Etchecolatz ya cumple una condena a perpetua confirmada por sus crímenes en el Circuito Camps, pero dice que todo es parte de una “venganza”
El genocida condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien como director de Investigaciones de la Policía Bonaerense supervisó o ejecutó con sus propias manos torturas y ejecuciones de detenidas y detenidos en centros clandestinos, incluyendo el fusilamiento de embarazadas y la apropiación de bebés, aseguró ser víctima de un "plan sistemático de venganza", al hacer uso de sus últimas palabras en el marco del juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la brigada policial de San Justo, provincia de Buenos Aires.
Al hablar ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo juzga junto a otros 17 imputados por delitos cometidos en el citado centro clandestino de detención, Etchecolatz negó ser un "delincuente".
"No está sentado ante ustedes un delincuente, tengo orgullo de haber defendido la Patria", expresó el convicto esta mañana al hablar ante el TOF, que a raíz de una extraña diligencia procesal con otro imputado, decidió dar a conocer el veredicto recién el próximo 2 de diciembre.
El Tribunal debía dar a conocer hoy el veredicto, pero según se informó en la audiencia, se suspendió esa instancia por haber cambiado la situación médica de uno de los imputados, Ricardo Fernández, a quien se había apartado del juicio en agosto último "en atención a problemas de discapacidad que presentaba".
Ahora, el TOF 1 -integrado por Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo- se enteró de que, en el marco del juicio que se sigue a Fernández por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el cuerpo médico ya había dictaminado que Fernández está en condiciones en de ser sometido a juicio a pesar de su presunta “discapacidad”.
"Habiendo tomado conocimiento ayer por la tarde de esta situación, daremos traslado a las partes para que expidan y luego este Tribunal resolverá si se incorpora o no a Fernández en este tramo de debate", precisó el juez Esmoris.
La fiscalía, representada por Alejandro Alagia, y las distintas querellas, cuestionaron al TOF por haber notificado anoche la suspensión del veredicto y no haber evaluado la expectativa que tenían las víctimas sobrevivientes y los familiares de víctimas de oír el veredicto para hechos por los que llevan esperando justicia hace más de 40 años.
"Somos conscientes de eso y nunca se trató de faltar respeto; el Tribunal quiso poder incorporar a todos los autores del proceso que habían sido momentáneamente suspendidos y apartados", respondió Esmoris.
El magistrado confirmó que en los próximos días se resolverá la situación de Fernández y el próximo 2 de diciembre se dará a conocer el veredicto.
Durante esta audiencia estaba previsto que hicieran uso de sus últimas palabras los imputados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, quien aseguró no estar “en condiciones de expresar nada". En tanto, Roberto Félix se declaró inocente y afirmó no haber estado en ese período en la Brigada San Justo.
Por su parte, Etchecolatz.-al hablar por videoconferencia desde el penal de Campo de Mayo, en donde cumple su condena a perpetua- dijo: "A los 92 años me encuentro una vez más ante ustedes, no sé si tendremos la ocasión de volver a vernos, ya que creo que dentro de poco me voy a encontrar con los caídos por la Patria".
El genocida afirmó que estaba ante un juicio "mal llamado de lesa humanidad" y agregó, con cinismo propio de los verdugos nazis, "llevo más de 24 años de prisión y cuando obtuve el beneficio de la prisión domiciliaria, los agentes de la persecución hicieron lo imposible para que volviera a la cárcel y lo obtuvieron con la anuencia de la Justicia y la complicidad del Gobierno, cuidadoso de no violar los derechos humanos de los atacantes y guardando silencio".
"Es un plan sistemático de venganza", denunció y cuestionó con desfachatez: "¿Cuál es la razón de privárseme de los derechos constitucionales que me asisten?" (palabras a las que ningún miembro del tribunal que lo juzga, cumpliendo con todas y cada una de las garantías constitucionales, osó replicar).
La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo (Partido de La Matanza), en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1ra. de La Matanza. Se investigan los secuestros, torturas y violaciones sufridas por al menos 84 detenidos y detenidas alojadas en el centro clandestino que funcionó allí.
Durante el juicio, la fiscalía y las querellas lograron que el Tribunal ampliara las imputaciones contra los 18 acusados e incluyera las violaciones y los abusos sexuales sufridos por al menos cinco de las personas detenidas en ese centro clandestino.
La fiscalía remarcó que los ataques sexuales incluyeron "violaciones, por introducción de objetos en ano, vagina o pene, o tortura en la vagina y los senos a prisioneras y prisioneros durante el período de cautiverio en la Brigada de San Justo", pedido que fue aceptado por el Tribunal.
Actuando como mano derecha del jefe de facto de la Policía Bonaerense, el genocida con grado de general Ramón Camps, Etchecolatz tuvo actuación protagónica en numerosos hechos de terror y de sangre consumados por la fuerza policial a su cargo, entre ellos el cañoneo de la vivienda conocida como “Casa Mariani-Teruggi”, en La Plata y la apropiación de la nieta de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, que su madre había bautizado Clara Anahí, y que aún no pudo ser recuperada.
"Mi padre es un genocida, un ser infame y malvado", manifestó a la prensa la hija de Miguel Etchecolatz, quien en 2017 decidió no usar más el apellido y sumarse al colectivo “Desobedientes”, integrado por hijos e hijas de represores de la dictadura.
A los 92 años, como algunos otros represores de la dictadura condenados a perpetuidad, ya ni siquiera la muerte puede librarlo de la condena judicial, social y moral por los crímenes cometidos.
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