La Corte Suprema dejó firme una sentencia de la justicia nacional electoral que le impuso a la agrupación política Cambiemos Buenos Aires una multa por irregularidades en los informes finales de campaña respecto de los aportantes en 2017.

A través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario y dejó firme el fallo que venía apelado.

El caso en el fuero electoral se originó en el control de los informes finales de recursos y gastos correspondientes a la campaña de elecciones primarias que se llevaron adelante en 2017 de Juntos por el Cambio y que llevaba como principales candidatos en sus listas a Gabriela Ocaña y a la dupla Esteban Bullrich y Gladys González.

Una investigación periodística reveló que 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

El caso quedó en manos del juez electoral de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes y puso multas a los partidos de la alianza. También cuestionó que la agrupación solo alegó la rectificación de los informes finales obedecía a la existencia de errores en la carga de datos sin dar precisiones ni aportar la documentación que acreditara sus dichos. Según se destacó, 79 personas figuraban como aportantes habían negado la contribución. Otras 19 reconocieron haber realizado el aporte, pero solo una presentó un comprobante.

En 2023, la Cámara Electoral confirmó la resolución, al hacer hincapié en el marco normativo sobre la transparencia y control del financiamiento y administración de los partidos políticos, y ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza”. Dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.

“Los apelantes no aportan argumentos válidos que permitan enervar las razones en las que el a quo fundó su resolución, luego de llevar adelante las medidas conducentes a fin de investigar las irregularidades detectadas (…) quedando subsistentes los defectos destacados, los que impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”, habían dicho los camaristas.

Los responsables de los partidos presentaron un recurso extraordinario para que el caso fuera revocado por la Corte Suprema, al sostener que la Cámara Electoral soslayó informes de rectificación y omitió tratar cuestiones de materia federal. El máximo tribunal desestimó el planteo a través del recurso 280.

En medio del silencio del PRO, el presidente Javier Milei salió a respaldar al diputado amarillo Cristian Ritondo, luego de que fuera denunciado ante la Justicia Federal por la relación de su esposa, Romina Aldana Diago, a sociedades dueñas de inmuebles en Miami a través de empresas offshore. El mandatario consideró que es una "víctima de operaciones" por colaborar con el Gobierno libertario. 

"Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de diputados del PRO, que trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho, que está conducido por Cristian Ritondo, quién hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones justamente por habernos ayudado y colaborar”, consideró Milei desde Tucumán en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad. 

Los dichos del libertario tienen lugar tras las acusaciones contra el diputado nacional luego de que se detectara que cuenta con propiedades en los Estados Unidos sin declarar, y fuera denunciado penalmente y ante la Unidad de Información Financiera (UIF).  Milei subrayó que con Ritondo arrancaron “de espacios distintos”, pero que ahora la realidad política los encuentra “cada día más cerca de este reordenamiento ideológico”.

Los dichos del Presidente no son casuales, justamente desde el PRO han decidido no hablar de tema. El partido que suele acompañar al oficialismo ha manifestado diferencias con el Gobierno, incluso Mauricio Macri encabezó una reunión para definir que lugar ocuparán de cara a las elecciones legislativas del 2025. 

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó ayer una crítica al Poder Ejecutivo y se mostró en defensa de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, que es acechado de cerca por La Libertad Avanza que conduce Karina Milei. “Esta Ciudad no es moneda de cambio ni el botín de guerra de un acuerdo político nacional. Merece ser defendida y respetada. Y a mí me votaron para defenderla y la voy a defender con mi bandera desde el PRO. Pero primero está la Ciudad antes que otras discusiones nacionales”, sentenció.

En la misma línea, aseguró: "Algunos dicen que el PRO fue. No fuimos. Acá estamos. Vivitos y coleando. Y con ganas de dar la batalla. Con muchas ganas, muchas ganas de que al presidente le vaya bien. Porque nunca en nuestra vida apostamos a que alguien fracase para tener nuestro lugar en la política". 

Se trata de la campaña para las elecciones primarias y las generales del 2017 que llevó como candidatos a senador nacional a la dupla de Esteban Bullrich y Gladys González y como primera candidata a diputada nacional a Graciela Ocaña. Fue en la lista del entonces Cambiemos (después Junto por el Cambio) que apoyaba el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La lista le ganó a la de Cristina Kirchner de Unidad Ciudadana. De todas maneras, la resolución no alcanzó a los responsables políticos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Ramos Padilla procesó a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, quienes eran los responsables económico financieros de la lista y los que firmaron los recibos de los aportes. Los cuatro -que se negaron a declarar cuando fueron citados a indagatoria- fueron procesados por los delitos de falsedad ideológica de documento público (que tiene una pena de uno a seis años de prisión) y por omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña (con una pena de inhabilitación de seis meses a 10 años). Además, sus bienes fueron embargados entre 30 y 50 millones de pesos.

La investigación judicial -que ya en 2022 había desaprobado la rendición de los gastos- arrojó en un muestreo de parte de los aportes -no se analizaron todos- que un 37 por ciento de ellos desconoció haberlos hecho: “La inclusión de al menos 316 aportes privados correspondientes a 161 personas –al menos– que desconocieron haber realizado tal aporte, y que a lo largo del desarrollo de la causa formularon denuncias por tal motivo, o fueron citadas a prestar declaración testimonial y se manifestaron en ese mismo sentido”. La resolución destaca que el 90 por ciento de los aportes a la campaña fue en efectivo, lo que desde 2019 se prohibió por ley.

Según el trabajo de los peritos, los aportes iban desde los 700 a los 22 mil pesos. “Muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”, destacó Ramos Padilla. Se trataba de personas jubiladas, con enfermedades, desempleadas o con trabajos esporádicos.

Los aportantes falsos fueron citados a declarar y negaron haber dado ese dinero. “Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas menores de edad y hay veces que apenas llego a fin de mes y no estoy para regalarle plata a nadie”, “quiero decir que yo jamás aportaría nada a nadie porque no tengo dinero. De hecho, trabajo todo el día y para poder hacerlo tengo que dejar a mis hijos”, fueron algunos de los testimonios de la causa. Una mujer contó que cobraba 4.800 pesos por mes del Programa Hogar y figura con un aporte de dos mil pesos.

El informe de los peritos destaca que de lo que se auditó se encontraron 1.962.325 pesos de aportes falsos. Ese monto actualizado a hoy por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC alcanza los 122.043.797 de pesos.  Para las elecciones mencionadas la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602″, destacó el magistrado.

Ramos Padilla señaló que por la “enorme cantidad de casos” no se trata “de un simple error material por parte de los responsables económico-financieros de la agrupación”. “La inserción de información falsa en los informes de rendición de cuentas y en los recibos de aportes se articulan en forma conjunta con el fin de la maniobra, que consistía en ocultar dolosamente el origen de los fondos utilizados por la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” durante las campañas electorales del año 2017, que se llevaron adelante en este distrito”, señaló.

Pero además el juez destacó que “a la fecha se desconoce de dónde provino una gran parte del dinero que se utilizó para financiar” y por eso dispuso que la causa continúe con su investigación.

Las sociedades vinculadas a Diago están ligadas a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. La vinculación la investigó y reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

En sí, la relación de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida.

El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, entre ellos había formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago.

Se trataba de la firma Sunstar Point Ltd, finalmente adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 -cuando Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña representación del PRO- para conformar una estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas con el supuesto objetivo de “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000.

La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.

También Diago aparece como fiduciaria del Warwick Trust, fideicomiso creado para administrar los bienes en el extranjero.En 2018, cuando Ritondo ocupaba el cargo de ministro de Seguridad en Buenos Aires, la sociedad Sunstar Point actualizó su dirección a un condominio en Hallandale Beach, Florida, valuado en 498.900 dólares. Asimismo, la cuenta bancaria de la empresa se trasladó a una sucursal en Argentina, y Javier Petrera, empresario argentino, fue designado como nuevo director de la sociedad.

El entramado financiero también incluye a las empresas Ilustre LLC y Bonita Holdings 39 LLC, ambas involucradas en la propiedad de inmuebles en Miami. En un documento público de 2021, Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39. Esta red empresarial tiene conexiones con agentes inmobiliarios como María José Pérez-Millan, quien representa a múltiples sociedades relacionadas.

Otra sociedad registrada en Florida, Goformore LLC, también está vinculada a Diago. Aunque dejó de figurar oficialmente como administradora en 2013, Goformore continúa siendo propietaria de tres departamentos en Miami, adquiridos entre 2013 y 2015, por un total superior a 1,5 millones de dólares.

La investigación destaca la dificultad para rastrear el verdadero alcance de estas estructuras financieras debido al uso de jurisdicciones opacas. Además, la legislación argentina permite la confidencialidad de los bienes de los cónyuges, lo que complica su inclusión en las declaraciones patrimoniales. 

El equipo periodístico que realizó la investigación solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos.

Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

Santiago Bausili es investigado por una serie de operaciones que atentan contra la función pública, cometidas cuando se desempeñaba como secretario de Caputo durante la administración de Macri.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma –el magistrado Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia-  dejaron sin efecto la resolución que había revertido el procesamiento del exdirectivo del Deutsche Bank.

La investigación está centrada en operaciones financieras cometidas por Bausili cuando se desempañaba como secretario de Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego de aquel paso por la administración pública, fundaron la consultora Anker Latinoamerica S.A

La maniobra llevada a cabo por el actual funcionario habría otorgado un beneficio de sumas millonarias para la firma Deutsche Bank –su exempleadora-, que habría operado como intermediaria financiera y percibido considerables comisiones.

En tanto, el perjuicio para el Estado habría sido un considerable aumento en la deuda, por encima de los u$s100.000 millones. Las conductas atribuidas a Bausili se encuentran prohibidas por ley y ponen en evidencia la incompatibilidad con la función pública.

Kambourian, ex presidente del hospital pediátrico Garrahan durante el gobierno de Cambiemos, pagó más de 7 millones de pesos para evitar el juicio en el que se iba a ventilar la acusación en su contra por utilizar fondos de esa institución para solventar gastos personales. La información la expuso, sin querer, él mismo al publicar en su cuenta personal en la red social X que había sido sobreseído por la justicia y que eso demostraba su inocencia. Lo que no mostró y no contó el doctor, fue que su abogado ofreció a la Justicia una "solución alternativa", una reparación económica que, como es evidente, implica el reconocimiento del daño que se habría causado.

“Sobreseído por la justicia. No robé, no estafé, no defraudé. Gestioné el Hospital Garrahan de manera transparente. Fue justicia”, escribió, envalentonado Kambourian en un posteo que acompañó con una imagen de la parte resolutiva del fallo con el que el juez Nicolás Toselli dictó su sobreseimiento. Ese pequeño extracto contenía, en menos de 10 líneas, la información que lo deschavó. En rigor, el juez Toselli resolvió el 28 de octubre “declarar extinguida la acción penal por reparación integral, y sobreseer a Carlos Alberto Kambourian, de las demás condiciones obrantes en autos, en orden al delito por el cual oportunamente se requiriera la elevación a juicio de las presentes actuaciones”.

El fallo no dice que no robó y no estafó: lo que dice es que “reparó” con dinero. Como los usuarios de la red social no tardaron en responderle que faltaba todo el contexto del hecho, y que no se trataba de un manejo tan “transparente” como el doctor Kambourián lo quería hacer parecer. “La acción penal está extinguida ´por reparación integral´. Esto significa que Kambourian restituyó el daño hecho y por esa razón, es sobreseído. La afirmación ´No robé, no estafé, no defraudé.´ es falsa porque existió un daño que debió reparar”, reza la aclaración que X el añadió al posteo del doctor.

Para llegar a su sobreseimiento, el doctor Kambourian primero debió allanarse y pagarle al Hospital Garrahan lo que esa entidad le estaba reclamando en el marco de un juicio civil (más los intereses y las costas del proceso) y luego en el juicio penal agregó otro pago, esta vez en concepto de donación, para poder aplicarlo al flamante instituto de la reparación integral.

LA ACUSACIÓN CONTRA KAMBOURIÁN

Al ex director del Garrahan se le imputaba que entre mayo del año 2018 y enero del 2020 utilizó la tarjeta corporativas Visa -emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital e implementada durante su gestión- para pagar cenas, hospedajes, obsequios y otros gastos personales que no fueron justificados. La causa se inició por una denuncia efectuada por Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, que dio cuenta de las irregularidades.

Durante la investigación judicial, al momento de confirmar su procesamiento la Cámara Federal porteña, sostuvo que "las primeras irregularidades se verificaron de inicio, es decir, en el procedimiento previo a la implementación del uso de la tarjeta de crédito corporativa”, porque se hizo sin seguir ninguna recomendación. “Los distintos dictámenes de los órganos internos alertaban sobre la necesidad de dar marco normativo a su implementación en tanto aquella era un mecanismo de pago, no 'una autorización para gastar' y que, en ausencia de disposición específica, sólo podrían aplicarse las disposiciones atinentes al fondo rotatorio y las cajas chicas. Ni unas ni otras contemplaban su uso del modo posteriormente verificado en autos", indicaron en su momento los jueces del tribunal de apelaciones.

En un breve recuento de gastos injustificados, aquel citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa que tendrían las características de ser eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian y el de algún miembro de su familia, según surge del análisis de las fechas en las que se produjeron y de la aclaración, en los tickets, de que consumieron "torta de invitación". "Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto", señalaron los jueces.

Entre los gastos sin justificación aparecían también regalos, agasajos, estadías en hoteles en el exterior y hasta una heladera y capsulas de café. Cualquier similitud con el "cafeteragate" que sacudió en los últimos días al ministerio de Capital Humano es solo una cuestión de coincidencia.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó una serie de allanamientos tras una denuncia de la Aduana que apunta a operaciones de sobrefacturación en importaciones por USD 232 millones. Es por presunto fraude y lavado de activos contra NRG Argentina, empresa anteriormente gerenciada por la actual secretaria de Energía, María Tettamanti.

De acuerdo a un artículo de ese medio, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, ordenó una serie de allanamientos tras una denuncia de la Aduana que apunta a operaciones de sobrefacturación en importaciones por USD 232 millones entre 2019 y 2022. Según la investigación, NRG Argentina habría simulado compras de equipamiento para una planta de producción de arenas silíceas, destinadas al sector de hidrocarburos, con el objetivo de reingresar esas divisas al país mediante el mercado financiero. La acusación también señala una posible operación de lavado de dinero a través de una triangulación de divisas, diseñada para disimular el giro de dividendos al tipo de cambio oficial, lo que permitía obtener beneficios cambiarios considerables.

El esquema incluía a Marull Heavy Equipment LLC, una empresa radicada en Estados Unidos, identificada como el principal proveedor de NRG Argentina y cuyo único cliente era justamente la empresa argentina. Investigaciones de la Aduana revelaron que Oscar Güercio, accionista de NRG Argentina, también figura como apoderado de la cuenta de Marull en un banco estadounidense. "Desde esa cuenta se giraron alrededor de USD 37 millones que ingresaron al país a través de una cuenta en Allaria y luego se liquidaron al Contado con Liquidación (CCL)", detalla el expediente judicial.

La causa también menciona a MARDG, una tercera sociedad donde Güercio y Marull figuran como socios, lo que sugiere la existencia de una estructura compleja y entrelazada de empresas para facilitar estas maniobras financieras. Este caso pone nuevamente en foco la relación entre grandes empresas del sector energético y la estructura regulatoria, con una figura clave del gobierno actual bajo la lupa de la justicia.

De acuerdo a una nota de LPO, el gobierno porteño, bajo la gestión de Rodríguez Larreta, le habría comprado 1500 pistolas no letales de la empresa Byrna, firma de la cual Patricio García Moritán, hermano del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, es director.

Cabe señalar que la preadjudicación de este contrato se realizó el mismo día en que el marido de Pampita, Roberto García Moritán, hermano de Patricio, renunció a su candidatura como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Byrna, una compañía sudafricana asociada en Argentina con Bersa, habría asegurado este contrato, marcando su ingreso al mercado de armas no letales de la Policía de la Ciudad, que históricamente ha utilizado pistolas Beretta. Esta decisión representa un cambio en la tradición, dado que Beretta es una marca italiana reconocida mundialmente junto a Glock y Sig Sauer.

En este marco, Patricio García Moritán se unió al directorio de Byrna poco antes de que la empresa obtuviera la licitación para suministrar las pistolas "tipo Byrna" al gobierno porteño. La transacción, según la investigación del mencionado medio, valorada en 180 millones de pesos de 2023, se ha destacado como una de las más importantes para Byrna hasta el momento.

Vale reseñar que Rodríguez Simón está imputado por amenazas y coacción sobre los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusado en concreto de  presionar para desapoderarlos durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron que el prófugo pueda regresar a la Argentina para declarar sin un pedido de encarcelamiento, en tanto que el magistrado Martín Irurzun votó en contra de conceder la exención de prisión.

“No se advierten circunstancias objetivas concretas que puedan llevar a presumir un entorpecimiento en la investigación por parte de Rodríguez Simón, teniendo en consideración el estado del proceso, en el cual ya se han practicado y solicitado diversas medidas de prueba”, argumentó Bruglia en su voto, con el que acordó Bertuzzi.

Según los magistrados, el operador macrista “no ha permanecido oculto y con paradero desconocido” sino que se trasladó a Uruguay “a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el 6 de mayo de 2021 el reconocimiento de su condición de refugiado político”. 

Así lo dispuso la jueza federal María Servini al hacer lugar al pedido de eximición de prisión de Rodríguez Simón, quien había sido declarado prófugo y se radicó desde hace años en Uruguay para intentar ser un refugiado político.

En este contexto, la magistrada fijó una caución real de $ 3.120.000.000. “Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de Rodríguez Simón, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios”, aseveró Servini.

A su vez, dejó sin efecto la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos en mayo de 2021. Para poner la cifra de la fianza, se tuvo en cuenta el tiempo prófugo, los bienes en el país, el ejercicio de la profesión y su actividad como funcionario público.

Investigado por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos, Pepín Rodríguez Simón escapó a Uruguay en 2021, cuando debía presentarse a indagatoria tras el llamado de Servini.

Por su faltazo, la jueza lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, el hombre de Macri intentó ser considerado como refugiado en el país vecino. Un fallo de la Corte de Uruguay le fue adverso pero no tuvo efectos. Asimismo, durante 2019 y 2023 no perdió su condición de diputado del Parlasur.

La auditoría reflejó que casi la mitad de la planta durante la gestión del intendente Garro (en la foto junto a Macri y Vidal) cobraba el sueldo sin ir a trabajar y además se pagaba salario a personas que figuraban como empleadas municipales estando detenidas por delitos como homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra.

"Es un caso escandalosamente grave, linda no solo con irregularidades administrativas muy significativas, sino con el delito penal”, lamentó el jefe comunal sobre las anomalías perpetradas durante la gestión anterior, y agregó que “hay un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”.

Según consta en la denuncia que ingresó en la UFI 16 de Juan Cruz Condomí Alcorta, a partir de la auditoría realizada en el comienzo de la actual gestión se corroboró el pago de sueldos a personas detenidas por delitos como homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra que cobraron sueldos como empleados municipales hasta diciembre de 2023.

También se detectó la presunta contratación de cerca de un centenar de agentes con antecedentes penales y el Municipio solicitó que se oficie al Registro de Reincidencia para corroborar dicha información.

Por otro lado, se supo que más de un centenar de personas cobraron sueldos en 2023 sin los correspondientes decretos para formalizar las relaciones laborales. En uno de los casos, incluso, quien recibía el salario no estaba al tanto de su vinculación con el Municipio y se enteró mientras realizaba otro trámite.

En la presentación judicial también se remarcó que buena parte de los ingresos a la planta de trabajadores gestionados en el segundo semestre del 2023, se realizó sin la documentación suficiente para la constitución de sus correspondientes legajos y que los sueldos también se liquidaron sin este documento público.

Dentro de las graves anomalías, se denunció incluso que el Municipio siguió pagando el salario de una persona fallecida en 2021. Ese sueldo se siguió cobrando hasta diciembre de 2023, dos años después de su muerte, aún sin figurar en la lista de asistencia que firmaban los empleados. 

Finalmente, se detectó el caso de un funcionario público que había renunciado el 1 de marzo de 2023 y siguió cobrando hasta diciembre del mismo año, y el de un asesor que se encontraba en una situación similar: a pesar de haber renunciado en diciembre de 2021, se le continuó pagando hasta diciembre de 2023.

La familia Macri junto a Carlos Tévez y Guillermo Barros Schelotto adquirieron en 2016 proyectos para construir 6 parques eólicos y dos solares de la empresa española Isolux, quebrada en ese momento. Posteriormente, vendieron estos proyectos a la empresa china Goldwind y a Genneia, controlada por Darío Lizzano, generando una ganancia de 70 millones de dólares en un año. De acuerdo a una investigación de Perfil, Tevez obtuvo 17 millones y Guillermo Barros Schelotto cerca de 700 mil dólares; estos fueron montos transferidos a cuentas bancarias en los Estados Unidos.

El gobierno de Macri declaró “crítico” el proyecto de parques eólicos para permitir a Goldwind introducir sus molinos sin pagar impuestos. Curiosamente, la venta a Goldwind se produjo después de una visita de Macri a China.

El informe de la AGN reveló que:

• La Resolución 202/16 permitió a empresas que no participaron en licitaciones, a acceder a beneficios del RenovAR. Estas compañías obtuvieron precios superiores a las adjudicatarias del programa.

• El gobierno de Macri implementó un cálculo erróneo en los beneficios fiscales lo que significó pérdidas por 4.6 millones de dólares para el Estado Argentino.

• Se detectó enajenación accionaria no informada por la Autoridad de Aplicación. Las empresas de la familia Macri adquirieron adjudicatarias autorizadas a firmar contratos con el Estado y las transfirieron a posteriori de la firma de los contratos.

• El 37% de la potencia adjudicada por el programa no llegó a instalarse, impactando negativamente en la generación renovable.

Mauricio Macri fue denunciado en la justicia en 2018 por estas maniobras realizadas durante su gobierno. La causa de los parques eólicos se encuentra actualmente en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

El Jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodriguez Larreta,  por intermedio de sus más fieles funcionarios apuró en el último mes las licitaciones de mantenimiento de Metrobus, Educación y Casco Histórico. De esa manera, de no saberlo, está complicando gravemente al Jefe de gobierno electo, Jorge Macri. La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires habilitó que se avance aunque las adjudicaciones le saldrán mucho más caro a los porteños.  

El 7 de noviembre último, le otorgaron al denominado “Clan Lusardi” las millonarias licitaciones de las Zonas 1,2, 5 y 6 para mantener y limpiar las escuelas de la Ciudad. “Por todo lo expuesto, se recomienda preadjudicar, con carácter no vinculante, según los artículos 10, 16 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 a favor de la firma Logistical S.A (CUIT 30-71057303-0) por un importe total de pesos mil ochocientos setenta y dos millones doscientos setenta y seis mil uno con 00/100 ($ 1.872.276.001,00)”, dice, por ejemplo, la resolución del Gobierno en la zona 5. La 5 es la de monto más bajo ya que el mantenimiento de la zona 1 se llevará 2.135.420.000,00. ; zona 2 por 2.102.499.200,00;  y Zona 6  2.003 

Según la documentación, la cartera de la fiel colaboradora de Larreta , Soledad Acuña adjudicó la obra hace días a una empresa que forma parte del Clan Lusardi, dueños del Grupo L. Los Lusardi han tenido muchísimos contratos, según publicó Infobae,  Equis Quince acumula licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Tres de Febrero y en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, ganó varias licitaciones en Desarrollo Social durante la gestión de Carolina Stanley, en ANSES, ACUMAR, en el Ministerio de Educación y hasta en el Hospital Posadas, uno de los lugares donde las empresas de Lusardi se movieron con soltura. Pero hubo dos escándalos que los pusieron en la agenda pública. Por un lado, la compra de alimentos en Desarrollo social bajo la gestión de Daniel Arroyo donde el fiscal que investigó dijo que se usaron una maniobra para simular competencia ya que la mayoría de las firmas que cotizaron pertenecía al “Grupo L”, del empresario Víctor Lusardi. Además también fue escandalosa la situación que ocurrió en Mar del Plata. María Eugenia Vidal le otorgó en sólo un año más de 1.700 millones de pesos por la provisión de comida en diversas áreas del Estado provincial. Además cuando el Consejo Escolar marplatense, fue intervenido por la Provincia, le otorgó a Blue Catering, del Grupo L, la provisión del servicio alimentario en las escuelas del distrito, negocio que representa alrededor de 140 millones de pesos anuales. Esta selección fue cuestionada por los proveedores locales que fueron los proveedores durante más de 20 años y quedaron afuera por no cumplir con los múltiples nuevos requisitos fijados por el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario.  

En Mar del Plata además hubo conflicto en 2022 con proveedores locales cuando otra empresa del “Clan Lusardi” se quedó con la limpieza de los edificios  públicos. La compañía marplatense Quality Solutions S.A, que prestaba ese servicio a la Municipalidad desde 2017, se presentó ante el Concejo Deliberante para pedir la suspensión de la licitación luego de que Logisitcal SA presentara una mejor oferta para encargarse de la limpieza del Palacio Municipal y los edificios donde funcionan las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social.  

Las otras zonas para mantenimiento de escuelas fueron asignadas a empresas sospechadas de ser de punteros políticos y militantes del PRO. Es el caso de Bencen Construcciones y REX Argentina. Bencen obtuvo la zona 7 por $2.003.736,00 en los papeles dice ser de  Juan Pablo Benavides. Pero, como publicó el medio Minuto de Cierre en 2019 se sospecha que detrás de su crecimiento están Oscar “El Gitano” Remorino; el abogado Jaime Pereyra Iraola; la ex secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz; y Diego Fernández, cuñado de Felipe Miguel, el jefe de Gobierno de la Capital. Fue el Grupo Clarin en notas de Radio Mitre , Clarin y TN que titularon en 2018 “El ascenso de "El Gitano", el ex vecino de la Villa 31 vinculado al Gobierno porteño que multiplicó 7.000 veces su patrimonio”.   

En el caso de “Rex Argentina” obtuvo la Zonas 3 y Zona 4 por $2.036.657.600,00 y $1.970.816.000,00 . REX ARGENTINA, S.A , también conocida como SERZA SA, es propiedad en los papeles de Alberto Ibáñez, un ex barra brava de Huracán. En realidad dicen que sus dueños son Enrique “Coty” Nosiglia , aunque devaluado luego de la derrota electoral, sigue operando junto a su socio, el sindicalista Luis Barrionuevo. Son muchas las cuentas que le viene otorgando la ciudad de manera sistemática y en forma muchas veces como contratación directa. Solo para mencionar algunas la Policía Metropolitana y la Legislatura de la Ciudad. Una nota periodística ya en 2012 decía: “La empresa Rex Argentina SA, propiedad de Tatino y dedicada a la limpieza de edificios, resultó beneficiada con una serie de adjudicaciones por fuera del normal proceso de licitaciones públicas. Para dejar de lado los criterios establecidos en la Ley 2095, el Ejecutivo porteño alegó una especial situación de “necesidad y urgencia”. 

Algo que llamó la atención en el sector es que se haya dejado de lado a la empresa LESSIVER que venía prestando el servicio en la ZONA 1. “A las amigas les mantuvieron las licitaciones”, dijeron.  

La licitación del mantenimiento del Casco Histórico, Microcentro, Retiro, Eje cívico, y Tribunales , aún no fue adjudicada, pero nuevamente será para conocidos. Entre las postulantes que cotizaron están: 

AVANCES AMBIENTALES S.A. ( $ 3.614.662.602,00)

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL  ($ 3.615.205.202,28) 

ILUBAIRES S.A. ($ 3.615.385.787,64)

SES SOCIEDAD ANONIMA ($ 3.619.180.926,00)

GRUPO THOR SRL ($ 3.619.634.721,84)  

ALFREDO SAMPEDRO ($ 4.320.000.000,00)

GRUB S. A. ($ 4.473.144.964,80) 

y LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. ($ 4.676.469.735,96) .  

La que más posibilidades tenía ya que, luego de la suspensión de la obra pública,  buscará refugiarse en las obras de la Ciudad de Buenos Aires y provincias con recursos es Ilubaires de los Weiss. El ex presidente de la empresa es Gustavo Weiss , actual titular de  Cámara Argentina de la Construcción que consideró "injustas" las descalificaciones que había hecho el presidente electo Javier Milei durante la campaña, que llamó "Cámara Argentina de la Corrupción" a Camarco por la causa Cuadernos. "Me parece injusto. Lo de los cuadernos está en marcha y hay empresarios imputados y hasta que no haya culpables no hay delitos. Que la justicia verifiquen más allá de las irregularidades. La cámara de la Construcción tiene socios, hay 1300 socios que no tienen nada que ver con eso", se defendió.  

“Es una maniobra de falsa transparencia la que están haciendo porque aunque se lo den a la más económica, sigue siendo sustancialmente más caro que hoy en día. Deberían dejar el proceso actual y no comprometen el gasto corriente futuro. Eso está cual está vedado por la ley. No tiene sentido lógico sacar una licitación por años una semana antes de irse, únicamente para encarecer y perjudicar a la gestión que viene. Quedamos afuera siempre las mismas empresas. En contrataciones siempre encuentran algo para que ganen los amigos. Cuando no es falta de documentación inventan alguna cosa exclusiva. Esperemos que con Milei cambie la situación en Nación porque  en la ciudad estamos perdidos”, explicó una fuente consultada.  

El Metrobus para viejos conocidos

A pedido de Horacio Rodriguez Larreta, la compañera del jefe de Gobierno electo y actual Ministra de Espacio público e Higiene Urbana Clara Muzzio, lanzó la licitación para el Mantenimiento integral de la Red de Metrobús, centros de trasbordos y calles compartidas por un monto multimillonario de 15.905.177.861,76  

Lo escandaloso es que limpiar el Metrobus le costará a los porteños y porteñas un 50 por ciento más. Entre los postulantes están LMSG S.A, GRUB SA, IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL , GRUPO VARSOVIA S.R.L, SAUBER ARGENTINA S.A, MIG SA , TIAN SA, LX ARGENTINA S.A., MONTANA SERVICIOS SRL, REX ARGENTINA, S.A,  entre otros. Las que pican en punta para quedarse con el servicio son SES SA,  ILUBAIRES SA y MIG SA. Las tres son viejas conocidas del Macrismo.  

ILUBAIRES S.A, propiedad de otro involucrado en la causa cuadernos, Gustavo Weiss, jefe de la Cámara Argentina de la Construcción. Weiss dejó la presidencia de su empresa en manos de su hermano Jorge. Su compañía logró igual contratos con Macri y Rodríguez Larreta. Ahora hay orden para que la empresa sea considerada para la licitación apurada de la actual vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. En julio pasado en la Sede Central de la Cámara Argentina de la Construcción, se realizó un encuentro con el Precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. Jorge Macri, el Presidente de CAMARCO, Ing. Gustavo Weiss; junto al Ing. Santiago Riva, Presidente de la Delegación Ciudad de Buenos Aires. Según dice la web de CAMARCO , Jorge Macri “brindó su análisis sobre la actualidad de la ciudad, la obra pública, y sus propuestas a futuro como candidato. 

La última privilegiada es SES SA. Fuentes del Gobierno de la ciudad hablan de una especia de “preadjudicación” para la que “fuera” del gran amigo de Mauricio, Nicolas “Nicki” Caputo.  Una impactante nota de La Nación de 2022 “otra de las grandes ganadoras de contratos en el bastión de PRO es SES S.A: tiene 20 contratos y es una de las principales contratistas, pero además tiene ocho contratos en los que participa dentro de UTEs” y agrega que “hasta hace seis años el 50% esta empresa perteneció al empresario Nicolás Caputo, amigo íntimo de Mauricio Macri, y quien también tiene un buen vínculo con Rodríguez Larreta. Caputo vendió la firma Caputo SA, que controlaba SES, a la constructora TGLT. El año pasado TGLT (del empresario Daniel Lizzano) le vendió SES a CIMA Investments, liderado por Esteban Nofal. Sin embargo, fuentes de la política y del mercado todavía relacionan a la familia Caputo con SES S.A, aunque consultado por LA NACION el empresario dijo no tener vínculos con la firma ni seguir su actividad desde hace seis años. La firma comenzó como una empresa constructora y a través de la participación en sociedades y unión transitoria de empresas amplió notablemente sus rubros de participación. SES S.A. presta, desde hace años y de manera ininterrumpida, servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la limpieza de escuelas y espacios culturales, la refacción de hospitales, la poda de árboles en la vía pública o la construcción de emprendimientos inmobiliarios.Según un informe elaborado por el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, SES S.A recibió 1200 millones de pesos en contratos de la administración porteña durante 2008 y 2015, cuando todavía pertenecía a Caputo, a quien todavía vincula con sus movimientos”.    

MIG SA es la candidata con grandes posibilidades de ganar. “Contamos con más de 45 años de trayectoria ininterrumpida en la prestación de servicios de mantenimiento integral y limpieza de alta complejidad, y en la ejecución de obras de arquitectura e ingeniería, tanto en el ámbito público como privado. Nuestro propósito es cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas para lograr el mayor nivel de confianza”, dice la web de la empresa. MIG SA tiene como clientes a varias dependencias del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo , dicen que la empresa, tendría fuertes vínculos con Orly Terranova . Hace un tiempo Larreta, por intermedio de la Directora General de Regeneración Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, Cecilia Segal,  aprobó la adjudicación para la contratación de la obra “Conservación y Restauración Integral El Tambito” a la empresa mendocina denominada OSP SA de Orly , por una cifra superior a los 93 millones de pesos. No es el único negocio que tiene con la ciudad. Lo paradójico es que el vínculo entre Terranova y MIG SA fue publicado por el propio Grupo Terranova. Así lo consigna en su web : “"También se logró la evaluación técnica favorable y está en trámite de adjudicación la obra ‘Construcción de nuevos apeaderos - Estación Hornos y Las Heras - Ramal Merlo/Lobos", de la Línea Sarmiento (SOFSE). A ello se agrega que en 10 días comienzan las obras de refuncionalización y reconstrucción del Centro Cultural Munro (Municipalidad de Vicente López), obra en la que Sarmiento es subcontratista asociado del adjudicatario MIG SA'”.  

Otras de las empresas viejas conocidas del Larrestismo, Macrismo y el peronismo que buscan ser beneficiadas en la licitación del Metrobus son La Mantovana de Servicios Generales y LX Argentina. La primera tiene entre sus clientes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Trabajo de la Nación, Cancillería, Canal 7, entre otros organismos. Fue denunciada por ser una de las empresas aportantes de campaña del PRO que se beneficiaron con la obra pública. En la misma situación está LX Argentina. Ésta última supo ganar en años anteriores por $ 4.189.500 por el mantenimiento del Metrobus más emblemático, el de la Avenida 9 de Julio. Desde 2010 monopoliza la limpieza en el ministerio de Seguridad, con o sin licitación. Por ejemplo, fue el único oferente en una compulsa que dejaba para el ganador $11.512.800. En 2013, la empresa se vio salpicada por la muerte de un empleado de 18 años que trabajaba como tercerizado en el Teatro Colón. Por Resolución 561/2006 de Jefatura de Gabinete de Ministros estuvo suspendida para contratar con el Estado Nacional por incumplimientos contractuales, pero no ocurrió así en la Ciudad de Buenos Aires. 

Lo hizo a través de sendas presentaciones ante los juzgados federales donde tramitan las investigaciones, en las cuales pidió que "se prohíba la salida del país de Mauricio Macri", según los escritos a los que tuvo acceso Télam.

El diputado del FdT hizo el planteo en las causas que investigan la llamada "mesa judicial" del macrismo, Correo Argentino, peajes, privatización de centrales eléctricas, espionaje ilegal, parques eólicos y blanqueo de capitales.

En las presentaciones hizo referencia a diferentes publicaciones periodísticas de los últimos días que hicieron alusión a presuntos comentarios del expresidente vinculados a un temor de agravamiento de su situación judicial ante el cambio de gobierno.

"Resulta evidente en este contexto que, más allá de la falta de profundización de la pesquisa en dirección a quien es el principal responsable de las maniobras delictivas que se investigan en autos, deviene indispensable para la investigación que V.S. evite que el imputado Mauricio Macri abandone próximamente el país y se convierta en prófugo de la ley, tal como lo hizo su principal asesor judicial y abogado personal Fabián Rodríguez "Pepín" Simón, hoy residiendo en Punta del Este, Uruguay, escapado de la justicia argentina", advirtió el legislador en sus presentaciones.

Tailhade se presentó en su calidad de denunciante en cada causa judicial y sostuvo que "numerosos y recurrentes artículos periodísticos aparecidos en los últimos días dan cuenta que el ex presidente Mauricio Macri, imputado en estas actuaciones, estaría analizando irse del país".

El legislador dividió las solicitudes en siete notas, una por cada causa en la que, entiende, puede existir esa posibilidad: el blanqueo de capitales; la causa de Correo Argentino; parques eólicos; el espionaje ilegal contra dirigentes propios y opositores; la concesión de los peajes de acceso a CABA; la "mesa judicial" y la privatización de centrales térmicas.

En los fundamentos de sus escritos, Tailhade mencionó una serie de columnas y artículos publicados en los últimos días en los diarios La Nación y Clarín junto al portal La Política On Line en la que sus autores plantearon que Macri estaría preocupado por la evolución de esas causas judiciales y estaría interesado en que, en el caso de un triunfo de Javier Milei, el exministro de Justicia Germán Garavano vuelva a ocupar esa cartera.

De acuerdo al organismo,  en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para "determinar el precio base de las subastas".

La AGN concluyó que la "agencia de bienes del Estado -durante el gobierno de Cambiemos- vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente".

Ese organismo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.

Entre los resultados del reporte, se consignó que se llevaron a cabo "71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares" y que la ciudad de Buenos Aires "concentró el 77,2% de las operaciones".

En relación a las ventas, en el 100% de los expedientes analizados, se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para "determinar el precio base de las subastas", y se observó que en "el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación", que implicó una "merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares".

También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%, "no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación", y que entonces se calculó "equivocadamente el monto resultante de la venta, lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos".

Además, se analizó que en la venta del inmueble de Catalinas Norte II, ubicado en Puerto Madero, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación sobre de la propiedad por una superficie que resultó 39% menor a la que se terminó escriturando, generando que la AABE reciba "un valor inferior al que le correspondía", se indicó.

En cuanto al principio de subastas, se consideró que "se vio vulnerado" porque se constató que hubo una "baja participación de oferentes" porque en el "58,8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado".

En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, se advirtió que la AABE "no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social".

Respecto a la modalidad conocida como dación en pago, se alertó que "se utilizó a partir de enero de 2019 transfiriendo inmuebles por 169,9 millones de USD al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrariando el marco normativo vigente" porque esa "modalidad fue factible recién en octubre de 2019".

Además, se detectó que contrariando la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal -prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses de fin de mandato presidencial que coincide con el período electoral-, la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la CABA por 148,2 millones de USD.

La modalidad de transferencia dación en pago fue derogada en febrero de 2020, al poco tiempo de asumir la presidencia Alberto Fernández.

Se trata de cuatro artículos de una medida que había sido dispuesta durante el gobierno de Cambiemos en el marco del denominado "sinceramiento fiscal". En su sentencia, el juez Martín Cormick afirmó que la extensión del beneficio "no estaba previsto oportunamente en la ley".

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, quien advirtió que la inclusión de esos artículos en el decreto significó la "extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley", según la sentencia a la que tuvo acceso Télam.

El juez hizo lugar a una demanda de la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.

La demanda se presentó para declarar la nulidad de los artículos 1,2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 que firmó Macri "mediante la cual se modificaron -a su criterio- aspectos esenciales del Decreto 895/2016, que reglamentó la Ley 27.260 Régimen de Sinceramiento Fiscal".

La firma del decreto que incluyó los cuatro artículos que ahora quedaron anulados implicó la inclusión en el beneficio "de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82 expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley" de sinceramiento fiscal.

Además, el mencionado decreto 1206/06 llevó la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a "situaciones no previstas" y a la "inclusión de sujetos originalmente excluidos".

"Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley", concluyó el juez.

El magistrado sostuvo que "más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del Poder Legislativo en materia tributaria".

Si la decisión judicial queda firme en instancias de apelación, la AFIP podrá reclamar a los contribuyentes involucrados el pago de todos los impuestos no abonados sobre sus bienes incluidos en el blanqueo más intereses por pago fuera de término, recordó el juez que informó en la causa el organismo.

Al conocerse el fallo judicial, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández manifestó en la red social X: "La Justicia anuló el decreto dictado por Macri que les permitió blanquear capitales a los familiares de funcionarios públicos" y agregó que el juez Cormick "anuló los artículos de la norma dictada por el ex Presidente que ampliaba los alcances de una ley a situaciones no previstas originariamente por los legisladores".

Por su parte, en declaraciones a radio Télam, el dirigente Felipe Solá recordó que el blanqueo sancionado en 2016 formó parte de una "ley ómnibus" con "una enorme cantidad de temas insertos y que tuvo una mayoría amplia que decretaba, entre otras cosas, un blanqueo para la gente común, pero no para ningún tipo de funcionario público de ninguno de los tres poderes"

Entrevista a Felipe Solá sobre la nulidad del decreto de Macri que habilitó blanqueo a familiares de funcionarios.

"Lo decía expresamente un artículo que yo pedí a la madrugada excluir a los funcionarios públicos, a sus esposas o convivientes, a sus padres y a sus hijos. Eso fue en julio", de 2016, remarcó el entonces diputado nacional.

El decreto "se promovió, pero el 6 de diciembre de ese año Macri sacó un decreto y dijo "sí, los familiares de los funcionarios pueden blanquear" lo que fue constitucionalmente un horror" que denunció al día siguiente, según recordó.

"Al final me puse de acuerdo con la asociación Ajus (Asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada) en busca de justicia, que después intervinieron con una denuncia similar, bajé mi denuncia para que se consolidara en una sola", la causa judicial en la que ahora hubo sentencia.

La decisión, adoptada tras una presentación realizada por la agroexportadora santafesina, frena la medida tomada hace dos semanas por el juez a cargo del concurso preventivo, quien rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía para que la misma pueda ser vendida.

Así, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial decidió "hacer lugar al pedido de modificación de cambio de efecto de los recursos (de apelación) concedidos el 20 de septiembre de 2023, los cuales quedan concedidos con efecto suspensivo".

Hace poco menos de dos semanas, Lorenzini, que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora en default por US$ 1.500 millones, rechazó la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown.

Esta instancia de salvataje está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos (LQC) para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.

Lorenzini elevó la apelación a la Cámara, la que decidió suspender el salvataje hasta resolver la cuestión de fondo.

Según explicaron a Télam fuentes cercanas al caso lo que decidieron los jueces de la Cámara fue "cambiar el efecto de la apelación, que era devolutivo. El proceso de salvataje hubiera seguido como si no se hubiera apelado, pero ahora es suspensivo".

"El proceso no sigue hasta que la Cámara confirme el rechazo de la propuesta y el periodo de concurrencia o salvataje", comentaron las fuentes, quienes remarcaron que el tribunal "no se expidió sobre el fondo de la cuestión", por lo que "habrá que esperar a ver que dice la propia Cámara".

En los considerandos de la decisión judicial , la Cámara explicó que "la resolución del 15 de septiembre -en lo que aquí interesa- contiene dos decisiones que se sustentan en diferentes reglas concursales".

Por un lado, entendió que "una rechaza las impugnaciones deducidas por el Banco de la Nación Argentina, Commodities SA, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el BICE SA, con fundamento en el art. 50 de la LCQ; y otra decide no homologar el acuerdo porque el mismo sería abusivo, con fundamento en el art. 52 inc. 4) de la LCQ. La apertura del periodo de concurrencia es consecuencia de esta última".

El fallo entiende que "si la primera decisión, o sea la que se expidió por el rechazo de las impugnaciones, es apelada por las impugnantes a quienes se les desestimó el planteo, la ley concursal prevé expresamente en su artículo 51 que lo será 'al solo efecto devolutivo'. En cambio, dicho artículo nada prevé en relación al efecto de la apelación deducida contra la no homologación oficiosa (art. 52 inc. 4) de la LCQ)".

En este sentido, la decisión judicial expresó "que si bien para algunos autores dicha falta de previsión significa que nos hallamos ante una laguna del derecho que merece ser integrada por la vía de la analogía con la regla excepcional del art. 511 , pensamos que no existe tal laguna ante la existencia de la norma de clausura del art. 273 inc. 4) de la LCQ que consagra el efecto suspensivo para las apelaciones en materia concursal".

Días atrás, el juez Fabián Lorenzini amplió los plazos para la presentación de propuestas para el salvataje de la empresa del 17 de octubre al 29 de noviembre.

La Justicia de Corrientes la negó este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria a Leonardo Cositorto, principal imputado por presuntas estafas piramidales de la organización Generación Zoe, en la audiencia que se realizó en la ciudad de Goya, donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

La defensa de Cositorto había solicitado la "revocación o sustitución de la medida de coerción interpuesta", tras haber sido aprobada la prisión domiciliaria a los tres ejecutivos de la firma en Goya, que estaban detenidos en una Comisaría de la ciudad distante a 230 kilómetros al sur de la Capital provincial.

En la audiencia, el juez de Garantías Lucio López Lecube, desestimó el pedido de prisión domiciliaria para Cositorto e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio.

En defensor del líder de Generación Zoe, Miguel Ángel Pierri participó por videoconferencia y de manera presencial, su abogado local, Víctor Scófano Pruyas, mientras por la querella, estuvo presente el doctor Pablo Fleitas, en representación de 98 personas que denunciaron estafas.

Además, estuvieron presentes tres de los damnificados, “le pidieron al juez que Cositorto permanezca en la cárcel y contaron cómo resultaron afectados por la estafa”, relató Fleitas en declaraciones a Télam.

“Uno de ellos perdió una mano en un accidente de trabajo y entregó todo el dinero de la indemnización a Generación Zoe y expuso su situación en la audiencia”, detalló el querellante.

También habló una mujer que colocó en la financiera que lideraba Cositorto, “gran parte de lo que había cobrado en la indemnización por el cierre de Massalín Particulares, empresa en la que trabajaba”.

“Casi el 70 por ciento de los ex trabajadores de la tabacalera de Goya que cerró sus puertas en 2019, invirtió su indemnización en Generación Zoe”, precisó a Télam el abogado.

El juez de Garantías, Lucio López Lecube, firmó la prisión domiciliaria a Nicolás y Javier Medina y Lucas Camelino en el último mes, quiénes eran ejecutivos de Zoe en Goya y por eso intentaron que Cositorto tenga la misma suerte, pero hoy le fue negado el beneficio”, concluyó Fleitas.

"El viaje a Lago Escondido de los jueces y CEOs de Clarín es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU", dijo hoy Soria desde a red X (ex Twitter).

Se refirió así a lo declarado por la diputada estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, donde denunció el presunto soborno del empresario Paul Singer al miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, en su intervención sobre el caso argentino.

El viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido que hicieran jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín el pasado octubre, fue denunciado en la Justicia, sin embargo Soria sostuvo que hasta el momento los Tribunales de Comodoro Py sólo garantizaron "silencio e impunidad".

"Desde que lo denunciamos, Comodoro Pro solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria", sostuvo el ministro que acompañó el posteo con una imagen de una nota periodística donde se los ve a Singer y a Alito compartir un viaje de pesca.

De la misma manera el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, coincidieron en señalar "la gravedad" de los hechos denunciados por Ocasio-Cortez.

"La denuncia de Ocasio-Cortez es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala @CFKArgentina. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó", publicó el Presidente en su cuenta de la red social X .

El mandatario compartió en su cuenta el tuit que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había publicado minutos antes, en el que también apuntó contra la justicia de Estados Unidos por haber favorecido "a los fondos buitre" en relación a la Argentina, al hacerse eco de la denuncia realizada por la legisladora estadounidense.

En el inicio de su publicación, la vicepresidenta señaló: "Hay un viejo aforismo que reza… hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad".

Y agregó: "Y, si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema estadounidense que falló a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".