"Elevamos nuestra voz para denunciar la violencia ejercida por el Estado con el desalojo forzoso a la comunidad indígena 15 de Enero asentada en el distrito de Nueva Toledo", afirmó la organización en un comunicado, en el que advirtió que hubo "violencia, atropello y toda clase de represión".
"Fue un violento desalojo, saqueos por los personales policiales y civiles… Fueron a violentar, herir y destruir a nuestros hermanos y hermanas que luchan por una vida digna y un pedazo de tierra; desde la ONAI exigimos al Gobierno nacional el respeto a los derechos humanos, a los pueblos indígenas que venimos resistiendo la invasión a nuestras tierras", agregó el texto.
Sostuvo que en los últimos dos años, aproximadamente 5.000 personas quedaron sin casa a causa de los desalojos, "sin alimentación, niñas y niños sin escuelas, con la destrucción de los lugres de rezos y desarrollo cultural sin ninguna alternativa más que la calle y el hambre".
Paraguay aprobó el año pasado una modificación al Código Penal que habilita el desalojo de las tierras ocupadas, eleva la pena a quienes entren a propiedades ajenas sin consentimiento y veta el cambio de condenas por tareas sociales.
La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Copdehupy), que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil, se hizo eco de la denuncia y advirtió sobre la detención de uno de los líderes de la comunidad, Daniel Centurión.
Según datos de Tierraviva citados por la agencia Sputnik, en Paraguay viven 122.000 indígenas de 19 pueblos, que se distribuyen en más de 600 comunidades en todo el territorio.
El sector tiene los peores indicadores sociales en el país: un 66,2 por ciento de los indígenas vive en la pobreza y un 34,4% en la extrema pobreza, "a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores", indicó la organización.
Se estima que en Paraguay hay unos ocho millones de hectáreas -algunos relevamientos hablan de 12 millones- cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Alfredo Stroessner, un conjunto de propiedades que la prensa y las organizaciones suelen llamar “tierras malhabidas”.
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