En ese marco, del 19 al 23 de octubre, el Hospital Arturo Oñativia realizará mamografías gratuitas para mujeres de entre 40 y 75 años, sin turno previo y sin necesidad de presentar una orden médica. Los estudios se llevarán adelante desde las 8 horas en el área de Diagnóstico por Imágenes, ubicada en Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada.

Además, durante todo el mes la Comuna desarrollará una agenda de actividades de promoción de la salud, prevención y concientización en distintos puntos de Almirante Brown.

“Desde el Municipio de Almirante Brown acompañamos la campaña Octubre Rosa con distintas acciones de prevención y concientización, para destacar la importancia de los controles médicos periódicos y la detección temprana del cáncer de mama. Cuidarnos es fundamental y realizar los chequeos a tiempo puede salvar vidas”, destacó Mariano Cascallares.

El viernes 16, desde las 9 horas, se realizará la jornada “Tu CAPS en casa” en la Plaza Los Mellis, en Timoteo Gordillo y Los Cipreses, Glew. Ese mismo día, de 10 a 15 horas, tendrá lugar “Almuerzo con Manzaneras”, con una charla de prevención y un stand informativo en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo y Quiroga.

El lunes 19, de 9 a 15 horas, se llevará adelante una actividad de visibilización de la lucha contra el cáncer de mama en el CEAB, ubicado en P. Matta 132, Adrogué, con entrega de prendedores y difusión del día de licencia de auxiliares para la realización de controles anuales.

Ese mismo día, de 14.30 a 17.30 horas, el CIC Burzaco, en Alsina y Martín Fierro, será sede de “Cuidarte es quererte”, con talleres, charlas de prevención y actividad física para promover hábitos saludables.

La agenda continuará el jueves 22, a las 14 horas, con el encuentro “Mujeres que se cuidan, comunidades que florecen” en el CAPS 25, ubicado en Santa Ana 2487, Rafael Calzada. Mientras que el viernes 23, a las 10 horas, se realizará otra jornada de promoción y prevención de la salud, con una intervención artística, en el CAPS 23, en Zufriategui 3550, Glew.

El sábado 24, desde las 9 horas, el Parque Saludable Ramón Carrillo, en Erezcano 1850, Adrogué, será escenario de una jornada de actividad física y stands de promoción y prevención de la salud, con participación de CAPS y hospitales zonales.

Ese mismo día, a las 16 horas, se realizará el “Zumbatón” en el Polideportivo Don Orione, ubicado en avenida Eva Perón 750.

El miércoles 28, a las 11.30 horas, se desarrollará una jornada de concientización y recolección de mechones de cabello para la confección de pelucas solidarias en el CAPS 9 Floreal Ferrara, en Bradley 1220, Burzaco.

Finalmente, el sábado 31, de 9 a 13 horas, se realizará la jornada “Caminata + Deportes” en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, en 25 de Mayo y Quiroga, con actividades físicas y un encuentro para promover el bienestar y los hábitos saludables.

La Liga de Intendentes participó de la quinta Marcha Federal Universitaria y acompañó a los estudiantes, docentes, miembros de comunidad educativa y ciudadanos autoconvocados que se movilizaron al Congreso para pedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otros puntos fundamentales para garantizar el derecho a la educación.

"Desde la Liga de Intendentes acompañamos el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, porque estamos convencidos de que la educación es fundamental para construir una Argentina con más oportunidades", expresaron al respecto los jefes comunales que conforman el espacio.  

"Defender la universidad pública es defender el derecho a estudiar, crecer y construir un futuro mejor", destacaron.

La Liga está integrada por los intendentes Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero).

Kicillof marchó junto a estudiantes, docentes y sindicatos al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el ajuste del Gobierno nacional.

Durante la jornada, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y educativo del Poder Ejecutivo nacional: "En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación".

En la misma línea, el mandatario provincial agregó: "Defender la universidad pública, la ciencia, la industria y nuestros recursos naturales es defender nuestra soberanía y el futuro del país: esta movilización refleja el compromiso de nuestro pueblo y nos marca el camino para seguir luchando por lo que es nuestro".

Miles de estudiantes y docentes junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas coparon las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos desde temprano en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria  Otra vez la represión y la lluvia, pero no detuvo los reclamos en contra del DNU 70/23, la extranjerización de la tierra y la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

A las 15:30, el clima empezó a cambiar y detrás de las vallas ubicadas sobre Entre Ríos, la Policía empezó a  tirar agua a través del camión hidrante y gases para alejar a algunos manifestantes que intentaron tirar las vallas.

A la misma hora, y mientras el humo de las bengalas se mezclaba con el potente chorro del hidrante, a 100 metros hacia la avenida 9 de julio se empezaban a leer mensajes, adhesiones y consignas desde el escenario montado en la plaza, donde se leyó el documento oficial. 

Incluso protegido con máscaras, algunos reportes gráficos comenzaron a sentir el efecto de los gases lacrimógenos al igual que los manifestantes que estaban en las vallas.

Testigos del hecho advirtieron a distintos medios presentes sobre posibles infiltrados que tienen la cara tapada y que estuvieron arrojando palos al otro lado de las vallas. "No son de los nuestros", remarcaron los manifestantes.

De la movilización participaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) y cuentan con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA y gremios como ATE. También marcharon la UTEP, organizaciones sociales, partidos de izquierda y el peronismo, como La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, entre otros.

El gobernador Axel Kicillof se sumó a la movilización y criticó el desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei.

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

LECTURA DEL DOCUMENTO

"El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)", remarcaron los universitarios.

La ciencia y la tecnología, agregaron los organizadores de la marcha, "son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica". Hacer ciencia, explicaron en ese sentido, "es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir".

La universidad pública, además, "es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la Ley", subrayaron.

Y concluyeron: "Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles. Esos sueños son los que estamos expresando en esta  quinta marcha, es lo que estamos soñando para nuestra patria. Por ello tiene la potencia de hacer converger las grandes luchas por una vida digna y la obligación indelegable del Estado de garantizarla".

El indicador del JP Morgan avanzó 12 unidades respecto a los 611 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representó un incremento cercano al 2%. Así, acumula una suba del 2,5% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 9%.

El avance se dio en paralelo al discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde resaltó que "sigue cayendo día a día el riesgo país" y remarcó que, de acuerdo con la trayectoria de su gestión, el año que viene estará debajo de los 100 puntos.

Sin mencionar los vaivenes de las últimas semanas, reconoció la tensión al sostener: "Lo que pasa es que la Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y yo creo que los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio".

"Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza", completó además.

A pesar del optimismo presidencial, los mercados no se movieron a la par y los bonos soberanos operaron con disparidades, encabezados por el AL41D (-1,2%).

Los principales indicadores de Wall Street también tuvieron resultados mixtos, con el Dow Jones (1,1%) y el S&P 500 (0,3%) en verde y el Nasdaq en rojo (-0,1%).

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, los resultados se ubicaron —en su mayoría— en terreno positivo, liderados por Globant (6,3%Banco Supervielle (4,9%) y BBVA (3,6%). Del lado de las pérdidas resaltaron Tenaris (-1,5%), YPF (-2,2%) y Ternium (-3%).

En el plano local, el Merval avanzó 0,8% hasta los 2.859.051 puntos y la Bolsa porteña operó con resultados mixtos, entre las subas y bajas arrastradas por el clima financiero internacional.

El Gobierno festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas, los tres tucumanos de Independencia (Elia Marina Fernández, Javier Noguera y Gladys Medina) y el misionero Daniel "Colo" Vancsik de Argentina Federal.

Además de esas ausencias, no bajaron al recinto los 95 legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Gabriel Bornoroni; los 12 del PRO de Cristian Ritondo; y los seis de la UCR de Pamela Verasay.

Tampoco asistieron los dos del MID de Oscar Zago; los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego -que tiene esta tarde una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli-; Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa); y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

La convocatoria había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. 

El INDEC confirmó una baja interanual respecto al 59,6% registrado en agosto de 2025. Los sectores más golpeados fueron la metalmecánica y las terminales automotrices, mientras que el rubro petrolero sostuvo los indicadores más altos.

La radiografía sectorial: ganadores y perdedores de la producción

El relevamiento oficial expuso una importante dispersión en el rendimiento de los distintos bloques fabriles:

Sectores que operaron por encima del promedio (58,5%):

Refinación del petróleo: 88,8%

Industrias metálicas básicas: 70,1%

Productos alimenticios y bebidas: 66,4%

Sustancias y productos químicos: 65,2%

Papel y cartón: 61,3%

Sectores golpeados por debajo del nivel general:

Productos minerales no metálicos: 54,5%

Edición e impresión: 53,4%

Industria automotriz: 46,2%

Productos textiles: 44,6%

Productos del tabaco: 44,4%

Productos de caucho y plástico: 40,9%

Metalmecánica (excepto automotores): 35,9%

Metalmecánica, autos y cemento encabezan las caídas

La metalmecánica excepto automotores mostró el desempeño más débil de la muestra al trabajar a tan solo el 35,9% de sus instalaciones (frente al 44,6% registrado en agosto de 2025). La contracción respondió a menores niveles de fabricación en maquinaria agropecuaria (-37,9% interanual) y electrodomésticos (-28,0%), según el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero.

En la industria automotriz, el uso del equipamiento cayó al 46,2% (contra el 53,3% del período previo), producto del menor ritmo de ensamblado en las plantas del país.

A su vez, los productos minerales no metálicos mermaron su nivel de operación al 54,5% (frente al 58,5% del año pasado), debido al parate en la producción de insumos clave para la construcción como el cemento y el vidrio.

Impacto en alimentos y repunte en el sector energético

En el rubro de alimentos y bebidas (66,4%), el indicador mostró una ligera baja interanual (desde el 66,6% de 2025), explicada por la contracción en la faena y producción de carne vacuna (-8,1%). Según reportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo aparente de carne bovina en el mercado interno cayó un 13,2%.

La nota positiva del mes la aportaron la industria de sustancias y productos químicos, que subió al 65,2% (desde el 60,1%) apalancada por la elaboración de artículos de limpieza y tocador (+6,0%), y la refinación de petróleo, que lideró el uso de la capacidad productiva con un 88,8% impulsado por el mayor procesamiento de crudo en las destilerías nacionales.

“Israel no ha cumplido con las órdenes. Sudáfrica continúa explorando todas las vías a su alcance para lograr el cumplimiento total e inmediato de las órdenes de la Corte por parte de Israel”, declaró el Gobierno de Sudáfrica, casi tres años después de que Pretoria presentara una denuncia contra Israel ante este organismo por actos de “genocidio” en Gaza.

Según la nota, las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son vinculantes para Israel, y “la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger al pueblo palestino del genocidio, lo que incluye tomar todas las medidas necesarias para prevenirlo y castigarlo”.

Sudáfrica advirtió que los derechos de los palestinos en Gaza podrían ser “destruidos antes de que emita su decisión final”, una situación que amenaza la “legitimidad de la propia CIJ”, conforme al comunicado emitido el martes.

Respecto al asesinato de al menos 73 449 palestinos y los 174 472 que han resultado heridos por las acciones israelíes hasta el pasado agosto, Sudáfrica destacó que estas cifras representan “más del 10 % de la población palestina”.

El informe también señala que, desde el anuncio del “alto el fuego” entre la Resistencia palestina e Israel el pasado diciembre, el ejército israelí ha matado, en promedio, a un niño palestino cada día.

Además, el documento indica que la tasa de abortos espontáneos entre las mujeres palestinas se ha triplicado con creces en 2026.

Más países se suman a la demanda de Sudáfrica en CIJ contra Israel

Sudáfrica destacó que Israel ha “detenido y deportado arbitrariamente a palestinos” que posteriormente fueron “torturados, sometidos a violencia sexual y de género, y a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El documento también precisó que Israel ha “asesinado a periodistas locales” e “impedido que los organismos de investigación designados por la ONU entren en Gaza”.

Fallos de CIJ contra brutalidades de Israel en Gaza

El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica inició un proceso judicial contra Israel ante la CIJ, alegando violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Tras la denuncia de Sudáfrica, CIJ emitió tres órdenes distintas el 26 de enero, el 28 de marzo y el 24 de mayo de 2024. Los fallos exigieron a Tel Aviv que adoptara todas las medidas necesarias para prevenir los actos tipificados en la convención. Los magistrados ordenaron al ejército israelí que implementara salvaguardias contra los actos genocidas.

El tribunal exigió específicamente el cese de las operaciones militares en Rafah (sur de Gaza) y requirió que Israel presentara informes periódicos sobre el cumplimiento de dichas operaciones.

El fin de la jornada 6×1, que añade un día de descanso semanal y reduce el cómputo de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial, una propuesta electoral y una de las prioridades de Lula en este mandato, llega a 11 días del balotaje del 25 de octubre, en el que el líder progresista busca su reelección frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

«Luchamos, debatimos y presionamos para asegurarnos de que el Congreso votara este año para acabar con el 6×1. Pero la voz de la gente fue la voz que me guio para que, juntos, pudiéramos conseguir más tiempo para descansar, pasar con nuestros hijos y estar con quienes amamos», dijo el mandatario en su primera reacción en X.

Luego de su promulgación, la medida convertirá en válido el límite de 40 horas semanales de trabajo en cinco días semanales y dos días de descanso, sin perjuicio del salario. Contemplará una implementación progresiva para facilitar la adaptación de las empresas, con un paso a 42 horas en dos meses y a 40 en un año.

Tras la votación, se vio a la bancada progresista coreando «ole, ole, ola, Lula, Lula», en reconocimiento del liderazgo del mandatario en la defensa de la medida. Según los sindicatos, unos 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada laboral.

En la primera ronda de votación, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/2019 que da paso a la semana de cinco jornadas laborales fue aprobada con 75 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue del senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Los senadores Rogério Marinho (PL-RN), Sergio Moro (PL-PR), Márcio Bittar (PL-AP) y Ciro Nogueira (Republicanos-PI) no asistieron.

En la segunda votación, el PEC al final de la escala 6×1 fue aprobado con los mismos 75 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue nuevamente Mourão.

El ultraderechista Bolsonaro, que se oponía al cambio como parte de un programa en el que prevalecen medidas antipopulares, recortes en gasto social, desmontaje del Estado y privatización, debió cambiar postura ante la presión electoral. Aunque no estuvo presente en el hemiciclo, el candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) emitió su voto vía telemática mientras estaba en actos de campaña en Porto Alegre.

Senadores progresistas señalaron el oportunismo de Bolsonaro y la «volatilidad de convicciones» del candidato del PL. Advirtieron sobre la posibilidad de que él reactive sus planes en caso de resultar electo.

«Hay gente que no quiere que esta votación termine hoy. Por eso, debemos mantenernos vigilantes para impedir retrocesos en el futuro», dijo la portavoz del Gobierno en el Senado, Teresa Leitão (PT-PE), mientras que el presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, destacaba el efecto positivo de la medida para «millones de personas de diferentes realidades del país».

«Voto por el presidente de los trabajadores, porque él podrá, como ha sido capaz a lo largo de su vida, respetar a los trabajadores de este país y no revertirá la lógica de este PEC, porque para él este PEC no es un cálculo electoral; es una concepción de la vida, es una concepción del trabajo, es una concepción de la sociedad«, dijo al justificar su voto.

La PEC de 2019 cobró impulso durante los últimos años con la movilización de movimientos populares y la ampliación del debate en el Congreso. En 2023, el concejal de Río de Janeiro Rick Azevedo (Psol) y otros líderes fundaron el movimiento Vida Más Allá del Trabajo (IVA) para debatir el tema. En 2025, se recogieron más de dos millones de firmas en apoyo al fin de la escala y se enviaron al presidente del Senado, Davi Alcolumbre.

Sectores de la ultraderecha en el Senado, productivos y patronales se han opuesto a la reducción de la jornada. El senador Randolfe Rodrigues, del Partido de los Trabajadores, destacó que «Brasil se sitúa así al nivel de los países más desarrollados».

El Gobierno de Lula alista un decreto regulatorio que se publicará poco después de la promulgación y que, entre otros puntos, debe definir un cálculo para la tarifa horaria de los trabajadores sometidos al régimen intermitente, creado por la reforma laboral.

También debe establecer que los calendarios especiales de ciertas actividades (plataformas petrolíferas, aviación, guardias de seguridad, salud) podrán seguir siendo negociados por los sindicatos, y garantizar que los convenios colectivos en vigor reciban enmiendas y se prorroguen hasta la fecha base, ya bajo las nuevas normas.

Se trata de seis camiones volcadores que serán destinados a tareas de limpieza y retiro de residuos en la vía pública, un camión con grúa que permitirá profundizar los trabajos de limpieza y despeje de arroyos y zanjones y tres camiones doble cabina serán utilizados para el traslado de trabajadores y herramientas.

Esta nueva incorporación de equipamiento permitirá reforzar las tareas que llevan adelante las distintas áreas municipales y mejorar la capacidad operativa para atender las necesidades de los vecinos en los barrios.

“Para nosotros es fundamental fortalecer las herramientas y los recursos con los que cuentan nuestros equipos municipales para profundizar las tareas de limpieza, mantenimiento y prevención en los barrios. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la capacidad de respuesta y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

La nueva flota fue presentada junto al gobernador Axel Kicillof. En ese contexto Mariano Cascallares agradeció asimismo el acompañamiento permanente del Banco Provincia, y de su titular Juan Cuattromo, lo que permitió adquirir el nuevo equipamiento y la maquinaria a través de Provincia Leasing.

Además, en el marco de esta articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, se aportó equipamiento destinado a la gestión del riesgo y la emergencia climática, en el marco de las acciones de prevención ante posibles anegamientos vinculados al fenómeno de “Súper Niño”.

El kit entregado está compuesto por una motobomba, un generador eléctrico, diez catres, un gomón, cuatro motosierras, dos podadoras de altura, cuatro motoguadañas, cuatro hachas de mano, dos sopladoras de hojas, diez pares de borcegos de seguridad, diez pares de botas de goma, diez kits de ropa de trabajo (pantalón y camisa), diez lentes de protección, diez pares de guantes moteados, diez pilotos y diez chalecos reflectivos.

Participaron también el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; la subsecretaria de Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; y el subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Manuel Maidana.

El Mandatario varelense describió “un evento con una amplia concurrencia de vecinos y vecinas de distintos lugares, con un beneficio directo a vendedores y vendedoras: tuvo un impacto favorable en la economía regional”.

El Alcalde remarcó "el arduo trabajo de los productores y las productoras al ofrecer mercadería de calidad a precios accesibles en un contexto nacional complicado”. Calificó como “imprescindibles las políticas públicas de permanente impulso al rubro a partir de la determinación del gobernador Axel Kicillof”.

El funcionario provincial enfatizó en “la articulación entre ambos estamentos gubernamentales con el sector que posibilitó un encuentro para la comercialización y el disfrute ciudadano. Fue un éxito”.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo -Ricardo de la Fuente- puntualizó en “la decisión de poner a las elaboraciones locales en valor mediante estrategias que generaron un espacio donde mostrarlas”.

Fabián Mamani estaba a cargo de uno de los puestos. El muchacho, residente en La Capilla, evocó su participación el año pasado. “Tuvimos una linda experiencia, pero esta oportunidad superó nuestras expectativas: vendimos más de 4000 plantines por día. Nos quedamos sin stock”.

Gisela Salazar llegó desde Temperley “a la clase de cuadros vivos y bonsai. Me parecieron muy interesantes para hacer decoraciones”. “Fue hermoso en todos los aspectos”, sentenció.

“No sabíamos que había algo así por la zona. Aprovechamos a venir con mi marido”, contó Amalia Santarone de City Bell. “Me llevé flores para colgar, además de antiplagas para los frutales de casa”, mencionó la señora. Aseguró que iba a “volver la próxima vez porque me encantó la variedad en la oferta”.

Por la Fiesta de Flor pasaron miles de personas a descubrir los nobles cultivos del suelo de Florencio Varela y compartir tres días con shows en vivo, talleres, foodtrucks, stands de emprendimientos.

El Intendente estuvo acompañado por su esposa Mariana Bruzzone y la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación -Estefanía Nieva-.

Durante la presentación también participaron la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien alertó sobre el incremento de las consultas vinculadas con el deterioro de las condiciones de vida.

La iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema público ante el crecimiento de los padecimientos y las desigualdades sociales, con nuevas estrategias de atención, prevención y acompañamiento territorial. 

Durante la actividad, Kicillof cuestionó el impacto de la política económica nacional sobre la vida cotidiana y sostuvo: “Estamos presentando un nuevo Plan Provincial de Salud Mental en un contexto muy difícil, en el que todos los indicadores sociales van para atrás: se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias tienen que endeudarse para comer o comprar medicamentos”. 

Además, remarcó: “Eso no es simplemente un problema microeconómico: cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, estamos frente a un problema que genera cada vez más angustia y padecimientos”. 

El nuevo plan fue elaborado junto a organizaciones sociales, familias, colegios profesionales, universidades y trabajadores de la salud. Entre sus principales ejes contempla el fortalecimiento de la atención en hospitales generales, la ampliación de dispositivos territoriales y viviendas con apoyo, el acceso a medicamentos, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

También incorpora políticas de integración, federalismo sanitario, cuidado de los trabajadores y abordaje de las violencias. 

Por su parte, Kreplak destacó el proceso de transformación impulsado desde la Provincia: “Desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo y, además, diseñamos múltiples herramientas que acompañan y dan respuestas a quienes lo necesitan”. 

El primer Plan Provincial alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas y permitió que desde 2019 se externara al 70% de las personas alojadas en sectores de larga estadía, mientras las viviendas con apoyo pasaron de 74 a 227. Kicillof cerró la presentación con una definición política sobre el rol del Estado frente al modelo libertario: “Frente a quienes dicen que hay que destruir el Estado porque cada uno puede estar mejor si resuelve los problemas por su cuenta, nosotros mostramos que hay otro camino: el de un Estado que planifica, que se organiza y que trabaja para garantizar derechos y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”. 

También sostuvo que, pese a las restricciones nacionales, la Provincia continuará fortaleciendo el sistema público: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero sí hay compromiso, trabajo y decisión política: mientras otros se desentienden, en la provincia de Buenos Aires no nos escondemos ni sacamos el cuerpo”.

Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos para la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) que adquiría y enviaba a las provincias.  Hasta entonces, la compra centralizada no sólo aseguraba las medicaciones: permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y contribuir a garantizar un piso mínimo de acceso en todo el territorio. 

Frente a ese retiro, muchas provincias están sosteniendo con recursos propios prestaciones que anteriormente contaban con apoyo nacional. Amnistía Internacional ha observado que, ante las consultas y denuncias que recibe, numerosos programas provinciales intervienen para resolver obstáculos, procuran asegurar medicamentos y articulan con los efectores de salud para garantizar las prácticas.  

El impacto de este retiro no es igual en todo el territorio. Las provincias tienen capacidades fiscales, administrativas y de compra diferentes y, además, proporciones muy distintas de población que depende exclusivamente del sistema público. Mientras en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero más del 50% de la población cuenta únicamente con cobertura del sistema público, en la Ciudad de Buenos Aires esa proporción es del 16,3%.   

“Las provincias están haciendo un enorme esfuerzo por sostener el acceso al aborto frente al retiro del Estado nacional. Pero no se puede reemplazar una política federal con veinticuatro respuestas diferentes. El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski (foto), directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Menos medicamentos, más desigualdad 

Durante 2025, se incrementaron los obstáculos en el acceso al aborto por faltante de insumos. 

Algunas provincias intentaron compensar la discontinuidad de la provisión nacional mediante compras realizadas con recursos propios. Sin embargo, distintas jurisdicciones reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar de manera regular una provisión equivalente a la que anteriormente realizaba el Estado nacional. 

Amnistía Internacional recibió consultas de mujeres que, ante la falta de medicación disponible en el sistema público, fueron informadas de que debían adquirirla por sus propios medios. Con precios que pueden alcanzar los 300.000, algunas relataron que evaluaron pedir dinero prestado y otras se endeudaron para acceder a una práctica que el sistema de salud debe garantizar gratuitamente. Para quienes no pueden afrontar esos costos, la falta de medicamentos disponibles en el sistema de salud se traduce en mayores riesgos para su salud y su vida, al aumentar la exposición a prácticas inseguras. 

En este contexto, Amnistía Internacional registró durante 2025 un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidos a través de su formulario online, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior. Más del 65% de quienes se comunicaron con la organización no sabían cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo. 

Niñas y adolescentes: menos información y menos redes de protección 

Durante 2025, cerca de 70 adolescentes de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por obstáculos para acceder a un aborto, lo que representó alrededor del 17% de los casos recibidos por la organización. 

La principal dificultad fue la falta de información: la gran mayoría no sabía cómo ni dónde acceder a la práctica. Entre las niñas de menor edad aparecen, además, situaciones de especial vulnerabilidad, atravesadas por el miedo, la soledad y la falta de redes de apoyo. En algunos casos, los embarazos ocurren en contextos de violencia o abuso intrafamiliar. 

Este escenario coincide con el debilitamiento de la Educación Sexual Integral y de políticas públicas que buscaban precisamente acercar información, asesoramiento y servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), que contribuyó a reducir a menos de la mitad la tasa de fecundidad adolescente. 

“La responsabilidad estatal no empieza cuando una niña llega sola a un hospital embarazada. También implica asegurar previamente educación sexual, información, anticoncepción, servicios accesibles y redes capaces de detectar situaciones de violencia. Desarmar esas políticas aumenta las posibilidades de que las niñas lleguen más tarde y más solas al sistema de salud”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

San Isidro: los límites de administrar en las sombras contra el derecho al aborto 

A las desigualdades producidas por el retiro de políticas nacionales pueden sumarse obstáculos creados por los propios gobiernos locales. El caso de San Isidro muestra cómo un derecho puede ser restringido sin necesidad de modificar la Ley 27.610. 

En la provincia de Buenos Aires, donde existe una política sanitaria provincial destinada a garantizar el acceso al aborto en todo el territorio, el municipio de San Isidro implementó un circuito irregular que a bajo la apariencia de organizar el funcionamiento del sistema de salud, incorporaba requisitos adicionales a los establecidos por la legislación nacional para obstruir el acceso al aborto.  

Entre otras medidas, establecía una consulta psicológica previa obligatoria, multiplicaba las instancias para ratificar una decisión ya expresada, introducía mecanismos que podían afectar la confidencialidad, restringía el acceso a la interrupción legal del embarazo por causal salud y alteraba el cómputo del plazo de diez días previsto por la ley. Además, concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y dejaba fuera del circuito a los Centros de Atención Primaria de la Salud. 

Ninguna de esas disposiciones prohibía expresamente el aborto. Pero todas juntas podían producir el mismo efecto: demorar, dificultar y desalentar el acceso a un derecho reconocido por ley. 

Ante esta situación, Amnistía Internacional promovió una acción judicial. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a la medida cautelar, ordenó suspender el protocolo irregular y exigió al Municipio garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo sin demoras ni condicionamientos incompatibles con la Ley 27.610. 

En este contexto, debido a la falta de acreditación por parte del Municipio del cumplimiento de la medida cautelar, Amnistía Internacional presentó el 16 de septiembre un pedido de ejecución de la medida. Ahora, el Municipio deberá probar judicialmente que está cumpliendo con lo ordenado y que garantiza el acceso al aborto en los hospitales y centros de salud. 

“El caso de San Isidro demuestra que hoy los derechos también pueden ser erosionados mediante decisiones administrativas aparentemente neutras. No hace falta derogar una ley: multiplicar consultas, imponer requisitos que la ley no contempla, concentrar innecesariamente las prestaciones o generar demoras puede transformar un derecho reconocido en un recorrido plagado de obstáculos. La organización de los servicios de salud nunca puede utilizarse para restringir aquello que el Congreso reconoció por ley”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El relevamiento de QMonitor, elaborado por la consultora QSocial Big Data, ubicó a Milei con el 42% de los votos frente al 41% del gobernador bonaerense, una diferencia de apenas un punto porcentual, mientras que el 16% de los consultados manifestó que no sabe a quién votar.

Sin embargo, cuando la consultora planteó un hipotético enfrentamiento entre Milei y el empresario Daniel Hadad, fundador de Infobae, el mandatario obtuvo el 34%, su rival alcanzó el 15% y el 51% de los encuestados quedó en la indecisión.

Según el análisis de la consultora, esta diferencia sugiere que una parte del electorado que acompaña a Milei en un enfrentamiento contra el peronismo podría estar motivada por el rechazo a ese espacio político, más que por una adhesión al oficialismo.

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El estudio también mostró que el 54% de los encuestados está dispuesto a votar por un candidato que no le agrada completamente si considera que puede derrotar al dirigente que más rechaza, una proporción que aumentó diez puntos desde mayo.

En cuanto a la reelección presidencial, el 55% manifestó que prefiere que Milei no obtenga un segundo mandato, frente al 33% que desea su continuidad. Además, el 56% consideró que una eventual reelección del mandatario representaría un retroceso para el país.

La imagen del Gobierno y la situación económica

El trabajo registró, por otra parte, una leve recuperación de algunos indicadores de percepción social y económica, después de varios meses de deterioro.

La evaluación negativa de la situación del país descendió del 55% al 47%, mientras que las opiniones positivas crecieron cuatro puntos y alcanzaron el 17%. En paralelo, la aprobación de la gestión presidencial se mantuvo en el 35%.

En materia económica, el 56% considera que la actividad está estancada o en retroceso y el 36% reconoce que tiene deudas con pagos atrasados o que directamente no puede afrontar.

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La encuesta también reflejó dificultades para la oposición: el 66% desaprueba su comportamiento y el 64% considera que no está preparada para gobernar en 2027.

El relevamiento se realizó de manera online entre el 5 y el 28 de septiembre de 2026, sobre una muestra nacional de 1.650 personas mayores de 18 años en condiciones de votar, con un margen de error informado de +/- 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a juzgar el miércoles 30 de septiembre a siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y a Eduardo Enrique Massera —hijo del represor y ex comandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera— por la organización y ejecución de un plan sistemático destinado a despojar de sus bienes a personas secuestradas durante el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Los hechos, cometidos entre 1977 y 1981, tuvieron como víctimas a nueve personas.

Se encuentran imputados Jorge Eduardo Acosta, alias “el Tigre”; Alberto Eduardo González, alias “Gato”; Jorge Carlos Radice, alias “Ruger”; Juan Carlos Rolón, alias “Niño”; Juan Antonio Azic, alias “Piraña”; Adolfo Miguel Donda Tigel, alias “Palito”; y Ricardo Miguel Cavallo, alias “Sérpico”.

El tribunal está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, presidente del tribunal. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal Félix Pablo Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, junto con el auxiliar fiscal de esa dependencia, Mariano Donzelli.

En la primera audiencia se dio lectura a las partes pertinentes de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en las causas unificadas conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”.

La próxima audiencia se celebrará el 14 de octubre a las 10 y continuará con la lectura de las acusaciones. Una vez concluida esa etapa, el tribunal escuchará a los imputados que deseen declarar y, posteriormente, comenzarán las declaraciones testimoniales.

La asociación ilícita

En la causa “Chacras de Coria” se imputó a Acosta haber sido el organizador de una asociación ilícita integrada por Radice, Rolón, González y Massera, destinada a cometer diversos delitos contra el patrimonio de personas secuestradas y detenidas clandestinamente en la ESMA o de sus familiares.

Según la acusación, entre las maniobras desplegadas, se encontraban la apropiación de bienes; la confección y utilización de documentación falsa para concretar los desapoderamientos; la utilización de falsas identidades para realizar operaciones de transferencia de dominio; la imposición de tareas obligatorias y no remuneradas a personas detenidas a disposición del Grupo de Tareas 3.3.2; el saqueo de las viviendas de las víctimas; y la creación y administración de inmobiliarias destinadas a dar apariencia de legalidad a los negocios ilícitos y a vender las propiedades obtenidas mediante el desapoderamiento de sus titulares.

Las tareas impuestas a los secuestrados podían incluir trabajos de refacción y reacondicionamiento de inmuebles, mantenimiento, contabilidad y actividades vinculadas con la administración y los negocios inmobiliarios. La acusación también señala la connivencia con inmobiliarias y escribanías para perfeccionar las maniobras.

El funcionamiento de la asociación ilícita se habría extendido, al menos, desde fines de 1976 hasta el período en que sus integrantes dejaron de desempeñarse en el Grupo de Tareas y la Unidad de Tareas 3.3.2, que operaban en la ESMA.

En el caso de Massera hijo, quien es abogado, la acusación sitúa su incorporación a la asociación ilícita a comienzos de 1977 y le atribuye intervención en la estructura jurídica y societaria utilizada para canalizar los bienes obtenidos mediante las maniobras del grupo. Tras la desvinculación de Acosta, Radice y Massera habrían permanecido en la organización hasta, por lo menos, mediados de junio de 1981.

Entre las maniobras investigadas se encuentra la creación de sociedades destinadas a apoderarse de 25 hectáreas de inmuebles ubicados en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A. Sus accionistas —Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini— habían sido privados ilegítimamente de su libertad en enero de 1977 y recluidos en la ESMA.

Entre los delitos cometidos por la asociación ilícita se encuentra el desapoderamiento de un inmueble perteneciente a Jorge Carlos Muneta ubicado sobre la avenida Belgrano, la apropiación de un inmueble ubicado en la calle Besares, la inserción de datos falsos en la escritura traslativa del dominio de otra unidad de ese mismo domicilio de la calle Besares, transferido el 18 de octubre de 1978 a Juan Héctor Ríos —identidad utilizada por Radice—. Estos tres hechos involucraron propiedad ubicadas en la ciudad de Buenos Aires.

Además, en el debate se abordan los desapoderamientos sufridos por Nilda Noemí Actis Goretta de dos inmuebles ubicados en la ciudad de La Plata; de dinero y valores por 500.000 pesos que se encontraban en poder de Marcelo Camilo Hernández; de un vehículo marca Chevrolet perteneciente a Hugo Abraham Tarnopolsky; y de la biblioteca de Mercedes Inés Carazo, entre otros hechos.

Extorsiones y falsificación de documentos

El requerimiento de elevación a juicio de la causa “Chacras de Coria” también señala que la privación ilegítima de la libertad de Conrado Higinio Gómez estuvo orientada a obtener beneficios económicos por ante cualquier motivación encaminada a la persecución ideológica de la víctima. Mientras permanecía cautivo en la ESMA, integrantes de la asociación ilícita —entre ellos Acosta, Rolón, Radice y Cavallo— lo habrían obligado, mediante intimidación, a poner a su disposición diez caballos de carrera pura sangre.

En el mismo contexto, Acosta, Rolón, González, Radice y Cavallo habrían obligado mediante intimidación a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A. a poner a disposición de la asociación ilícita la documentación y el patrimonio de la sociedad, constituido por las 25 hectáreas de inmuebles ubicadas en Chacras de Coria.

Asimismo, siguiendo órdenes de Acosta y Radice, integrantes de la asociación habrían obligado a un grupo de detenidos-secuestrados a confeccionar documentación falsa destinada a acreditar la identidad supuesta de algunos miembros del Grupo de Tareas. Para ello, incluso se utilizaba un laboratorio de fotografía y fotomecánica que funcionaba dentro de la ESMA.

De acuerdo con la acusación, mediante esos documentos Radice sustituyó su identidad por la de Juan Héctor Ríos; Francies Whamond, por las de Federico Williams y Mario Rodríguez; Alejandro Spinelli Mentotti, por la de Felipe Pagés; Daniel Berrone, por la de Pascual Gómez; y Miguel Ángel Benazzi habría sustituido su identidad por la de Marcos Adolfo Hers. Los mencionados Whamond, Spinelli Mentotti, Berrone y Benazzi fallecieron.

Los documentos falsos habrían sido utilizados luego para concretar el desapoderamiento de bienes mediante la extorsión de sus titulares y distintas operaciones fraudulentas, entre ellas la incorporación en actas notariales de declaraciones falsas de los bienes de las personas detenidas.

Los bienes de la familia Basterra

Finalmente, en el requerimiento de elevación a juicio de la causa “Bienes Basterra” se imputó a Donda Tigel y Azic haber obligado mediante intimidación a Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre del secuestrado Víctor Melchor Basterra, a poner a disposición de la asociación un inmueble ubicado en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Según la acusación, para concretar el desapoderamiento la mujer fue obligada a suscribir un poder especial irrevocable destinado a permitir la transferencia del dominio del inmueble. La operación se concretó el 9 de septiembre de 1980.

El descontento estudiantil en Francia no cesa. Tras semanas de movilizaciones para exigir más recursos para la educación pública, los estudiantes de secundaria vuelven a las calles este martes y denuncian la insuficiente respuesta del Gobierno. Según las cifras difundidas, las protestas reunieron a 450 000 personas en todo el país, 100 000 de ellas en París.

Con pancartas y consignas, los manifestantes vuelven a exigir más presupuesto para las escuelas públicas, la contratación de más docentes y la renovación de aulas e instalaciones deterioradas.

La tensión también se refleja en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que han dejado decenas de heridos.

En el ámbito educativo, la organización Unión Estudiantil aseguró que el 90 % de las universidades francesas permanecían bloqueadas o cerradas, tras cinco jornadas de estas protestas.

Es importante recorda aquí que el gobierno estadounidense ha establecido hace décadas un bloqueo criminal a Cuba que ha tenido un brutal costo económico, social y humano que ha buscado asfixiar al pueblo de este país para cambiar su modo de gobierno en una injerencia inaceptable sobre la decisión soberana del mismo.

El texto de Díaz Canel

Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno;

Señor QU Dongyu, Director General de la FAO;

Representantes de Organismos Internacionales y del Sistema de las Naciones Unidas;

Distinguidos delegados;

Es un honor para el pueblo de Cuba y para mí participar nuevamente en el Foro Mundial de la Alimentación que organiza cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como espacio que convoca a la comunidad internacional a reflexionar y actuar sobre uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo: garantizar el derecho humano a la alimentación.

Vivimos en un mundo atravesado por profundas incertidumbres. Los conflictos armados, los efectos cada vez más severos del cambio climático, las crisis económicas recurrentes, las tensiones geopolíticas y las crecientes desigualdades, afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, donde millones de personas continúan padeciendo hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición.

En este escenario global, las políticas públicas para la transformación de los Sistemas Agroalimentarios no son solo una prioridad técnica: constituyen una responsabilidad ética y política de todos los gobiernos.

Para Cuba, estos desafíos adquieren una dimensión particularmente compleja. Nuestro país enfrenta los efectos acumulados de más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero; una política que limita severamente el acceso a mercados, tecnologías, financiamiento, combustibles e insumos esenciales para el desarrollo.

A ello se suma el cerco energético del gobierno de los Estados Unidos, que hoy impacta profundamente la economía nacional y la vida cotidiana de nuestro pueblo.

Estas circunstancias afectan directamente la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, la refrigeración, el transporte, la distribución y la logística.

Sin embargo, Cuba ha convertido cada desafío en una oportunidad para acelerar transformaciones estructurales que fortalezcan nuestra resiliencia.

Estamos impulsando cambios profundos para transformar nuestros Sistemas Alimentarios, fortalecer la producción nacional de alimentos, ampliar el desarrollo territorial, fomentar la innovación y avanzar en la transición energética de nuestros Sistemas Alimentarios locales.

Pocas naciones enfrentan retos tan complejos. Y pocas demuestran, como Cuba, que es posible seguir avanzando aún bajo condiciones extraordinariamente adversas.

En este esfuerzo ha sido fundamental el acompañamiento de la FAO, que ha movilizado casi 100 millones de dólares en apoyo a los desafíos nacionales, aportando recursos, conocimientos, asistencia y capacidades para fortalecer sectores estratégicos, impulsar sistemas alimentarios locales y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por ese apoyo permanente, respetuoso y solidario.

Reconocemos igualmente el respaldo de la FAO para la incorporación de nuestro país a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una plataforma que abre oportunidades para movilizar recursos, compartir conocimientos y construir alianzas.

En el marco de esta Alianza, Cuba presenta actualmente dos planes preliminares de alto valor social agregado, diseñados para beneficiar directamente a los sectores más vulnerables de nuestra nación. Ambos están orientados a fortalecer la seguridad alimentaria como pilar fundamental para el desarrollo, mediante soluciones territoriales, inclusivas y sostenibles que buscan proteger a las familias en situación de mayor riesgo, ampliar el acceso a alimentos nutritivos y consolidar sistemas locales resilientes.

Estas iniciativas reflejan la voluntad de Cuba de avanzar con responsabilidad, creatividad y compromiso social, incluso en medio de las circunstancias más complejas.

Cuba reafirma en este encuentro su compromiso con la Iniciativa «Mano de la Mano», que promueve inversiones basadas en modelos geoespaciales avanzados, análisis de mercado y alianzas estratégicas para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Agradecemos también la oportunidad de presentar, en el marco de este Foro Mundial, dos nuevos proyectos vinculados a cadenas productivas de alto valor estratégico para Cuba como son: el café y la miel.

Estos sectores representan oportunidades para el desarrollo rural, la generación de ingresos, el empleo, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los medios de vida de miles de familias cubanas.

El café y la miel cubanos son productos con identidad, tradición y potencial de crecimiento. Su fortalecimiento contribuye a dinamizar territorios rurales, mejorar la resiliencia climática y ampliar oportunidades de exportación.

La respuesta a los desafíos alimentarios no puede construirse desde el aislamiento. Ningún país debe enfrentar solo el hambre, la pobreza o las consecuencias de las crisis globales.

Hoy más que nunca necesitamos fortalecer el multilateralismo, defender el papel de los organismos internacionales y promover una cooperación basada en la solidaridad, el respeto y la responsabilidad compartida.

Estimados colegas,

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, recordamos su permanente defensa del derecho de todos los pueblos al desarrollo, a la alimentación y a una vida digna. Ese legado continúa inspirando los esfuerzos de Cuba para construir una sociedad más justa y sostenible.

Ratificamos nuestra voluntad de continuar trabajando junto a la FAO para avanzar hacia Sistemas Alimentarios más resilientes, inclusivos y sostenibles. El acceso a la alimentación no puede ser un privilegio: debe ser un derecho de todos los seres humanos.

Muchas gracias.

La presentación, que se llevó a cabo en el Salón Soldi, estuvo a cargo de la dirección del reconocido violinista y maestro Pablo Agri, y permitió a los vecinos y vecinas disfrutar de una jornada especial que puso en valor el patrimonio cultural y artístico del distrito.

“Estamos muy orgullosos de nuestra Orquesta Municipal, que es un claro ejemplo del impulso que le damos a la cultura en todo Almirante Brown. Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo las propuestas culturales, abriendo más Casas de la Cultura y generando nuevas oportunidades para que cada vecino y vecina pueda disfrutar y ser parte de ellas”, destacó Mariano Cascallares.

Por su parte, Juan Fabiani remarcó que "este año nuestra Orquesta celebra 25 años de trayectoria, llevando su música a distintos escenarios y consolidándose como una de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural y de la identidad de nuestro distrito". Y completó: "Es un orgullo poder acompañar este recorrido y seguir fortaleciendo las propuestas culturales de Almirante Brown”.

La Orquesta Municipal de Cámara de Almirante Brown, que ya cuenta con 25 años de trayectoria y forma parte de las distintas propuestas culturales impulsadas por el Municipio para acercar la música y la formación artística, coronó con un broche de oro los festejos por los 153° años de la fundación del distrito.

Con respecto a los puntos a tener en cuenta, Xiomara, Francesca y Jeremías -de 5to grado- recomiendan: "Vaciar contenedores u objetos con líquidos, ya que ahí es donde eclosionan y crecen las larvas. También, es importante utilizar repelentes".

Además, las niñas y los niños explican: "Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito; no es contagiosa entre personas". "El insecto es simple de identificar por su color oscuro, sus franjas o marcas blancas en las patas o abdomen", advierten.

Como complemento a las acciones de divulgación en la comunidad, las cuadrillas realizan sus habituales itinerarios para retirar neumáticos en desuso. En los últimos días, despliegan las jornadas en La Pileta y Villa Esther. Efectúan desmalezado más limpieza en KM26,700, Villa Argentina, Villa Angélica e Ingeniero Allan.

Durante una recorrida por Carlos Casares, el gobernador bonaerense mostró su bronca ante una denuncia judicial presentada por ediles de La Libertad Avanza ante fallas en el servicio de agua. "Que vayan a pedirle a Milei que le devuelva a la Provincia lo que le robó", lanzó.

La tensión alcanzó su punto máximo durante una visita oficial del mandatario a la localidad de Carlos Casares, al ser consultado por la prensa local sobre una presentación penal impulsada por el espacio de Javier Milei contra la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) debido a deficiencias en el suministro de agua potable.

La demanda judicial contra la compañía proveedora de agua y funcionarios del Ejecutivo provincial fue encabezada por la senadora bonaerense de LLA, Analía Balaudo, junto a los concejales locales Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi.

Los dirigentes opositores denunciaron una severa crisis en la red de agua potable producto de la falta de presión y cortes totales en el distrito, situación que obligó al municipio a implementar un operativo de emergencia con camiones cisterna para abastecer a centros de salud, escuelas y barrios afectados.

Al ser indagado sobre las acciones judiciales de la oposición, Kicillof reaccionó con visible indignación y cruzó directamente el posicionamiento del espacio libertario:

"Me decís que alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública... No tienen cara. Ponele los videítos de Milei diciendo 'cero obra pública' y que se vayan a pedirle al Presidente, que es parte de su partido político. Dejen de hacer carancheo y vayan a pedirle que le devuelva a la Provincia lo que le robó", arremetió el gobernador.

El trasfondo del conflicto: recortes nacionales vs. gestión provincial

El cruce en Carlos Casares dejó al descubierto el trasfondo de una disputa estructural entre la gobernación bonaerense y la Casa Rosada. Kicillof atribuye la falta de avance en proyectos locales al recorte estricto de transferencias dispuesto por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023, el cual paralizó la construcción de cerca de 80 escuelas y múltiples obras de infraestructura clave en los municipios.

En contraposición, desde La Libertad Avanza replican que la gestión operativa, la mantención de redes básicas y la prestación de servicios esenciales por parte de empresas provinciales como ABSA son responsabilidad exclusiva del gobierno provincial.