Con el argumento de eliminar el déficit fiscal y la excusa de "no hay plata", el Gobierno sólo mantuvo financiamiento para 300 de las 2417 obras que había en ejecución a fines de 2023. Es una caída del 82,3% en fondos. Cuáles son las consecuencias y qué pasa con los gasoductos Kirchner y del Norte.
Según la información oficial del Estado nacional, el gobierno anterior había dejado 2417 obras en ejecución con recursos nacionales para finales del año pasado. Para febrero de 2024, ya con casi tres meses de gestión libertaria, esa cifra cayó a sólo 300 proyectos.
Implica una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, que deja al menos cientos de trabajos ya empezados en estado de abandono y, claro, recursos públicos tirados a la basura.
Medido en transferencias de capital, la "motosierra" de Milei para el gasto en obra pública alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Al contrario del argumento de "motosierra sobre la casta", este ajuste sobre las mejoras en infraestructura y calidad de vida sobre la población de las distintas provincias fue clave para que el gobierno de Milei pueda vanagloriarse de obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año. La otra clave fue empobrecer más a los jubilados.
El argumento del gobierno, según La Nación, es que se "prioriza terminar con obras estratégicas que tengan que ver con seguridad vial, cárceles, control de inundaciones y que a su vez sean de envergadura e importancia nacional”.
Según detalló el Ministerio de Economía, en febrero los gastos de capital ascendieron a $80.579,1 millones. En enero, $77.104,7 millones. Por lo tanto, en lo que va del año estas erogaciones sumaron $157.683,8 millones. Es decir, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, o sea contando la inflación, la caída supera el 80%.
En campaña, Milei anticipaba que en su gestión no iba a haber obra pública y apoyaba el modelo chileno, o sea aquello que ya fue ensayado y fracasó cuando Mauricio Macri hizo aprobar en el Congreso pero jamás pudo aplicar: los proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Una vez que Milei asumió como presidente, fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el que anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”. Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo del "Messi de las financias" de Macri.
El marzo, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron con Milei, pero no consiguieron nada. En un comunicado oficial, la entidad empresaria celebró el diálogo luego de haber declarado el “estado de emergencia” del sector el 1 de febrero. En aquella oportunidad, la CAC había alertado sobre “una crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.
¿Y las obras clave para el ahoro fiscal como los gasoductos?
La semana pasada, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), víctima de uno de los ajutes más feroces de las compañías públicas, abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte, el proyecto de infraestructura más importante del año, que se había mantenido sin novedad durante los primeros tres meses de gestión de Milei.
El Gasoducto del Norte y su reversión son claves para la función de cambiar el flujo del gas y reemplazar las importaciones de Bolivia por la producción en Vaca Muerta. Por eso, aunque muy tarde, el Gobierno consideró lo suficientemente “estratégico” para que el avance del pliego no se detenga.
En cambio, la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner también es una obra pública importante para la provisión de gas a los argentinos y, a la vez, para la exportación, pero está en un limbo de indefinición.
Tanto es así que la última información oficial al respecto es de octubre del año pasado, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández y la Secretaría de Energía anunciaba que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia de Buenos Aires, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.
A cinco meses de aquella aprobación, la actual gestión al frente de la Secretaría de Energía no responde consultas periodísticas sobre novedad ni publica nada al respecto.
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