El mayor del Ejército y abogado Jorge Antonio Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue el máximo responsable, en tanto Jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22 con asiento en San Juan, del secuestro y desaparición de 60 personas durante la dictadura cívico militar, entre ellas la ex modelo y militante social cristiana Marie Anne Erize, el rector fundador de la Universidad Sarmiento de San Juan y ex Secretario de Gobierno Carlos Cámpora y el estudiante Jorge Alberto Biltes, quien sufrió secuestro y desaparición lo mismo que su padre y sus tres hermanos varones. También fue juzgado por esos hechos, luego de fugas y recapturas, el teniente I y paracaidista Gustavo Ramón De Marchi, quien actualmente cumple con una condena a 25 años de prisión. El uno y el otro, por su edad y condiciones de salud, cumplen con la prisión en forma domiciliaria.
Sin embargo, otro represor de la dictadura que tuvo alta responsabilidad en esos hechos de secuestro, homicidio, violación y tortura, en centros clandestinos de detención como el ex Palacio Legislativo y la quinta “La Marquesita”, el teniente coronel (RE) Carlos Luis Malatto, permanece prófugo de la Justicia argentina y tiene pendiente un nuevo procesamiento en Italia (el primero es de 2014) más dos pedidos de extradición todavía no resueltos a nuestro país, en donde lo aguardan varias causas de lesa humanidad en calidad de imputado.
Lo mismo que sus ex compañeros de armas y delitos, Malatto fue favorecido en los ’80 por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hicieron cesar los procesos abiertos a partir del Informe de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato) y del Juicio a las Juntas de 1985.
Las llamadas leyes de impunidad y una verdadera “ruta de las ratas” –parecida a aquella que facilitó el escape y reinserción social de jerarcas nazis y fascistas, al fin de la segunda guerra- permitieron a verdugos de la dictadura argentina como Malatto hallar refugio y anonimato en destinos tan diversos como los Estados Unidos, Francia, Israel, Sudáfrica e Italia, obteniendo la doble ciudadanía y hasta en ocasiones una nueva identidad.
A las acciones de encubrimiento realizadas durante la dictadura (por ejemplo, el asesinato y desaparición del conscripto del RIM 22 Jorge Bonil, quien intentó alertar sobre el secuestro y violación de Marie Anne Eriza), se sumó la colaboración “interdisciplinaria” para la fuga de presos (como se vio en el escape de Olivera y De Marchi del Hospital Militar Central, en 2013, con la presunta colaboración de funcionarios judiciales y agentes del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal, así como médicos psiquiatras, traumatólogos y hasta dentistas, cuya agenda era planeada por los mismos prófugos utilizando un acceso a Internet).
Los “escraches” italianos
El documental “600 cuerpos: la identidad cancelada de los desaparecidos”, emitido el pasado 24 de Marzo dentro de la serie Spotlights de RAI News 24 y ahora emitido por Télam, se abre con una suerte de “escrache” al represor Carlos Luis Malatto en lo que es su último refugio en Italia: el apartamento 69 del complejo turístico Portorosa-Furnari, provincia de Messina, Sicilia.
Quien interpela a Malatto, mientras una cámara graba la escena, es Mariano Biltes, nieto de Emilio Biltes e hijo de.Jorge Alberto Biltes, ambas víctimas de la represión ilegal en San Juan. Malatto, reconocible a pesar del barbijo protocolar, niega saber nada del tema y finalmente, admitiendo las imputaciones, alega que estuvo tres años procesado en Italia y que la Justicia italiana “ya habló” al dictar el sobreseimiento. (Lo cierto es que la tortura recién fue tipificada como delito en el código italiano en 2015, y por eso las nuevas denuncias contra Malatto, que están en etapa sumarial, ahora sí podrían llegar a juicio oral en Italia, con querellantes y testigos ítalo-argentinos).
Además de la interpelación al prófugo Malatto, el documental incluye otra al represor de la Marina uruguaya Jorge Néstor Troccoli, condenado en Italia por la causa del Plan Cóndor, junto con otros 24 imputados. Lo mismo que Malatto, en el documental, Troccoli evita confrontar con la reportera de la RAI y dar la cara.
El tercer prófugo requerido por la Justicia argentina y localizado en Italia es el párroco de la Iglesia de los Santos Faustino y Giovita de Sorbolo, “Don Franco” Reverberi. Inmigró de niño a la Argentina y siendo capellán del Ejército en San Rafael, Mendoza, asistió a sesiones de tortura con uniforme militar, según relataron testigos sobrevivientes. La curia de Parma, sin embargo, se resiste a entregar a Don Franco a la Justicia, acaso apostando a la “impunidad biológica”.
De todos estos casos, los que figuran en el documental y muchos otros, italianos y argentinos nos vamos enterando gracias a la tarea del periodismo y gracias a la acción de grupos como “24marzo OnLus”, que vienen realizando desde el año pasado encuentros vía zoom con sobrevivientes, familiares y funcionarios argentinos e italianos, poniendo en superficie la trama de distintas causas de lesa humanidad que se tramitan en la Justicia italiana.
Este 2021–manifiesta Ithurburu- hay varios testigos, peritos, abogados y familiares dando su declaración ante consulados italianos en la Argentina. Trabajan en las causas 5 abogados, 7 traductores y peritos, No son sólo encuentros vía zoom.
Las cámaras de la televisión y la confrontación con familiares y víctimas, así como las denuncias y querellas, no reemplazan el debido proceso ni la acción de la Justicia, por supuesto. Sin embargo, tal como ocurrió en la Argentina durante los años de impunidad, sirve para mantener viva la demanda de Justicia y para destacar la condena moral y social a esos criminales que se valieron de la “ruta de las ratas” y de complicidades diversas para evitar ser juzgados.
EAAF: una herramienta imprescindible
Se incluyen en “600 cuerpos” entrevistas a familiares y amigos de las víctimas interesados por cualquier alternativa que lleve, en la Argentina o en Italia, a la verdad y a la justicia. Es así como aparece la monja Genevieve Jeanningros, compañera de la desaparecida religiosa Léonie Duquet, víctima de un “vuelo de la muerte”. También aparece Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado e hijo de desaparecidos que ejerce actualmente el cargo de Secretario de DDHH de la Nación y quien como tal querella e impulsa las actuales causas de lesa humanidad.
Pero la institución infaltable que da sentido a “600 cuerpos” es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), representado por uno de sus miembros fundadores, el antropólogo Luis Fondebrider y por la antropóloga Gala Maruscak, quien muestra algo de su trabajo cotidiano con los restos hallados en tumbas NN y excavaciones.
El EAAF lleva recuperados desde su creación 1.500 cuerpos, de los cuales ha logrado identificar (para la Justicia y para su restitución a los familiares) unos 850. Quedan 600 cuerpos aún no identificados y cuya identidad pretendió “cancelar” la dictadura genocida. Por eso el documental se llama “600 cuerpos”, porque es parte de una acción colectiva, emprendida en Italia y en la Argentina para identificar a 65 desaparecidos de origen italiano y con ellos a cientos y miles de desaparecidos de la dictadura que siguen clamando por verdad, por justicia y memoria.
Como a los nazis les va a pasar…
La voz del genocida Jorge Rafael Videla se oye en un pasaje del documental: “Es una incógnita el desaparecido. Si no reapareciera, bueno, tendrá el tratamiento equis. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo. Está desaparecido”
Son casi las mismas instrucciones de Hitler al jefe de su Estado Mayor, Wilhelm Keitel, cuando dispuso la suerte de la prisionera de la Resistencia Louise Woirgny, que no estaba muerta ni en la cárcel y que estaba siendo trasladada a Berlín, entre la noche y la niebla. El decreto originado en ese procedimiento criminal fue justamente llamado así: “Noche y Niebla”.
Tras los juicios de Nüremberg, realizados con un código especial y con un alcance limitado, un sobreviviente del campo de concentración de Mauthausen-Gusen llamado Simón Wiesenthal decidió consagrar su vida a localizar y llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis que se habían valido de la “ruta de las ratas” para evitar rendir cuentas por el genocidio.
Varias décadas después, la justicia de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de los crímenes de Estado permiten a distintos colectivos y organizaciones civiles emprender la búsqueda de los prófugos y colaborar con la Justicia, para que la verdad de los hechos sea conocida y para que no queden criminales sin juzgar.
Por Oscar Taffetani, Telam
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