Luego de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) analiza profundizar las medidas de protesta y no descarta convocar a un nuevo paro general. Desde la central obrera sostienen que el decreto excede los alcances de la ley aprobada por el Congreso y, por ese motivo, mantienen su estrategia judicial. La conducción confían en obtener una resolución favorable y advierten que el Gobierno avanzó más allá de lo que establece la propia norma, una situación que podría profundizar el conflicto con la Casa Rosada.

Según consignó la periodista Rocío Criado, el malestar gremial se profundizó tras la publicación del decreto 407/2026, que reglamentó distintos aspectos de la reforma laboral vinculados a los convenios colectivos, el financiamiento sindical, las indemnizaciones y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Desde la CGT remarcan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo tienen como objetivo debilitar a las organizaciones sindicales, desfinanciándolas para facilitar un modelo de flexibilización laboral y reducir la capacidad de representación de los trabajadores. También cuestionaron lo que considera una aplicación selectiva de las leyes por parte del Gobierno: "Si ellos no cumplen la ley universitaria, ¿por qué vamos a acatar una ley con semejante impacto negativo?", plantearon los dirigentes sindicales.

Las críticas al rumbo laboral de la administración nacional también llegaron al plano internacional. Durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, denunció al Gobierno argentino por incumplir normas internacionales y avanzar sobre derechos laborales históricamente reconocidos.

En su exposición, afirmó que la gestión de Milei impulsa una transformación profunda de las relaciones laborales bajo la premisa de que las protecciones a los trabajadores constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Además, cuestionó la reducción de áreas estatales vinculadas al trabajo, los despidos de personal especializado y el recorte de la planta de la administración pública. De acuerdo con la información de Criado, este escenario alimenta la discusión interna sobre nuevas medidas de fuerza. La combinación entre el deterioro económico, la pérdida de puestos de trabajo y los cambios impulsados por el Gobierno generó preocupación en distintos sectores del movimiento obrero.

Los datos que manejan los sindicatos refuerzan ese diagnóstico. Según el monitor mensual de Fundar, elaborado con cifras oficiales del INDEC, desde la llegada de Milei a la Presidencia cerraron más de 24 mil empresas. En paralelo, un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA indicó que se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo durante el mismo período.

Frente a este panorama, la CGT convocará en los próximos días a una reunión ampliada de su Consejo Directivo junto a representantes de distintos sectores productivos para definir una estrategia común. El objetivo, explican, es construir una respuesta política y sindical frente al modelo económico del Gobierno. Aunque la posibilidad de una nueva huelga nacional todavía no tiene fecha, en la central remarcan que la herramienta "siempre está latente". No obstante, consideran necesario ampliar los consensos internos para garantizar una medida de fuerza con alto nivel de adhesión y alcance nacional.

Además de las acciones gremiales, la CGT avanza en la elaboración de un índice propio de inflación junto con especialistas de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa, que también busca incorporar a investigadores de la Universidad Católica Argentina y economistas de distintos espacios, podría presentarse durante el próximo mes de julio.

“Milei quedó escrachado ante el mundo. Está siendo vapuleado en la OIT. Ahora en todo el planeta ya conocen el estrepitoso fracaso de su gobierno. Pasó de fenómeno barrial a vergüenza mundial”, sentenció ante representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países.

En este marco, el dirigente estatal apuntó que “nosotros lamentamos profundamente tener que volver a esta conferencia internacional para denunciar al Estado argentino por la continuidad de su política de vulneración de los derechos consagrados en numerosos convenios de la OIT que fueron ratificados por nuestro país”.

Crisis social y económica

La CGT planea otro paro general: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”

“El Gobierno no cumple con su obligación de consultar a todos los actores sociales y pretende imponer una reforma laboral absolutamente regresiva en contra de la expresa voluntad de los trabajadores”, anexó el referente sindical.

En referencia al intento del Gobierno de continuar con la “motosierra” en el sector público, detalló: que “el vaciamiento del Estado llevado adelante a través del despido ilegal de miles de trabajadores y de la degradación del Ministerio de Trabajo generan un daño irreparable a las relaciones laborales y una vulneración sin precedentes de todos los derechos laborales que el Estado debiera garantizar y proteger”.

Cabe destacar que además de las numerosas protestas en organismos, ministerios y todas las provincias del país, ATE mantiene una dura batalla legal contra el Gobierno con victorias importantes en el último tiempo, como lo son los fallos en defensa del INTA y el INTI, los cuales frenaron el intento de desmantelamiento de los organismos de tecnología agropecuaria e industrial.

“Estamos frente a un Gobierno que ha hecho de las paritarias una parodia en las que no existen negociaciones y se imponen valores que sistemáticamente se ubican por debajo de la inflación”, indicó el dirigente estatal.

Además, el dirigente expuso la situación que viven los sindicatos y dirigentes que decidieron hacerle frente al Gobierno de Milei: “El mundo entero tiene que saber que en la Argentina aquellos que endiosan la libertad son los mismos que reprimen y criminalizan las protestas sociales y sindicales, y que además procesan y encarcelan a dirigentes gremiales”.

“Los trabajadores tenemos la necesidad urgente de que la Argentina reestablezca mecanismos de consulta a todos los actores sociales y devuelva a la autoridad laboral la jerarquía institucional, su financiamiento e independencia para ponerle fin a los marcos de regulación que en la actualidad en nuestro país consideran al trabajo como una mercancía y se vuelva a recuperar la justicia como la única norma de interpretación y solución de los conflictos”, concluyó el secretarui general de ATE Nación.

La agenda de  Aguiar continuará en las próximas horas con una nueva participación en la Organización Internacional del Trabajo como parte del FreSU y brindará detalles sobre la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el intento de desplazamiento de Abel Furlán de su cargo.

El Frente Sindical Universitario convocó para este martes una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de reclamar una resolución favorable a la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva acción impulsada por la comunidad académica ante el deterioro presupuestario y salarial que atraviesan las casas de estudio nacionales.

La actividad se desarrollará desde las 11 en Plaza Lavalle e incluirá clases públicas, una modalidad que los gremios ya utilizaron en las últimas semanas, varias veces frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; para visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior y exponer las dificultades que enfrentan universidades de todo el país para sostener su funcionamiento.

La convocatoria llega después de que el máximo tribunal rechazara la recusación presentada por el Gobierno nacional contra jueces cuestionados por su condición de docentes universitarios, una decisión que despejó uno de los obstáculos planteados en la discusión judicial sobre la norma.

"Ahora esperamos que se avance sobre el fondo del asunto y se garantice el cumplimiento efectivo de la ley", señalaron desde FEDUBA al celebrar el fallo de la Corte y reclamar una pronta definición sobre el financiamiento universitario.

Desde el espacio que nuclea a los principales gremios del sector sostienen que la situación económica de las universidades continúa agravándose y advierten que la pérdida de poder adquisitivo de docentes y nodocentes se combina con presupuestos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las instituciones. "La universidad pública no puede seguir esperando. El ajuste avanza todos los días", advierte el gremio. 

La protesta reunirá a docentes, estudiantes, autoridades y trabajadores de distintas universidades nacionales, que buscarán reforzar el reclamo por la plena vigencia de una ley que, según plantean los sindicatos, expresa la decisión del Congreso de garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.

Con este resultado, el sector encadenó más de doce meses con desempeños negativos y acumuló una caída del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026. Desde la entidad señalaron que el escenario responde a cambios en los hábitos de compra, condicionados por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y una mayor búsqueda de productos más económicos por parte de los consumidores.

El relevamiento también reflejó un deterioro en el clima de negocios. Casi la mitad de los comerciantes consultados aseguró que su situación es peor que la de hace un año y cerca del 60% consideró que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones, una señal de cautela frente a la evolución de la actividad.

Entre los rubros relevados, Farmacia mostró el mejor desempeño con una mejora interanual del 8,2%, seguida por Perfumería y Alimentos y bebidas. En cambio, las caídas más pronunciadas se registraron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, además del segmento de indumentaria, dos sectores especialmente sensibles a la retracción del consumo.

Aunque las ventas online mantuvieron una trayectoria ascendente y crecieron más de 15% frente al mismo mes del año pasado, ese avance no alcanzó para compensar la caída del comercio minorista en general, lo que dejó en evidencia que el crecimiento del canal digital todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa que atraviesan las pymes.

El reporte internacional rebajó la calificación del país a la categoría 5, luego de dos años consecutivos de deterioro en los indicadores. De acuerdo a los registros de la institución, esta caída desde la categoría 3 representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por este instrumento de medición. Los autores del estudio detectaron en el caso argentino un avance concreto de medidas restrictivas contra la protesta social e interferencias en los asuntos internos de los gremios. Además, el texto advierte sobre la existencia de despidos antisindicales y un retroceso general en las garantías para el ejercicio de las actividades de representación.

La central sindical internacional enmarcó estos resultados nacionales dentro de una crisis global más amplia. El índice refleja una erosión de los principios democráticos impulsada por diversos gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica a nivel mundial. Los líderes del movimiento obrero local interpretaron este informe como una advertencia directa sobre las consecuencias del programa oficial del presidente Javier Milei. Los representantes gremiales afirmaron que los ataques a la negociación colectiva afectan a los asalariados y dañan la calidad democrática institucional.

Las tres principales centrales obreras argentinas presentarán una denuncia formal contra el Estado nacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la inminente Conferencia Internacional del Trabajo. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tomaron esta decisión a partir de la publicación de un duro informe global sobre derechos laborales.

Frente a este escenario adverso, los dirigentes sindicales argentinos confirmaron su presentación en el exterior con el aval de la Confederación Sindical de las Américas y la CSI. Los voceros de los trabajadores buscarán de esta forma reafirmar su compromiso en defensa de la libertad de asociación en el máximo foro de la OIT.

La figura oficialista con mayor adhesión es la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con 38,8 %, mientras que en la oposición prevalecen las figuras del gobernador Axel Kicillof (34,8 %) y la diputada nacional del FIT-Unidad, Myriam Bregman (32,3 %).

La Argentina de Milei: Cuatro de cada diez familias de PBA comen menos para pagar su deudas

En el caso de los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, es muy fuerte la imagen negativa (55,8 % y 62, 5 % respectivamente), aunque en este aspecto, la peor performance es del jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni (64,5 %).

Crisis económica

Ante la pregunta “Cómo sentís la crisis económica”, casi el 40 % de los consultados cree que está empeorando rápidamente y el 23,3 % considera que está mejorando lentamente; mientras que en otro tópico el guarismo sube al 57,8 al ver que “lo peor está por venir”.

Por último, ante la consigna de definir con una sola palabra al principal problema de Argentina, emergen temas trascendentales como corrupción, Milei, economía y desempleo

El fenómeno de la irregularidad en los pagos se distribuye entre 19,8 millones de personas que tienen créditos activos en el denominado "sistema financiero ampliado".

Este ecosistema incluye no solo a los bancos tradicionales, sino también a empresas Fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. Del total de la deuda, el 82,4% está concentrada en entidades bancarias, mientras que las Fintech representan el 10,1% y el resto de las entidades el 7,5%.

Los datos forman parte de un relevamiento de la consultora Analytica elaborado sobre la base de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INDEC y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según el informe, "al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema". Esta cifra es superior si se la compara con la irregularidad medida solo por el volumen de la cartera de crédito, que se ubica en el 15,4%.

La distribución de la morosidad varía según el tipo de institución acreedora. En el sector bancario, 14,3 millones de personas poseen deudas, de las cuales el 19,2% presenta irregularidades.

En contraste, entre quienes operan exclusivamente con Fintech, el ratio de morosos asciende al 28,9%. La situación es más crítica en el resto de entidades “no financieras", donde el nivel de mora alcanza al 96,4% de los deudores, afectando a 1,6 millones de personas.

A nivel geográfico, la zona norte del país registra los índices de incumplimiento más elevados. La provincia de San Juan lidera la estadística con un 36,0% de deudores morosos, seguida por La Rioja con un 35,3% y Catamarca con un 34,8%.

En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el menor nivel de irregularidad con un 16,1%. Por su parte, la Patagonia registra la "deuda mediana más elevada del país", vinculada a un mayor nivel de precios relativo.

En la provincia de Buenos Aires, el promedio de morosidad es del 27,7%, aunque existen diferencias internas marcadas. Mientras que en los municipios del conurbano la tasa de morosos es del 30,3%, en el resto de la provincia desciende al 23,1%.

Dentro del Gran Buenos Aires, la brecha es notable: en Vicente López la mora es del 15,1%, mientras que en Florencio Varela trepa al 38,3%. El informe destaca que "la mora impacta más en los jóvenes" de entre 18 y 30 años, sector donde la irregularidad llega a casi el 40%.

Este incumplimiento financiero se vincula directamente con el deterioro del mercado laboral para este rango etario. Durante el año 2025, la desocupación en mujeres de 14 a 29 años subió del 13,8% al 16,8%, y en hombres del mismo segmento pasó del 12,5% al 16,2%.

Finalmente, la capacidad de pago también se relaciona con los niveles de ingresos declarados por los trabajadores independientes. Quienes se encuentran en la Categoría A del monotributo (la de menor facturación) tienen un 17,9% de personas en mora tardía. En cambio, en la Categoría K, que agrupa a los contribuyentes de mayores ingresos, la cantidad de morosos se reduce al 8,5%.

De acuerdo con el estudio, esto demuestra que "quienes menos facturan cargan con una deuda relativamente más pesada".

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales fabricaron un total de 167.629 unidades, lo que equivale a una baja del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

Durante mayo, las plantas operaron 18 días hábiles para alcanzar este volumen de automóviles y vehículos comerciales livianos.

De acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, el sector atraviesa una etapa de transición por renovación de productos.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad, señaló: "Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones".

En cuanto al comercio exterior, se exportaron 25.237 vehículos en mayo, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen de mayo de 2025.

El directivo de ADEFA remarcó la necesidad de reducir la presión tributaria para ganar competitividad: "Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente".__IP__

Finalmente, las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 35.979 unidades, un 39% menos que el año pasado.

En los cinco meses transcurridos del año, se comercializaron 184.033 vehículos, lo que refleja una caída acumulada del 23,1% interanual. #AgenciaNA 

Este índice fue creado para medir cuántos platos de milanesa con guarnición puede adquirir un trabajador promedio con su sueldo en un restaurante tradicional. La elección de este menú específico no es arbitraria: permite reflejar de manera directa el costo del consumo popular y comparar la evolución del poder de compra de forma intuitiva, esquivando la distorsión de la inflación nominal.

Para obtener el resultado final, el cálculo cruza dos fuentes de datos oficiales:

- La masa salarial promedio de CABA, relevada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

- El precio medio de la milanesa de ternera con guarnición, medido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA).

LA CAÍDA DEL CONSUMO

Los resultados correspondientes al primer bimestre de 2026 registraron el valor más bajo de la serie histórica para este período. La cifra de 104 milanesas representa una caída del 22,4% respecto a 2025 y un profundo desplome del 33,8% frente al mismo bimestre de 2023. En términos concretos, un trabajador porteño hoy puede comprar 53 platos menos que antes del inicio de la actual gestión nacional. La comparación a largo plazo muestra un panorama aún más grave: en 2020, en plena pandemia, el índice llegaba a las 190 milanesas, lo que significa que el poder de compra en restaurantes se redujo prácticamente a la mitad en seis años.

El deterioro del consumo gastronómico es el reflejo de una crisis estructural más profunda en el distrito. Según el informe de Indicadores de la Economía Porteña del primer trimestre de 2026, el panorama es complejo:

- Sector gastronómico: La actividad acumula dos años consecutivos a la baja y se ubica un 15% por debajo de los niveles registrados en 2023.

- Mercado laboral: Desde noviembre de 2023, la Ciudad sufrió la pérdida de más de 75.000 puestos de trabajo registrados y el cierre de casi 2.500 empresas. A su vez, la desocupación escaló al 7,3% a fines de 2025.

- Erosión salarial: La pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional ronda el 17% en tan solo dos años. En CABA, los sueldos no lograron recuperar los niveles previos a 2024.

Al respecto, Santiago Battista, Director Ejecutivo de Ciudad, fue categórico: "La economía de la Ciudad enfrenta un deterioro sostenido del consumo popular. El sector gastronómico es uno de los primeros en sentir el impacto. No hay recuperación genuina del poder adquisitivo mientras los trabajadores sigan perdiendo capacidad de gasto en el día a día".

También se registró una caída del empleo formal y persisten las dificultades para recuperar los ingresos, pese a la desaceleración de la inflación.

La situación también impactó sobre los trabajadores del sector privado. De acuerdo con datos del Índice de Salarios del INDEC, en marzo de 2026 los ingresos reales retrocedieron 1,3% respecto de febrero y se ubicaron 4,8% por debajo de los niveles registrados a fines de 2023. En el sector público, el escenario resultó aún más complejo. El informe destacó que los salarios estatales mantienen una pérdida cercana al 17% frente a los valores de noviembre de 2023, lo que evidencia una recuperación más lenta respecto de otros segmentos laborales.

El relevamiento incorporó además estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que mostraron una leve mejora del empleo registrado en febrero de este año. Tras varios meses consecutivos de retroceso, se sumaron alrededor de 8.000 puestos de trabajo respecto de enero. Sin embargo, esa recuperación no alcanzó para revertir la tendencia de fondo. El total de trabajadores asalariados registrados ronda actualmente los 10 millones de personas, una cifra que representa una baja de 106.000 empleos en comparación con febrero de 2025 y una pérdida acumulada de 290.000 puestos desde noviembre de 2023.

Entre los sectores más afectados aparece la industria manufacturera, que eliminó cerca de 74.000 empleos desde septiembre de 2023. Una parte importante de esa reducción se produjo durante 2025. El comercio también registró una disminución significativa de puestos de trabajo, con más de 20.000 empleos menos durante el año pasado. En tanto, la construcción mostró señales de estabilización en los últimos meses, aunque todavía arrastra una caída de aproximadamente 90.000 trabajadores respecto de los niveles observados a mediados de 2023.

En paralelo, las consultoras privadas proyectaron que la inflación de mayo habría mostrado una moderación respecto del 2,6% informado por el INDEC para abril. Las previsiones ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,1% y 2,5%, luego del pico de 3,4% registrado en marzo. En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una inflación mensual del 2,3%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que espera una cifra incluso menor a la del mes anterior. El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo 11 de junio y servirá para medir si la desaceleración de los precios logra consolidarse en los próximos meses.

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, el Banco Nación confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, un dato que aporta una nueva dimensión a la discusión abierta tras conocerse que varios funcionarios de alto rango habían accedido a préstamos millonarios de la entidad. 

Durante ese período, el banco aprobó 25.391 créditos hipotecarios en total. De acuerdo con los registros oficiales, las operaciones destinadas a personas incluidas en la categoría PEP representaron cerca del 4,4% del total, es decir, aproximadamente uno de cada 23 préstamos concedidos. La clasificación de Personas Expuestas Políticamente es utilizada por el sistema financiero bajo regulación de la Unidad de Información Financiera (UIF) e incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de exfuncionarios y familiares directos alcanzados por mecanismos reforzados de control para prevenir maniobras de lavado de activos.

Sin embargo, según averiguó Ámbito, la nómina no abarca a todos los cargos con responsabilidades dentro del Estado. Por ese motivo, los datos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados a distintas áreas de la administración pública.

 La información cobró relevancia luego del escándalo en torno a funcionarios del oficialismo que obtuvieron créditos hipotecarios por montos elevados. Entre ellos aparecieron el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor económico Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el exfuncionario de Capital Humano Leandro Massaccesi. 

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que menos del 0,2% de los créditos correspondían a personas vinculadas al Gobierno. No obstante, especialistas remarcan que esa definición no forma parte de ninguna categoría utilizada formalmente por las entidades financieras, que sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente. 

Otro de los puntos que alimentó el debate fue la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 sobre la línea hipotecaria "+ Hogares". La actualización incorporó expresamente a los cargos políticos designados o electivos dentro del universo de potenciales beneficiarios, hecho que derivó en una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en el diseño o la implementación de la operatoria. 

Las siete instituciones nacionales que lograron ubicarse entre las 2.000 mejores del mundo perdieron posiciones en la medición internacional CWUR, que atribuye gran parte de ese retroceso a las dificultades para sostener la producción científica.

Dentro del dramático panorama, la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ser la mejor posicionada del país, aunque descendió del puesto 409 al 423 a nivel global. Detrás quedaron la Universidad Nacional de La Plata (768) y la Universidad Nacional de Córdoba (845), que también registraron retrocesos respecto de la edición anterior. 

El informe evalúa a más de 21.000 universidades de 95 países y selecciona a las 2.000 mejor ubicadas. Además de la UBA, la UNLP y la UNC, aparecen en el listado las universidades nacionales de Rosario, del Litoral, de Cuyo y de Mar del Plata. Ninguna institución argentina logró mejorar su desempeño.

EL ÁREA DE MAYOR DETERIORO: LA INVESTIGACIÓN

Uno de los datos que más preocupa surge del apartado dedicado a la investigación científica, que representa el 40% de la puntuación total. La clasificación toma en cuenta variables como publicaciones académicas, producción científica, impacto de los trabajos y cantidad de citas recibidas por los investigadores.

La pérdida de posiciones se produce mientras distintos sectores universitarios vienen alertando sobre las dificultades para sostener proyectos de investigación, renovar equipamiento, financiar laboratorios y retener recursos humanos especializados frente a sistemas académicos que cuentan con mayores niveles de inversión.

Desde la Universidad Nacional de La Plata señalaron que el resultado refleja un contexto de creciente competencia internacional en el que el financiamiento, la cooperación científica y la producción de conocimiento adquieren un peso determinante para la ubicación de las instituciones en este tipo de mediciones. En la misma línea, desde el CWUR advirtieron que el retroceso de las universidades argentinas está asociado a años de financiamiento insuficiente y remarcaron que el debilitamiento de la investigación no solo impacta en el ámbito académico, sino también en la capacidad de innovación, desarrollo científico y crecimiento de largo plazo del país.

De acuerdo a trascendidos en las últimas semanas se vieron a funcionarios del área del ex titular del Banco Central en la era Mauricio Macri pisar distintas carteras. El objetivo es ver cuantas personas se desempeñan, que funciones cumplen, si es necesaria la dotación. Y, fundamentalmente, si las mismas tareas se pueden cumplir con menor personal.

Según reveló un ministro a esta agencia, cada vez que gente de Sturzenegger aparece por las oficinas se deja bien en claro la necesidad de continuar con más recortes de trabajadores en la segunda mitad de año, en lo posible en cada área estatal.

Es decir, la motosierra no va a apagarse y los funcionarios de primera línea estiman que no habrá dificultades en cumplir con las metas de ajuste. Aunque otras personas que se desempeñan en la administración libertaria no son tan optimistas y creen que echar empleados determinará dificultades en la gestión.

Para evitar más recortes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promete batalla y visibilización de conflictos en la última parte del año. “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, avisó su jefe, Rodolfo Aguiar.

También, el líder sindical advirtió que “las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”.

En la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato que tiene la jefatura de Andrés Rodríguez, la mirada es negativa hacia los planes del Gobierno. Pero evitan mencionar si habrá una medida de fuerza ante la pregunta de este medio. “Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional", es el primer análisis.

A su vez, remarcaron que desvincularon "a un montón de compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad, muy formados y muy preparados que lo han demostrado incluso cuando tuvieron que atravesar el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores y que fue aprobado por un 95%”.

"Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”, plantearon.

“Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más necesita del Estado”, indicaron. #AgenciaNA 

Las tarifas de los colectivos vuelven a aumentar el lunes 1° de junio en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense superará los $1.000. Mientras para las unidades que brindan servicio en territorio porteño, el boleto llegará a los $788. También suben los subtes y los peajes de las autopistas porteñas.

El cuanto a porcentajes, el Gobierno de la Ciudad dispuso un alza de 4,6%, mientras que el incremento en suelo bonaerense es de 4,8%. En ambos distritos, las tarifas del transporte público se actualizan por el último dato de inflación disponible (abril, que fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires) más 2 puntos porcentuales adicionales. Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,24% en la provincia de Buenos Aires y 32,81% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (12,3%). En mayo, los boletos subieron 11,16% y 5,4%, respectivamente.

A partir del lunes 1° de junio, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires (líneas del 200 en adelante) aumentarán 4,8%. Así quedan las tarifas con SUBE registrada:

- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $968,57 a $1.015,61

- De 3 a 6 km: de $1.089,64 a $1.142,55

- De 6 a 12 kilómetros: de $1.210,71 a $1.269,50

- De 12 a 27 km: $1.523,40

- Más de 27 km: $1.791,02

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,6% en junio. Los nuevos valores para viajar con SUBE registrada son los siguientes:

- Boleto mínimo (hasta 3 km): pasade $753,74 a $788,28

- De 3 a 6 km: $875,90

- De 6 a 12 km: $943,37

- De 12 a 27 km: $1.010,90

Cuáles son las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de 27 líneas: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Aumento de Subte: a cuánto queda el viaje

El gobierno de Jorge Macri también autorizó un ajuste del 4,6% para los pasajes del subte. Así, el boleto aumentará de $1.490 a $1.558. Quienes no tengan SUBE registrada pagarán $2.477,22.

Aumento de peajes en CABA: cuánto cuestan a partir del 1° de junio

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires aumentan también un 4,6%:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

- Motos: $1.846,45 ($2.954,70 en hora pico).

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4.431,94 ($6.280,78 en hora pico).

- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7.017,01 ($10.340,84 en hora pico).

- Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

- Motos: $1.108,06 ($1.329,37 en hora pico).

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.846,45 ($2.611,15 en hora pico).

- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.323,79 ($4.801,15 en hora pico).

Alberti

-  Motos: $1.108,06 ($1477,36 en hora pico).

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.403,55 ($1.772,62 en hora pico).

- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2.585,44 ($3.323,79 en hora pico).

Junio viene con aumentos: luz, gas y agua llegan con impacto en las tarifas y el consumo

Los cuadros tarifarios vuelven a actualizarse este mes. El golpe más duro para los hogares estará asociado al salto en el consumo por las bajas temperaturas.

Junio comenzará con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales que volverá a presionar fuertemente sobre el presupuesto de las familias. En pleno despliegue de las bajas temperaturas estacionales, las boletas de luz, gas y agua llegarán con un doble impacto: el ajuste de los cuadros tarifarios y el aumento inevitable del consumo para calefacción y uso hogareño.

A diferencia de otros meses, donde los aumentos porcentuales fueron más agresivos, los analistas advierten que este mes el factor determinante será el consumo residencial variable, lo que podría multiplicar el valor final de las facturas en los hogares de ingresos medios y bajos.

Las empresas distribuidoras y reguladoras ya definieron el esquema de actualización mensual que regirá a partir de los primeros días del mes:

- Gas Natural: Las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81 por ciento en todo el territorio nacional.

- Agua Corriente (AySA): Los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense recibirán boletas -un 3 por ciento más caras. La empresa estatal continúa con su plan de indexación mensualizada, aunque confirmó que mantendrá la vigencia de las tarifas sociales y los descuentos para los sectores de menores recursos.

- Electricidad (AMBA): Para los clientes de las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la actualización del servicio eléctrico tendrá una suba promedio del 1,5 por ciento.

Aunque las subas porcentuales se ubican en torno al 2 y 3 por ciento, el verdadero desafío para las economías familiares radica en el factor climático. Con la consolidación de las bajas temperaturas, los hogares consumen considerablemente más metros cúbicos de gas y kilovatios de electricidad para climatizar los ambientes.

Al tratarse de tarifas con bloques de consumo, saltar de categoría por usar más calefacción puede encarecer las boletas de manera exponencial, independientemente del ajuste fijo determinado por el Gobierno.

El incremento persistente de las tarifas de servicios públicos, aun en un contexto de aparente desaceleración de la inflación general, sigue erosionando la capacidad de gasto de la clase media y los sectores vulnerables.

La iniciativa se desarrollará entre el 2 y el 9 de junio bajo el lema “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”. Contará con el respaldo de organizaciones sociales, religiosas y sindicales, además de un acto de cierre encabezado por las dos CTA.

La convocatoria sumó el respaldo de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, conducidas por Hugo Yasky y Hugo Godoy, respectivamente. Ambas centrales participarán de las actividades previstas y organizarán un acto de cierre el próximo 9 de junio en la histórica plaza porteña.

Bajo el lema “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, la iniciativa propone reunir a organizaciones sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, comunidades religiosas y ciudadanos en una acción colectiva de protesta. Los organizadores sostienen que el objetivo es promover una reflexión pública sobre las consecuencias del actual modelo económico y sus efectos sobre los sectores más vulnerables.

Durante la semana se desarrollarán encuentros de debate, actividades culturales y espacios de participación comunitaria vinculados a la defensa de la justicia social y ambiental. Según explicaron los convocantes, la propuesta busca articular los reclamos por el deterioro de las condiciones de vida con demandas relacionadas con la protección del ambiente y el fortalecimiento de la democracia.

“Se trata de una campaña pública de reflexión y compromiso comunitario por la paz con justicia social y justicia ambiental, que incluya una acción colectiva de ayuno, con huelga de hambre y oración como signo de denuncia y de solidaridad con quienes sufren diariamente el hambre impuesto por un sistema de exclusión y descarte”, expresaron las centrales sindicales al respaldar el llamado de Pérez Esquivel a impulsar una “rebeldía de la conciencia” frente a la situación social del país.

Los dirigentes de la UOCRA expusieron en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que preside el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, donde se analizó  de la construcción, de la inversión pública, vivienda social y el plan PRO.CRE.AR, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, dijo que "desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales”.

En su disertación,  Gándara pidió “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina”. 

Además reclamó “generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda. 

También alertó que hay "una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”.

Por su parte, el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, advirtió que "debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos"

" Más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así”, expresó Szczech.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”.

Pidió hacer una tarea en conjunto entre las provincias, municipios, el sistema financiero, y el sector inmobiliario para "encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.

La titular del  del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, Érica Riboyra, manifestó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”.

Destacó que "es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”.

Algunos números complican al Gobierno. Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba dejó una señal política estridente: el 71,2% de los argentinos considera que hace falta un cambio de gobierno, frente a un 21% que rechaza esa idea y un 7,8% que no tiene una posición definida. No se trata de un dato menor ni de una opinión fragmentada. El nivel de acuerdo sugiere un clima social extendido, una percepción mayoritaria que atraviesa sectores y que, por volumen, empieza a configurar algo más profundo que un malestar coyuntural.

La encuesta -realizada entre el 24 y el 28 de abril sobre 1.400 casos, con metodología 100% online, 95% de confianza y un margen de error de ±2,62%- destaca que la demanda de cambio no aparece concentrada en un único segmento social sino distribuida de forma transversal. Ese rasgo es uno de los aspectos más significativos del relevamiento, incluso con diferencias de intensidad, todos los grupos etarios muestran mayorías favorables a la idea de un cambio de gobierno.

Vamos por partes: entre los jóvenes de 16 a 30 años, el acuerdo alcanza el 59,2%, un número alto aunque menor al del resto de las franjas. En el grupo de 31 a 45 años aparece el pico del estudio, con 79,4%, mientras entre las personas de 46 a 60 años el respaldo se ubica en 73,6% y entre los mayores de 60 años llega al 63,2%. La lectura política de estos datos es relevante porque rompe con la idea de que la demanda de cambio responde a una única generación o a un recorte específico del electorado: la percepción aparece extendida, aunque con mayor intensidad en las edades económicamente activas y en sectores históricamente sensibles a los ciclos de crisis.

El dato más fuerte probablemente esté en esa franja de 31 a 45 años, donde casi ocho de cada diez consultados plantean la necesidad de un cambio. Allí puede leerse no solo un malestar, sino también una demanda más exigente hacia la política. Es un segmento atravesado por empleo, consumo, endeudamiento, crianza y expectativas de movilidad social; que sea allí donde el reclamo se vuelva más intenso no parece casual.

También vale señalar que entre los más jóvenes, aun siendo el grupo menos contundente, una mayoría clara acompañe la idea de cambio. Eso sugiere que la percepción no es solo producto de una evaluación retrospectiva, sino que también interpela expectativas futuras. Lejos de parecer un recorte aislado, la encuesta parece describir un estado de ánimo social que se aleja con fuerza de la mirada oficialista. Una mayoría social que percibe que el rumbo demanda cambios. Y cuando esa percepción supera el 70%, deja de ser un dato menor para convertirse en una señal digna de tener en cuenta.

La restricción comenzó el martes por un aumento en la demanda de los hogares y al persistir las bajas temperaturas se prolongaron sin que aún se tenga un horizonte claro de cuándo se normalizará la situación.

Este escenario provocó inquietud especialmente en los conductores de autos particulares y en las últimas horas se observó un incremento del flujo de vehículos en las estaciones de GNC.

En principio los cortes afectaron al AMBA, pero en las últimas horas se conoció que la situación comenzó a repetirse en otras ciudades del país.__IP__

Si bien Argentina se está preparando para comenzar a exportar gas, a la fecha aún no está construida la red de infraestructura necesaria para atender los picos de demanda.

Así lo confirmó este miércoles la secretaría de Energía, María Tettamanti.

Aducen las entidades empresariales, de acuerdo a las comunicaciones oficiales recibidas en la Agencia Noticias Argentinas, que el Estado mantiene una abultada deuda que supera los 128 mil millones de pesos en concepto de compensaciones, y que ni el Estado Nacional y ni la Provincia de Buenos Aires brindan definiciones concretas respecto a cómo se afrontarán los mayores costos derivados del aumento del precio del gasoil y otros insumos básicos.

El servicio que brindan, en consecuencia, redujo frecuencia, presenta unidades saturadas y torna más largos los viajes. 

Este martes 28 parecía haber paro de colectivos, si bien solo algunos no prestaban servicios. Se trató de las líneas 707, 333, 407 y 437, que pertenecen a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A. y circulan en la Zona Norte del conurbano bonaerense.

Los trabajadores de dicha compañía llevan adelante un paro en reclamo de salarios adeudados que se extiende hace ocho días.

Menos unidades en servicio

Si bien en abril se produjo un recorte del 40% en la cantidad de unidades en circulación como respuesta de los empresarios a la falta de soluciones, lo cierto es que, en realidad, en los últimos años estuvo cayendo de manera sostenida, mientras el costo del boleto se disparaba, conforme a un informe elaborado por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En números, en noviembre de 2019 circulaban 19.348 micros en el AMBA, bajaron a 18.639 en octubre de 2023, luego a 17.731 un mes después y finalmente a 16.989 en marzo de 2026, unos 2.500 menos. De modo que la caída es cercana al 12%.

En el mismo lapso de algo más de seis años, el boleto mínimo registró un incremento de más del 1.200%, incluso en un contexto en el que las empresas continuaron recibiendo subsidios, aunque con recortes y demoras en los pagos.

Compleja administración de los subsidios

El trabajo realizado por UBA también advierte sobre la complejidad en la administración de esos subsidios, que se reparten entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad y concluye en que esa superposición de responsabilidades genera desajustes que terminan afectando la eficiencia del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el sistema atraviesa un deterioro sostenido en su calidad y que la situación se agravó especialmente por el aumento del precio del combustible.

Afirma que los mayores costos no fueron compensados ni con subsidios ni con ajustes tarifarios inmediatos.

Y asimismo que se acumuló desde entonces deuda, particularmente debida al subsidio social destinado a jubilados, que ya ronda los 80 mil millones de pesos.

Las empresas han ido reaccionando: primero, postergan la renovación de flota y luego reducen la cantidad de unidades activas, lo cual con el tiempo se traduce en micros más viejos, más fallas y menos kilómetros recorridos. 

El esquema de subsidios también se volvió más fragmentado desde 2024, dividido según jurisdicciones.

Además, la suspensión del boleto integrado en la provincia de Buenos Aires sumó presión sobre los costos y sobre el bolsillo de los usuarios.

De mal en peor

El informe advierte que, de no mediar soluciones de fondo, la tendencia seguirá empeorando.

Con menos micros, tarifas en alza y un servicio cada vez más limitado, el transporte público del AMBA enfrenta un escenario crítico que impacta de lleno en la vida cotidiana.

La mayoría de las líneas de colectivos que circulan en el AMBA operan al 70% de su capacidad al haber disminuido frecuencias. 

Se trata de una medida que las empresas de transporte urbano tomaron desde principios de mes por la suba del precio del gasoil, como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente.

Dado que siguen las negociaciones con el Gobierno, las cámaras empresariales advierten que puede haber un mayor recorte de los servicios.

La tensión creció el 9 de abril, cuando la frecuencia de los colectivos coincidió con un paro que llevó a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para reclamar por el pago de los salarios de los choferes. 

El Poder Ejecutivo giró un anticipo equivalente a una parte relevante de los subsidios y se empezó a recomponer el servicio. __IP__

Varias líneas fueron normalizando su funcionamiento de manera gradual, aunque con diferencias según la situación financiera de cada empresa.

La caída interanual se profundiza en todos los canales de venta, con excepciones puntuales como e-commerce. Así, el poder adquisitivo sigue deteriorándose y el nivel de consumo permanece por debajo de los registros previos a la actual gestión.

El dato se replica tanto en la medición general, que incluye supermercados, autoservicios, farmacias, mayoristas, kioscos y e-commerce; como en el segmento clave de supermercados y comercios de cercanía, donde la caída también fue del 5,1%. En el primer trimestre del año, el retroceso acumulado alcanza el 3,1%.

Por canales, el informe muestra descensos marcados en los rubros más representativos: supermercados de cadena (-7%), autoservicios independientes (-5,1%), mayoristas (-8,8%) y kioscos (-4,5%). Solo dos segmentos lograron crecer: farmacias, con un alza marginal del 0,9%, y el comercio electrónico, que avanzó un 34,3%, aunque con baja incidencia en el total.

Si bien, en términos mensuales marzo exhibió un rebote del 6,1% frente a febrero, la tendencia de fondo sigue sin revertirse. Los últimos datos evidencian que, salvo excepciones puntuales en 2025, las variaciones interanuales se mantienen mayormente en terreno negativo desde que el gobierno actual asumió, hace ya 28 meses. 

Al analizar por rubros dentro de supermercados, la caída fue generalizada y profunda: perecederos retrocedieron más de 10%, bebidas sin alcohol un 10,4%, bebidas con alcohol un 8,5%, productos de higiene y limpieza un 7,5% y alimentos un 5,3%. En autoservicios, los perecederos cayeron aún más, con un 14,4%.

El informe también advierte que, pese a las promociones y descuentos frecuentes (incluso sin tope y con beneficios de hasta 20%), el volumen de ventas no logra recuperarse. En comercios barriales, apenas un rubro mostró crecimiento: alimentos, con una suba cercana al 1%, un dato considerado insuficiente frente al crecimiento poblacional y que refleja que el consumo se limita únicamente a lo básico.