Un grupo de vecinos de la ciudad de Sastre y Ortiz logró, luego de una batalla judicial de cinco años, que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratifique una sentencia que impide fumigar con agroquímicos a menos de mil metros del radio urbano, ante lo cual el municipio local recurrió en queja a la Corte Suprema de la Nación.

Los vecinos presentaron un amparo ambiental colectivo debido a la proliferación de problemas de salud que adjudican a la fumigación con agroquímicos a pocos metros de la población, que motivó una sentencia favorable del juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail.

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia provincial ratificó el fallo de primera instancia, que ya había sido avalado por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, y rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el municipio y un grupo de productores agrícolas.

El pronunciamiento de la Corte santafesina indica que "la Cámara resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que, en lo que aquí resulta de interés, había hecho lugar a la acción de amparo colectivo ambiental, declarando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 9 segundo punto de la ordenanza municipal número 1174".

De esa forma, el máximo tribunal provincial dictaminó como válido que se establezca "un perímetro de exclusión o reserva de 1.000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (Santa Fe) dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos".

La agencia Télam consultó a la oficina del fiscal de Cámaras, Carlos Stegmayer, quien actuó en la causa que derivó en el fallo del juez Duilio Hail, pero el funcionario prefirió no brindar declaraciones debido a que todavía resta que se expida sobre el tema la Corte nacional.

Respecto de la presentación ante la Corte nacional, el abogado Rafael Colombo, perteneciente a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sostuvo ante una consulta de Télam que la decisión "puede demorar mucho tiempo" debido a que "no hay plazos estipulados y son escritos complejos que el máximo tribunal debe analizar detenidamente".

De todas formas, aclaró que el fallo que prohíbe fumigar a menos de mil metros "está en plena vigencia" y opinó que "ello va en la misma senda que la jurisprudencia que existe sobre el tema en todo el país y la región", con fallos que restringen o directamente prohíben fumigaciones con agrotóxicos, privilegiando la protección de la salud humana y el ambiente.

En ese sentido, mencionó como antecedente los casos en Cañada de Gómez, San Jorge, Arequito, Rafaela y muchas otros distritos del país, todos de similares características al de Sastre y Ortiz.

El caso comenzó en 2018, cuando Ainalén Viñuela fotografió desde la ventana de su casa a un "mosquito", como se llama a la máquina que aplica agroquímicos, que estaba fumigando en un campo situado cruzando la calle.

La mujer se reunió con vecinos que tenían familiares con enfermedades y se inició un camino que primero tuvo una etapa en el Concejo Municipal, que en ese momento tenía una ordenanza que permitía fumigaciones a 100 metros del pueblo, y que propuso extenderla a 200 metros.

Poco después se sumaron a la lucha los padres de Zoe Giraudo, una niña en tratamiento oncológico, a quienes un concejal les sugirió que fueran a la Justicia porque ellos "no podían hacer nada".

Ante ello acudieron a la Procuración General de la Corte santafesina, donde les hablaron de la figura de amparo ambiental colectivo, que concretaron en la Justicia de San Jorge, donde obtuvieron sentencia favorable en el juzgado de Daniel Zoso pero que una revisión dejó sin efecto.

Ya en 2020, el juez rafaelino Duilio Hail dictó una cautelar de 800 metros de protección, lo que fue apelado por productores y el municipio de Sastre y Ortiz, pero en agosto la Cámara de Apelación no hizo lugar, en tanto un mes después el mismo magistrado dicta sentencia de una distancia de 1.000 metros para fumigaciones terrestres.

En declaraciones a Télam, Ainalén Viñuela celebró que "la Corte Suprema provincial volvió a ratificar la sentencia judicial de 1.000 metros y además reconoció como válido el recurso de los vecinos de presentarse en un amparo ambiental colectivo porque entiende que se debe proteger el derecho a la salud, la vida y un ambiente sano, antes de que las cuestiones económicas".

La mujer añadió que "es una zona agrícola ganadera, los campos están muy pegados a la zona urbana. En mi caso solo me separa una calle y el alcance de los agrotóxicos es altísimo, la deriva y todo lo que influye, lo climatológico, hace que llegue a nosotros".

"Nosotros hicimos un relevamiento casa por casa, hablando con cada vecino, y es impresionante los casos de tiroides, malformaciones genéticas, embarazos interrumpidos, problemas de piel, de cáncer, entre tantos otros, que son provocados por los agroquímicos", añadió.

Viñuela aclaró que la lucha "no es contra de los productores", sino que "solo pedimos un ambiente sano y libre de agroquímicos donde vivir".

"Ellos lo tomaron como algo en su contra y lo que más molestaba era que un grupo de 40 vecinos, sin un peso, sin gastar nada de plata pero con un objetivo firme, ganáramos esta lucha", opinó.

Y agregó: "Nuestra lucha es histórica. Somos un grupo de 40 que les ganamos un juicio, sufriendo consecuencias de nivel personal, como amenazas, despidos, insultos, con el único propósito de defender la salud y la vida, porque las autoridades que debieron defendernos nunca estuvieron a la altura de las circunstancias".

En ese sentido, el periodista Ricardo Serruya, especialista de temas ambientales, mencionó que es el municipio de Sastre el que intenta que se permita la fumigación cerca de la población y que la Corte provincial "rechaza, no solo por cuestiones formales, sino fundamentando la decisión con argumentos que el juez de primera instancia había puesto ya en su sentencia".

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres denuncia el avance expulsivo de la soja en Santiago del Estero. A Lassaga lo intimaron de manera anónima a que "no se meta en lo que no le corresponde" porque la próxima no va a haber advertencia.

Un cura en medio del monte. Aunque esté solo, habla en plural. Hay otros que, al igual que él, dejaron de ocuparse únicamente de los bautismos y misas y se mezclaron con indígenas y campesinos en la resistencia. “Lo que hacemos es un poco de docencia, hacerlos conscientes de sus derechos. No pedimos nada especial, solo vivir en paz y que sus derechos posesorios a la tierra, a los caminos, al agua, no sean avasallados”.

En esa zona de parajes –El Quemado, La Aloja, La Bolsa, Los Cercos, El Cavao, La Ovejería, Las Delicias, Puesto Nuevo, El Diablo, Ahí Veremos, La Manga, Agua Amarga y El Saladillo, entre otros– donde los límites entre Salta, Tucumán y Santiago de Estero se vuelven invisibles, funciona desde hace casi veinte años la Mesa Parroquial de Tierras, un espacio que surgió con el fin de “promover la organización de las comunidades campesinas y urbanas; promover la capacitación en cooperativismo, en derechos humanos, sociales y ciudadanos en forma sustentables de producción alternativa; y mejorar la calidad de vida desde un proyecto socio político de inclusión y derechos”. Los redactores de aquellos nobles principios quizás subestimaron la feroz oposición de los poderosos.

“Es la primera vez que pasa algo así –reconoce Lassaga, integrante de la Mesa Parroquial de Tierras– y eso que estuvimos en conflictos violentos con bandas armadas, pero nunca llegaron a tanto. ¿Qué explicación le encuentro? Es todo parte de un contexto de lucha por la tierra en Santiago del Estero que viene desde hace mucho tiempo y que se ha recrudecido desde mediados de los años 90 con la autorización de las semillas transgénicas, lo que provocó la extensión de la frontera agropecuaria, que no es otra cosa que desmontar el bosque nativo para plantar soja, expulsando a las comunidades originarias o fumigándolas si deciden quedarse en sus tierras”.

En un comunicado de repudio, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP), “herederos” del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, expresó que “desde siempre en nuestra Patria la pretensión de poseer la tierra o distribuirla fue motivos de conflictos. Así fue que campesinos e indígenas fueron desalojados, desplazados y asesinados. Sus tierras apropiadas, sus animales matados, sus pozos envenenados y topadoras y fuerzas de seguridad, legales e ilegales, se hicieron presentes donde ayer estaban ausentes”.

“Con la complicidad de los poderes judicial y político, y la manipulación mediática, los que ayer ocupaban tranquila y ancestralmente las tierras hoy pasaron a ser presentados como usurpadores y delincuentes (…) queremos recordarle al poder judicial que su causa es la justicia, al poder ejecutivo que su causa es el pueblo, a los medios de comunicación que su causa es la verdad, y a los apropiadores y violentos que ellos son la causa del dolor y el sufrimiento de tantas y tantos”, concluye el documento.

Para Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo y colega de Lassaga, en eso de resistir el avance implacable del agronegocio, el compromiso asumido (aún a riesgo de perderlo todo) solo se explica a través de ese mandato cristiano de “estar al lado, no de los buenos ni los pulcros, sino de los pobres”.

“Como cura –continúa– uno quiere vivir acompañando la vida de los pobres y el principal problema que tienen es la propiedad de la tierra, sea porque los dueños de la soja los quieren expulsar, sea porque los fumigan y los enferman. Cuando uno visita la comunidad o hace las cosas propias de cualquier cura, como oficiar un bautismo o una misa, se entera de las realidades de las comunidades y no puede hacerse el tonto. De alguna manera uno se compromete y hace propias esas luchas”.

A principios de julio, el gobernador Gerardo Zamora se ufanó a través de sus redes sociales del estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) que colocaba a Santiago del Estero como la sexta provincia que más ingresos generó por exportaciones. Para Raffaeli es, apenas, una cara de la moneda. “En Santiago cada vez entran más dólares por la soja, pero eso también significa más deforestación, más expulsión de campesinos que se tienen que ir a vivir a los cordones de las grandes ciudades, más fumigación que enferma y mata a las comunidades. Todo eso se esconde debajo de la alfombra porque el único criterio para pensar un modelo de desarrollo es que entren dólares. El costo humano no importa”.

Solidaridad campesina MoCaSE

Luego de hacerse pública la amenaza sufrida por el padre Rubén Lassaga, organizaciones sociales de todo el país manifestaron su solidaridad. 

El Mocase, por ejemplo, se pronunció en sus redes sociales: "El padre Rubén es ampliamente conocido en el monte santiagueño. Al igual que otros curas, siempre apoyando a las familias y organizaciones campesinas en su derecho a la tierra, al monte, a un ambiente sano, a las formas de vida en cada uno de los territorios santiagueños, desde la parroquia que le toque estar. Fiel referente del grupo de curas en la opción por los pobres, en su compromiso en favor de la liberación integral de las personas. A su vez acompaña con gran compromiso a la Mesa de Tierra de Pellegrini, base del Mocase".

“Es como un veneno silencioso. Vos venís tomando esta agua y no percibís que estas tomando un veneno, estás acostumbrado. Entonces no sabes desde cuándo está interfiriendo en tu salud ni cómo”, señala Pablo Fazio, abogado, vecino de Lobos y uno de los amparistas a los que la justicia exige que el municipio le entregue agua potable. También tiene que abastecer de agua potable a clubes de barrio, escuelas y hospitales y realizar estudios periódicos y específicos del agua.

“Cuando escuchas los mosquitos, oles el ambiente o ves centenas de abejas muertas no tenés que ser muy suspicaz para darte cuenta. Yo vivo en el campo y del otro lado del alambrado hay una plantación de soja que usa todo el paquete de fumigación y a pesar de todos los manuales de buen uso lo cruzo y veo todos los envases tirados. No hay un uso responsable ni ningún tipo de control del estado”, describe Fazio.

¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? El año pasado hubo una iniciativa en el Concejo Deliberante para modificar la normativa que regula el uso de agrotóxicos y establecer una distancia de 50 mts entre las viviendas y las áreas permitidas para su aplicación. “Lo que existe ya no se respeta y eso nos puso en alerta”,– cuenta Fazio.  Los vecinos y vecinas fueron a plantear sus perocupaciones nucleados y acompañados en diversas organizaciones pero ese intento de diálogo no prosperó. “Hay sectores que no quieren modificar sus prácticas. Por eso tratamos de generar nuestra propia evidencia sobre las consecuencias de lo que estábamos hablando”, agrega el abogado.

Convocaron a un bingo solidario lograron juntar el dinero que se requería para hacer un estudio de agua. El resultado los sorprendió incluso a ellos mismos. Se detectaron 11 distintos tipos de plaguicidas en grandes concentraciones a partir de muestras de todo el partido. “El valor superaba  hasta 45 veces el permitido en la Comunidad Europea, y el estudio se hizo con el INTA Balcarce, no fue nada informal. Con esos datos hablamos con las autoridades creyendo que ante la evidencia iba a ser distinto. Y lo primero que hicieron fue poner en duda el análisis”, recuerda Fazio.

Así llegaron a la justicia y ése fue el estudio con el que se presentaron. En su fallo el juzgado además  le dio traslado al Defensor del Pueblo quien solicitó públicamente que prohíban todo tipo de prácticas relacionadas con la aplicación de los agroquímicos hasta tanto la situación de fondo se resuelva.

“Esperamos que alguien recapacite y se dé cuenta que este modelo de producción está terminado. No podemos seguir en este camino suicida de buscar máximos rendimientos económicos a costa de la salud de de la población. Este debate pone en tela de juicio el modelo. El tiempo que viene es tratar de buscar soluciones creativas, y entender que si queremos un planeta para nuestros hijos hay que buscar un camino sustentable”, concluye Fazio.

La medid fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y responde a la necesidad de que concluyan estudios sobre los efectos del uso y aplicación de agroquímicos en las personas y el medioambiente a cargo del Observatorio Técnico de Agroquímicos.

La decisión se debe a la necesidad de posibilitar la culminación de los procesos de trabajo en curso a cargo del Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), creado el 13 de febrero de 2020.

El objetivo del trabajo es reunir, desarrollar y aportar información científico técnica sobre el uso, la aplicación de agroquímicos y sus efectos que permita implementar políticas públicas específicas.

La intención de la cartera agraria, a cargo de Javier Rodríguez, es lograr compatibilizar el desarrollo productivo bonaerense con la protección de la salud de la población y el ambiente.

Según explicó el comunicado oficial, la creación del OTA responde a la determinación el Estado provincial de abordar esta temática con la mayor responsabilidad, apoyado en evidencia técnica y científica que le permita fundamentar las decisiones que se tomen en torno a la misma.

El Ministerio destacó que es la primera vez que el Estado, en este caso encabezado por esa cartera y acompañado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el Ministerio de Salud y la Autoridad del Agua, destina recursos para sistematizar todas las evidencias existentes en relación a los impactos que tienen los agroquímicos sobre el ambiente y para la formulación de estrategias que permitan minimizarlos.

Hasta el momento el OTA cuenta con 544 documentos científicos-técnicos aportados por las distintas instituciones, utilizados para la elaboración de los documentos síntesis del Observatorio.

El próximo 23 de febrero se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo, en la que se abordarán las investigaciones aportadas sobre las categorías "Agroquímicos y Salud Humana", "Impacto Ambiental del Uso de Agroquímicos" y "Aspectos Sociales del Uso y Aplicación de Agroquímicos".

Una vez finalizada la etapa de trabajo con las instituciones académicas y de investigación, se procederá a la publicación de las conclusiones del Observatorio para ser sometidas al aporte del resto de los actores involucrados de la sociedad en su conjunto, en una instancia de intercambio público participativo.

Para la investigación se tomaron como pruebas agua del río, sedimento del lecho y peces moribundos. Entre los puntos más importante del informe, el Laboratorio de Ecotoxicología destaca que:

-en el total de muestras de sedimentos se obtuvieron valores detectables del herbicida glifosato. Dichos valores se encuentran en relación de magnitud con los registrados por diversos investigadores en otras cuencas agrícolas argentinas y tiene que ver con la historia de los suelos que, luego de las lluvias, drenan hacia cuerpos de agua cercanos (arroyos, ríos, tributarios, lagunas) o por escorrentía, materiales y este herbicida, el más utilizado en las prácticas agrícolas intensivas del modelo productivo de soja transgénica, la mayor fuente de origen o aplicación del agroquímico al ambiente.

-en cuanto a los analitos analizados en los tejidos de los peces recolectados se detectaron residuos de plaguicidas. En branquias e hígado del sábalo se encontró el herbicida 2,4-D y el insecticida organo fosforado clorpirifoscon. El herbicida 2,4-D -junto con el glifosato y la atrazina- es uno de los agroquímicos más empleados en el país. Se utiliza principalmente en la fase previa a la siembra de soja y maíz transgénicos. Además el 2,4-D, por sus efectos tóxicos y genotóxicos en peces, se puede clasificar como una sustancia muy nociva para los organismos acuáticos.

-también se detectó en branquias e hígado la presencia de residuos de un potente y letal insecticida organfosforado (OP). El clorpirifoses es el insecticida OP neurotóxico de amplio espectro más utilizado en la Argentina -principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol- para controlar plagas de insectos, donde actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa y causando la muerte por colapso del sistema nervioso. Debido a sus grandes riesgos para la salud humana y animal (sus exposiciones crónicas pueden causar déficits cognitivos y conductuales), en enero de 2020 la Unión Europea prohibió el uso del clorpirifós. De las distintas especies de peces moribundos observados, los especialistas del país detectaron movimientos de natación erráticos (convulsivos, torsión eje-axial, aletargamiento y espasmos posteriores), respiración prolongada en la superficie sobre la margen del río, agrandamiento de la vesícula biliar, distensión intestinal sin alimento, hígado amarillento, pupila dilatada, hemorragia epidérmica y falta de mucus, entre otros aspectos. Cabe señalar que el informe refiere que “los valores de residuos de clorpirifós registrados en los peces recolectados durante la mortandad 2020 en el Río Salado están en relación con los rangos hallados en peces de una de las cuencas más afectadas por la contaminación agropecuaria del país como lo es el Río Pergamino (zona núcleo de producción agroindustrial), en donde se detecta la presencia de plaguicidas en ocho de cada diez peces”.

Frente a este panorama, desde el Laboratorio recomiendan “un monitoreo más exhaustivo y con continuidad espacio-temporal sobre la presencia de desechos agrícolas (agroquímicos y fertilizantes) tanto en agua, sedimento y tejidos de peces, principalmente en especies de interés comercial que sirven de alimento a las poblaciones locales”.

Como primer medida de mitigación plantean “la urgente necesidad de aumentar la distancia de los cultivos transgénicos dependientes de plaguicidas a los ambientes acuáticos” y señalan que una forma de comenzar a remediar y restaurar la cuenca de la presencia de sustancias tóxicas es “fomentar modelos de producción sustentables no contaminantes como los agroecológicos y con participación social”.