandro (Salto), Miguel Ángel Gesualdi (San Andrés de Giles), Juan Luis Mancini (Suipacha), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Estefanía Bordoni -interina- (Tornquist), Pablo Garate (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

Según confirmó su esposa, Lali Minnicelli, se trata de “una fuerte y prolongada arritmia”. El episodio generó preocupación en el ámbito político y familiar, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, le dedicó un mensaje de apoyo en redes sociales.

Una internación que demoró horas: los detalles del traslado

El episodio sucedió este miércoles cuando, alrededor de las nueve de la mañana, De Vido comenzó con dolores en el pecho. Recién a las 18 horas llegó al Hospital Interzonal de Ezeiza, donde permanece y se está realizando estudios. La demora en el traslado encendió las alarmas entre sus allegados, que cuestionaron los tiempos de respuesta del Servicio Penitenciario Federal.

Fuentes consultadas confirmaron que el ex funcionario fue asistido y derivado por los médicos del SPF al centro de salud, donde continúa internado.

Larroque le envió un “abrazo compañero”

La noticia de la internación de De Vido no pasó desapercibida en el ámbito político. El titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “El Cuervo” Larroque, le hizo llegar un saludo a través de sus redes sociales.

“Mi abrazo al compañero Julio De Vido y deseo de pronta recuperación”, comenzó escribiendo Larroque en su cuenta de X, para luego agregar una frase que apuntó directamente a las condiciones de detención del exministro. “Esta situación que hoy atraviesa Julio es producto de la injusta detención a la que se encuentra sometido y que es totalmente incompatible con el tratamiento médico que debe recibir a raíz de su enfermedad crónica y su edad”, sostuvo.

De Vido cumple condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido se encuentra detenido desde 2018, condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido en 2012 que dejó 51 muertos y cientos de heridos. Fue encontrado culpable de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo, y cumple su pena en el penal de Ezeiza.

Su estado de salud ha sido motivo de controversia en los últimos años. Sus allegados y su defensa han denunciado en reiteradas ocasiones que las condiciones de detención no son compatibles con su edad y sus dolencias crónicas. La internación de este miércoles reavivó el debate sobre el tratamiento médico de los presos de edad avanzada en el sistema penitenciario.

Un episodio que reaviva el debate sobre las condiciones de detención

La internación de Julio De Vido por una arritmia no es un hecho aislado. En los últimos años, varios ex funcionarios condenados por corrupción o por delitos de lesa humanidad han debido ser trasladados de urgencia a centros de salud, lo que puso en evidencia las deficiencias del sistema de salud penitenciario.

Por ahora, De Vido permanece internado en el Hospital Interzonal de Ezeiza, donde continúa bajo observación y realizándose estudios. Su familia espera una pronta recuperación, mientras que sus allegados políticos exigen que se garanticen las condiciones médicas adecuadas para un detenido de su edad.

El video en el que se escucha la declaración de Centeno en una causa que tramitaba en España para investigar los supuestos pagos de la empresa Isolux Corsán –una multinacional energética con origen en ese país- a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner generó un revuelo en la audiencia del jueves 26 de marzo y llevó, incluso, a un debate intenso entre los miembros del Tribunal Oral Federal N° 7 y a un cruce con la fiscal Fabiana León.

La declaración fue incorporada a la audiencia a pedido de De Goycochea, el primer empresario en declararse arrepentido en la causa de los cuadernos, en agosto de 2018. Ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, De Goycochea hizo una larga declaración en la que contradijo la versión que había dado durante la etapa de instrucción, y que finalizó con un pedido para que se exhibiera “un extracto” del testimonio que Centeno dio en la causa española, en abril de 2022.

Discusión en el recinto

El pedido generó una discusión en la sala entre la fiscal, los jueces y varios abogados defensores, que intervinieron para respaldar la solicitud de De Goycochea. En un primer momento, el presidente del Tribunal, Méndez Signori, recordó que el video había sido excluido como prueba del juicio, pero varios letrados advirtieron que esa decisión afectaba el derecho de defensa en juicio de De Goycochea. Solo el defensor de Centeno se opuso.

El exjefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que oficia como abogado de Daniel Álvarez, exsecretario de Néstor Kirchner, dio en la tecla sobre lo que se vería después. “Es un hecho de la realidad. Y si perjudica a Centeno y bueno, es un hecho que ocurrió”, dijo. Tras un intercambio en la sala, los jueces se retiraron para deliberar y volvieron con una decisión, que se tomó por dos votos contra uno en favor de la reproducción del extracto. Méndez Signori y Canero admitieron la prueba, mientras que Castelli se opuso, en sintonía con la fiscal.

La contradicción del autor de los cuadernos K

Acto seguido, la sala puso atención al video. “¿Por qué Isolux entregaba esos fondos?”, preguntó el encargado de tomar la declaración. “Desconozco si Isolux entregaba fondos”, respondió Centeno. “¿A qué personas de Isolux conoció?”, indagó de nuevo el representante judicial. “A ninguna. No puedo identificar a nadie”, replicó el exchofer de Roberto Baratta.

El video reproducido corresponde a un extracto editado de la declaración que Centeno dio ante Marcos Tedin, secretario del juez federal Daniel Rafecas, en cuyo juzgado recayó la rogatoria internacional librada por el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid. El exchofer de Baratta declaró en esa causa como testigo, bajo juramento. La pieza que se transmitió este jueves dura cerca de nueve minutos, en los que Centeno derriba la versión escrita por él mismo en los cuadernos que se convirtieron en la pieza basal del juicio.

“¿El video está certificado? ¿Quién lo entregó al Tribunal? ¿Quién es la persona que hace preguntas? Que quede constancia que el video ha sido editado”, se quejó, con insistencia la fiscal León. El juez Méndez Signori replicó que la prueba había sido aceptada por el Tribunal y que la versión completa, debidamente certificada, había sido incorporada a la causa.

Finalizado el cruce, De Goycochea cerró: “Como ha quedado demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux”. Al comienzo de la audiencia, el empresario había corregido su propia declaración como arrepentido. “En mi acta de declaración se consignaron 17 entregas, se me procesó por 19 y la realidad es que, después de haberlo pensado un poco más tranquilamente, no tienen que haber sido más de siete”, dijo.

“Por ejemplo, hay una supuesta entrega anotada el 7 de abril del 2009 y yo tengo acreditado en el expediente con el pasaporte que entre el 6 y el 13 de abril del 2009 yo estaba en España, no estaba en la Argentina. Hay otra supuesta entrega de dinero el 5 de enero del 2009, pero la realidad es que yo en esa fecha estaba de vacaciones en la ciudad de Esquel”, siguió. Por último, anunció que Centeno “nunca tuvo conocimiento de que Isolux entregara dinero a Baratta ni conoció a ninguna persona de Isolux”.

Los “aportes para la campaña” y el silencio del primo de Mauricio Macri

Entre las citaciones a la audiencia de este martes se destacaba la de Ángelo Calcaterra, exdirectivo de la constructora Iecsa y primo de Mauricio Macri. Pero tanto Calcaterra como su mano derecha en la empresa, Javier Sánchez Caballero, se negaron a declarar, al menos “por ahora”, según dijeron cuando les tocó presentarse ante los jueces.

En la misma sintonía se expresaron Aldo Roggio y Armando Loson. Como contó Letra P, muchos empresarios esperarán a ver cómo avanza el juicio para evaluar si les resulta conveniente. Roggio, sin embargo, dejó en claro que “mantiene todos los cuestionamientos” que hicieron sus abogados en las cuestiones preliminares. El defensor de Roggio planteó en esa instancia que el empresario había sido presionado por el fallecido juez Claudio Bonadio durante la instrucción.

Entre quienes hicieron uso de su derecho de declarar estuvo el ingeniero Carlos José Mundin, fundador de la empresa BTU, dedicada al desarrollo de grandes obras, especialmente en áreas de energía. Mundin fue detenido en la madrugada del 1 de agosto de 2018 y luego trasladado al penal de Marcos Paz. Nunca se acogió a la ley del arrepentido.

“Mi abogado me comentó de la posibilidad de arrepentirme. La realidad es que siempre negué los hechos y no estaba dispuesto a mentir. Pensé que con el tiempo la cosa se iba a normalizar. Perdí 20 kilos, terminé internado en el penal de Ezeiza. Sigo con tratamiento psicológico. Es imposible olvidar lo que pasamos. Me sostiene no haber traicionado mis principios y la convicción de mi inocencia que voy a demostrar en forma fehaciente”, relató.

En la audiencia, Mundin contrastó las anotaciones de los cuadernos de Centeno, en los que se lo menciona, con informes que detallan la ubicación de su celular y el de Baratta para demostrar que las reuniones detalladas en el manuscrito no existieron. “Es falso, es un invento, no pasó”, dijo.

Además, consignó que el primer hecho descrito está en uno de los cuadernos que nunca apareció y que, en otro caso, la inclusión de su nombre es producto de “una anotación alterada en su escritura original”. “Los horarios que dice el señor Centeno no coinciden en absoluto con lo que indican las antenas”, refirió.

Taselli y el 1% "para la campaña"

Este martes también declaró Alberto Tasselli, extitular de la empresa Faraday, que se convirtió en imputado colaborador. Tasselli admitió pagos a Baratta y confirmó que recibió presiones para hacer “aportes de campaña” durante el año 2013.

“Estaba prácticamente obligado a aceptarlo porque mi único cliente era el Estado. Lo único que yo producía en proporción muy importante eran máquinas de 500 kilovoltios. No había quien más pudiera comprarme esos equipos”, dijo Tasselli. El empresario detalló que Baratta lo llamó en 2013 y luego se reunieron en la oficina del exfuncionario, donde se le solicitó el dinero.

“Me puso un papelito sobre el escritorio, había un 1, me dijo que era para la campaña. En el tiempo empezó a apestillarme por el tema del pago”, consignó Tasselli. Luego dio detalle de los seis pagos que hizo entre julio y el 17 de octubre y aseguró que Baratta le dijo que no se hiciera “el boludo” y que debía pagar en dólares, pero que siempre lo hizo en pesos.

Los legisladores, quienes formaron parte de la extinta comisión investigadora del caso, argumentan que Taiano ha generado una “secuencia de demoras” injustificadas y piden la apertura de un sumario disciplinario. Un punto crítico es el manejo del teléfono secuestrado del lobista Mauricio Novelli, cuya intervención se realizó hace un año, siendo analizada por Taiano recién en septiembre de 2025.

A pesar de la evidencia de contactos entre Novelli y el presidente Javier Milei antes del lanzamiento del activo digital, los diputados afirman que el fiscal no ha tomado acciones significativas para avanzar en la investigación. El caso, que inicialmente estaba en manos de la jueza María Servini, fue trasladado al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tras la firma de incompetencia del juez Ariel Lijo.

El gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo esquema de haberes para abril mediante las Resoluciones 74/2026 y 79/2026, publicadas esta semana. La actualización sigue la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

Con ese mecanismo, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijada en 380.319,31 pesos para el mes de abril. El haber máximo, en tanto, ascendió a 2.559.188,80 pesos.

Al sumar el bono de 70.000 pesos (que no recibió actualización alguna en más de dos años), el ingreso total de los jubilados de la mínima llega a 450.319,31 pesos mensuales. Para colmo, la medición de la inflación de INDEC se enfrenta a cuestionamientos por la decisión de no actualizar la metodología.

Ese monto quedó por debajo de la Canasta Básica Total que el INDEC utilizó en febrero pasado para determinar el umbral de pobreza de un adulto: 452.321 pesos. Es la primera vez desde que se implementó el bono que los jubilados de la mínima no alcanzan ese límite, aun con el refuerzo incluido.

Si el bono se hubiera actualizado por inflación desde marzo de 2024, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), debería valer en abril 198.015 pesos, casi tres veces su valor actual.

Apenas el 25% de la canasta básica de los jubilados

La comparación con la línea de pobreza general, sin embargo, no refleja la totalidad de las necesidades de los adultos mayores. Para eso existe la Canasta Básica de los Jubilados, relevada cada seis meses por la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo del Dr. Eugenio Semino.

En marzo de 2026, esa canasta alcanzó los 1.824.682 pesos, lo que representa un aumento del 20,51% respecto a la medición anterior, con una diferencia de 310.607,87 pesos. Frente a ese valor, la jubilación mínima más el bono apenas cubre el 24,67% de los requerimientos estimados para la tercera edad.

El relevamiento de la Defensoría toma como base los precios en los principales centros urbanos del país: la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario.

Semino explicó que el estudio contempla una variedad de situaciones habitacionales: “Esta medición incluye gastos de vivienda que contemplan un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones”.

Sobre la salud, añadió que “el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado”.

El detalle de los gastos relevados muestra que los medicamentos representan el rubro más costoso: 503.600 pesos, equivalentes al 28% del total. Le sigue la alimentación con 410.640 pesos (23%), la vivienda con 360.150 pesos (20%) y los servicios con 151.350 pesos.

El informe de la Defensoría señala que cuatro millones y medio de jubilados cobran la mínima. Además, quienes perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) recibieron 295.680,71 pesos más el bono, mientras que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad cobraron 258.720,61 pesos más el mismo refuerzo congelado.

El documento concluye con una advertencia: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿Cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”.

Caída sostenida: el poder adquisitivo retrocede desde mediados de 2024

El deterioro no es un fenómeno puntual de abril. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la jubilación mínima con bono cayó un 6% en términos interanuales en febrero de 2026.

El ODSA explica que el retroceso tiene dos causas principales. Por un lado, el mecanismo de actualización con rezago de dos meses hace que cuando la inflación se acelera, el ajuste aplicado no alcance para compensar la suba de precios. Por otro, el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde marzo de 2024, sin ningún tipo de corrección.

En términos más amplios, entre junio de 2025 y febrero de 2026 la jubilación mínima sin bono se redujo un 2,6%, mientras que la mínima con bono cayó un 5,3% en el mismo período. El nivel actual representa además una pérdida del 8,1% respecto de junio de 2024, que fue el punto más alto registrado durante la gestión de Milei.

En perspectiva histórica, el haber mínimo con bono equivale al 75% del promedio de 2018, el último año en que los haberes no contaban con compensaciones adicionales de ningún tipo.

El ODSA también identificó una irregularidad técnica que podría agravar la situación a futuro: el gobierno aún no publicó la actualización del Índice de Precios al Consumidor basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018). El organismo advirtió que “de no publicarse, se corre el riesgo de que las actualizaciones no se correspondan con los cambios que efectivamente perciben los hogares en los costos que deben afrontar cada mes”.

El escenario de abril marca un punto de inflexión: por primera vez desde la creación del bono, ni siquiera la suma del haber mínimo y el refuerzo alcanza para superar el umbral de pobreza. La brecha entre los ingresos de los jubilados de la mínima y el costo real estimado para la tercera edad es de más de 1,37 millones de pesos mensuales.

Los funcionarios de Milei que critican al Estado pero accedieron a créditos a tasa baja del Banco Nación. Los libertarios dicen detestar al Estado no obstante en la práctica pidieron créditos, pasaron por la ventanilla del Banco Nación y se fueron con millones n sus bolsillos.

Durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, una lista llamativa de referentes de Las Fuerzas del Cielo accedió a créditos hipotecarios millonarios a tasas subsidiadas. 

La información surgió del sitio ¿Cuánto deben?, creado por el programador Andrés Snitcofsky. La herramienta permite rastrear la evolución mensual de las deudas de figuras públicas con datos de la Central de Deudores del BCRA, una base pública que registra el endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero. A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres: 

Felipe Núñez — Director del BICE — $475 millones (febrero 2025)

En su cuenta de X figura como "Chief Financial Analyst de Toto", en referencia cariñosa a Luis Caputo. En el Banco Nación figura como deudor de casi medio millardo de pesos. Núñez es de los que más ruido hace en redes defendiendo el ajuste, el libre mercado y la austeridad fiscal. Aparentemente, esa austeridad tiene excepciones.

Federico Furiase — Secretario de Finanzas — $367 millones (Nación, agosto 2024) + $100 millones (Banco Ciudad)

Exempleado de Caputo reconvertido en funcionario clave del gobierno, Furiase se aseguró un préstamo en cada banco público que pudo. En una entrevista reciente dijo, con toda la seriedad del mundo, que no creía que la gente estuviera peor. Que a mucha gente le estaba yendo mucho mejor. Sus finanzas personales, al menos, parecen confirmar esa tesis.

Juan Pablo Carreira — Oficina de Respuesta Oficial, Presidencia — $112 millones (diciembre 2024)

Más conocido en redes como "Juan Doe", Carreira dirige la oficina encargada de desmentir información incómoda sobre el gobierno. No siempre con éxito. Lo que sí logró sin mayores inconvenientes fue el crédito hipotecario en el banco del Estado que, según la doctrina que él mismo defiende, debería dejar de existir.

Santiago Santurio — Diputado nacional, Las Fuerzas del Cielo — $340 millones

Una de las voces más combativas del bloque libertario en el Congreso también encontró en el Nación un aliado silencioso para resolver su situación habitacional. Sin escándalos, sin ruido. Solo el formulario y la firma.

Mariano Campero — Diputado (radical devenido libertario) — $322 millones (mayo 2025)

Campero tuvo un papel protagónico en el veto a los jubilados, uno de los capítulos más resonantes del primer año de gobierno. Mientras debatía cómo recortar beneficios para los adultos mayores, tramitaba en paralelo su crédito en el banco público. 

Alejandro Bongiovanni — Ex director de la Fundación Libertad — $255 millones (enero 2026)

Hijo de uno de los fundadores del think tank que fue cantera intelectual del liberalismo argentino, Bongiovanni creció en un ambiente donde el Estado era el problema. En enero pasado, ese mismo Estado le financió la vivienda.

Lorena Villaverde — Diputada libertaria — $225 millones

El caso de Villaverde tiene un condimento extra. Su préstamo había sido rechazado por el banco. Llegó igual, según la información que relevó BigBang, gracias a la intervención directa de Tillard. La misma Villaverde que enfrenta preguntas sobre sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado terminó siendo una beneficiaria con asistencia VIP del banco que su espacio político quiere privatizar.

Todos estos créditos fueron aprobados bajo la misma gestión, la de Tillard, que concluyó de manera abrupta y polémica. 

Con casi cuatro años de juicio oral y a punto de conocerse un veredicto, Santucho repasó los principales ejes del proceso judicial más extenso contra el terrorismo de Estado en la región, el ataque sistemático a organismos de derechos humanos y los desafíos que enfrenta la memoria colectiva ante un gobierno que rompe pactos sociales básicos.​Guías y diarios de viaje

La megacausa Zona 5: cuatro años de alegatos eternos

En febrero de 2026 se cumplirán cuatro años desde el inicio de la Megacausa Zona 5, un proceso que actualmente se desarrolla de manera completamente virtual debido a las refacciones en la sede del Tribunal Oral Federal de Chiclana y Lavalle, complicadas aún más por la inundación que afectó las instalaciones.

“Todo el 2025 se estuvo de alegato”, explicó Santucho, señalando que la etapa de alegatos de la defensa consumió meses enteros en un tribunal que, según describió, “las defensas y los imputados se han dado el lujo de todo lo que les diera la gana”.​

El juicio debería concluir este año con las últimas audiencias programadas para diciembre, aunque las fiestas y la feria judicial postergarán el veredicto definitivo. Quedan pendientes las réplicas del Ministerio Público, las dúplicas de la defensa y las últimas palabras de los 32 imputados que aún permanecen en el proceso.

“Creemos que van a hablar todos o la mayoría porque esa fue la impronta de este juicio, hablaron un montón. Mientras estás hablando no te pueden condenar, digamos, esta es la lógica que usan”, señaló la referenta de H.I.J.O.S..​

Reivindicación del terrorismo de Estado desde el banquillo

Uno de los aspectos más dolorosos del proceso judicial ha sido la actitud de los imputados durante las audiencias. Santucho fue contundente al describir el comportamiento de los acusados:​

“La impronta de este juicio y fundamentalmente de la mayoría de estos imputados, no todos pero sí de la mayoría, fue el ataque, la reivindicación de lo que hicieron, el ataque a las víctimas, el ataque a los organismos de derechos humanos, el ataque a las querellas”.​

“Han reivindicado el robo de bebés en sus discursos”, denunció Santucho, explicando que explícitamente afirmaron que “los militares les hicieron un favor porque sus padres eran terroristas, entonces ya tenían la sangre infecta que venía de sus padres”.​

Estas declaraciones aberrantes transcurrieron “ante la paciencia absoluta nuestra y ante la mirada, pocas veces, muy contadas veces que intervino el tribunal para llamarlos un poco al orden“, señaló la entrevistada.

El cambio en la defensa oficial

La referenta de H.I.J.O.S. también marcó un quiebre preocupante en el rol de la defensa pública oficial durante este juicio. A diferencia de los siete juicios anteriores donde se mantuvo una “defensa técnica”, en esta megacausa observaron un cambio de actitud:

“En este juicio ya lo vemos con una camiseta un poco distinta, con más énfasis atacando”, explicó Santucho.​

Según explicó, la defensa oficial atacó en primer lugar a la fiscalía, luego a las querellas y finalmente puso en duda la palabra de las víctimas y sobrevivientes.

“Lo hace con cuidado o si no te dice ‘con todo respeto’ y después te manda. Cuando te dicen ‘con todo respeto’ agarrate, porque lo que menos hay es respeto”, ironizó.​

Este cambio de estrategia, según Santucho, se adjudica “ni más ni menos a lo que se llama este cambio de época” y la “modalidad de este momento” político.​

Alberto Baños y el negacionismo institucional

El diálogo con Guarino abordó inevitablemente el rol del actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, y sus declaraciones negacionistas en la ONU. “La perversión es total”, afirmó Santucho al referirse a un funcionario del área de derechos humanos que reivindica el terrorismo de Estado.​

Santucho describió haber visto el video completo de la presentación de Baños en Naciones Unidas y señaló: “No daban crédito los que estaban ahí escuchando”. Criticó duramente la estrategia de poner en debate el número de víctimas:

“Omitir los aberrantes delitos de lesa humanidad que se cometieron dentro de un terrorismo de estado para decir si fueron más o si fueron menos, mínimamente, burdo, perverso y de muy bajo vuelo intelectual también”.​

El debate sobre los 30.000

Respecto a la discusión sobre el número de víctimas del terrorismo de Estado, Santucho fue clara en sostener que:

“Acá lo que hay que contar es que nosotros decimos una cifra aproximada que tiene que ver con los 30.000 porque los que tienen que decir cuántos son, no nos lo dicen”, explicó.​

En ese marco enfatizó que quienes cometieron el terrorismo de Estado son los que deben informar dónde están los cuerpos y dónde están los cerca de 500 bebés que faltan, de los cuales solo se han recuperado 140.

“Ellos que hablan de verdad completa digan dónde están. Si ellos cometieron, ¿por qué nosotros tenemos que dar un número exacto si los que cometieron las aberraciones fueron ellos?”, cuestionó.​

Santucho aclaró que dentro de los 30.000 se incluyen todos los compañeros detenidos desaparecidos, no solo los muertos, también “los que pasaron por la Escuelita y nunca fueron a declarar porque tuvieron miedo”. Reveló que si bien antes calculaban que por la Escuelita de Bahía Blanca habían pasado 700 u 800 personas, “hoy calculamos que son más de 2.000” porque “hubo gente que capaz pasó por dos días, tres días, quedó aterrorizado y jamás lo declaró”.​Guías y diarios de viaje

Además, mencionó un documento de inteligencia del mismo Ejército que en 1978 le envió a Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor, calculando aproximadamente entre muertos y desaparecidos 22.000 víctimas.

“1978. Faltaban algunos años para terminar”, recordó. El documento estaría firmado por Arancibia Clavel, agente de la DINA chilena y amigo de Emilio Massera, y fue desclasificado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.​

Archivos secretos y la búsqueda de la verdad

Santucho recordó el hallazgo crucial que realizó el ex fiscal Hugo Cañón en 2005 en la sede de Prefectura de Ingeniero White. “Alguien de la fuerza lo llama por teléfono y le avisa que están empezando a quemar información de inteligencia”, relató. Cañón se movilizó rápidamente con su equipo y secuestró cajas llenas de papeles que resultaron ser:

“un material indispensable para discernir todo lo que había sido el terrorismo de esta Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, porque tenía que ver un poco con lo que era el corredor de la marina”.​

Actualmente, según explicó Santucho, la situación es muy diferente:

“Ahora en este momento no solo no se desclasifica sino que lo que ya estaba desclasificado y teníamos al alcance lo cerraron nuevamente y están puertas para adentro”.

Militarización de la política y ruptura de consensos

Sobre el nombramiento de un militar en actividad, Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa, Santucho fue contundente. “Es la primera vez que pasa desde el retorno a la democracia”, señaló, y agregó: “Creo que hay consensos en el país desde que volvió la democracia que este gobierno permanentemente vive traspasándolos”.​Política

La referenta explicó que estos consensos sociales fueron construidos democráticamente y ahora se rompen sistemáticamente. “Hay un consenso que se rompe que es la politización de las fuerzas o militarización de la  política, como se quiera ver”, analizó.​

Santucho citó la Ley de Defensa, que prohíbe explícitamente que las fuerzas armadas hagan inteligencia interna y establece que deben estar bajo subordinación del poder  político. “Ese es el consenso”, afirmó, aunque reconoció que “no hay un párrafo que diga no puede ser militar”, pero subrayó que existe “muchísima jurisprudencia” que lo avala, según especialistas del CELS.​

El Espacio de Memoria de Prefectura

Sobre la inauguración del Espacio para la Memoria en la ex Prefectura de Ingeniero White, Santucho explicó que la fecha prevista de diciembre se postergó para marzo de 2026.

“Nos lo pasaron tanto de provincia como nos pidieron que estaba bueno pasarlo para marzo, en el marco también de que se vienen los 50 años del golpe”, explicó.​

La inundación que afectó a Bahía Blanca perjudicó la obra que estaba “casi terminándose”. “En White estuvimos dos días bajo el agua y eso perjudicó un montón”, recordó.​Guías y diarios de viaje

Santucho definió el espacio como un lugar “en defensa de todos los derechos humanos, obviamente, no solo con nuestra historia reciente y lo que pasó con la dictadura, sino todos los derechos humanos en general”.

“Hoy se están avasallando los derechos humanos de los estudiantes, de los científicos, de la salud, de la educación, de los jubilados, de todo lo que nos podamos imaginar”, denunció.​

50 años del golpe y la memoria como resistencia

Mirando hacia el 2026, Santucho anticipó que el movimiento de derechos humanos estará enfocado en resaltar los 50 años del golpe de Estado.

“Creo que ya empezaron también a bombardearnos con lo que tiene que ver con los 50 años que van a venir. Creo que vamos a estar en el foco”, advirtió.​

Recordó la marcha del 24 de marzo de 2025, realizada apenas 17 días después de la inundación:

“Fue una marcha atípica, austera, con muchísima gente, con una ciudad que todavía no estaba en la normalidad”. Destacó que la gente los llamaba pidiéndoles que realizaran la movilización: “Necesitamos, fue un poco de catarsis”.​

Para el 6, 7 y 8 de diciembre, H.I.J.O.S. realizará su encuentro nacional en CABAa, donde “una vez al año nos reunimos todos los hijos e hijas” y desde donde traerán actividades para replicar en Bahía Blanca. El veredicto de la Megacausa Zona 5 se espera para febrero o marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa un giro estratégico en el conflicto con Irán: poner fin a la campaña militar aun sin garantizar la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

La información, publicada por The Wall Street Journal, señala que el mandatario transmitió a sus asesores su disposición a cerrar la operación incluso si el paso marítimo continúa bajo control iraní. La posibilidad de una desescalada impactó de inmediato en los mercados: las bolsas asiáticas moderaron pérdidas y el precio del petróleo retrocedió.

En paralelo, Trump reforzó esa línea con un mensaje en redes sociales: “Todos esos países que no pueden conseguir combustible para sus aviones debido al estrecho de Ormuz (…) tomen coraje, vayan al Estrecho y tómenlo”. La declaración contrastó con su postura previa, cuando había advertido: “Si el estrecho de Ormuz no queda inmediatamente ‘abierto para negocios’, concluiremos nuestra encantadora ‘estadía’ en Irán volando y destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas…”.

Según funcionarios citados por el diario, forzar la reapertura del estrecho implicaría extender la guerra entre cuatro y seis semanas, con riesgo de una ofensiva terrestre. Actualmente, el Pentágono mantiene unos 50.000 efectivos desplegados en la región, con capacidad de intervenir en puntos estratégicos como la isla de Kharg. 

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, no logró los resultados rápidos que esperaba la Casa Blanca. La resistencia iraní, con ataques a bases y objetivos a miles de kilómetros, complejizó el escenario y elevó el costo político interno para Trump, en un año electoral.

Ante este panorama, la estrategia en evaluación apunta a cumplir objetivos más acotados: debilitar la capacidad naval iraní, reducir su arsenal de misiles y contener la escalada, mientras se impulsa una salida diplomática. Si ese camino fracasa, Washington buscaría que aliados europeos y del Golfo lideren la reapertura del paso marítimo.

Expertos advierten sobre los riesgos de una retirada sin resolver el bloqueo. Suzanne Maloney calificó esa opción como “increíblemente irresponsable” y subrayó: “Los mercados energéticos son inherentemente globales, y no existe posibilidad de aislar a Estados Unidos del daño económico”.

En el plano diplomático, Trump afirmó días atrás que existen contactos indirectos con un “nuevo régimen” iraní a través de Pakistán. Sin embargo, el vocero iraní Esmaeil Baquaei lo desmintió de forma tajante: “No hemos mantenido ninguna negociación con Estados Unidos en estos 31 días”, y calificó las propuestas como “excesivas, poco realistas e inaceptables”.

Mientras tanto, Washington mantiene abiertas otras opciones. En los últimos días se reforzó la presencia militar con el despliegue del USS Tripoli, unidades de Marines y tropas aerotransportadas. No obstante, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt sostuvo que el objetivo central sigue siendo debilitar capacidades militares iraníes, sin colocar la reapertura del estrecho como prioridad inmediata.

Según la jurista, una nutricionista del MSP emitió un informe el 10 de febrero de 2026 en el que señala que el exsegundo mandatario perdió nueve kilos en tres meses. En ese sentido, la especialista denunció que no pudo realizar una evaluación completa porque no le permitieron ingresar con sus instrumentos médicos.

“La doctora mandó una dieta que tampoco se ha cumplido (…) El Estado es consciente del cuadro de desnutrición”, mencionó.

Cuadro psiquiátrico grave

La abogada indicó que Glas tiene un cuadro psiquiátrico grave debido a lo que vivió durante las masacres carcelarias y, por ello, necesita tomar 22 fármacos con 45 dosis diarias; sin embargo, la dotación de su medicación es discontinua.

“Sufre de tortura psicológica. No se ha permitido el ingreso de visitas familiares desde diciembre de 2024”, agregó en un video publicado en su cuenta de X.

Sonia Vera resaltó que, en 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado trasladar a Jorge Glas a un centro hospitalario, al considerar que las condiciones de detención atentaban contra su vida, su integridad y su salud, pero la disposición tampoco se ha cumplido.

Incomunicado

Vera advirtió que el ex vicepresidente no ha podido conversar con sus abogados nacionales desde que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. Con ella, en cambio, las reuniones por Zoom no cumplen con los protocolos de confidencialidad que deben existir entre abogado y defendido.

“Siempre está vigilado, sin audífonos y tiene miedo de hablar”, acotó.

Hábeas corpus

La jurista detalló que el 9 de febrero de 2026 la defensa de Glas solicitó un hábeas corpus correctivo que no busca ningún tipo de privilegio, sino que se garanticen condiciones mínimas para que el exsegundo mandatario pueda continuar con vida y no muera de desnutrición, mediante el ingreso de suplementos alimenticios y el cumplimiento de una dieta.

“Estamos pidiendo que no lo dejen morir de hambre”, subrayó.

La audiencia para resolver la medida está prevista para el jueves 2 de abril de 2026 y, en ese sentido, Sonia Vera enfatizó que la justicia ecuatoriana tiene una oportunidad para actuar en derecho.

“Y a la comunidad internacional, pedirle que no mire a otro lado”, remarcó.

Vera detalló que, a la par de este proceso judicial, los abogados están solicitando la ampliación de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La jornada llevada adelante en articulación con el Centro de Excombatientes “Puerto Argentino”, se iniciará a partir de las 10 horas en el espacio público ubicado en las calles Echagüe y Serrano de la mencionada localidad browniana.

Previo al acto oficial y como todos los años se efectuará desde las 8 de la mañana de este jueves 2 de abril la “Caravana Malvinera” que arrancará en el Cementerio Municipal de Rafael Calzada y recorrerá diferentes puntos históricos del distrito.

Cabe señalar que las actividades en homenaje a los ex combatientes comenzarán hoy miércoles 1° de abril desde las 18 horas en Colombres N°1710 en Adrogué con la presentación de diversos números artísticos y culturales, entre ellos, la música de “Marta Pirén”, “Tabaré Aguiar”, “Corderos de Nadie” y “La Doña Leo”.

Más tarde, a partir de las 23 horas, se llevará adelante la Vigilia con la clásica caminata de antorchas de veteranos y familiares desde el Centro de Excombatientes "Puerto Argentino" hasta Diagonal Brown y Avenida Espora donde a la medianoche se efectuará un acto de reconocimiento a nuestros héroes brownianos.

“En el marco del Día Nacional del Veterano y de los Caídos en las Malvinas, el Municipio de Almirante Brown y junto a nuestra comunidad homenajeamos a los hombres que defendieron la Soberanía Nacional con diferentes actividades, siempre con el firme compromiso de seguir malvinizando nuestro distrito”, señaló Mariano Cascallares.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y los titulares del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Fundación BAPRO, Juan Cuattromo y Micaela Ferraro respectivamente, inauguraron la plaza “Adela Maciel” y otorgaron elementos deportivos a representantes de 16 clubes del distrito que ceden sus instalaciones a las instituciones educativas de sus zonas.

El jefe comunal y las autoridades del Bapro encabezaron la inauguración de la plaza ubicada en Yerbal Oeste y Manuel Castro, en Lanús Oeste, en homenaje a una vecina del barrio que fue víctima de femicidio el 7 de junio del 2016.

“Fue un orgullo haber realizado este trabajo junto a la Fundación del Banco acá, donde antes había un basural y hoy hay un espacio público de calidad para que vengan a disfrutar las vecinas y los vecinos. Este es un lugar de encuentro que también nos convoca a poner en evidencia lo que le pasó a Adela, reflexionar sobre lo sucedido y trabajar por una sociedad mejor”, remarcó Álvarez, que estuvo acompañado por la familia de Adela Maciel.

Por su parte, Cuattromo relató: “Siempre hay un pedido que surge en nuestros barrios, en nuestras comunidades que dicen ´tenemos un basural, queremos una plaza´. Por eso es importante no naturalizar el esfuerzo que hace el Intendente, como lo hace Axel (Kicillof) en la Provincia, para que estas cosas sigan pasando. Porque el Gobierno Nacional también tiene un discurso de abandonar todo lo comunitario y que cada uno se salve solo. Hay que seguir defendiendo las plazas, los espacios comunitarios y estos ejemplos de lucha de cada uno de ustedes”.

En ese marco, Ferraro sostuvo: “Esta plaza, que lleva el nombre de Adela Maciel, tiene como objetivo reflexionar y seguir trabajando en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Es un espacio de encuentro para que todas las familias nos ayuden a construir una sociedad más justa e igualitaria”.

En la plaza se restauraron los senderos existentes; se colocaron nuevos juegos, luminarias, canteros, sectores con equipamiento de estar, bicicleteros, un tótem USB y un termosolar para obtener agua caliente; y se hicieron rampas para discapacitados, entre otras mejoras.

También participó de la actividad: la gerenta general y el secretario de la Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi y José Luis Pallares; la Jefa de Gabinete local, Nadia Burgos; las secretarias de Desarrollo Social, Eugenia Meana; de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, Nicolás Russo; entre otros funcionarios, funcionarias, vecinos y vecinas.

Además, entregaron elementos deportivos a representantes de 16 clubes del distrito que ceden sus instalaciones a las instituciones educativas de sus zonas para el desarrollo de diversas prácticas deportivas. El acto se concretó en el Club La Jaula, ubicado en José María Moreno N° 3301.

“Esta iniciativa está integrada dentro del programa Clubes en Marcha, con el que buscamos acompañar la labor de nuestros clubes de barrio mediante la compra de insumos y el financiamiento de mejoras edilicias, porque cada uno de ellos realiza un trabajo de acompañamiento y de contención social que es fundamental”, manifestó Álvarez.

Durante el encuentro, el jefe comunal dialogó con los integrantes de cada una de las entidades barriales sobre la tarea que desarrollan en un contexto económico adverso por consecuencia de las políticas del Gobierno Nacional, como así también destacaron la importancia de contar con el apoyo de la gestión municipal.

Esta acción fue articulada en conjunto a la Fundación y forma parte de las políticas municipales de fortalecimiento del deporte comunitario y de acompañamiento a las instituciones barriales que se implementan, de forma constante, desde el primer día de la gestión del Intendente.

Quienes recibieron el equipamiento fueron los clubes Mariano Moreno, Estrella, Social Lanús, Juncal, 12 de Octubre, Podestá, Villa Emma, Siglo XX, La Jaula, Inmigrantes, Independencia, San José Obrero, Olimpo, Villa Giardino, ATE y Unión Vecinal Villa Argerich.

También participaron de la actividad la gerenta general y el secretario de la Fundación Banco Provincia, y el subsecretario de Deportes local, Gonzalo Díaz.

El Banco Provincia advierte que los atrasos en pagos alcanzaron máximos históricos, con especial impacto en la población joven y un crecimiento sostenido también entre los adultos mayores.

Según el informe, una de cada cuatro personas mantiene deudas con atrasos superiores a los 90 días, mientras que entre quienes tienen entre 18 y 21 años la irregularidad trepó al 37,2% en el primer mes del año, más del doble que en el mismo período del año anterior.

El deterioro en la capacidad de pago de este segmento se vincula con un mercado laboral adverso, ya que los jóvenes presentan los niveles más altos de desocupación y de informalidad, lo que limita sus ingresos estables y los expone a mayores riesgos al momento de acceder a crédito.

En paralelo, los adultos mayores también muestran un fuerte deterioro en sus indicadores de endeudamiento: la morosidad en este grupo superó el 8% y casi cuadruplicó los niveles registrados un año atrás, en un contexto en el que las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo de forma sostenida.

El informe advierte además que el crecimiento del crédito digital contribuyó a profundizar la vulnerabilidad de los hogares más jóvenes, dado que la tasa de irregularidad en las fintech supera a la observada en los bancos tradicionales, lo que refleja que el acceso más flexible al financiamiento no siempre está acompañado por una capacidad real de repago.

Este cuadro se inscribe en un escenario económico más amplio marcado por la caída de los salarios reales, el deterioro de los ingresos previsionales y un consumo que muestra signos de estancamiento, factores que en conjunto tensionan la sostenibilidad del endeudamiento familiar y anticipan riesgos para el sistema financiero si la tendencia no se revierte.

El planteo se da en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La negativa del responsable del área informática habría bloqueado el acceso judicial a los correos electrónicos cooperativos de directivos de la compañía, considerados una prueba relevante dentro de la investigación. El expediente busca determinar si existieron maniobras para obstaculizar el acceso a información que podría resultar clave para el avance de la causa.

El caso forma parte de una investigación más amplia que analiza el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y contrataciones realizadas por la ANDIS. La empresa pertenece a la familia Kovalivker, un grupo empresario que controla la firma desde hace décadas y que actualmente está bajo la lupa judicial por su participación en operaciones vinculadas al sistema de salud pública.

Dentro de ese entramado aparece Jonathan Simón Kovalivker, uno de los accionistas relevantes de la compañía junto a su padre Eduardo y sus hermanos, quien habría ocupado una posición estratégica en la relación entre la droguería y el organismo estatal.

La causa ANDIS se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras. A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran a funcionarios y empresarios del sector.

En ese contexto, el pedido de indagatoria apunta ahora a determinar si hubo un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a comunicaciones internas de la empresa, una medida que podría resultar clave para reconstruir las decisiones y vínculos entre los directivos de la firma y los contratos investigados.

La diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán ya parece ser una experta en el arte de la polémica, usualmente por sus dichos y actos desafortunados. En esta ocasión, publicó en redes sociales una fotografía en la que menciona a tres diplomáticos que posan junto a ella en la residencia de la Unión Europea, los embajadores de Brasil, Croacia y Checoslovaquia, sin advertir que este último país se disolvió en 1992 y fue reemplazado por la República Checa y Eslovaquia, lo que desató críticas y burlas en redes sociales.

La imagen fue compartida en una historia de Instagram durante un cóctel realizado el lunes en la residencia de la Unión Europea, donde la legisladora, que preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara de Diputados, se mostró junto a representantes diplomáticos acreditados en la Argentina.       

Sin embargo, Checoslovaquia dejó de existir formalmente el 31 de diciembre de 1992, cuando se concretó la división del país en dos estados independientes: la República Checa y la República Eslovaca, que desde entonces mantienen embajadas separadas y relaciones diplomáticas individuales con el resto del mundo.

Actualmente, la embajadora de la República Checa en la Argentina es Jarmila Povejšilová, mientras que la representación de Eslovaquia está a cargo de Milan Zachar, lo que refuerza las críticas por la inexactitud en la publicación de Santillán, especialmente por tratarse de la titular de la comisión parlamentaria encargada de los vínculos internacionales.

No es la primera vez que la legisladora queda en el centro de la polémica por errores en sus publicaciones públicas: en diciembre pasado había generado repercusiones al confundir la celebración de Navidad con Pascuas al desear una “Feliz Nochebuena de Resurrección” en un video difundido en sus redes sociales.

Además, distintos mensajes anteriores de Santillán en redes sociales habían sido señalados por errores ortográficos y expresiones incorrectas, como cuando escribió “Serro Campanario” al referirse al Cerro Campanario en Bariloche o aseguró que en un municipio bonaerense muchas familias no tenían “cluacas”, en lugar de cloacas, antecedentes que volvieron a circular en las últimas horas tras el nuevo episodio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida alcanzará a líneas de jurisdicción nacional y provincial, por lo que impactará tanto en recorridos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano como en otros servicios del área metropolitana.

La decisión fue comunicada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA). 

En un pronunciamiento conjunto, las entidades sostuvieron que el incremento del combustible volvió inviable mantener los niveles habituales de prestación y remarcaron que la operación del sistema se encuentra en “serio riesgo”.

Según expusieron las cámaras, la reducción de frecuencias responde a la “imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”, en medio de una escalada del costo del gasoil y ante la falta de respuestas oficiales a los reclamos del sector. 

En ese marco, pidieron comprensión a los usuarios y reclamaron medidas urgentes para restablecer la normalidad del servicio.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, calificaron la decisión empresaria como una maniobra de presión y advirtieron que habrá controles sobre la prestación y sanciones para las compañías que no cumplan con los servicios establecidos. La tensión se produce en la antesala de una nueva actualización tarifaria: el Ministerio de Transporte bonaerense informó que desde las 0 del 1° de abril entrarán en vigencia los nuevos cuadros para los servicios urbanos e interurbanos provinciales del AMBA, ajustados según el IPC de febrero.__IP__

El conflicto abre un nuevo frente entre las empresas del sector y las autoridades, en un sistema que arrastra discusiones por subsidios, estructura de costos y nivel de prestación. De no mediar una negociación de último momento, los usuarios del AMBA podrían encontrarse desde este miércoles con mayores tiempos de espera y un servicio reducido en una amplia porción de las líneas de colectivos del área metropolitana.

Visiblemente afectado por el escándalo patrimonial y de vuelos privados, el jefe de ministros canceló a último momento su habitual encuentro con la prensa. En paralelo, avanza una investigación judicial cuyas revelaciones lo complican cada vez más.

La semana pasada, Adorni había ofrecido una conferencia en la que evitó dar precisiones sobre su patrimonio y argumentó que no podía explayarse debido a que existe una investigación en curso, una postura que generó críticas entre sectores opositores y organizaciones que reclaman mayor transparencia en la función pública. Sin embargo, sus declaraciones más polémicas llegaron al decir que "puede hacer con su plata lo que quiere", exigir disculpas a un periodista por difundir datos al respecto en redes sociales y menospreciar la labor de otro al recalcar que "no es juez, sino periodista". 

La cancelación se en medio de una creciente presión política y mediática sobre el ex vocero presidencial, quien desde hace semanas enfrenta denuncias públicas por la adquisición de propiedades y por el uso de vuelos privados y oficiales junto a su familia, situaciones que derivaron en la apertura de una causa judicial.

El último movimiento en ese expediente ocurrió este martes, cuando el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la declaración testimonial de la escribana que intervino en la escritura del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito, operación que quedó bajo análisis luego de que se conocieran detalles sobre la hipoteca que financió la compra.

Las sospechas se intensificaron a partir de distintas revelaciones periodísticas que expusieron la existencia de un préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres que negaron conocerlo y, al mismo tiempo, figuran como titulares formales del inmueble. 

Intentando quitar peso al escándalo, desde Casa Rosada sostienen que la situación de Adorni se aclarará cuando presente su próxima declaración jurada, cuyo plazo legal vence el 31 de mayo, aunque por ahora no se difundieron documentos que respalden públicamente su versión.

Pese a la suspensión de la conferencia, el funcionario sí tiene previsto participar este jueves del acto por el 44° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas en Plaza San Martín, donde volverá a mostrarse junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en señal de aparente normalidad institucional y de respaldo oficial. 

Los restos de una mujer que se presume podría ser hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, fueron exhumados el 26 de marzo pasado del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación que tramita ante la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal federal Roberto Salum, con intervención de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

El caso se originó a partir del testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que, al declarar en otra causa, refirió la posible existencia de una persona que habría nacido entre 1974 y 1976 pero que su partida de nacimiento presentaba inconsistencias manifiestas que llamaban la atención.

Por dicho motivo, el MPF inició la investigación preliminar tras recabar información suficiente para comprobar la veracidad de la declaración ante la posibilidad de estar ante un delito de lesa humanidad en infracción a los artículos 139, 146, 292 y 293 del Código Penal, referidos a la sustracción y ocultamiento de menores, supresión o alteración de su identidad y falsificación de documentos públicos mediante la inserción de datos falsos.

La Sede Fiscal profundizó la pesquisa con el objetivo de localizar a la persona mencionada y solicitar una muestra de ADN para su posterior cotejo genético. Sin embargo, se estableció que había fallecido en 2023 y que sus restos se encontraban inhumados en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Ante esa situación, se solicitó una medida cautelar de no innovar para preservar los restos y evitar cualquier alteración hasta tanto pudiera concretarse la extracción de material genético.

A pedido de la Sede Fiscal, el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde, hizo lugar al planteo y ordenó la exhumación del cuerpo con el fin de obtener muestras idóneas para su análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Las tareas demandaron meses de coordinación y contaron con la intervención y la interacción coordinada de: 

El Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), a cargo de la seguridad, redacción de acta y traslado de muestras a Buenos Aires, a Prefectura Naval Argentina – Sede Santa Fe,

El Banco Nacional de Datos Genéticos, que asignó un antropólogo forense para la extracción de muestras,

La Municipalidad de Santa Fe, que coordinó las tareas de extracción del ataúd y posterior inhumación con el Cementerio Municipal de dicha ciudad

La Dirección Provincial de Investigación Criminal de la Provincia de Santa Fe, a través de la cual se pudo obtener la colaboración de la División Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, cuya participación aportó personal técnico eviscerador, odontólogo forense, personal de criminalística, de filmación y fotografía.

La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que guía a la sede fiscal en el trámite de la causa.

La Unidad Fiscal Santa Fe – Oficina de Derechos Humanos-, a quien se solicitó colaboración para representar a la sede fiscal Reconquista en el contralor de la medida judicial

El Juzgado Federal de Turno de la ciudad de Santa Fe – Secretaría de Derechos Humanos.

La exhumación

La diligencia se llevó a cabo el 26 de marzo pasado por la mañana y se extendió durante aproximadamente dos horas. El personal especializado extrajo dos piezas óseas que servirán para obtener los perfiles genéticos y, una vez finalizada la medida, el ataúd fue reubicado en su lugar de sepultura.

Las muestras fueron remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar si existe compatibilidad con registros de familiares de personas desaparecidas.

La medida se inscribe en el proceso de investigación de delitos de lesa humanidad asumido por el Ministerio Público Fiscal y en las acciones destinadas a restituir la identidad de posibles víctimas de apropiación durante el terrorismo de Estado, en un contexto marcado por el paso del tiempo —se cumplieron 50 años del golpe militar— que torna especialmente urgente el esclarecimiento de estos hechos ante el envejecimiento y eventual fallecimiento de las personas que pudieron haber sido apropiadas.