La justicia de Nicaragua declaró culpable en las últimas horas a la opositora y ex aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, responsable de varios delitos que le impidieron, al igual que ocurrió con Lula Da Silva en Brasil, competir el año pasado como favorita contra la reelección del mandatario.
A diferencia de la situación del brasileño, las pruebas contra la lideresa derechista son irrefutables. En el juicio, también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
"Declararon culpables a todos. El 21 de marzo leen la sentencia", dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la agencia de noticias AFP.
Cristiana Chamorro, de 68 años, es hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021 cuando se presentaron pruebas a la justicia sobre la evasión al exterior de parte de los fondos aportados por la CIA estadounidense a través de distintas fundaciones.
En el momento de la detención se perfilaba como la candidata más importante de la oposición presidencial a las elecciones en los que el presidente Daniel Ortega logró su cuarto mandato y que fueron cuestionadas por los patrocinadores de Chamorro, como la OEA, la UE y el propio Estados Unidos.
"Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente", dijo la opositora al finalizar el juicio, según consignó el portal opositor de internet '100% Noticias'.
La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.
En tanto, solicitó una condena de hasta nueve años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.
También se pide siete años para su chofer Pedro Vásquez como "colaborador necesario" en el delito de lavado de dinero.
Chamorro, periodista de profesión, es una de los siete ex aspirantes a la presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre por la concreción de distintos delitos, la mayoría de ellos de carácter económico vinculados a la manipulación de los fondos aportados por las fundaciones estadounidenses vinculadas a la CIA como la USAID y utilizada para desestabilizar a los gobiernos populares a lo largo y ancho del mundo.
Desde que iniciaron los juicios el 1 de febrero, de los 46 opositores detenidos el año pasado al menos 31 recibieron condenas de entre ocho y 13 años de prisión, la mayoría por "evadir divisas, menoscabar la integridad nacional y difundir noticias falsas".
Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que puede considerarse similar a la aprobada por el congreso estadounidense cuando su seguridad interior fue jaquedad en el 11S.
La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera.
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