“Es como un veneno silencioso. Vos venís tomando esta agua y no percibís que estas tomando un veneno, estás acostumbrado. Entonces no sabes desde cuándo está interfiriendo en tu salud ni cómo”, señala Pablo Fazio, abogado, vecino de Lobos y uno de los amparistas a los que la justicia exige que el municipio le entregue agua potable. También tiene que abastecer de agua potable a clubes de barrio, escuelas y hospitales y realizar estudios periódicos y específicos del agua.
“Cuando escuchas los mosquitos, oles el ambiente o ves centenas de abejas muertas no tenés que ser muy suspicaz para darte cuenta. Yo vivo en el campo y del otro lado del alambrado hay una plantación de soja que usa todo el paquete de fumigación y a pesar de todos los manuales de buen uso lo cruzo y veo todos los envases tirados. No hay un uso responsable ni ningún tipo de control del estado”, describe Fazio.
¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? El año pasado hubo una iniciativa en el Concejo Deliberante para modificar la normativa que regula el uso de agrotóxicos y establecer una distancia de 50 mts entre las viviendas y las áreas permitidas para su aplicación. “Lo que existe ya no se respeta y eso nos puso en alerta”,– cuenta Fazio. Los vecinos y vecinas fueron a plantear sus perocupaciones nucleados y acompañados en diversas organizaciones pero ese intento de diálogo no prosperó. “Hay sectores que no quieren modificar sus prácticas. Por eso tratamos de generar nuestra propia evidencia sobre las consecuencias de lo que estábamos hablando”, agrega el abogado.
Convocaron a un bingo solidario lograron juntar el dinero que se requería para hacer un estudio de agua. El resultado los sorprendió incluso a ellos mismos. Se detectaron 11 distintos tipos de plaguicidas en grandes concentraciones a partir de muestras de todo el partido. “El valor superaba hasta 45 veces el permitido en la Comunidad Europea, y el estudio se hizo con el INTA Balcarce, no fue nada informal. Con esos datos hablamos con las autoridades creyendo que ante la evidencia iba a ser distinto. Y lo primero que hicieron fue poner en duda el análisis”, recuerda Fazio.
Así llegaron a la justicia y ése fue el estudio con el que se presentaron. En su fallo el juzgado además le dio traslado al Defensor del Pueblo quien solicitó públicamente que prohíban todo tipo de prácticas relacionadas con la aplicación de los agroquímicos hasta tanto la situación de fondo se resuelva.
“Esperamos que alguien recapacite y se dé cuenta que este modelo de producción está terminado. No podemos seguir en este camino suicida de buscar máximos rendimientos económicos a costa de la salud de de la población. Este debate pone en tela de juicio el modelo. El tiempo que viene es tratar de buscar soluciones creativas, y entender que si queremos un planeta para nuestros hijos hay que buscar un camino sustentable”, concluye Fazio.
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