La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez (Juntos por el Cambio), y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas.
Dicha cautelar, ahora ratificada por el tribunal de alzada, se había dictado luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, en línea con la política que privó durante los últimos cuatro años en defensa de los intereses de los que más tienen, en la apelación sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino, haya afectado otras jurisdicciones”, sostenía Martínez ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.
“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
La querella
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional.
En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.
Competencia federal
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente "a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino".
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