“Democracia con proscripciones no es democracia”, afirmaron los jefes comunales al cuestionar la ratificación de la condena dictada por la Corte Suprema contra la ex presidenta. Según el comunicado, la decisión no responde a una resolución judicial independiente, sino a una maniobra política impulsada por un “Partido Judicial” cooptado por intereses ajenos al pueblo.
Los mandatarios locales sostienen que Cristina Fernández de Kirchner es perseguida por representar a las mayorías y defender sectores estratégicos como la industria nacional, las pymes, los pequeños y medianos productores rurales, las producciones regionales, el mundo del trabajo, los comerciantes, estudiantes y jubilados. Aseguran que su inhabilitación perpetua forma parte de un plan para “borrar la idea misma de justicia social y construir un país para pocos, en el cual el odio sea política de Estado”.
El texto advierte que proscribir a Cristina equivale a proscribir la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y a “ponerle un cepo al voto popular”. En ese sentido, los intendentes alertan que la cláusula de inhabilitación no solo deslegitima a la dirigente, sino que hiere de muerte al valor del sufragio y erosiona la confianza en las instituciones de la democracia federal.
Al defender a la exmandataria, los firmantes afirman que también están defendiendo la dignidad de los gobiernos locales y el derecho de cada argentino a vivir en una democracia plena. Reclaman que la Corte no ha hecho justicia, sino que selló “la condena a la verdad y a la memoria” de quienes soñaron con un proyecto de país inclusivo.
Caba señalar que los más de 500 intendentes concluyen que esta ofensiva judicial busca enviar un mensaje de disciplina a todo aquel que desafíe al poder económico y a los privilegiados de siempre. Concluyen: “Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro”.
