Ludmila Terreno sufre desde sus 20 meses de vida las consecuencias de vivir en la pampa sojera: le detectaron glifosato en la sangre, lo que le generó severas complicaciones de salud.
Harto de los tiempos de la justicia, su padre se encadenó a un depósito de agrotóxicos vecino para que deje de funcionar. Por Redacción Canal Abierto
Ludmila Terreno está cerca de cumplir los cuatro años. A sus 20 meses de vida le detectaron un mal que aún los médicos no pueden definir con precisión. Lo que sí saben es que tiene glifosato en sangre, que han debido hacerle ya tres transfusiones, y que la pequeña, que este año comenzó el jardín de infantes, debe utilizar barbijo para circular por el pueblo. Lo que su familia sospecha, y la justicia le dio la razón en forma preventiva, es que el depósito de agrotóxicos de la firma José Pagliaricci e Hijos situado a menos de 50 metros de su casa es la causa de su padecimiento.
En noviembre de 2017, debido a la deshidratación que manifestó asociada a un cuadro de vómitos severos “Ludmila tuvo un episodio de desmayo en el patio de la casa. Sus padres la llevaron a un centro de salud cercano donde le detectaron glifosato en sangre. Estuvo muy complicada de salud, luego la trataron en el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe y según los especialistas, es la contaminación por agrotóxicos la principal causa del cuadro. Los médicos también advirtieron la posibilidad de que sufra leucemia”, señala la abogada que desde hace un mes patrocina a la familia.
“En el medio del pueblo de Bernardo de Irigoyen está este depósito de agroquímicos y plaguicidas -entre otros-, a muy pocos metros de la casa de la nena, y la familia entiende que es lo que ha generado la toxicidad que Ludmila tiene en su torrente sanguíneo”, explica la letrada. “Nosotros estamos evaluando iniciar una acción de daños y perjuicios, para lo cual un profesional está elaborando un diagnóstico de la niña. Independientemente de eso, intervenimos para hacer cesar el daño, para impedir la utilización de ese depósito de agroquímicos mediante una acción preventiva, que es una acción nueva que nos otorga el Código Civil de la Nación ahora. A través de esta acción frente al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 4 de Santa Fe la jueza determinó inmediatamente -por la historia clínica de la menor y por un informe de la comuna-, la clausura preventiva por el término de 3 meses, sujeto a que el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio provincial se expida sobre las condiciones del edificio y su ubicación”.
Pese a la disposición judicial de clausura, la familia denuncia que el galpón se sigue utilizando. Esta semana, Waldo Terreno, el padre de la niña, se encadenó frente a la puerta del galpón para impedir su funcionamiento.
“El siente que la Justicia es muy lenta. Ellos hicieron todos los pasos que la ley prevé y con los instrumentos que provee el Estado. Luego de hacer cinco denuncias penales, nunca consiguieron nada. Hace un mes vienen conmigo y comenzamos a trabajar pero, a pesar de que ahora creo que la jueza actuó con celeridad, los tiempos de la justicia son muy lentos para la población. Él entendió que había una suerte de burla a la salud de la niña. Desesperado por lo que le está pasando a tu hija, vos podés hacer cualquier cosa. Mi consejo fue que cesara en esa actitud, que puede perjudicarlo”, explica la abogada, explicitando que Waldo depuso su acción.
“Lo que estamos haciendo son acciones cautelares preventivas para hacer cesar el daño. Queremos parar esto. Nosotros estuvimos haciendo una constatación judicial en el galpón durante dos horas y media y estuvimos descompuestos, mi socio y yo, casi nueve horas, hay un terrible olor y mucha toxicidad dentro del galpón, se ve que no cumple con ninguna de las condiciones de seguridad que debe tener”, concluyó la defensora.
Un entramado de silencio, complicidades
Los pueblos inmersos en la zona de sacrificio en que se ha tornado la pampa húmeda, una prolífica productora de commodities, son apenas un accidente para los capitales que manejan el agronegocio. Sus habitantes se dividen entre víctimas y silenciosos cómplices que dependen de que la rueda siga funcionando para obtener su sustento.
Cómo en el caso de Fabián Tomasi, que se hizo mundialmente conocido, ser parte de la rueda no te excusa de sufrir las consecuencias. El trabajador de Basavilbaso, Entre Ríos, durante años hizo tareas de carga y bombeo en una empresa de fumigación aérea, y la exposición a los agrotóxicos le provocó una polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada hasta morir.
“Hay muchos intereses económicos, muchos intereses creados”, describe la letrada. “En la legislación de Santa Fe, la ley provincial 11.273 es la que regula el uso de productos fitosanitarios, establece que el Ministerio de Agricultura es el órgano de aplicación que convenia con los municipios para disponer el uso cauteloso de este tipo de material. Lo que pasa es que fallan los órganos de control. La comuna tiene poder de policía para clausurar el galpón y no lo hizo. Debimos recurrir a un juzgado para hacer cesar ese daño”.
“Hay mucha gente con miedo a hablar. Son localidades chicas cuya economía local depende de estas cuestiones de la soja y del trabajo agrícola y la gente, para cuidar su trabajo, no habla. Tuve testimonios de vecinos que me dijeron que los días de calor o mucho viento no se soporta el olor. Este galpón no es el único lugar que acopia agrotóxicos, las mismas cooperativas locales tienen depósitos enormes de glifosato en el medio del poblado, y esto se replica pueblo a pueblo. La comuna tiene elementos para impedir esto y no hace nada”. Una pincelada de realidad en el mar de soja.
Una herramienta legal
La abogada nos deja una pista para accionar en defensa de la salud. “La reforma del Código Civil nos permite interponer acciones preventivas, que son como una medida cautelar, para hacer cesar inmediatamente el daño y darle intervención a los organismos provinciales para que se expidan si eso puede seguir funcionando o no. Antes vos tenías que ir directamente a una acción por daños y perjuicios”, un trámite más difícil y con tiempos dilatados.
Cabe recordar que en Santa Fe, la citada ley 11.273, llamada ley de fitosanitarios, aprobada por unanimidad contra la salud del pueblo santafesino, propone 500 metros libres de fumigaciones terrestres y 1.000 metros de aplicación área alrededor de las zonas urbanas, pero deja abierta la posibilidad de que cada municipio o comuna pueda modificar las distancias mediante una ordenanza… o aún sin ella. Así las distancias se redujeron en más de la mitad de las localidades, con mínimas de 0 a 100 metros. Serán muchas las acciones preventiva a interponer.
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